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La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional retomará el martes, 8 de marzo, la discusión del proyecto de ley 292, que dictará las reglas para las elecciones del 5 de mayo de 2019.

El primer debate se suspendió por la falta de quórum. Solo asistieron los diputados Pedro Miguel González, Zulay Rodríguez y Florentino Ábrego.

González y Ábrego propusieron una metodología en bloques para la discusión y votación del proyecto de ley que reforma el Código Electoral.

La metodología de trabajo presentada no fue votada por la falta de quórum (sólo estaban presente tres de nueve diputados).

Propuesta de los diputados:

Primer Bloque:

Artículos 1 a 34: principios generales, los electores, voto adelantado, censo y registro electoral, limitaciones a los servidores públicos en materia electoral, partidos políticos, organismo de consulta, organización del Tribunal Electoral y financiamiento público.

Segundo Bloque:

Artículos 35 a 68: financiamiento privado, facilidades electorales, campaña y propaganda electoral, debates televisados, estudios de opinión y fuero electoral.

Tercer Bloque:

Artículos 69 a 119: proceso electoral, convocatoria, candidatura, postulaciones: normas generales, internas partidarias, paridad, postulaciones a cargos de partidos y libre postulación, impugnación de adherentes, boletas de votación, asamblea constituyente paralela, diputados al Parlamento Centroamericano.

Cuarto Bloque:

Artículos 120 a 145. faltas electorales, faltas administrativas, prescripción en materia electoral, sanciones morales y doble instancia.

La propuesta de los diputados está fundamentada en el artículo 145 del Reglamento Interno de la Asamblea.

La ausencia de los diputados, según explicó el diputado González, es porque decidieron reunirse por separado para analizar las reformas.

Los tres magistrados del Tribunal Electoral estuvieron presente en la discusión

El abogado que el Gobierno contrató en 2012 para representar al país en el proceso que seguía el Tribunal de Nápoles contra Valter Lavitola, por supuestas coimas en el contrato de Finmeccanica, terminó defendiendo los intereses expresos del hoy expresidente Ricardo Martinelli.

Según el embajador en Italia, Fernando Berguido, apenas asumió el despacho, en 2014, reclamó al abogado italiano Franco Coppi, contratado por el Estado, porqué Panamá se había perdido de la oportunidad de participar del proceso penal. Su respuesta, recordó el diplomático, fue que le ‘habían dado instrucciones de seguir el caso en nombre de Ricardo Martinelli, no de la República de Panamá'.

 

‘No encontré ninguna carta que reflejara interés en defender los intereses de Panamá',–FERNANDO BERGUIDOEMBAJADOR EN ITALIA

La nota oficial que da luz verde a la defensa fue enviada el 26 del abril de 2012 al embajador de Panamá en Italia, Guido Martinelli.

En ella, el canciller Roberto Henríquez autorizó la contratación de un abogado y solicita copia del contrato para su aprobación en el ministerio, justo en momentos en que Mauro Velocci, cercano a Lavitola, confesó que se había pactado facturar el contrato de Finmeccanica en 176 millones de euros, 26 millones más que el precio real, para ‘pagar coimas con las que se quedaría el Gobierno'.

La nota de contratación de Coppi deja en claro la obligación de ‘remitir informes, en español, sobre los avances de las investigaciones, por lo menos una vez al mes, a efectos que desde Panamá se le pueda dar seguimiento al desarrollo de las mismas'.

Nadie sabe, no obstante, los honorarios que cobró el jurista italiano. No hay registros de pago en Roma. Extraoficialmente este diario conoció que Coppi recibió un cheque por 26 mil euros girado de la cuenta personal de un familiar del expresidente Martinelli.

LAS FUNCIONES DE COPPI

El exmandatario quería cerciorarse a través de Coppi de seis cosas.

Lo primero era conocer si él o la entonces ministra de Gobierno, Roxana Méndez (que había negociado con Velocci un contrato de cárceles modulares) podían ser llamados a declarar ante los tribunales romanos.

La duda se centraba en las posibles transferencias bancarias o pagos que hubiese hecho Lavitola a sociedades anónimas panameñas atribuyendo la motivación como erogaciones destinadas a funcionarios públicos panameños.

La nota, fechada a mayo de 2012, inquiría si Velocci debía ratificarse de sus declaraciones durante el proceso penal, si éste debía presentar pruebas de sus declaraciones, o si ‘por el contrario resta en la fiscalía la obligación de obtener las pruebas' sobre lo dicho por Velocci.

También se preguntaba al jurista si ‘podría abrírsele un enjuiciamiento a los panameños y dictar orden de captura, en tal caso bajo qué circunstancia.

En el documento pedía, además, saber la importancia de las declaraciones de Velocci, y por último, ‘si los funcionarios panameños podrían presentar una denuncia por difamación y calumnia contra los responsables de tales actos'.

SE ACABÓ EL CONTRATO

Sin embargo, el abogado Franco Coppi ‘termina dos años después representando los intereses personales de Martinelli y Panamá se queda sin abogado en el proceso' insiste el embajador Berguido.

Según el diplomático, esto fue premeditado. ‘Fue intencional porque en la audiencia había un abogado de Panamá, un miembro del despacho de Coppi, y a pesar de que el Fiscal pidió la posposición esta persona se quedó callada'.

En la embajada no hay un expediente sobre el caso para el que se contrató a Coppi, añade Berguido.

Agregó que el jurista le comentó que había un conflicto de interés: ‘yo no podía representar a ambas partes y mis instrucciones era velar por los intereses de Ricardo Martinelli'. Así, dice Berguido, zanjó Coppi el problema.

Los delitos penales electorales en los que se vinculan a diputados podrían quedan sin condena ante la posibilidad de que prescriban. Ni la Corte Suprema de Justicia ni el Tribunal Electoral (TE) definen quién debe investigar.

El presidente del TE, Erasmo Pinilla asegura que el conflicto surgió tras la reforma electoral de 2014, a partir de la cual los magistrados de la Corte interpretaron que ese ente es el único competente para investigar y juzgar a diputados por casos penales.

Sin embargo, continúa el magistrado Pinilla, este año han dado un cambio de enfoque sin mayores explicaciones, y hacen prevalecer la norma constitucional de que el Tribunal Electoral es único que puede ver materia electoral y ‘dicen que nosotros juzguemos a los diputados'.

La semana pasada, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron inhibirse de conocer tres expedientes contra diputados que el TE había enviado. Pinilla dijo ayer de que de los tres expedientes, dos fueron enviados a la Corte nuevamente.

‘El tribunal no puede pasar por encima de lo que dice la propia Constitución y por eso hemos devuelto los expedientes para que la Corte investigue', recalcó el magistrado Pinilla. El TE cree que sí entra a conocer un caso penal en contra de un diputado violaría por omisión la Constitución.

La mayor preocupación del magistrado es que el ‘tiempo está corriendo' y los delitos electorales prescriben a los tres años y entre pocos se van a cumplir dos, indicó.

‘Queda muy poco tiempo para hacer una investigación seria', recalcó.

A juicio de Pinilla, si el Tribunal Electoral inicia una investigación penal, que en todo caso lo debe hacer la Fiscalía, al final el caso va a quedar ‘en nada, ya sea por violación a al Constitución o por prescripción'.

Los magistrados de la Corte Suprema Jerónimo Mejía y Oydén Ortega coinciden con los magistrados del Tribunal Electoral al salvar su voto en el fallo del pleno, en el que se inhibe de conocer las investigaciones en contra de los diputados.

Estas diferencias de criterios entre el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia afecta los procesos en los que están involucrados los diputados Héctor Aparicio, de Cambio Democrático, y su suplente y Manuel Aizpurúa; Miguel Fanovich, del Molirena, y Armando Guerra Atencio, suplente del diputado panameñista Jorge Alberto Rosas.

Uno de los procesos que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reactivó recientemente.

Se trata de la investigación en la que se acusa al exmandatario de la supuesta comisión de delitos financieros por presuntas anomalías en cuentas manejadas a través de la casa de valores Financial Pacific (FP).

Fuentes del Órgano Judicial informaron que el magistrado Hernán De León, fiscal de esta causa, fue notificado de la resolución que adoptó el pleno el 25 de enero pasado, que le da luz verde a las pesquisas.

Los magistrados firmaron dicha resolución luego de que el Tribunal Electoral levantó el fuero electoral al exgobernante el pasado 7 de diciembre.

El abogado Sidney Sittón, del equipo de defensa del expresidente, manifestó que esperarán a que el fiscal De León realice las primeras diligencias para ellos actuar.

Martinelli es acusado de supuestamente adquirir acciones de la Minera Petaquilla, presuntamente usando cuentas en FP y valiéndose de información privilegiada y confidencial mientras ocupó la Presidencia de la República.

Luz verde para caso Financial Pacific

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) arrancó formalmente la investigación al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas irregularidades en cuentas manejadas a través de la casa de valores Financial Pacific (FP).

En este expediente, Martinelli es investigado por la supuesta comisión de delitos contra el orden económico en la modalidad de delito financiero.  

Fuentes de la Corte confirmaron a este medio que el fiscal del caso, el magistrado Hernán De León, fue notificado recientemente de la resolución que adoptó el pleno el pasado 25 de enero, la cual levantó la suspensión del proceso.  

La defensa del exmandatario también confirmó ayer la información sobre la notificación que recibió el fiscal del caso.  

La CSJ solicitó en noviembre pasado al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero al exgobernante para ser procesado por este caso, medida que se concretó el 7 de diciembre. 

Este medio consultó al magistrado De León para conocer qué diligencias se han adelantado por este proceso, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.  

Sidney Sittón, del grupo de abogados de Martinelli, expresó que esperarán que el fiscal De León desarrolle las diligencias del proceso para actuar. 

El expediente fue admitido por el pleno de la Corte en septiembre de 2015. En el fallo se argumentó que, valiéndose de su cargo como presidente de la República, Martinelli usó información privilegiada para comprar acciones de la Minera Petaquilla a precios bajos y luego venderlos en el mercado por el doble y el triple del precio. 

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación instruye tres expedientes derivados de este proceso por la posible comisión de los delitos de blanqueo de capitales, uso de información privilegiada y corrupción de servidores públicos. 

Los procesos parten de requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores, que vincula a socios y familiares de Martinelli.

Al faltar solo dos meses para que culmine el actual período legislativo, la Asamblea Nacional tendrá que entrar en una carrera contra el tiempo para aprobar y buscar consensos en proyectos de ley de alto perfil impulsados por el Ejecutivo, el Legislativo y el Órgano Judicial, y que son considerados de importancia nacional.

Transcurridos ya dos meses de la segunda legislatura del segundo período ordinario de sesiones, que inició el 2 de enero pasado, ninguno de los proyectos  

polémicos, como el 222, que crea Colón Puerto Libre; el proyecto 223, que modifica la ley que creó la Zona Libre de Colón, y el 245, que modifica el Código Penal y Procesal Penal que fija mecanismos para propiciar la reducción del hacinamiento en las cárceles del país, se han discutido en la Asamblea.

En tanto, hace apenas una semana acaba de llegar a la Asamblea, procedente del Órgano Ejecutivo, el proyecto 305 que modifica la ley de contrataciones públicas, mientras que el proyecto 292 que modifica el Código Electoral se encuentra en una fase de consultas.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, en el discurso de instalación de la Asamblea el 2 de enero pasado, planteó que al menos las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, las modificaciones a la Zona Libre de Colón, la Ley Colón Puerto Libre y los cambios al Código Procesal Penal marcarían la agenda del Ejecutivo para este período. Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha sido discutido ni aprobado.

En tanto, el presidente de la Asamblea, Rubén De León, indicó que el debate a sobre las reformas al Código Electoral será muy amplio durante este período.

“Lo importante es que todos puedan opinar sobre el tema, que no se sienta que desde la Asamblea se quiera imponer un proyecto de ley que no goza del consenso de los ciudadanos”, dijo.

En tal sentido, el vicepresidente de la Asamblea, el diputado de Cambio Democrático (CD) Raúl Hernández, manifestó que por lo controversial del proyecto de reformas al Código Electoral, su discusión en el pleno se podría iniciar en el mes de abril próximo.

“El análisis del proyecto se está dando por una parte a través de las consultas en la Comisión de Gobierno, pero va a haber un análisis interno de los propios diputados y de los partidos políticos a los que pertenecen. La última decisión está en el pleno”, señaló.

Con relación a los proyectos que modernizan la Zona Libre de Colón, señaló que se están buscando los consensos fuera del Legislativo para evitar mayores retrasos, mientras que con el de Colón Puerto Libre se busca un entendimiento entre el Ejecutivo y diputados de la provincia de Colón que están pidiendo extender los beneficios de esta ley a otras calles de la ciudad de Colón. “La petición de los diputados es algo que desvirtúa el objetivo del proyecto, según nos han planteado representantes del Ejecutivo”, dijo.

En torno a las modificaciones a la ley de contrataciones públicas, como ya viene consensuado entre el Ejecutivo, sectores empresariales y de la sociedad civil, sostuvo que no debería ser un tema que tome mucho tiempo.

 

Casos de la Corte, en mora

La demora de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional en atender las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también ha sido cuestionada.

En su última sesión, decidieron postergar, para el 9 de marzo, el análisis de más de cinco denuncias contra el presidente de la CSJ, José Ayú Prado. Para Anette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá, los diputados no han comprendido el momento histórico que vive el país y argumentó que la desconfianza en la justicia se inicia con la cantidad de denuncias que tienen los magistrados en la Asamblea.

“Parece que hubiera un pacto de no agresión, ya que ni los diputados avanzan en las investigaciones contra magistrados y en muchos casos las denuncias contra los diputados en la Corte están siendo archivadas”, dijo.