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El juicio para once personas acusadas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol se suspendió hasta el próximo de 21 de marzo, a las 9 de mañana, debido a que uno de los abogados defensores presentó una incapacidad de salud.

El juez ponente Luis Mario Carrasco explicó que Valentín Jaén, abogado de Josefa De La Cruz De Sedas, presentó un certificado de incapacidad del 12 marzo de 2016, que establecía que por quebrantos de salud no se presentaría a la audiencia programada para ayer, en el Segundo Tribunal Superior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ayer, no fue un día normal en la Corte. Desde tempranas horas de la mañana, los estacionamientos del Palacio Gil Ponce estaban abarrotados de personas de distintas edades, una que otra haciendo uso de andaderas y bastones para apoyarse en su movilización y como muestra de los daños irreversibles causados por la intoxicación.

Otros con carteles con expresiones como ‘basta ya de burlas de diez años. Usando camisetas blancas y globos del mismo color pedían justicia. La sala del Segundo Tribunal de Justicia estaba a su máxima capacidad. Hasta en las entradas había grupos de personas reunidas frente a una pantalla.

Desde distintas partes del país llegaron hasta la máxima magistratura para presenciar el juicio contra Ángel Ariel Cruz Soto, Josefa de la Cruz de De Sedas, Eduardo Enrique Taylor, Ignacio Torres Echeverría, Miguel Antonio Algandodona De León, Linda Joan Thomas Martín, René Lucciani, Pablo Narciso Solís, Nereida Isabel Quintero y Marta Sánchez Bustamante, todos señalados del envenenamiento masivo por el dietilenglicol ocurrido en 2006 y que causó unas 1,400 víctimas, según estudios realizados por el Instituto de Medicina Legal y que reconoce el Ministerio Público. Aunque, el Cómite de Familiares de las Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida estima que los afectados suman 20 mil.

LA AUDIENCIA

El envenenamiento masivo se produjo al elaborarse en el laboratorio de Medicamentos de la Caja de Seguro Social y distribuirse entre pacientes un expectorante sin azúcar, habiéndose utilizado supuestamente, como materia prima glicerina standard USP. Era glicerina de uso industrial, que según las investigaciones fue alterada por el proveedor Grupo Comercial Medicom.

Con una hora de retraso, a las diez de mañana inició la audiencia presidida por un tribunal colegiado. Carrasco (ponente), María Lourdes Estrada y Adolfo Mejía.

Pero tras diez años esperando conocer a los responsables del hecho, la agonía de las víctimas se prolonga una semana más. Una solicitud presentada a las 8:30 de la mañana requirió que se suspendiera la audiencia en el tenor del artículo 2269 del Código Judicial. Los once acusados deben estar presentes para que se lleve a cabo el juicio, explicó el juez principal de la causa.

Carrasco obvió la fecha alterna de la audiencia – 28 de marzo – para agilizar el proceso y ordenó adelantarla para el 21 de marzo con la advertencia de que en caso falte otro abogado será sustituido por un defensor público.

Aún así, los afectados mostraron su disconformidad y gritaron consignas exigiendo justicia. Gabriel Pascual, presidente del Cómite de Familiares del las Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida , consideró que había muchas expectativas en el desarrollo del juicio, pero que la excusa presentada por el defensor lo burló. ‘Vamos a tomar las acciones para evitar situaciones como la de hoy', advirtió.

En el expediente, que acumula 366 tomos, hay más de 140 víctimas reconocidas como querellantes y representadas por 84 abogados. ‘Es un juicio histórico', dijo Daniel Sarmiento, uno de los abogados querellantes.

Cesar Pereira, fiscal de la causa, explicó que se imputa el delito contra la salud pública que implica penas de entre 8 y 15 años. El fiscal consideró el fallecimiento y enfermedades provocadas por la ingestión del tóxico para encausar a once personas, entre ellos exfuncionarios de la Caja de Seguro Social, Dirección de Farmacia y Drogas del Minsa, entre otros.

Pereira explicó que el número de muertos por el envenenamiento es indeterminado.

El Juzgado Tercero del Circuito Penal suspendió este martes 15 de marzo, la audiencia a María Cristina González, exdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM) durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

González y otras cuatro personas están acusadas de supuestamente otorgar ocho visas falsas a ciudadanos cubanos, chinos y bangladesíes.

Manuel Mata, juez tercero penal, canceló el acto luego que uno de los abogados presentó una apelación.

Por este caso, se dio sobreseimiento definitivo a cuatro exfuncionarios de Informática del SNM y no se anunció fecha alterna para realizar una nueva audiencia.

La fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, presentó ayer los escritos en los que apela las decisiones del juez penal Enrique Paniza, de declarar la nulidad relativa del expediente por la compra de los radares y los cambios de medida cautelar a favor de José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, exministro y exviceministro de Seguridad Pública, respectivamente.

La fiscal planteó que Paniza usó normas jurídicas en “desuso” y calificó sus alegatos como “falacias”. Dijo, además, que la decisión del juez es “inadmisible” y está basada en un estudio “sesgado” de los hechos jurídicos.

“Señores magistrados [del Segundo Tribunal de Justicia], la sociedad espera respuestas sobre las investigaciones que a propósito de delitos contra la administración pública se llevaban a cabo, mantener el pronunciamiento del juez quinto penal, es ignorar el grave daño que estos ilícitos causaron”, añadió.

Camacho denuncia a Porcell

Una denuncia por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, fue presentada ayer ante la Procuraduría de la Administración en contra de la procuradora, Kenia Porcell. Luis Eduardo Camacho, vocero del partido Cambio Democrático, presentó la acción legal a título personal. Según Camacho, la procuradora emitió críticas denigrantes y hasta insultantes 
contra el juez quinto penal, Enrique Paniza, quien decidió anular parcialmente el caso de Finmeccanica.

El abogado Ramón Fonseca Mora se dice decepcionado por la ola de críticas que inundan su bufete, Mossack Fonseca, investigado en Brasil por supuestamente contribuir a construir una pantalla societaria para que se lavaran activos producto de la coima en Petrobras. Para defenderse, dijo, se separó de sus misiones como mano derecha del presidente Juan Carlos Varela. Aquí su ‘verdad'.

SU FIRMA, MOSSACK FONSECA, HA SIDO ACUSADA EN BRASIL DE SER TESTAFERRO DE APARTAMENTOS DE O CONSTRUIDOS POR EMPRESAS LIGADAS CON LA CAUSA LAVA JATO.¿CÓMO RESPONDE A ELLO?

Esa fue una mala noticia. Nosotros no servimos de testaferro. No compramos nada. Nosotros hicimos una sociedad de Nevada, eso es todo. La mujer que compra (el apartamento que es investigado) salió a decir: yo soy la dueña.

SI ES ASÍ ENTONCES, ¿QUÉ ES LO QUE SE INVESTIGA EN BRASIL…?

Ya interrogaron a nuestros trabajadores, al profesional que compró la sociedad, y a la cliente del profesional que nos compró la sociedad. Hasta el momento no hemos sabido más. El fiscal no ha dicho una palabra más. Lo que pasa es que la cliente del abogado compra un apartamento en un edificio construido por una constructora que no es Odebrecht, nosotros no tenemos que ver nada en el tema Odebrecht, esa compañía no me gusta, nunca me ha gustado… El edificio es de OAS, que se metió en el problema Lava Jato, y la fiscalía cree que ese apartamento también es de Lula Da Silva (investigado por supuestamente haber sido parte del esquema de corrupción en Petrobras). Pero me dicen que la cliente de mi cliente tiene un préstamo (para pagar el apartamento).

¿MOSSACK FONSECA ESTÁ SIENDO INVESTIGADA EN BRASIL?

En el proceso de investigación está la empresa, el cliente y algunos de los funcionarios de la oficina franquiciada en Brasil. Pero no hay ningún avance en la investigación, porque pensamos y sospechamos que no hay causa.

¿ENTONCES PORQUÉ PIDIÓ AL PRESIDENTE UNA LICENCIA?

Vengo contar mi verdad. El tema tiene implicaciones políticas por mi cargo en el Gobierno, por eso pedí mi licencia. Preferí separarme para no afectar al Gobierno. Además, el tema me está afectando con los clientes, bancos, prestigio…

USTED MENCIONÓ QUE LA SOCIEDAD DEL APARTAMENTO EN BRASIL ESTÁ EN NEVADA. ¿ALLÁ TAMBIÉN ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS?

Allá nos están pidiendo información hace cinco años, pero por otro caso, uno de (Cristina) Kirchner, en el cual nosotros vendimos una sociedad de Nevada a una oficina de abogados en Uruguay, hace muchos años, y esta oficina revende la sociedad en Argentina. Esta sociedad es involucrada, y no sabemos de qué forma, entre muchas otras sociedades, en casos de un socio de Kirchner. Como la sociedad está en Nevada, Paul Singer, un hombre que compra bonos basura (a Argentina, incluso) y después quiere cobrarlos a su valor total, se da cuenta que la sociedad está en su territorio, y comienza a pedir información de la empresa. Pero en Estados Unidos el fishing expedition está permitido, entonces nos han estado presionando por cinco años para que les demos información de otros clientes que incluso no tienen nada que ver.

¿CÓMO ESO SE RELACIONA CON LO QUE, DICE, LE PASA AHORA?

Singer es un hombre muy sucio. Nos metió en periódicos internacionales. Creemos que la campaña de ahora está dirigida por él para presionarnos para que no lo demandemos. Nos trajo a (Julio) Lanata aquí, que es un periodista internacional. Pagó y lo llevó a Nevada, creemos que ha pagado a otros medios que han venido y están viniendo a Panamá.

PERO SUENA A POCO ARGUMENTO PARA TANTA CAMPAÑA…

Es que por algún lado viene… Lo peor es que estamos pasando de que eres presuntamente inocente a que eres culpable y debes demostrar que eres inocente. Y eso la sociedad moderna tiene que pararlo.

TAMBIÉN HAN SEÑALADO A SU EMPRESA EN ALEMANIA, ESPAÑA, MALTA…

En España vendimos una sociedad a una firma de abogados en Costa Rica. Solo somos agentes registrados… no es pecado ser agente registrado de una sociedad. No somos ni los directores ni dueños. La sociedad (vinculada al presidente de la Comunidad de Madrid) compra un ático en Madrid, y sale como si nosotros fuéramos los dueños del ático, pusimos la plata, hicimos e hicimos. Es muy injusto y tendencioso ponernos en primera plana por ser agente registrado…

¿PERO Y EN ALEMANIA?

Allí tuvimos un caso… nosotros tenemos una oficina en Luxemburgo y vendimos sociedades a un banco alemán, cliente nuestro, se filtró la información y el Gobierno alemán investigó, no a nosotros, sino a quienes compraron las sociedades en el banco. Es lo que sucede siempre. Nosotros ahora estamos preguntando quién es el beneficiario, quién es el abuelo, para evitar problemas. Y en Malta no hay nada malo. Un señor hace una sociedad para su familia. Lo que se nos escapó es que es un político, y nosotros no hacemos sociedades para políticos ya. Pero allí no hay nada malo. La oposición está acusándolo, y él dice que lo prueben. Nosotros le hicimos la sociedad a un abogado de allá que nos la pidió, y le hicimos un fideicomiso en Nueva Zelanda, porque somos expertos allá. Nuevamente más de lo mismo.

¿NO SON DEMASIADOS CASOS?

Somos una compañía grande y puede que soliciten información. A Panamá todos los días llegan solicitudes de información de cuentas bancarias, sociedades… ¿pero por qué destacarnos? En el caso de Odebrecht, hay muchas otras firmas destacadas, y nosotros no estamos involucrados. ¿Por qué no se ha mencionado eso? Y no hay justificación… no hemos sido acusados ni demandados por nadie.

¿CUÁL ES EL ROL DE MOSSACK FONSECA?

Por ley panameña una sociedad anónima debe tener un agente registrado, que no se involucra en el negocio de las sociedades, no tiene nada que ver. Sólo es el encargado de recibir notificaciones y pagar la tasa al Registro Público. Es como un carro: usted compra uno, la agencia le dice que es el agente de esa marca, que lo lleve a hacer chequeo cada seis meses, pero usted se lleva el auto. Usted hace lo que sea con él. Si roba con él, eso no es culpa de la agencia, ni de la fábrica. Nosotros somos agencia y fábrica. Construimos sociedades y las vendemos, y la persona que la compra es la responsable.

¿PERO NO HAN CONTEMPLADO LA POSIBILIDAD DE VERIFICAR CON MÁS PRECISIÓN A QUIÉN LE VENDEN?

Nosotros somos los más estrictos en debida diligencia. Tenemos 32 personas dedicadas a investigar quién es el cliente final, estamos tomando todas las medidas. Pero, por ejemplo, si nuevamente nos piden que vendamos una sociedad a la señora del apartamento en Brasil, se la vendemos, porque no hay nada.

PERO EN PANAMÁ HAY GENTE QUE NO PIENSA LO MISMO, Y PIDE QUE SE LE INVESTIGUE…¡

Sí, me alegra mucho que nos investiguen. Fuimos antes que nos llamaran. Pero la percepción es mala contra mi firma y mi persona. Hay algo raro detrás.

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‘El tema (las denuncias) tienen implicaciones políticas. por mi cargo en el Gobierno de Juan Carlos Varela, por eso pedí mi licencia. Preferí separarme para no afectar la imagen del Gobierno, pero el Presidente me rechazó dos veces la renuncia'.

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PERFIL DEL ABOGADO

Además de abogado, es vicepresidente del partido panameñista

Nombre completo: Ramón Fonseca Mora

Nacimiento: Panamá en 1952

Ocupación: Abogados, escritor y político.

Resumen de su carrera: Estudió en el Colegio la Salle y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Estudios en Londres. Trabajó 6 años en la ONU en Ginebra, Suiza. Escritor con 2 premios nacionales de Literatura Ricardo Miró. Director de la Autoridad de la Región interoceánica. Director Patrono del Hospital del Niño durante diez años años. Socio fundador del bufete Mossack Fonseca con 350 colaboradores panameños y 150 en el exterior. Se desempeñó como ministro consejero dos años en el gobierno de Ricardo Martinelli. Actualmente en licencia como ministro consejero del gobierno de Juan Carlos Varela. Es Presidente encargado del Partido Panameñista. Agroindustrial de naranja y piña nacional, entre otros rubros.

El juez segundo de lo Penal de Panamá, Johan Barrios Madrigales, negó una solicitud para que se otorgara una prórroga para continuar con las sumarias de averiguación por el proceso que se adelanta por el caso del escándalo financiero de la empresa Financial Pacific Inc.

El mandato del juez aunque está fechado el 3 de marzo del año en curso, no se dio a conocer hasta el viernes 11 de marzo pasado, mediante un edicto fijado y ‘desfijado' ese mismo día.

Coincidentalmente, se trata del segundo proceso de investigación en el que de alguna manera, se ha mencionado al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado y el expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

El viernes 4 de marzo se dio a conocer a última hora de la tarde que un juez declaró nulo las investigaciones por el proceso de las investigaciones por los radares comprados a Finmeccnica, tras considerar que el Ministerio Público, se había excedido en el periodo de investigación.

Ahora, una semana después, el juez Johann Barrios Madrigales dio a conocer el edicto mediante el cual se niega la solicitud de extender el plazo de investigación.

Según argumentó el juez Barrios Madrigales en su edicto, ya han transcurrido 16 meses de la investigación, periodo en el cual se ha elaborado un ‘voluminoso' expediente que consta de veinte tomos.

La solicitud de la prórroga para la investigación fue hecha por la Fiscalía Decimotercera a cargo del proceso.

Según el juez, la solicitud de prórroga de la investigación, se hizo ‘con posterioridad al vencimiento' del término que establece el artículo 2033 del Código Judicial que rige los términos para perfeccionamiento del sumario.