Así lo sugirió este jueves el presidente de Transparencia Internacional (TI), José Ugaz, un día después de que la oenegé solicitó al Parlacen revocar la membresía al exmandatario para que pueda hacerle frente a los casos en Panamá ante las fiscalías anticorrupción. “Se nos ha informado de que este pedido tendría más fuerza si fuera corroborado por la Cancillería panameña (…). Vamos a hacerle saber sobre esta situación a la Cancillería para que tome la decisión (…)”, dijo.
'PANAMÁ DEBE PEDIR EXPULSIÓN
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional (TI), manifestó que hasta la fecha no han recibido una respuesta de parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen) sobre la carta abierta en la que la oenegé le pidió a ese foro regional que revoque la membresía al expresidente Ricardo Martinelli, para que le haga frente a la justicia ordinaria en Panamá.
Ugaz explicó que se les ha informado oficiosamente que este pedido “tendría mucha más fuerza si fuera corroborado por la Cancillería panameña”; es decir, dijo, “si el Gobierno de Panamá requiriera al Parlacen que le cancele la membresía a Martinelli”.
“Vamos a hacerles saber esta situación a la Cancillería [de Panamá], para que tome la decisión que corresponda. Creemos que siendo una persona que está sujeta a investigaciones por imputaciones graves, el Gobierno de Panamá debería, efectivamente, pedirle al Parlacen que lo expulse de ese foro, a fin de que no cuente con los privilegios que le asigna el cargo de parlamentario centroamericano”, dijo el que fuera procurador ad hoc en casos de corrupción de alto perfil en Perú, en entrevista telefónica con este medio.
EN GUATEMALA
La Prensa también llamó al Parlacen en Guatemala, para que explicara cuál es el proceso para sacar a un miembro del foro. Fernando Calviño, jefe del departamento de Comunicación de ese organismo, manifestó que el presidente del Parlacen, José Antonio Alvarado, dejó claro en un comunicado cuáles son los pasos a seguir.
Precisó, en ese sentido, que todo comienza “con una petición formal y contundente”, la cual se haría por vías diplomáticas, según lo establece el Tratado Constitutivo del foro regional.
En efecto, el artículo 22 del Tratado Constitutivo del organismo establece en uno de sus apartes que el Parlacen, “a solicitud de las autoridades competentes del país del cual es diputado nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados”.
En ese comunicado, Alvarado también informó que, como presidente del organismo, ha preparado una serie de reformas para ser presentadas en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, entre las que se incluyen “que ningún diputado tenga más inmunidad que aquella derivada de sus declaraciones y opiniones en el ejercicio de su cargo”.
“En diferentes pronunciamientos, el Parlacen ha manifestado su firme apoyo en el combate a la corrupción y en la promoción de la transparencia en las gestiones públicas locales y regionales”, advirtió.
Las sesiones del Parlacen correspondientes al mes de marzo culminaron el pasado miércoles 16.
Martinelli solo ha asistido a dos sesiones en el foro: en septiembre de 2014 y enero de 2015. El 29 de enero de 2015, un día después de que saliera de Panamá, supuestamente a contarle al mundo sobre la persecución política de la que era objeto en el país, se presentó en el foro en Guatemala. En el periodo de incidencias de esa asamblea, el hombre que un día tildó al Parlacen “de cueva de ladrones” se desahogó. “Temo por mi vida y mi familia. Soy un perseguido político. Varela hará lo imposible para acabar con mi partido y mi persona, inventando causales y procesos”, contó.
El exmandatario panameño solo ha asistido a dos reuniones en el foro centroamericano: en septiembre de 2014 y en enero de 2015.
En Panamá, mientras tanto, se iniciaba una de sus causas en la Corte Suprema de Justicia, tribunal que le juzga por su condición de diputado. El pleno de la Corte admitió el 28 de enero de 2015 el conocimiento de una causa penal por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, a raíz de la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional, por 44.9 millones de dólares.
Giacomo Tamburrelli, exdirector del PAN, declaró ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción que el exmandatario le ordenó aprobar la compra de alimentos deshidratados. El diputado del Parlacen no volvió al país, y a partir de esa fecha la Corte panameña ha puesto en marcha al menos 12 investigaciones en las que se le señala por supuestas anomalías durante su mandato.
LA CAUSA
Ugaz también dijo que la petición al Parlacen surgió a raíz de la necesidad de que “sea juzgado por los fiscales y jueces anticorrupción, como cualquier otro ciudadano”, ya que, agregó, el máximo tribunal de Panamá –la Corte Suprema de Justicia– ha dilatado los procesos del exmandatario.
ñadió, que esta campaña responde a una iniciativa global contra la impunidad, y parte de la misma se ha establecido a través de las redes sociales. “Lo que queremos es que quienes están bajo sospecha de haber incurrido en graves actos de corrupción, más aun si han tenido niveles de poder en los países, rindan cuentas de sus actividades y si se les encuentra responsables, que no queden en la impunidad, sino que paguen por los delitos en los que han incurrido”, sostuvo el exprocurador peruano.
LA CARTA
El presidente de TI también se refirió a la carta que Martinelli envió el 1 de marzo a la sede de la organización en Berlín, en la que cuestionó su inclusión en la campaña Desenmascara al Corrupto.
“En la carta, él simplemente dice que está en la situación en que se encuentra debido a una mala campaña que le hace la prensa controlada por sus enemigos, y que nosotros estamos mal informados. En ese sentido, nosotros vamos a responderle esa comunicación, pidiéndole que nos dé su versión sobre los hechos y las investigaciones, las que evaluaremos para un pronunciamiento futuro”, dijo.
En la nota del pasado 1 de marzo, Martinelli dice, entre otras cosas: “En las 26 referencias que apoyan el caso que hacen en mi contra, en el resumen, 11, o más del 40%, provienen solamente de dos fuentes panameñas: el periódico La Prensa y Televisora Nacional TVN. Estos dos medios parecen haber dado la primicia de mis supuestos malos actos en la gran mayoría de las instancias. Las fuentes restantes en su referencia, simplemente se apoyan en acusaciones sin prueba o motivaciones políticas sistemáticamente fabricadas por estos dos medios de comunicación (…). Los dos medios en cuestión están controlados por mis más férreos y públicamente declarados enemigos personales, que en estos momentos apoyan fuertemente a la administración actual”.
Ramón Ricardo Arias, presidente de TI, capítulo Panamá, también reaccionó a la misiva. Manifestó que lo que más le sorprende de la carta es que no se refiere a ningún elemento de exculpación, sino que más bien trata de insinuar que personas que trabajan en el actual gobierno tienen vinculación en los actos en los que a él se le menciona.
“No vi en esa carta ningún intento de esclarecer o dar detalle de cosas que de alguna manera pudieran llevar a las personas y a la prensa internacional a determinar que Martinelli es inocente. Creo que sería una buena oportunidad que el señor Martinelli trate de aclarar sus actuaciones como presidente”, agregó.
Este medio también le consultó a la Cancillería si el Gobierno estaría dispuesto a hacer la petición al Parlacen, como sugiere Ugaz, y a través de la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la entidad se comunicó que la Dirección Jurídica — de la entidad— “está examinando cuál es el proceso que se seguiría, según lo que estipule la ley”.
‘Habeas corpus’ a favor de Ricardo Martinelli
18 mar 2016 – 00:05h
La defensa del expresidente Ricardo Martinelli busca dejar sin efecto la orden de detención provisional del exmandatario, girada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía el 11 de este mes.
Carlos Carrillo, del equipo de abogados del también diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), informó ayer que presentó un recurso de habeas Corpus ante la CSJ, luego de que Mejía, juez de garantías en el proceso que le sigue ese tribunal a Martinelli por los pinchazos, girara oficios a los directores de la Policía Nacional, Dirección de Investigación Judicial, Dirección Nacional de Aduanas, Servicio Nacional Aeronaval, Dirección General del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras, en los que les pidió, además, que a Martinelli se le debe comunicar cuáles son los delitos que se le endilgan: contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y peculado.
Carrillo explicó que la orden de detención provisional a Martinelli, gestionada por Mejía, “no tiene fundamento” y es “ilegal”, porque, a su juicio, no fue lo que ordenó el pleno de la Corte.
También resaltó que el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, violó el principio de reserva. “El director dio declaraciones públicas sobre cuestiones públicas que son de reserva y que él no podía ni confirmar ni referirse a las mismas”, sostuvo el abogado.Hasta el momento, solo se conoce de las órdenes que giró Mejía a las autoridades de seguridad.
En la Cancillería reiteraron ayer que no han recibido ninguna solicitud del magistrado de la Corte para tramitar la extradición del exmandatario. La educadora Yadira Pino, una de las víctimas del espionaje supuestamente cometido por Martinelli, dijo: “el magistrado es ambivalente, zigzagueante, es temeroso y toma decisiones muy cosméticas, como para que no se diga que no se está haciendo nada, la ley establece los mecanismos y los pasos para tomar una decisión”.
Agregó que “el magistrado ha demorado esto, ha dilatado la situación y no se han ejecutado las órdenes que debieron haberse ejecutado en el tiempo correspondiente”. En tanto, el político Olimpo Sáez, otra de las víctimas, manifestó: “sospecho que van alargar este proceso, posiblemente, hasta la próxima campaña.
Dificulto que verdaderamente la Corte Suprema de Justicia tenga la intención de traer a Martinelli. Intuyó que no lo van a traer, porque hay que considerar que la mayoría de los magistrados, empezando por [José] Ayú Prado, fueron protegidos de Martinelli”.
