Aprueban en segundo debate proyecto que modifica ley de ZLC

El proyecto de ley 223 que subroga el Decreto Ley 18 de 17 de junio de 1948 mediante el cual se creó la Zona Libre de Colón (ZLC) fue aprobado la tarde de este martes, 22 de marzo, en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional. 

La propuesta establece que un 20% de lo que se recaude en la Zona Libre de Colón, en concepto de tasas, arrendamiento, servicios y demás ingresos, será utilizado para inversiones en infraestructura, tales como: calles, alcantarillados, líneas de suministro de agua, tendido eléctrico, baños, entre otros, dentro de la Zona Libre de Colón.

Establece también que la Junta Directiva podrá, previa estimación de las necesidades de inversión en infraestructura dentro de la ZLC y sin exceder al 20%, evaluar la realización de proyectos sociales que redunden en beneficio de la provincia de Colón.

Este proyecto de Ley 223 fue presentado por el Ministerio de Comercio e Industrias. De acuerdo informó ese ministerio, durante la discusión en segundo debate se introdujo una modificación que permitirán también se realicen proyecto sociales "que redunden en beneficio de la ciudad de Colón". 

Igualmente, durante la discusión algunos "incentivos" sufrieron modificaciones, entre ellos el  impuesto al capital, que anteriormente era 1% anual, hasta un máximo de $50,000 y ahora será de 0,5% anual, hasta un máximo de $50,000.

Diputados incluyen a última hora artículo para que jueces de paz realicen allanamiento

El proyecto de ley que crea la justicia comunitaria de paz -aprobado este miércoles en tercer debate- fue modificado por los diputados, a fin de otorgar a los jueces de paz la facultad de ordenar y conducir allanamientos.

Se trata del artículo 34 del proyecto de ley 205.

La propuesta original señalaba: " Los jueces de paz, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrán ordenar, acompañar, ni realizar allanamientos". Así fue aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

No obstante, cuando la propuesta pasó a segundo debate el pasado martes, fue sustancialmente modificada y el mismo artículo quedó con el siguiente texto: "Los jueces de paz podrán ordenar allanamientos para ejecutar únicamente órdenes de autoridades jurisdiccionales o para ejecutar decisiones adoptadas por la autoridad municipal".

Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, contó que la modificación fue presentada "a último minuto", a fin de "darle garra" a los jueces. La facultad de ordenar allanamientos corresponde a un juez de garantías, conforme al Sistema Penal Acusatorio.

"Han desvirtuado la figura, porque el juez de paz no debe tener esa facultad, eso lo debe tener un juez de garantías de acuerdo al sistema acusatorio, con un debido proceso. No es cualquiera el que pueda ordenar un allanamiento", indicó Castillo.

"Me he preguntado, ¿cuándo un alcalde podría necesitar una orden de allanamiento por algo que no sea delito? No sabemos", agregó.

Este miércoles, los diputados aprobaron -a golpe de curul- el proyecto de ley en tercer debate, con la modificación introducida el día anterior.

Castillo no descarta ahora solicitar el veto parcial del proyecto 205; si este es aprobado, presentaría una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 34, ante la Corte Suprema.

Milton Henríquez, ministro de Gobierno y quien llevó el proyecto de ley a la Asamblea, recordó que esta propuesta empezó a escribirse hace 11 años, y ahora que se convertirá en ley de la República, "el país avanzará a un Estado de Derecho". 

"Tal vez el proyecto, o la ley cuando el Presidente la sancione, no sea perfecta. Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Creo que en la práctica Panamá determinará que cosas tiene que ser modificadas más adelante, qué elementos de la ley requieren ser  explicados o elaborados en el reglamento, con lo cual se pueden salvar algunas preocupaciones", dijo.  

ALCALDES DESIGNARÁN TERNA

La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia también advirtió de la inclusión de otra modificación que desvirtuó el proyecto: ahora serán  los alcaldes quienes designen una terna para el cargo de juez de paz en cada corregimiento. 

El proyecto original establecía que los jueces de paz serían nombrados a través de un proceso público de convocatoria, y la responsable de su selección será una comisión técnica distrital, la cual estará conformada por instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada en "cada localidad".

Juez niega anular extradición de Mayer Mizrachi

El Juzgado Decimotercero de lo Penal negó a la defensa de Mayer Mizrachi Matalon, investigado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, una solicitud para que se dejara sin efecto la orden de captura y extradición del imputado.

En un fallo del 16 de marzo de 2016, el juez decimotercero penal suplente, César Zerna, sustentó que “al no encontrarse el señor Mayer Mizrachi Matalon en nuestro país y al encontrarse pendiente de un pronunciamiento sobre su extradición… lo procedente es negar la presente solicitud”.

Mizrachi Matalon fue detenido en Colombia el 29 de diciembre pasado a raíz de una alerta roja de Interpol, solicitada por el Ministerio Público.

La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, investiga a Mizrachi Matalon por supuestamente recibir dinero del Estado sin brindar el servicio pactado: instalar un software (Criptext) para cifrar mensajes en celulares del personal de los estamentos de seguridad. Por esa plataforma tecnológica la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) desembolsó $211 mil 850 aInnovative Venture, de Mizrachi Matalon.

En su fallo el juez informó que el día 6 de enero de 2016 se formalizó la solicitud de extradición de Mizrachi Matalon, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ante las autoridades judiciales de Colombia.

Indicó que el pedido de extradición de la Cancillería panameña aún se encuentra pendiente de un pronunciamiento por parte de las autoridades colombianas. 

El juez recordó el fallo del Segundo Tribunal Superior Penal que el 18 de enero de 2016 concedió una fianza de excarcelación de $100 mil a Mizrachi Matalon, pero que a la vez instó al juzgado que lleva la causa “a realizar los actos concernientes para que el mismo [Mizrachi Matalon] no se sustrajera del proceso”.

Además de Mizrachi Matalon, por este caso están imputados por la supuesta comisión del delito de peculado, el exjefe de la AIG Eduardo Jaén  y los exfuncionarios de esa entidad Adonay Ortega, Eduardo Briceño y Edgar Rodríguez.

Mizrachi Matalon es hijo de Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli. Ronny Mizrachi -cuyo paradero actual es desconocido- reconoció ser el accionista único y representante legal de Caribbean Holding Services, sociedad que se utilizó para adquirir, por $8 millones, una máquina de espionaje a la compañía israelí NSO Group Technologies.

Movin: ‘preocupa amenazas contra los fiscales y jueces’

El Movimiento Independiente (Movin) manifestó su “profunda preocupación por la constante intimidación, amenazas y público hostigamiento a fiscales y jueces” que intervienen en los procesos por delitos de corrupción y los instó “a no ceder ni una pulgada” en sus investigaciones y decisiones judiciales.

Representantes de Movin indicaron que a la agrupación le preocupa que el tema se esté viendo como algo normal y lo que se busca con este llamado es que no sigan escalando las amenazas y hostigamientos de abogados en los procesos judiciales contra fiscales y jueces.

Precisó que la situación se ha reflejado públicamente en los medios y en las audiencias donde abogados amenazan a los fiscales y jueces que adelantan procesos relacionados a delitos contra la administración pública (corrupción).

LOS ATAQUES

Señalaron que se ha visto a miembros de la defensa legal del exmandatario Ricardo Martinelli, quienes “no dejan de amenazar a los magistrados fiscales” de los casos que se procesan contra el expresidente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Martinelli enfrenta unos 10 procesos en la CSJ.

Indicaron que la defensa del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, ha hecho fuertes señalamientos contra la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, en el proceso por la compra de radares a la empresa Selex.

La defensa de Mulino atacó fuertemente a la fiscal por la apelación que presentó contra el cambio de medida cautelar de país por cárcel, que dictó a favor del exministro el juez quinto penal, Enrique Paniza. La fiscal también apeló el fallo del juez que declaró nula parte de la investigación que hizo la fiscalía sobre la compra de radares.

Calificaron a la fiscal Moore de faltarle el respeto al juez Paniza en sus escritos de apelación.

También, durante la audiencia al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, por presunto enriquecimiento injustificado, su abogado defensor Luis Carlos Cabezas lanzó amenazas contra el juez undécimo penal Eduardo De La Torre y la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling.

Cabezas se molestó por la decisión del juez que negó varios incidentes que pedían la nulidad de la audiencia y en tono enérgico y fuerte le advirtió al juez que si se celebraba la audiencia, los próximos en ser investigados serían el juez y la fiscal.

Interrogados del por qué Movin no interponía una denuncia por estas amenazas, los representantes respondieron: “estamos tratando primero de crear conciencia del problema que todavía parece ser más de carácter ético, en el caso de que tengamos evidencias, algo más contundente, presentaremos la denuncia.

REACCIONES

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, sostuvo que ese gremio apoya cualquier denuncia que haya con respecto a amenazas e intimidaciones contra jueces y fiscales.

No obstante, Álvarez solicitó a Movin presentar las respectivas denuncias sobre la intimidaciones y amenazas a jueces y fiscales.

“Por el momento nosotros desconocemos de alguna denuncia que se haya presentado por intimidación y amenazas”, señaló el jurista.

Para Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, el comunicado no habla de un hecho específico, pero siempre es positivo que las organizaciones que están trabajando con el tema de justicia hagan un llamado a la defensa de las instituciones.

Gasnell indicó que es positivo respaldar, especialmente a instituciones “que han demostrado que tienen la voluntad de hacer su trabajo como es el caso de las fiscalías Anticorrupción, que independientemente de que se cuestionen algunas de sus actuaciones, han llevado a cabo investigaciones y aplicado medidas sin precedentes en nuestro país”.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez señaló que el planteamiento de que los jueces y los fiscales están siendo intimidados no es totalmente infundado.

Pero Rodríguez plantea que los jueces y los fiscales tienen que actuar apegados a la ley, porque de no hacerlo pueden convertirse también en “delincuentes”.

“No soy de los que están de acuerdo con que todo lo que dicen los fiscales y los magistrados es lo correcto, porque eso va en la medida en que su actuación pueda ser defendida y se ajusten a los preceptos legales”, resaltó.

Destacó que la ley establece los mecanismos que existen para defender a una persona. “Lo mínimo que puede hacer un abogado que sienta que su derecho a la defensa está amenazado es un pronunciamiento o interponer las acciones requeridas y que se ajusten a derecho”, dijo.  

Rodríguez dice que si un fiscal o juez se siente amenazado o intimidado puede recurrir a los medios que tiene como autoridad para hacer el llamado de atención a las partes, si fuere el caso.

ACTORES RESPONDEN

Carlos Carrillo, abogado del equipo de juristas del expresidente Martinelli, negó que este grupo haya amenazado a los magistrados, fiscales y jueces de garantías que adelantan los procesos en la Corte de su cliente. Por el contrario, dijo, lo que sí hay es una “coerción institucional” contra la defensa legal del exgobernante.

Manifestó que si alguien está amenazando a fiscales o jueces o presionándolos, estos deben presentar las denuncias, máxime si estas acciones provienen de funcionarios o sus superiores.

José Raúl Mulino, hijo, manifestó que en el proceso por la compra de radares, seguido a su padre, el exministro Mulino y sus abogados no han intimidado a nadie y han cumplido con presentar los incidentes legales pertinentes ante los juzgados.

Dijo que el equipo legal se ha limitado a presentar los incidentes necesarios, sin intimidar a nadie, pero reiteró que son los propios juzgados los que han censurado en fallos las actuaciones de algunos fiscales “que se están extralimitando en sus funciones”

Juez de Coclé ordena acumular los casos contra Richard Fifer

Los dos procesos por retención indebida de cuotas obrero patronal a la Caja de Seguro Social que se le imputan a los empresarios Richard Fifer Carles y Rodrigo Esquivel, fueron acumulados ayer en una sola causa.

Así lo determinó la jueza de garantías Yazmín Jaén, en una audiencia en la que que accedió a los argumentos sustentados y consensuados entre los fiscales anticorrupción Aurelio Vásquez (quien desde ahora se encargará de las pesquisas) y Tania Sterling, que investigan las causas.

Los investigadores fueron enfáticos en que el estatus del caso conlleva una ‘doble gestión penal' con los mismos hechos y actores.

La audiencia, a la que Fifer compareció, empezó a las 2:00 p.m., y fue interrumpido por un apagón de varios minutos. La sesión acabó a las 3:47 p.m.

CONFLICO JURÍDICO

La abogada de Fifer, Marilyn Melgar Peña, se opuso a la petición de los fiscales Vásquez y Sterling, así como la de Humberto Ledezma, quien representa a la Caja del Seguro Social.

Todos solicitaron la acumulación de ambos procesos en base a principios de ‘economía procesal, simplificación, favorabilidad entre otros elementos del Código Procesal Penal', y resaltó que esa situación, no le ofrecía ninguna nada a su defendido, sino que más bien daba canchas al Ministerio Público.

Después de un breve debate jurídico entre ambas partes, Melgar sugirió aclarar a la fiscalía sobre solicitudes que había anticipado.

La juez Jaén hizo una llamado aclaratorio y recibió la petición de la defensa de Esquivel, Roberto Moreno, de que se resolviese la solicitud de los fiscales. Ellos estaban de acuerdo con el Ministerio Público.

La juez también negó dos solicitudes de la defensa de Fifer.

¿QUIÉN DEJÓ DE PAGAR?

Tanto Fifer como Rodrigo Esquivel estuvieron cerca, sin embargo, el trato fue como si no se conocieran.

Fifer reemplazó a Esquivel en la presidencia de la minera Petaquilla, cuya concesión el Ministerio de Comercio e Industrias ha retirado. La compañía se declaró en quiebra, y dejó de pagar por 17 meses las prestaciones laborales a unos 600 empleados. Son más de $6 millones en deuda.

El abogado de Esquivel dijo que si bien en algún momento fue representante legal de la empresa, renunció a esa posición y dejó a Petaquilla con un arreglo de pago en paz y salvo.

Pero, admitió, la deuda no se canceló y tocaba a Fifer continuar con el arreglo de pago.

El equipo del empresario, detenido en la sede de la Policía Nacional en la ciudad de Panamá, cuestiona esa postura. Jorge Obón, actual secretario de Petaquilla Gold manifestó que ‘Esquivel dejó un arreglo de pago que no es lo mismo que un paz y salvo y las cuentas de la empresa en rojo'.

Fifer se encargó después y era él, Esquivel, quien manejaba las cuentas todo en ese tiempo.

Hoy se termina el periodo de la investigación. Las posibilidades, dicen las partes, es que el caso termine un juicio o en una conciliación. Aunque esta última salida parece no ser cercana, agregaron las fuentes.

 

Comisión de Gobierno remite lista de aspirantes a Defensor al pleno

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 22 de marzo enviar la lista de los 26 aspirantes a Defensor del Pueblo al pleno.

La discusión en el pleno puede ser entre hoy y mañana miércoles 23 de marzo.

De acuerdo con el diputado presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, depende de la junta directiva de la Asamblea seleccionar el día en que se escogerá al Defensor del Pueblo.

González solo recordó que esa elección debe efectuarse antes del 1 de abril.

Agregó que espera que se logre un consenso entre las bancadas para seleccionarlo, porque hasta la fecha ninguna tiene los 36 votos que se necesitan.

Para que uno de esos 26 aspirantes se transforme en candidato a Defensor del Pueblo, su candidatura debe ser presentada al pleno por alguno de los diputados. Entonces los diputados escogerán al nuevo funcionario entre esos candidatos.

Aún no existe un candidato oficial entre las bancadas; solo hubo conversaciones informales, por eso se espera que pronto se llegue a un consenso.

Anteriormente, los miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional afirmaron que los 26 aspirantes cumplen con los requisitos para ocupar el cargo.

Este miércoles 23 de marzo es el último día de sesiones de la Asamblea Nacional está semana, por eso se espera que la elección sea entre hoy y mañana.

Descentralización: 35 municipios reciben los primeros $45.5 millones para obras

El Gobierno central anunció este martes, 22 de marzo, que 35 municipios del país se les transferirán los $45.5 millones de los fondos de descentralización, un proceso que entra a regir por primera vez en el país este año.

"Mañana [miércoles] amanecen con $45 millones en sus cuentas de banco", dijo el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en un acto en la Presidencia, ante la presencia de los alcaldes.

 

Explicó que de esos fondos, que serán depositados en las respectivas cuentas bancarias que abrieron los municipios, el 10% al 25% van "inmediatamente a funcionamiento". Mientras que el 75% al 90% van a la cuenta de inversión a "la espera que se presente los proyectos".

"Ya esto es una realidad, ya no es una promesa política", dijo. 

El total de los fondos que se repartirá entre los 78 municipios y cinco comarcas es de $152 millones, los cuales provienen de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles (Ibi) de 2015. Asimismo, se calcula que unos 50 municipios recibirán $500 mil cada uno, por ser de escasos recursos.

La Secretaría Nacional de Descentralización, a cargo de Ericka González, coordinará y facilitará con los diferentes ministerios y entidades del Gobierno central la ejecución de las políticas y planes de descentralización.

Advierten que jueces de paz estarían ‘en manos’ de los alcaldes

Magaly Castillo, presidenta de la  Alianza Ciudadana Pro Justicia, advirtió de algunos retrocesos que fueron incluidos en el proyecto de ley que crea la justicia comunitaria de paz, y que este miércoles irá a tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional. 

Dijo que si bien a habido un avance con esta propuesta, lo cierto que "hubo una reforma que desvirtuó todo el espírtu de la ley": Los alcaldes serán quienes designen una terna para el cargo de juez de paz en cada corregimiento. 

Luego, esa terna sería sometida al escrutinio del Consejo Municipal.

"Con esta decisión los diputados han desvirtuado totalmente la idea inicial de la justicia de paz que era la de despolitizar el proceso de elección de estos funcionarios y darle participación a la comunidad, como se acordó en la Concertación Nacional y en la Comisión de Estado por la Justicia", dijo.

Destacó que Alianza Ciudadana Pro Justicia "lamenta" la decisión de los diputados de dejar "totalmente en manos" de los alcaldes y de los Consejo Provinciales la elección de estos jueces de paz, "sin que exista ninguna garantía de respeto a las opiniones de la comunidad donde se desenvolverá el juez de paz y que era el objetivo central de esta Ley".

Este proyecto de ley, número 205, promueve la solución efectiva a las controversias comunitarias y la convivencia pacífica, a fin de garantizar el “acceso democrático a la justicia”.

En abril pasado de 2015, el ministro de Gobierno Milton Henríquez presentó el proyecto, el cual establecía que un juez de paz sería nombrado a través de un proceso público de convocatoria, y la responsable de su selección será una comisión técnica distrital la cual estará conformada por instituciones gubernamentales y la sociedad civil en "cada localidad".

"Definitivamente que la Asamblea Nacional responde a la lógica de concentrar el poder en los partidos políticos y no a la lógica ciudadana de la transparencia y la meritocracia. Invitamos a todos los ciudadanos a estar vigilantes no solo de la implementación de esta Ley sino de todo el proceso de descentralización del Estado donde los ciudadanos debemos ser actores claves", dijo Castillo. 

Niegan fianza a María Cristina González

El Juzgado Decimotercero Penal le negó una solicitud de fianza para no ser detenida a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González, acusada por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente tráfico de influencias, estafa y fraude.

Según el juez Carlos Castro, en la investigación que desarrolla la Fiscalía Segunda Anticorrupción existen “elementos probatorios” suficientes contra la exfuncionaria, además de que la presunta comisión de los delitos por los que se le acusa son “graves”.

En la resolución, con fecha del 4 de febrero de 2016, el juez destaca como elementos probatorios contundentes la indagatoria rendida por Giancarlo Terán, quien declaró que parte de los salarios que devengaba en la Asamblea Nacional ($600 mensuales) y el Ministerio de Comercio e Industrias ($1,000 mensuales) por sus servicios en el call center los depositaba en una cuenta de la exjefa de Migración.

Destaca el juez la prueba que presentó Terán de los “slips” por un monto de $721.74 que depositó en la cuenta de González, así como imágenes de los cheques que cobraba en la Asamblea y que entregaba en efectivo a la exfuncionaria.

El escándalo salió a la luz en medio de la pasada campaña electoral, cuando Terán declaró que trabajaba en el centro de llamadas ( call center), supuestamente manejado por la exjefa de Migración y el exviceministro de Comercio Interior Luis Eduardo Camacho González, para hacer campaña contra opositores al gobierno de Ricardo Martinelli y destacar la imagen del entonces candidato presidencial de Cambio Democrático, José Domingo Arias.

El 24 de octubre de 2015, la fiscalía imputó cargos a González, mientras que a Camacho le impuso país por cárcel.

El 1 de diciembre de 2015, la fiscalía reanudó este proceso, luego de que se le levantara el fuero electoral a González y a Camacho.

Sobre este proceso Camacho dijo este domingo “he demostrado en el expediente que en el nombramiento de Terán no se hizo nada irregular, fue un procedimiento común y corriente”.

Cumberbatch, investigado por la Fiscalía

El alcalde de San Miguelito, Gerald Cumberbatch, fue desaforado por el Tribunal Electoral para poder ser investigado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción por supuestas irregularidades en la construcción de un parque infantil en un terreno con categoría para uso de estacionamientos.

Cumberbatch fue querellado criminalmente ante el Ministerio Público en octubre del año pasado por Ángel Ortega Bellido, por intermedio de sus apoderados judiciales, por ‘usurpar' un terreno de uso de estacionamientos, que tiene la certificación del Banco Hipotecario Nacional y que servía a las casas colindantes de los sectores 2 y 3 del Complejo Residencial Torrijos Carter.

El alcalde, junto al representante de Belisario Frías, Luis Ortega, son investigados por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos. Además se les acusa del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de usurpación.

Los quejosos presentaron pruebas de que compraron sus viviendas en el proyecto en agosto de 1981 y tenían el área exclusiva para aparcar sus vehículos.

Sin embargo, obreros de la construcción identificados como personal de la Junta Comunal de Belisario Frías en junio de 2015 iniciaron los trabajos en el terreno.

Igualmente, los vecinos consiguieron que el Banco Hipotecario les certificara, mediante la nota UT-N-208-15, fechada de 7 de julio de 2015, que el lote no cambió su uso de suelo ni se gestiona su venta y su costo está incluido en el valor de las viviendas.

‘La testarudez' de las autoridades enojó aún más a los quejosos debido a que denunciaron que el parque infantil se realizó sin tener el permiso de construcción violando la Ley 6 de 2006, que reglamenta el ordenamiento territorial.

El director de Administración de Obras Municipales, Ricardo Sánchez, en una sesión del Consejo Municipal manifestó que no requiere de ningún tipo de permiso de construcción o estudio de impacto ambiental por tratarse de una obra impulsada por el gobierno municipal.

Melissa de Suárez, directora de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, certificó este año a Sánchez, mediante la nota 14.1304-201-2016, que ese lote está aprobado para estacionamientos.

EL FUERO

Cumberbatch se había postulado como candidato a convencional por José Domingo Espinar para las elecciones internas de Cambio Democrático y gozaba de fuero penal electoral.

La fiscal Segunda Anticorrupción, Vielka Broce, solicitó a los magistrados del Tribunal Electoral formalmente el 14 de diciembre el levantamiento del fuero penal electoral del alcalde y el representante de Belisario Frías.

El 16 de octubre ingresó a ese despacho la querella incoada.

A mediados de diciembre se suspendió la instrucción sumarial hasta que el ente electoral ordenara la suspensión de la protección electoral.

El subsecretario general interino del Tribunal Electoral, Jonathan Batista, comunicó el 3 de febrero pasado a la fiscal Broce que en enero se acordó desaforar a ambos políticos de Cambio Democrático.

La Fiscalía realizará una inspección ocular en el Municipio para conocer si existe un proceso de suspensión del parque infantil y copia autenticada de los permisos.

En tanto, Yariela Melo, secretaria general del Municipio de San Miguelito, dijo a La Estrella de Panamá que se hizo un compromiso de convertir vertederos en parques y cuenta con las autorizaciones para realizar la obra.

El área, agregó, conserva la nomenclatura P, que es para parque, estacionamientos u cualquier uso público.

Melo indicó que solo se utilizó una parte del terreno donde los vecinos tenían un vertedero, sin tocar la parte de los estacionamientos.

‘Han acusado al alcalde… y han hecho fiesta con esto. Los detractores no desistirán un milímetro para echarle la culpa', cuestionó.