Listado de la categoría: Noticia

El retorno del voto plancha para la escogencia de diputados en los circuitos plurinominales es uno de los temas que mantiene paralizada en la Asamblea Nacional la discusión del proyecto de ley que reforma el Código Electoral.

Las tres bancadas legislativas mayoritarias, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y del oficialista partido Panameñista, tienen posiciones distintas frente a este método de votación avalado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

El PRD defiende el voto plancha, el CD aboga por el selectivo y el panameñismo sugiere el selectivo interpartidario.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez califica de “retroceso” la vuelta de este sistema y defiende el método selectivo. Advierte que el voto plancha le restará posibilidades a los independientes.

BANCADA

La propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) para retomar la implementación del voto plancha en la escogencia de diputados en los circuitos plurinominales -más de una curul-, genera diferencias entre las bancadas legislativas.

La implementación del voto plancha, que permite al elector votar por la casilla de su partido, dándole un voto a todos los candidatos postulados en la lista del colectivo, es uno de los temas que mantiene estancada en la Asamblea Nacional la discusión del proyecto 292 que modifica el Código Electoral, a pesar de que se creía ya una figura superada por el voto selectivo, implementado en las elecciones de 2014.

La bancada de Cambio Democrático (CD), que impulsó el voto selectivo, se opone al regreso del voto plancha. Mantiene la tesis de que el selectivo les favorece. Al menos esta estrategia les resultó en las elecciones de 2014, pues fue el partido que más curules logró (30); pero perdieron 5 escaños en una segunda elección, luego de que se comprobara que varios de estos diputados se favorecieron con recursos del Estado.

Voto selectivo Manuel Cohen, de CD, dijo que el elector nunca ha entendido cómo se escogen los diputados en los circuitos plurinominales con el voto plancha. “A mí me parece que lo justo es un votante un voto, independientemente de la cantidad de curules a disputar. No es justo que en un circuito uninominal -una curul- el voto del panameño vale por uno y en los plurinominales el voto vale varias veces”, afirmó.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez también respalda este método. Sostiene que el voto plancha no favorece la participación del independiente.

Voto interpartidario A la discusión se ha sumado una variante propuesta por el oficialista partido Panameñista: el voto selectivo interpartidario, que permitiría escoger a más de un candidato a diputado -dependiendo de la cantidad de curules- sin importar de qué partido es o si es independiente. Esta opción es mercadeada por el diputado José Luis Varela, quien asegura que la propuesta da la potestad de escoger cuál es la mejor opción de cada partido.

“Quienes critiquen esta opción no la han entendido, porque no sería un voto en plancha interpartidario, sino un voto selectivo entre partidos. Es la propuesta más decente y más democrática y es mejor para los independientes; pero vamos al debate y que se escoja la mejor opción”, sugiere.

VOTO EN PLANCHA

En tanto, la vuelta al voto plancha es respaldada por los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), a quienes históricamente por ser uno de los partidos más grandes les ha favorecido, especialmente al momento de la distribución de curules por residuo: al candidato se le suman los votos de los partidos que lo postulan, poniendo en desventaja a los colectivos pequeños y a los independientes.

Para la perredista Zulay Rodríguez, el voto mixto, que incluye la opción de votar selectivamente en la casilla del candidato de su preferencia y la opción del voto plancha, que permite el voto por la casilla de un partido, es la mejor alternativa. En ambos casos, asegura que el elector estaría votando por candidatos de su partido, algo que a su parecer fortalece la democracia.

Rodríguez considera que lo que impulsan los panameñistas en realidad es un voto plancha interpartidario, y según su opinión esta moción raya en lo “inmoral y en lo inconstitucional”, ya que si se permite que un ciudadano vote varias veces en diferentes casillas, “estaría emitiendo más de un voto”.

SISTEMA DE REPARTO

Pero el rechazo no solo está en la aplicación del voto en plancha en sí, sino en el sistema de distribución de curules en los circuitos plurinominales aprobado en la CNRE, con el respaldo del Partido Popular y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Esta propuesta generó rechazo en la CNRE por parte de los representantes del PRD y CD.

Con la propuesta de la CNRE al momento de la adjudicación de curules por residuo participarán todas las listas de candidatos, pero las que hubiesen logrado una curul por cuociente o medio cuociente (habitualmente logradas por los partidos grandes), se le restará medio cuociente por cada curul y competirán contra las demás listas para escoger las curules pendientes en orden decreciente de votos, hasta agotar los escaños.

Esta sería una fórmula para lograr que partidos pequeños obtengan curules, garantizando el tema de la proporcionalidad en la distribución de escaños.

Esta semana se espera que las bancadas retomen la discusión del proyecto 292 que reforma la ley electoral, donde seguirá el debate.

El hallazgo de comprometedores informes de pagos a políticos brasileños en la residencia del que reemplazó a Marcelo Odebrecht en la presidencia de la constructora, Benedicto Barbosa da Silva, se suma ahora a la existencia de un departamento que manejaba el pago de coimas a políticos brasileños.

Dicho departamento se ubicaba en Odebrecht Infraestructura, que dirigía el propio Barbosa da Silva, quien aparece como dignatario en la junta directiva de Odebrecht Panamá.

Justamente, en febrero pasado, las autoridades ordenaron allanar la residencia de Barbosa da Silva, en búsqueda de archivos vinculados con cuentas bancarias que mantenía en Panamá una sociedad controlada por Odebrecht, Constructora Internacional del Sur.

Los documentos encontrados forman parte de una nueva fase de investigaciones de la Operación Lava Jato. 

ODEBRECHT TENÍA PLANILLA PARA POLÍTICOS

Las planillas de pago a partidos políticos y candidatos de elección popular brasileños por parte de la empresa Norberto Odebrecht ha puesto contra la pared al gigante de la construcción.

Para empezar, parte de estos documentos altamente comprometedores fueron hallados en la residencia en Sao Paulo de Benedicto Barbosa da Silva Junior, quien reemplazó en el cargo al hoy expresidente del holding, Marcelo Odebrecht, tras su detención, en junio pasado.

Los hallazgos forman parte de la fase 23 de la Operación Lava Jato (que se suma ahora a las pesquisas de la fase 26) cuyo blanco principal fueron los esposos Joao Santana y Mónica Moura, que actuaron en las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva (2006) y Dilma Rousseff (2010 y 2014), y en Panamá, en la de José Domingo Arias (Cambio Democrático), en 2014.

En esa operación también era blanco Barbosa da Silva, sospechoso de ser el canal de Marcelo Odebrecht para tratar el tema de las donaciones electorales y de los pagos a los políticos.

Pese a que este miércoles se divulgaron listas de los pagos de Odebrecht a políticos en el marco de la fase 26 de la operación el juez federal de la causa, Sergio Moro, decretó su reserva y pidió al Ministerio Público Federal que se manifieste sobre la “eventual remisión” de estas al Tribunal Supremo Federal.

En esta nueva etapa de Lava Jato, la Policía localizó un departamento en Odebrecht dedicado exclusivamente a vigilar la entrada y salida de millones de dólares en coimas para políticos locales y extranjeros.

Dicho departamento denominado “Operaciones Estructuradas” funcionaba físicamente en las oficinas de Odebrecht Infraestructura, la división que lideraba Barbosa da Silva antes de convertirse en el CEO de Constructora Odebrecht.

Contra la residencia de Barbosa da Silva –quien aparece como dignatario en la filial de Constructora Norberto Odebrecht en Panamá (ver facsímil) se giraron órdenes de allanamiento para la búsqueda y captura de documentos, en razón de ser sospechoso de crímenes de corrupción, lavado de dinero y falsificación, entre otros.

El juez ordenó buscar documentos que aclararan las razones por las cuales se hicieron pagos en el exterior a favor de cuentas de empresas offshores controladas por Odebrecht, específicamente de Innovation Research Engineering and Development Ltd., Klienfeld Services Ltd. y Constructora Internacional del Sur, S.A.

Como se sabe, esta última es una sociedad constituida bajo la jurisdicción panameña, fue disuelta en 2014.

Durante el tiempo que tuvo vida jurídica, esta sociedad abrió cuentas bancarias en por lo menos dos bancos panameños, entre los cuales, Credicorp Bank recibió copiosos fondos, al menos, unos 40 millones de dólares, cuyo paradero es parcialmente desconocido.

Ambas entidades bancarias enviaron a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sendos reportes de operaciones sospechosas, tras divulgarse las investigaciones de las que eran objeto exdirectivos de Petrobras, quienes recibían coimas de Odebrecht a través de sociedades controladas por el conglomerado brasileño, entre ellas, precisamente, Constructora Internacional del Sur, S.A.

También formaba parte del esquema de pagos de sobornos a directivos de Petrobras la sociedad Klienfeld Services Ltd., mencionada en los papeles de búsqueda y captura en la residencia de Barbosa da Silva.

Otro involucrado en el tema de las listas de pagos es Luiz Antonio Mameri, quien también es dignatario de Odebrecht Panamá. Ambos Barbosa da Silva y Mameri serían parte del complejo esquema societario ideado para el pago de sobornos, por parte de Odebrecht, a exdirectores de Petrobras.

NO HAY ACUERDO AÚN

En medio del escándalo surgido sobre el descubrimiento de las planillas de pagos de Odebrecht, la empresa emitió un comunicado el pasado martes, en el que dice que ha decidido firmar un acuerdo de “delación premiada”, en el que estarían sus principales ejecutivos, incluso, el ya condenado expresidente de la empresa, Marcelo Odebrecht.

No obstante, nada se ha concretado aún. Después de dos semanas de negociaciones, las autoridades brasileñas consideran los términos exigidos por Odebrecht de “inaceptables”.

De hecho, ayer el Ministerio Público Federal de Brasil negó haber llegado a un acuerdo de colaboración con ejecutivos del Grupo Odebrecht.

En una nota de prensa que el Ministerio Público Federal hizo circular a los medios que cubren el caso, rechazó de plano las afirmaciones sostenidas por la propia empresa el pasado martes. En consecuencia, los fiscales brasileños dejan claro que las investigaciones continuarán su curso normal.

“Las simples manifestaciones que provengan de la prensa, de los individuos o de cualquier grupo empresarial investigado no puede tener alguna consecuencia en el plano jurídico, motivo por el cual, las investigaciones y procesos judiciales continuarán en curso”, se señala en el comunicado.

Además, la autoridad advierte que la “divulgación de cualquier pretensión de acuerdo a través de la prensa” atenta directamente contra el principio del secreto, exigido por la ley para que pueda celebrarse un acuerdo entre las partes.

Asimismo, se indica que la repentina actitud de colaboración mostrada por el expresidente del coloso de la construcción carioca, Marcelo Odebrecht en prisión desde junio pasado no cancela las evidencias de la “continua” obstrucción del Grupo Odebrecht “en las investigaciones en curso, como ya se puso de manifiesto en la fase 26 de Lava Jato con el intento de destrucción de su sistema de control informático de las coimas”.

El Ministerio Público Federal subraya que los acuerdos de reducción de pena y colaboración premiada solo son válidos “con la completa revelación, por parte de los imputados, de los delitos que ya son investigados, así como con la indicación plena de otras ilegalidades que fueron cometidas, sin ser conocidas por las autoridades judiciales y reparando lo más rápido posible todas esas ilegalidades”.

Entre tanto, los fiscales ya empezaron los interrogatorios de varios ejecutivos de Odebrecht que fueron detenidos esta semana en la etapa 26 de Lava Jato.

Una institución es una práctica social que se hace de manera casi irreflexiva y que tiene grado de aceptación. Es decir, que se realiza como una costumbre, sin pensarlo mucho. Algunos sectores de la población la aceptan y practican, mientras que otros ni la aceptan ni la practican.

En la sociedad hay muchas prácticas sociales que se han convertido en instituciones, por ejemplo: El matrimonio, la prostitución, el bautismo, el “bien cuidao”, la homosexualidad, el alcoholismo, el nepotismo, el secretario o “pavo” en el transporte, la coima y la corrupción.

Como se observa, hay instituciones positivas y negativas, pero las de mayor efecto negativo para el crecimiento saludable de la sociedad panameña están ganando más adherentes, desde los sectores populares hasta los de las cúpulas de poder político, económico, social, cultural y académico.

La corrupción alcanzó su clímax histórico en 112 años de vida republicana, en el período anterior de gobierno (2009 -2014), hecho que ha sido evidenciado con la detención de la mayoría de los ministros de ese período. Ahora, sobre el expresidente pesa una orden de detención para deslindar un proceso, ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Después del clímax corruptivo, esta institución se sigue difundiendo, como lo hace el zika, a pesar del verano intenso o en analogía de un gobierno lento y transparente. Es así como en todos los órganos del Estado, entiéndase Asamblea Nacional, gobierno y la CSJ, y otras instituciones como el Tribunal Electoral (TE) siguen el contagio de esta epidemia de corrupción institucional.

Basta repasar los incidentes y denuncias que han sido divulgados y televisados en los medios de comunicación, por ejemplo: Las declaraciones del magistrado Harry Díaz contra Ayú Prado, el nepotismo del magistrado del TE, el uso de la placa de un diputado en el automóvil de una persona detenida por la Policía Nacional; la detención de un vehículo del Sinaproc con drogas, y el de una funcionaria de la Asamblea con casi un millón de dólares; el ortorgamiento de una licencia al ministro consejero del presidente, que enfrenta denuncias internacionales; una viceministra acusada por sus escoltas por mandarlos a pasear a ‘Gucci’, la perrita más famosa del país, y el archivo de las querellas contra el magistrado presidente de la CSJ por parte de la Comisión de Credenciales, en un acto fuertemente criticado en los medios, sobre todo, por la forma en que se dio la sesión, con la intervención de otros diputados que no eran de la comisión.

En este contexto, parece que la corrupción institucional permanecerá por muchos años más en Panamá, si no se empieza por hacer un cambio en las instancias de poder, de cara a una administración honesta y transparente; y si persiste la idea de que gobernar es hurtar todo lo que se pueda.

varios artículos al proyecto 305 que pretende modificar la Ley de Contrataciones Públicas.

El procurador pide que se incapacite para contratar el Estado, no sólo a las personas que en los cinco años anteriores hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos por un tribunal panameño, sino también a los que lo hayan sido por un tribunal internacional.

Mediante una misiva con fecha de 21 de marzo y dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, el procurador dijo que la ley presenta algunos vacíos que no han podido ser superados y que requieren ser adecuados a convenciones internacionales contra la corrupción.

Propone la modificación de dos artículos, los cuales modifica el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, como una oportunidad para contribuir en evitar las malas prácticas y la corrupción en los contratos públicos.

AUDITORÍAS A OBRAS

Previamente, González envió una nota al contralor general de la República, Federico Humbert, en la que pidió que se le practiquen auditorías a las obras realizadas por Odebrecht en Panamá, en base a la reciente condena a s a exdirectivos de la empresa.

La Procuraduría de la Administración solicitó que se consideren las peticiones realizadas por distintos sectores que reclaman conocer detalles en relación con posibles sobrecostos que puedan derivarse de las obras ya ejecutadas y las que están en en plena ejecución.

‘Esas peticiones se enmarcan dentro de los principios de transparencia y combate a la corrupción que recoge la Ley 42 del 1 de julio de 1998, a través de la cual nuestro país aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción y así como los que se establecen en la Ley 15 de 10 de mayo de 2005, para la que se adopta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción', destaca la misiva.

Mientras en la Asamblea culminó el período de consultas al proyecto de ley.

El diputado Miguel Salas, presidente de la Comisión de Economía, informó que se contó con la participación de representantes de veinte rganismos de sectores públicos, privados y de la sociedad civil, quienes expusieron sus modificaciones para el enriquecimiento de la ley.

Salas dijo que el proyecto ha sido consensuado en un 75%, gracias a los aportes ofrecidos por los diferentes gremios, asociaciones e instituciones.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley No. 205, que instituye la justicia comunitaria de paz.

El proyecto ya había sido aprobado en segundo y pasado el tercer y último debate, sin embargo, fue devuelto a segundo debate para modificar los artículos 34, 56, 40 y 24.

El artículo 34 establece que ‘los jueces de paz podrán ordenar allanamientos para ejecutar únicamente órdenes de autoridades jurisdiccionales y competentes o para ejecutar decisiones adoptadas por la autoridad municipal'.

El artículo 24, en su numeral 2 y 6 establece que para ser juez de paz, se requiere ser mayor de 30 años, y preferiblemente ser residente en el corregimiento respectivo durante los dos años anteriores a su postulación.

La propuesta también establece que las instituciones estatales pueden crear centros comunales de mediación y conciliación, con el fin de promover la solución pacífica de conflictos en las comunidades. Los jueces de paz reemplazarán a los corregidores.