Intereses partidistas trancan debate de la reforma electoral

A más de un año de debates y consultas, todavía las bancadas legislativas, no logran consenso para debatir el proyecto de ley de reformas electorales, cuyo futuro se mantiene incierto en la Asamblea Nacional.

Por el momento, no hay fecha definida para reanudar el primer debate del proyecto 292 que reforma el Código Electoral que regirá las elecciones generales. Puede quedar para sesiones extraordinarias o al nuevo periodo ordinario el 1 de julio.

Cada partido político está velando por sus intereses y vigilantes de la manera en la que el marco legal electoral, los afecta en sus intenciones de llegar al solio presidencial el 1 de julio de 2019.

El tope del gasto electoral, la asignación de curules y otros temas como el posible retorno del voto en plancha o el voto cruzado (que un elector pueda votar por diputados de diferentes partidos en los circuitos plurinominales), impiden reanudar el debate.

Por el momento diputados del PRD y el Panameñismo, colectivos que controlan la Asamblea, los que han pedido posponer la discusión.

La última vez que hubo una convocatoria en la Comisión de Gobierno para atender el tema fue el 10 de marzo, no hubo cuórum. Era la segunda oportunidad en que rehusaron a discutir el proyecto.

ESCOLLOS POLÍTICOS

Hay una propuesta del voto interpartidario, que permitiría a una persona votar por varios candidatos de diferentes partidos. Se discrepa igualmente de la potestad otorgada al Tribunal Electoral del control excesivo sobre el proceso.

Según el diputado José Luis Varela, hermano del presidente de la República, si se empezaba el debate en la Comisión y se pasaba a segundo debate tal como aparece la norma, habría una situación de múltiples propuestas por 71 diputados.

‘Tomamos la decisión política de que cada bancada designe a un grupo de diputados para revisar la propuesta y tratar de llegar al consenso en primer debate', contó.

La idea es que los designados revisen y se pongan de acuerdo para que en el pleno legislativo la discusión ‘sea más sencilla y más fácil'. Agregó que en segundo debate se votaría sobre puntos en los que no hay acuerdos.

‘Faltan tres años para las elecciones y creemos que en este periodo debemos sacar esta ley y lo queremos hacer de la manera más consensuada posible', precisó.

La diputada Zulay Rodríguez, del PRD, rechazó la propuesta del voto interpartidario.

TOPE DE GASTO

El Tribunal Electoral promueve el tope al gasto de las campañas políticas, un punto álgido que no comparten los partidos políticos. El presidente Erasmo Pinilla advirtió a los diputados de los riesgos de no aprobar las normas que fijan un tope al financiamiento privado y gastos en las campañas electorales. En las pasadas elecciones presidenciales, las campañas políticas recibieron en donaciones privadas $59.2 millones.

Queda un mes para concluir el periodo ordinario y no se vislumbra acuerdo antes de la fecha. El diputado Varela dijo que ‘no hay apuro'. El presidente Rubén De León, ha hablado de la posibilidad de que se discuta en sesiones extraordinarias y Varela habla de que puede ser en julio, cuando empiece el nuevo pe riodo legislativo.

El miércoles anunciarán qué querellas serán admitidas en audiencia por envenenamiento masivo

Tras concluir este lunes 28 de marzo la lectura de las 47 querellas presentadas en la audiencia por los casos de envenenamiento masivo con dietilenglicol, se declaró un receso hasta el miércoles.

A partir de ahora y hasta este miércoles 30 de marzo, el magistrado Luis Mario Carrasco decidirá cuáles serán admitidas en el proceso.

Fueron cinco días de audiencia, sin embargo, uno de ellos se suspendió porque un abogado defensor presentó una incapacidad médica.

Este lunes se leyeron las cuatro últimas querellas que hacían falta en este proceso que es seguido por los familiares de las víctimas y los supervivientes del envenenamiento con el tóxico.

La audiencia se celebra 10 años después de que se reportara la aparición de jarabes fabricados por la Caja de Seguro Social (CSS) con la sustancia venenosa dietilenglicol.

Por esta investigación hay 11 acusados, entre ellos, Ángel De La Cruz y Teófilo Gateno, directivos del Grupo Comercial Medicom, S.A.; el exdirector del Seguro Social René Luciani, y la exjefa del Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS Linda Thomas.

La semana pasada los integrantes del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida se quejaron de los procedimientos del Segundo Tribunal Superior de lo Penal.

De acuerdo con un comunicado del Comité, los procedimientos causan estancamientos en el proceso, y como ejemplo citaron la lectura de las 47 querellas.

Dignatario de Odebrecht Panamá, ligado a coimas

El hallazgo de comprometedores informes de pagos a políticos brasileños en la residencia del que reemplazó a Marcelo Odebrecht en la presidencia de la constructora, Benedicto Barbosa da Silva, se suma ahora a la existencia de un departamento que manejaba el pago de coimas a políticos brasileños.

Dicho departamento se ubicaba en Odebrecht Infraestructura, que dirigía el propio Barbosa da Silva, quien aparece como dignatario en la junta directiva de Odebrecht Panamá.

Justamente, en febrero pasado, las autoridades ordenaron allanar la residencia de Barbosa da Silva, en búsqueda de archivos vinculados con cuentas bancarias que mantenía en Panamá una sociedad controlada por Odebrecht, Constructora Internacional del Sur.

Los documentos encontrados forman parte de una nueva fase de investigaciones de la Operación Lava Jato. 

ODEBRECHT TENÍA PLANILLA PARA POLÍTICOS

Las planillas de pago a partidos políticos y candidatos de elección popular brasileños por parte de la empresa Norberto Odebrecht ha puesto contra la pared al gigante de la construcción.

Para empezar, parte de estos documentos altamente comprometedores fueron hallados en la residencia en Sao Paulo de Benedicto Barbosa da Silva Junior, quien reemplazó en el cargo al hoy expresidente del holding, Marcelo Odebrecht, tras su detención, en junio pasado.

Los hallazgos forman parte de la fase 23 de la Operación Lava Jato (que se suma ahora a las pesquisas de la fase 26) cuyo blanco principal fueron los esposos Joao Santana y Mónica Moura, que actuaron en las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva (2006) y Dilma Rousseff (2010 y 2014), y en Panamá, en la de José Domingo Arias (Cambio Democrático), en 2014.

En esa operación también era blanco Barbosa da Silva, sospechoso de ser el canal de Marcelo Odebrecht para tratar el tema de las donaciones electorales y de los pagos a los políticos.

Pese a que este miércoles se divulgaron listas de los pagos de Odebrecht a políticos en el marco de la fase 26 de la operación el juez federal de la causa, Sergio Moro, decretó su reserva y pidió al Ministerio Público Federal que se manifieste sobre la “eventual remisión” de estas al Tribunal Supremo Federal.

En esta nueva etapa de Lava Jato, la Policía localizó un departamento en Odebrecht dedicado exclusivamente a vigilar la entrada y salida de millones de dólares en coimas para políticos locales y extranjeros.

Dicho departamento denominado “Operaciones Estructuradas” funcionaba físicamente en las oficinas de Odebrecht Infraestructura, la división que lideraba Barbosa da Silva antes de convertirse en el CEO de Constructora Odebrecht.

Contra la residencia de Barbosa da Silva –quien aparece como dignatario en la filial de Constructora Norberto Odebrecht en Panamá (ver facsímil) se giraron órdenes de allanamiento para la búsqueda y captura de documentos, en razón de ser sospechoso de crímenes de corrupción, lavado de dinero y falsificación, entre otros.

El juez ordenó buscar documentos que aclararan las razones por las cuales se hicieron pagos en el exterior a favor de cuentas de empresas offshores controladas por Odebrecht, específicamente de Innovation Research Engineering and Development Ltd., Klienfeld Services Ltd. y Constructora Internacional del Sur, S.A.

Como se sabe, esta última es una sociedad constituida bajo la jurisdicción panameña, fue disuelta en 2014.

Durante el tiempo que tuvo vida jurídica, esta sociedad abrió cuentas bancarias en por lo menos dos bancos panameños, entre los cuales, Credicorp Bank recibió copiosos fondos, al menos, unos 40 millones de dólares, cuyo paradero es parcialmente desconocido.

Ambas entidades bancarias enviaron a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sendos reportes de operaciones sospechosas, tras divulgarse las investigaciones de las que eran objeto exdirectivos de Petrobras, quienes recibían coimas de Odebrecht a través de sociedades controladas por el conglomerado brasileño, entre ellas, precisamente, Constructora Internacional del Sur, S.A.

También formaba parte del esquema de pagos de sobornos a directivos de Petrobras la sociedad Klienfeld Services Ltd., mencionada en los papeles de búsqueda y captura en la residencia de Barbosa da Silva.

Otro involucrado en el tema de las listas de pagos es Luiz Antonio Mameri, quien también es dignatario de Odebrecht Panamá. Ambos Barbosa da Silva y Mameri serían parte del complejo esquema societario ideado para el pago de sobornos, por parte de Odebrecht, a exdirectores de Petrobras.

NO HAY ACUERDO AÚN

En medio del escándalo surgido sobre el descubrimiento de las planillas de pagos de Odebrecht, la empresa emitió un comunicado el pasado martes, en el que dice que ha decidido firmar un acuerdo de “delación premiada”, en el que estarían sus principales ejecutivos, incluso, el ya condenado expresidente de la empresa, Marcelo Odebrecht.

No obstante, nada se ha concretado aún. Después de dos semanas de negociaciones, las autoridades brasileñas consideran los términos exigidos por Odebrecht de “inaceptables”.

De hecho, ayer el Ministerio Público Federal de Brasil negó haber llegado a un acuerdo de colaboración con ejecutivos del Grupo Odebrecht.

En una nota de prensa que el Ministerio Público Federal hizo circular a los medios que cubren el caso, rechazó de plano las afirmaciones sostenidas por la propia empresa el pasado martes. En consecuencia, los fiscales brasileños dejan claro que las investigaciones continuarán su curso normal.

“Las simples manifestaciones que provengan de la prensa, de los individuos o de cualquier grupo empresarial investigado no puede tener alguna consecuencia en el plano jurídico, motivo por el cual, las investigaciones y procesos judiciales continuarán en curso”, se señala en el comunicado.

Además, la autoridad advierte que la “divulgación de cualquier pretensión de acuerdo a través de la prensa” atenta directamente contra el principio del secreto, exigido por la ley para que pueda celebrarse un acuerdo entre las partes.

Asimismo, se indica que la repentina actitud de colaboración mostrada por el expresidente del coloso de la construcción carioca, Marcelo Odebrecht en prisión desde junio pasado no cancela las evidencias de la “continua” obstrucción del Grupo Odebrecht “en las investigaciones en curso, como ya se puso de manifiesto en la fase 26 de Lava Jato con el intento de destrucción de su sistema de control informático de las coimas”.

El Ministerio Público Federal subraya que los acuerdos de reducción de pena y colaboración premiada solo son válidos “con la completa revelación, por parte de los imputados, de los delitos que ya son investigados, así como con la indicación plena de otras ilegalidades que fueron cometidas, sin ser conocidas por las autoridades judiciales y reparando lo más rápido posible todas esas ilegalidades”.

Entre tanto, los fiscales ya empezaron los interrogatorios de varios ejecutivos de Odebrecht que fueron detenidos esta semana en la etapa 26 de Lava Jato.

La Corte archiva denuncia contra Jorge Iván Arrocha

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió, este 16 de marzo, no admitir denuncia penal contra el diputado Jorge Ivan Arrocha, presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, por el presunto delito contra la administración pública.

El licenciado Jamis Acosta denunció que el presidente de la Comisión ‘se niega a procesar o dar trámite a las querellas presentadas contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado', pero la Corte consideró que no existió prueba para sustentar la querella.

Detalló Jamis en la querella, que Arrocha incurrió en denegación de justicia, y además estimó que el denunciado no está en capacidad de conocer dichas denuncias, por haber emitido concepto acerca de las mismas en los medios de comunicación.

Como prueba idónea, el denunciante proporcionó un artículo publicado en este diario en el cual el diputado Arrocha señaló que ‘la falta de pruebas podría dar al traste con las denuncias que pesan contra magistrados de la CSJ'. Añadió el diputado en la nota que ‘no podía llamar a investigar a un magistrado si no hay elementos de prueba que realmente lo ameriten'.

Jamis estimó que las palabras de Arrocha mostraban un desconocimiento de las normas procesales, ya que, a su juicio el Código de Procedimiento Penal no hace referencia a prueba sumaria como requisito para el trámite de las denuncias, y solicitó que se investiguen los hechos denunciados.

La Corte, siendo el organismo que juzga a los diputados, sostuvo que cuando se trata de querellas o denuncias contra los diputados, las mismas deben contar con la prueba idónea del hecho investigado.

Jamis adjuntó en la denuncia, como prueba idónea, el artículo de La Estrella de Panamá que contiene las declaraciones de Arrocha. Al respecto, se lee en el fallo, ‘se infiere que Arrocha se refirió a una situación hipotética y no a un caso específico, y la sola declaración del diputado no satisface' los requisitos para ser investigado.

Los elementos probatorios aportados, según la Corte, no constituyen la prueba idónea para establecer que Arrocha haya participado de forma directa o indirecta en actuaciones que puedan ser consideradas como conductas punibles.

La corrupción, una institución en el país

Una institución es una práctica social que se hace de manera casi irreflexiva y que tiene grado de aceptación. Es decir, que se realiza como una costumbre, sin pensarlo mucho. Algunos sectores de la población la aceptan y practican, mientras que otros ni la aceptan ni la practican.

En la sociedad hay muchas prácticas sociales que se han convertido en instituciones, por ejemplo: El matrimonio, la prostitución, el bautismo, el “bien cuidao”, la homosexualidad, el alcoholismo, el nepotismo, el secretario o “pavo” en el transporte, la coima y la corrupción.

Como se observa, hay instituciones positivas y negativas, pero las de mayor efecto negativo para el crecimiento saludable de la sociedad panameña están ganando más adherentes, desde los sectores populares hasta los de las cúpulas de poder político, económico, social, cultural y académico.

La corrupción alcanzó su clímax histórico en 112 años de vida republicana, en el período anterior de gobierno (2009 -2014), hecho que ha sido evidenciado con la detención de la mayoría de los ministros de ese período. Ahora, sobre el expresidente pesa una orden de detención para deslindar un proceso, ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Después del clímax corruptivo, esta institución se sigue difundiendo, como lo hace el zika, a pesar del verano intenso o en analogía de un gobierno lento y transparente. Es así como en todos los órganos del Estado, entiéndase Asamblea Nacional, gobierno y la CSJ, y otras instituciones como el Tribunal Electoral (TE) siguen el contagio de esta epidemia de corrupción institucional.

Basta repasar los incidentes y denuncias que han sido divulgados y televisados en los medios de comunicación, por ejemplo: Las declaraciones del magistrado Harry Díaz contra Ayú Prado, el nepotismo del magistrado del TE, el uso de la placa de un diputado en el automóvil de una persona detenida por la Policía Nacional; la detención de un vehículo del Sinaproc con drogas, y el de una funcionaria de la Asamblea con casi un millón de dólares; el ortorgamiento de una licencia al ministro consejero del presidente, que enfrenta denuncias internacionales; una viceministra acusada por sus escoltas por mandarlos a pasear a ‘Gucci’, la perrita más famosa del país, y el archivo de las querellas contra el magistrado presidente de la CSJ por parte de la Comisión de Credenciales, en un acto fuertemente criticado en los medios, sobre todo, por la forma en que se dio la sesión, con la intervención de otros diputados que no eran de la comisión.

En este contexto, parece que la corrupción institucional permanecerá por muchos años más en Panamá, si no se empieza por hacer un cambio en las instancias de poder, de cara a una administración honesta y transparente; y si persiste la idea de que gobernar es hurtar todo lo que se pueda.

Los aspirantes a la Defensoría van al pleno

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad enviar al pleno la lista de los 26 aspirantes a la Defensoría del Pueblo. De esta manera, cada uno de los 71 diputados podrá elegir de la lista a quien desea postular para el cargo y que deberá contar con la aprobación de la mitad más uno para ser electo.

El diputado y presidente de la Comisión, Pedro Miguel González dijo que los aspirantes, que integran la lista son 11 mujeres y 15 hombres de distintas profesiones, pero con un objetivo común de reforzar el papel de la Defensoría, todos cuentan con los méritos para ser seleccionado o seleccionada.

El diputado dijo que se hizo una evaluación profunda de la hoja de vida de cada aspirantes. El designado reemplazará a partir del 1 de abril a Lilia Herrera, quien fue designada para culminar el periodo de Patria Portugal, que fue destituida por la Asamblea Nacional en medio de un escándalo por el uso de recursos de la institución.

El procurador propone cambios a ley de contratación

varios artículos al proyecto 305 que pretende modificar la Ley de Contrataciones Públicas.

El procurador pide que se incapacite para contratar el Estado, no sólo a las personas que en los cinco años anteriores hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos por un tribunal panameño, sino también a los que lo hayan sido por un tribunal internacional.

Mediante una misiva con fecha de 21 de marzo y dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, el procurador dijo que la ley presenta algunos vacíos que no han podido ser superados y que requieren ser adecuados a convenciones internacionales contra la corrupción.

Propone la modificación de dos artículos, los cuales modifica el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, como una oportunidad para contribuir en evitar las malas prácticas y la corrupción en los contratos públicos.

AUDITORÍAS A OBRAS

Previamente, González envió una nota al contralor general de la República, Federico Humbert, en la que pidió que se le practiquen auditorías a las obras realizadas por Odebrecht en Panamá, en base a la reciente condena a s a exdirectivos de la empresa.

La Procuraduría de la Administración solicitó que se consideren las peticiones realizadas por distintos sectores que reclaman conocer detalles en relación con posibles sobrecostos que puedan derivarse de las obras ya ejecutadas y las que están en en plena ejecución.

‘Esas peticiones se enmarcan dentro de los principios de transparencia y combate a la corrupción que recoge la Ley 42 del 1 de julio de 1998, a través de la cual nuestro país aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción y así como los que se establecen en la Ley 15 de 10 de mayo de 2005, para la que se adopta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción', destaca la misiva.

Mientras en la Asamblea culminó el período de consultas al proyecto de ley.

El diputado Miguel Salas, presidente de la Comisión de Economía, informó que se contó con la participación de representantes de veinte rganismos de sectores públicos, privados y de la sociedad civil, quienes expusieron sus modificaciones para el enriquecimiento de la ley.

Salas dijo que el proyecto ha sido consensuado en un 75%, gracias a los aportes ofrecidos por los diferentes gremios, asociaciones e instituciones.

Corte rechaza recurso presentado por defensa de Martinelli para evitar detención

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró "no viable" el habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para evitar las órdenes de detención provisional dictadas por el magistrado de garantías Jerónimo Mejía, dentro del proceso penal por la interceptación de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno pasado.

La decisión fue tomada durante una reunión del pleno extraordinario, que empezó a las 10:00 a.m. de este martes, 22 de marzo, y terminó a las 5:00 p.m., informó la Secretaría de Comunicación de la Corte. 

El magistrado ponente fue Abel Zamorano. Y avalaron la decisión los magistrados Oydén Ortega, Ángela Russo de Cedeño, Secundino Mendieta, Cecilio Cedalise, Hernán De León y Wilfredo Sáenz. El magistrado Luis Ramón Fábrega se abstuvo de votar por haber presidido la audiencia celebrada el pasado 21 de diciembre de 2015.

Mientras que el magistrado Luis Mario Carrasco no participó de la reunión del pleno, puesto que se encontraba en la audiencia en el caso de las víctimas por envenenamiento por dietilenglicol.

El pasado 11 de marzo, el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, recibió una carta del magistrado Mejía en la que este le solicitó gestionar la detención provisional de Martinelli, también diputado del Parlamento Centroamericano.

En la nota, Mejía señala a Pinzón que a Martinelli se le debe comunicar cuáles son los delitos que se le endilgan: la presunta comisión de la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y peculado.

Proyecto de ley sobre jueces de paz pasa a tercer debate

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley No. 205, que instituye la justicia comunitaria de paz.

El proyecto ya había sido aprobado en segundo y pasado el tercer y último debate, sin embargo, fue devuelto a segundo debate para modificar los artículos 34, 56, 40 y 24.

El artículo 34 establece que ‘los jueces de paz podrán ordenar allanamientos para ejecutar únicamente órdenes de autoridades jurisdiccionales y competentes o para ejecutar decisiones adoptadas por la autoridad municipal'.

El artículo 24, en su numeral 2 y 6 establece que para ser juez de paz, se requiere ser mayor de 30 años, y preferiblemente ser residente en el corregimiento respectivo durante los dos años anteriores a su postulación.

La propuesta también establece que las instituciones estatales pueden crear centros comunales de mediación y conciliación, con el fin de promover la solución pacífica de conflictos en las comunidades. Los jueces de paz reemplazarán a los corregidores.

Reiteran que Barría está vinculado en cobro de coimas y en caso de SPI

Las abogadas Dayliana Campos y Evelia Rodríguez denunciaron la mañana de este miércoles al diputado panameñista Luis Barría por el caso del exmiembro del Servicio de Protección Institucional (SPI), Francisco Medina y por el presunto cobro de coimas cuando fue director del Registro Público (RP).

Campos indicó que su cliente Francisco Medina fue quien llamó a la Policía Nacional el pasado 6 de enero. Contó que a eso de las 2:40 de la madrugada, mientras Medina dormía en su casa, vandalizaron su vehículo, dispararon al asiento del conductor y lanzaron 18 “paquetitos” de droga dentro del automóvil. Medina, hasta hace algunas semanas era parte del equipo de escoltas del diputado del panameñista.

Aseguró que si la sustancia ilícita hubiese sido de Medina, él la habría escondido, pero esperó a la Policía Nacional para las investigaciones, sin embargo ese mismo día, antes de las 10 de la mañana ya se le estaban formulando cargos.

Campos indicó que su cliente culpa a Barría de que le sembró pruebas porque tuvo una "relación extramarital con una dama cercana" al diputado.

Coimas

Por otra parte, Evelia Rodríguez, esposa y abogada de Ernesto Aguilar, quien fue detenido el 6 de enero con presunta droga en San Miguelito, señaló que Barría cobró coimas cuando estaba en el Registro Público.

Recalcó que el problema viene por un terreno en Atalaya, Veraguas, el cual Barría secuestró. Interpusieron las denuncias pero la Corte Suprema de Justicia archivó el expediente.