Hasta el año pasado, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino acreditaba como un punto notorio y a favor de Panamá haber logrado la donación de seis lanchas patrulleras por el Gobierno italiano, encabezado en ese entonces por Silvio Berlusconi.
En una entrevista dada a TVN el 10 de agosto de 2015, Mulino dijo que las seis lanchas valían tanto o más que los tres contratos que el gobierno de Ricardo Martinelli pactó con el conglomerado Finmeccanica.
Es decir, que, según la declaración que Mulino ofreció a la periodista Sabrina Bacal, el valor de este equipo era cercano a $250 millones.
El exfuncionario seguía presumiendo del mismo discurso que años antes había liderado Martinelli como presidente del país, y quien en junio de 2012 aseguró que las cuatro lanchas que para ese momento habían llegado a Panamá tenían un valor de $20 millones; mientras las otras dos, cuyo arribo fue postergado en ese momento para los primeros meses de 2013, valían $100 millones cada una.
En aquella época, Martinelli refutaba a quienes advertían que se trababa de equipos viejos, que no servían. Aseguraba con vehemencia que no era
“chatarra”.
El entonces presidente, Ricardo Martinelli, no detalló que las lanchas requerían de un presupuesto de 9.7 millones de euros para su reparación. LA PRENSA/Archivo
Sin embargo, todos los documentos legales que avalan y certifican la “donación” hacen la salvedad de que se trataba de equipo que se recibía “en el estado de hecho y de derecho en el que se encuentran”. Es decir, como estaba y donde estaba.
Esta línea aclaratoria es la clave del peregrinar que ha tenido que pasar el país tras aceptar una “donación” que le salió cara.
EL COSTOSO RECORRIDO
Las primeras lanchas que partieron del puerto italiano de Mesina el 5 de mayo de 2012 y llegaron a Panamá el 23 del mismo mes fueron bautizadas con el tradicional azote de una botella de licor, en este caso de champaña.
Pero el bautizo era para lanchas “repotenciadas”, porque antes de llegar a Panamá ya habían sido usadas por la Guardia Costera de Italia.
El equipo, que sería utilizado para combatir el narcotráfico y hacer labores de rescate, se clasificó como una donación que se anotaba el país a raíz de los contratos firmados en 2010 entre Panamá y Finmeccanica y sus filiales, para la compra de 19 radares con Selex; 6 helicópteros con Augusta Westland; y un mapa cartográfico con Telespazio.
Fue Mulino, en representación del Estado panameño, quien firmó en agosto de 2010 dos de los tres contratos que el gobierno de Martinelli alcanzó con el conglomerado Finmeccanica.
Por el contrato con Selex, a través del que se adquirió un sistema de radares fijos por $125 millones, la Fiscalía Tercera Anticorrupción ordenó su detención
preventiva. El juez Enrique Paniza, sin embargo, decretó el cambio de dicha medida, acción que fue apelada por la fiscalía.
El contenido de estos contratos fue secreto de Estado durante toda la administración Martinelli. Se alegaba razón de seguridad nacional.
Ahora, este diario ha tenido acceso al acta de cesión a título gratuito de las lanchas firmada por Alejandro Garuz, quien fuera viceministro de Seguridad y mano derecha tanto de Mulino como del entonces Presidente.
El documento tiene fecha del 9 de marzo de 2011 y ofrece al detalle el valor real de las patrulleras que recibiría el país.
La información delata que Martinelli, Mulino y Garuz estaban al tanto de que las lanchas donadas a Panamá no estaban ni cerca de poder utilizarse, y que su puesta en marcha sería costosa, tal como ha sucedido hasta ahora.
El documento, clasificado de estricta confidencialidad en el gobierno de Martinelli, precisa que el valor de inventario de las cuatro unidades navales clase 200-S es de solo 6.2 millones de euros. Un monto ínfimo si se le compara con los cálculos hechos por Martinelli y secundados por Mulino.
Como parte de los compromisos pactados en esta acta de cesión, se determinó que Italia –a través de su Ministerio de Infraestructura y Transporte– se comprometía a proporcionar el soporte técnico para elaborar lo que llaman “la lista de las intervenciones de refitting” o reacondicionamiento de las lanchas, pero este sería efectuado por “cuenta y cargo de la República de Panamá”.
Se exigió que Panamá asumiera el costo por las reparaciones que se harían en el país europeo, previo el arribo del equipo a Panamá.
De ello nunca se dijo ni una sola palabra al país. La ciudadanía ignoraba que el costo por reparar las lanchas, asumido por Selex, fue de 9.7 millones de euros.
Este monto fue descontado del total que Finmeccanica posteriormente acordó devolver al país, en función de un crédito y a razón del reciente acuerdo entre el Gobierno de Panamá y el conglomerado italiano para superar las diferencias legales surgidas tras la firma de los contratos con sus filiales.
Según el acuerdo alcanzando por el gobierno de Juan Carlos Varela, Panamá queda liberada de pagar 38.8 millones de euros y adicionalmente recibirá un crédito a su favor por 29 millones de euros, que se podrán utilizar para la compra de nuevos helicópteros, piezas o equipos para la flota actual.
Pero no fue posible liberarse del pago de los 9.7 millones de euros invertidos en las patrulleras, ya que el compromiso adquirido por Garuz fue que el país “asumía el costo de la reparación de las naves” según el acta de recibo.
LA HISTORIA SE REPITE
El acta de cesión de las cuatro unidades navales clase 200-S fue utilizada como modelo para firmar el 4 de diciembre de 2013 un segundo documento en el que se definieron las cláusulas de la donación de otras dos patrulleras de la serie 900.
Nada cambió, salvo las especificaciones técnicas de los equipos. Panamá nuevamente aceptaba las unidades navales “en el estado de hecho y de derecho” en el que se encontraban y exentas de gravámenes y cargos.
Estas dos lanchas, por ser más grandes y tener mayor capacidad que las de clase 200-S, tenían un valor en libros de 14.6 millones de euros.
Sumando el valor de las otras cuatro lanchas, la nación adquiría equipos que en documentos contables valían apenas 20.8 millones de euros.
Una de las lanchas de la clase 900 ni siquiera ha llegado a Panamá. Sigue anclada en el puerto de Mesina, ondeando la bandera panameña.
La otra patrullera de esta misma serie no funciona desde que llegó a Panamá y su reparación tiene un costo aproximado de $3 millones, de acuerdo con información proporcionada a finales del año pasado por el Servicio Aeronaval Nacional (Senan).
El 23 de febrero de 2013, Garuz envió un informe de aceptación de los helicópteros a Augusta Westland, en el que incluye “comentarios adicionales” relacionados con la embarcación 900.
Reconoce que no está en condiciones navegables, que la Guardia Costera de Italia no tiene contemplada ninguna adecuación, entidad que le recomendó a Panamá hablar con las autoridades de Finmeccanica, a fin de definir quién asumirá los costos de adecuación.
De las cuatro lanchas clase 200-S que llegaron al país, solo dos están operativas; una está en reparación y otra fuera de servicio.
Equipadas con una cámara con capacidad de visión nocturna conectada a un radar, y con capacidad para 11 tripulantes y 15 ocupantes adicionales, el plan era hacer patrullajes en aguas del Atlántico y del Pacífico panameños, aunque este nunca se concretó.
De acuerdo con los funcionarios de Senan, el principal problema es la adquisición de piezas para poder reparar las lanchas.
El Estado tiene capacidad para hacer mantenimientos preventivos, pero cuando se trata de piezas electrónicas, debe solicitarlas a Italia, lo que demora aun más el proceso.
Tal fue el caso de la patrullera bautizada como Presidenta Mireya Moscoso, que tenía un daño en la tarjeta electrónica de uno de sus tres motores.
Funcionarios del Senan comentaron el año pasado que la institución esperaba desarrollar un proyecto para reconvertir las lanchas a especificaciones americanas, lo que facilitaría la obtención de las piezas y a un costo más barato.
Este reacondicionamiento se inició con la lancha bautizada como Presidente Ernesto Pérez Balladares, a la que se cambiarán los motores italianos por americanos.
Los cálculos preliminares indican que la adaptación de algunas de las lanchas le costaría al Estado una inversión adicional de $2 millones.
Dados los costos operativos y el tiempo que ha tomado poner en funcionamiento estas lanchas, la obtención de dichos equipos no podría calificarse como una donación y menos compararlo con vehículos alemanes de la marca Mercedes Benz, tal como hizo Martinelli en 2012.
