El alcalde de Panamá, José Isabel Blandón, se unió a las voces de dirigentes oficialistas que afirman que nada impide a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción internacional, adjudicarse contratos en Panamá.
Pese a que había dicho que no hablaría del tema hasta que no se adjudicara el contrato de la licitación convocada por su despacho para el desarrollo del proyecto de aceras en la capital, valorado en $99.5 millones, Blandón acudió ayer en la mañana a Telemetro y allí se refirió al proceso
“Nada en la ley de contrataciones públicas actual descalifica a la empresa brasileña [Odebrecht] y a otras empresas, para participar en actos de licitaciones por tener procesos pendientes en otros países”, dijo.
Sus palabras no guardan relación con la posición que tenía sobre esta empresa el 10 de junio de 2006, cuando en un artículo de opinión escribió: “la empresa brasileña Odebrecht opera en el exterior, auxiliada por la banca de fomento estatal de Brasil, que presta dinero a los estados para la realización de obras, condicionado a que se contrate a una empresa de dicho país.
Esta compañía ha estado vinculada a escándalos de corrupción en varios países de América Latina (…)”. (Ver la nota relacionada).
Las declaraciones recientes de Blandón surgen a raíz de reclamos presentados ante la Dirección General de Contrataciones Públicas por dos de los consorcios participantes en la licitación de las aceras contra un informe de la comisión evaluadora.
En principio, la comisión otorgó al mayor puntaje a Centralvías EP (Conalvías y Centralmix S.A.), pero Blandón pidió revisar la propuesta de este consorcio, argumentando que no contempló el costo de los terrenos para construir mil 571 estacionamientos.
En un segundo informe, los comisionados rebajaron puntos a este consorcio, y le dieron la máxima calificación a Odebrecht, mientras que Espacios Públicos Vías España (Meco, S.A. y Rodsa, S.A.), obtuvo el tercer lugar.
El primer consorcio en reclamar fue Espacios Públicos Vías España, que solicitó se impida participar a Centralvías y a Odebrecht, alegando que no cumplen los “requisitos mínimos” para participar.
Centralvías, por su lado, objetó el segundo informe de la comisión, con el alegato de que el pliego de condiciones indica que no se debía incluir en el precio de la obra los costos por adquisición de servidumbre.
Su reclamo fue rechazado, ya que la abogada que lo presentó tenía poder para otro acto.
Una hora después de hablar en televisión, Blandón se reunió con miembros de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, a quienes presentó el informe “Panamá Metropolitana: Sostenible, Urbana y Global”.
La Prensa conversó con él sobre el tema, y allí reiteró que la brasileña no tiene impedimento para concursar, y añadió que la empresa Conalvías, que forma parte de Centravías EP, es procesada por quiebra en Colombia.
“La Prensa debe evaluar y no circunscribirse al caso de una sola empresa. Aquí hay procesos penales y detenidos de empresas como FCC, Conalvías, Hidalgo & Hidalgo, Odebrecht y todas las demás empresas brasileñas que están siendo investigadas”, dijo.
“Si nosotros vamos a desestimar la participación de cualquiera de una de estas empresas, esa no es decisión mía, sino una decisión de la Asamblea Nacional [que discute cambios a la ley de contrataciones públicas]. Yo tendría que tomar esa decisión al margen de la ley, tendría que tomarla para todos y no solamente para una. Además, la comisión evaluadora es la que toma la decisión [sobre a quién se le da el contrato]”.
Blandón explicó que una vez la comisión emitió el informe, sin que se contemplara el análisis del costo de los estacionamientos que propone Centralvías, “respondió inmediatamente”.
“Tenía dos días para responder, hay términos para esto, no me puedo tomar una semana para resolverlo”, añadió. “Lo que proponía la empresa no era una indemnización, sino la compra de los terrenos que no están en el área de intervención, sino cerca. Eso implicaría una inversión del Municipio de al menos $20 millones”, resaltó.
Explicó que las demás empresas no presentaron propuestas para construir estacionamientos y que este aspecto no es responsabilidad del Municipio, por lo que propone que dueños de lotes, con los respectivos incentivos, los construyan.
¿Si Centralvías elimina los estacionamientos, su propuesta bajaría de precio?. “Es correcto, pero como ellos se fueron al precio mínimo de $89 millones, entraría en el precio de riesgo. Porque si nosotros evaluamos el costo en $99 millones, lo mínimo que se podría ofertar sin entrar en riesgos era $89 millones”, recalcó.
¿Esto indica que se le dará la licitación a la empresa Odebrecht?. “Pero hay otra empresa más [Espacios Públicos Vía España]. Lo que pasa es que esta empresa plantea $4 millones más [$93 millones] y Centralvías y Odebrecht plantean $89 millones; pero en la propuesta técnica la peor evaluada fue la empresa Meco [Espacios Públicos Vía España]”.
Por ahora, el proceso está paralizado mientras la DGCP analiza el reclamo de Espacios Públicos Vía España. La próxima semana podría conocerse el desenlace.
Otra vez, los corredores
José Blandón Figueroa | 01 abr 2016 – 00:05h
Muchos recordarán las múltiples quejas, protestas y denuncias que se realizaron cuando el gobierno de Pérez Balladares decidió contratar con dos empresas de capital mexicano la construcción por vía de concesión administrativa de los corredores Norte y Sur. En ambos casos, fue evidente que en los respectivos contratos de concesión no se resguardaron debidamente los intereses públicos y se le dio demasiadas salvaguardas a Pycsa e ICA, a costa de los usuarios y del propio Estado panameño.
Lamentablemente, el ministro de Obras Públicas durante dicho gobierno, Luis Blanco, poco antes de salir del cargo, suscribió addendas en beneficio de Pycsa, prorrogándoles el término (por cinco años, hasta 2004) para culminar las obras que se había obligado a realizar. En tal sentido, mal mensaje envió el presidente de la República cuando, al inicio de su gobierno, designó como altos asesores gubernamentales a Luis Blanco y Mario Conte, ministro y viceministro del MOP, respectivamente, al momento de suscribirse esos contratos de concesión y esas primeras addendas, contrarias al interés público.
Recién ahora se destapa el tamal y los panameños nos enteramos por dónde iba la cosa. Casi al mismo tiempo, se informa que el Gobierno planea hacer la extensión del corredor Sur y continuar con una empresa brasileña la construcción de la autopista a Colón. Ambos anuncios dejan más interrogantes que respuestas y muchas, pero muchas dudas sobre la legalidad y transparencia de lo que planea hacer la administración Torrijos.
En el primer caso, se anuncia que la continuación del corredor Sur se contratará con ICA, a pesar de que esta empresa tiene demandado al Estado panameño y que la misma se ha beneficiado excesivamente de la concesión que administra, gracias a la “generosa” cesión de costosos terrenos estatales a dicha empresa, lo que ha desatado una especulación inmobiliaria en Punta Pacífica que ha hecho ganar millones a los mexicanos y a unos cuantos favoritos del régimen. Lo transparente y más conveniente para el Estado es que se llame a una licitación pública, donde pueda participar ICA, si le interesa, pero en donde se otorgue la concesión a quien mejores condiciones ofrezca a la nación y a los usuarios.
En el caso de la autopista a Colón, la cosa es todavía peor. A mi juicio, el Estado tiene suficientes argumentos legales para revocar la concesión a Pycsa, por lo que permitir que la misma se mantenga administrando el Corredor Norte y, además, pueda terminar la extensión del mismo y encima “ceder” a una tercera empresa para culminar la autopista es inadmisible, ética y jurídicamente. Para comenzar, que no se trata de dos concesiones distintas, sino de una sola, por lo que mal podría aceptarse una cesión parcial, cuando ha sido Pycsa precisamente quien más ha insistido a lo largo de los años en el “equilibrio financiero” de la concesión, indicando que se trata de un solo contrato.
Por otro lado, la empresa brasileña Odebrecht opera en el exterior, auxiliada por la banca de fomento estatal de Brasil, que presta dinero a los Estados para la realización de obras, condicionado a que se contrate a una empresa de dicho país. Esta compañía ha estado vinculada a escándalos de corrupción en varios países de América Latina, comenzando por el propio Brasil y se dice que fue la principal donante de la campaña presidencial de Lula da Silva. Si le sumamos a eso, el hecho de que dos altas funcionarias del Gobierno panameño viajaron recientemente a Brasil para conocer las instalaciones de Odebrecht y las condiciones de financiamiento de la banca de fomento brasileña, surgen dudas razonables sobre cómo se piensa construir lo que resta de la autopista.
Concluyo señalando que todo indica que la supuesta cesión de Pycsa no es más que una leguleyada para encubrir una contratación directa con Odebrecht, en términos distintos, puesto que sería el Estado panameño quien pagaría la obra, a través de más endeudamiento. Al igual que en el caso del corredor Sur, lo correcto es convocar a una licitación pública y que gane quien ofrezca mejores condiciones para el interés público. Amanecerá y veremos… pero si las cosas siguen como van, este caso tiene suficientes ingredientes como para convertirse en un nuevo caso Cemis. Lamentablemente para Colón…
