El Gobierno panameño tiene tolerancia cero’: Isabel de Saint Malo de Alvarado

La vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, manifestó este martes que la información obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en relación con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, hace un flaco favor a la reputación de Panamá que debe enfrentar un “reto adicional”. “Yo creo que hay una distancia real entre la realidad y la percepción, pero noticias como las aparecidas el domingo no contribuyen”, afirmó.

La firma de abogados panameña Mossack Fonseca está en el ojo de la tormenta. ¿Está de acuerdo conmigo en que uno de los problemas de Panamá es su reputación?

Los escándalos publicados presentan un reto adicional a Panamá como país. Yo creo que hay una distancia real entre la realidad y la percepción; noticias como las aparecidas el domingo no contribuyen. Lo cierto es que el sistema financiero ha evolucionado no solo en Panamá, sino en Reino Unido, Suiza y otros centros financieros del mundo.

Lo que era posible hace 10 años no es posible hoy porque hay una corriente mundial hacia la transparencia, afortunadamente. En este sentido, Panamá ha dado pasos importantísimos en esta dirección.

A partir de enero de 2016 entró en vigor la legislación con relación a las acciones al portador. Ese modus operandi de creación de sociedades anónimas donde no se conocía a quien pertenecían ya hoy no es posible.

Este Gobierno da la bienvenida a toda información que sea pública y que nos ayude con este compromiso del Gobierno.

Sin embargo, crear y vender empresas offshore no es un delito…

Bueno, lo que le toca al Estado es legislar para que las prácticas sean transparentes.

La OCDE advierte a Panamá de que si no se decide a implementar el modelo de intercambio automático de información financiera se instalará la sospecha de que de buen grado alberga dinero sucio.

Panamá se ha comprometido con el intercambio automático de información financiera. El presidente de la República anunció en la ONU el compromiso de intercambio de información financiera. Los pasos que Panamá ha dado hablan por sí solos. Son contundentes. GAFI el año pasado aprobó sacar a Panamá de la lista gris. El mensaje es clarísimo.

El Gobierno panameño tiene tolerancia cero hacia prácticas no transparentes.

Los fiscales del caso Lava Jato en Brasil que ha destapado una red de corrupción enquistada en el poder político y económico no han visto satisfecha su demanda de colaboración a Panamá. Señalan que es el único país que no está ayudando a la justicia brasileña…

El Ejecutivo panameño y el Ministerio Público están comprometidos a prestar toda la colaboración que otras jurisdicciones requieran en ese tipo de procesos. Si los tiempos no son los mejores es algo que tenemos que trabajar, pero Panamá está totalmente comprometido y la información se va a proporcionar.

Gobierno crea Grupo Institucional Anticorrupción

Mediante el Decreto Ejecutivo 209, el Gobierno crea el Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA) con el objetivo de  "construir un grupo interinstitucional para prevenir los hechos delictivos contra la corrupción y delincuencia organizada, con la participación y colaboración de los organismos de seguridad pública”.

El GIA estará adscrito y supervisado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional y estará integrado por la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Servicio Protección Institucional (SPI), Servicio de Migración y la Autoridad de Aduanas.

En el decreto indican que aquellas informaciones relativas a las seguridad nacional, manejadas por los estamentos de seguridad y las que versan procesos de investigación o cambio de información con el Ministerio Público serán consideradas informaciones restringidas.

Funciones de la GIA

1- Mantener informado al Presidente de la República sobre los casos de corrupción y delincuencia organizada, a través del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional.

2- Realizar las tareas de inteligencia, planeamiento, búsqueda, procesamiento y divulgación de información para prevenir las amenazas relacionadas a indicadores de corrupción y delincuencia organizada.

3- Requerir y copiar información de as diferencias instituciones públicas, entidades estatales, descentralizadas y mixtas, las cuales deberán responder de manera oportuna, expedita y segura de forma reservada.

4- Recopilar, verificar y analizar las informaciones a fin de mantener un registro de los hechos, circunstancias y base razonable relacionados a indicadores de corrupción y delincuencia organizada.

5-Desarrollar el informe del producto de lo investigado para la toma de decisiones.

6- Otras que el Consejo de Seguridad Nacional le asigne

Sociedad pide justicia por escándalo fiscal

Miles de personas marcharon ayer por las calles de Reykjavik, capital de Islandia. Fueron niños, personas mayores, ciudadanos enfurecidos. En medio del frío, pedían la renuncia del Primer Ministro de su país, Sigmundur Gunnlaugsson.

El político fue uno de los que apareció en la lista de líderes mundiales que utilizaron a la firma panameña Mossack Fonseca para transacciones de intenciones dudosas, según da cuenta la investigación realizada con información obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con La Prensa y otros 106 medios.

Otro de los mencionados en los documentos publicados en todo el mundo es el chileno Gonzalo Delaveau, hasta ayer presidente de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional.

Delaveau, según las investigaciones periodísticas, habría gestionado a través de Mossack Fonseca una serie de sociedades offshore en las Bahamas. La reacción de Delaveau se dio después de que el Servicio de Impuestos Internos informó el inicio de un seguimiento exhaustivo de los chilenos mencionados en el caso.

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, anunció que analizará las publicaciones.

“La denominada ‘Lista Panamá’ podrá ser utilizada para complementar las distintas iniciativas de fiscalización y colaboración con otros países”, dijo el organismo según la agencia noticiosa Reuters.

En España, por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió ayer una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la firma Mossack Fonseca denunció el medio El Confidencial, en el que se vinculaban varios políticos, artistas, y hasta parte de la realeza española.

El Gobierno de Estados Unidos también anunció que analizará las publicaciones vertidas a nivel internacional que vinculen de una manera u otra a este país.

“A pesar de que no podemos hacer ningún comentario sobre elementos específicos incluidos en esos documentos, el Departamento de Justicia toma muy en serio todas las denuncias creíbles sobre corrupción en el exterior que pudiera tener un vínculo con Estados Unidos o con el sistema financiero estadounidense”, afirmó Peter Carr, portavoz del Departamento de Justicia, según informó la agencia AFP.

OJO EN LA CASA BLANCA

Luego de que Aristegui Noticias, medio mexicano que participó en la investigación coordinada por ICIJ, publicara cómo el dinero vinculado a la famosa casa del presidente Enrique Peña Nieto fuera a parar a sociedades offshore creadas por la firma panameña, las autoridades han anunciado que investigarán todo lo que aparezca en estos reportajes.

De acuerdo con la agencia noticiosa china Xinhua, la autoridad tributaria de México informó que investigará a empresarios y políticos implicados en posibles actos de evasión de impuestos “conforme a derecho respecto a contribuyentes señalados de contratar empresas offshore”.

Así mismo, la justicia francesa abrió un proceso preliminar por “blanqueo de fraude fiscal agravado”, tras las revelaciones sobre el supuesto abuso de la firma panameña Mossack Fonseca sobre las regulaciones offshore.

“Los sistemas de evasión fiscal desvelados por la investigación periodística son susceptibles de involucrar a personas que residen fiscalmente en Francia”, precisó el comunicado.

El propio presidente francés, François Hollande, se refirió al caso. Según él, “todas las informaciones que sean publicadas darán lugar a investigaciones por parte de los servicios fiscales y a procesos judiciales”. Además, calificó como “buenas noticias” la investigación periodística, pues sirve como plataforma para que aquellos ciudadanos que evadieron impuestos en Francia cumplan con sus responsabilidades con el fisco.

Por otra parte, miembros del Gobierno de Pakistán, liderado por el primer ministro Nawaz Sharif salió en su defensa y negaron que hubiera cometido cualquier acto ilegal.

De acuerdo con las publicaciones periodísticas, el político habría creado compañías en las Islas Vírgenes Británicas para administrar propiedades en Londres, Inglaterra.

Algo similar ocurrió en Rusia, donde el Kremlin anunció que “todo se basa en alegatos y especulación” en relación a la implicación del presidente Vladimir Putin, en la creación de una red compuesta por sus amigos y con la que habría movido más de $2 mil millones a través de sociedades offshore de Mossack Fonseca.

En tanto, el Gobierno del Reino Unido pidió una copia de los documentos filtrados para poder examinar la información y actuar, luego que el padre del primer ministro David Cameron fuera implicado por evadir impuestos a través de sociedades offshore con Mossack Fonseca.

Las autoridades de Australia, Suecia, Bélgica, Nueva Zelanda e India también han anunciado que abrirán investigaciones.

Fiscalía pide levantar fuero al secretario de la Asamblea

La Fiscalía Sexta Anticorrupción solicitó al Tribunal Electoral (TE) despojar del fuero penal electoral a Franz Wever, quien es el Secretario General de la Asamblea Nacional y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La petición de la Fiscalía, ingresó al TE el pasado lunes, 28 de marzo, y está en ‘trámite de notificación' de acuerdo a información del TE.

Wever enfrenta una querella penal por la supuesta Comisión del delito contra la administración Pública, hecho denunciado por Armando Carlos Martínez.

Según el querellante, el Secretario General de la Asamblea Nacional, habría incurrido en el delito de peculado, al recibir $3,600, para atender una reunión en septiembre del año pasado en Lausana, Suiza, por el litigio que existía en la federación deportiva.

La solicitud de desafuero al TE por parte de la fiscalía sexta anticorrupicón, que es dirigida por, Aurelio Vásquez, es porque Wever se postuló como candidato al cargo de delegado principal por el corregimiento de Betania, en las internas del PRD.

En su denuncia, Martínez solicita investigar a Wever, quien a su juicio, ?se apropió y utilizó un dinero de la Asamblea para viajar, cuando este órgano del Estado no tiene ingerencia? en la reunió.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Franz wever es investigado por la fiscalía sexta Anticorrupción.

2300 dólares de fondos de la Asamblea Nacional utilizó Franz Wever para cancelar los gastos de un viaje que hizo a Suiza. Por temas relacionados con la Federación Nacional de Natación que dirige.

Francia vuelve a poner a Panamá en su lista de refugios fiscales

El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, anunció hoy que su país ha vuelto a incluir Panamá en su lista de refugios fiscales, y reclamó acelerar la acción internacional para luchar contra la opacidad fiscal y el fraude.

"Francia ha decidido reinscribir a Panamá en la lista de países no cooperativos con todas las consecuencias para todos los que hagan transacciones con Panamá", señaló Sapin en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.

El ministro alegó que "Panamá es un país que ha pretendido hacer creer que era capaz de respetar los grandes principios internacionales" sobre la transparencia financiera, y lamentó que eso le hubiera permitido "salir de la lista negra de refugios fiscales". 

CNA pide revisar figura de la prueba sumaria

El archivo por parte de los diputados de las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha motivado al Colegio Nacional de Abogados (CNA) a crear una comisión especial para investigar la prueba sumaria.

Se trata de un requisito que a juicio de los diputados, al momento de analizar las querellas se convierte en el obstáculo para admitir e iniciar una causa judicial contra magistrados, por las causas que se le señalan a los miembros de la máxima corporación de justicia.

Como reveló ayer La Estrella de Panamá, la misión se encargó a cuatro de sus expresidentes, se trata de la Mercedes Araúz de Grimaldo, César Ruiloba, Jorge Hernán Rubio y Gerardo Solís.

Quienes tienen el aval y tendrán todo el apoyo del CNA para investigar y hacer pronunciamiento público sobre el valor de las denuncias que están en manos de los diputados. Ayer, se instaló la comisión que es coordinada por Ruiloba.

En primera instancia, la Junta Directiva del Colegio de Abogados ordenó a la ‘comisión especial' rendir un informe público, sobre las denuncias presentadas en la Asamblea, en contra del presidente de la Corte José Ayú Prado. La Comisión Especial, informó Ruiloba, solicitó o la revisión de todas las denuncias que hay en la Asamblea contra los magistrados.

Ruiloba, en una rueda de prensa, informó que la ‘comisión va a verificar el concepto de la prueba sumaria. Si se ha cumplido con los parámetros que se dictan como prueba sumaria'.

De acuerdo con Ruiloba el organismo va a informar publicamente, si se ha cumplido o no. Agregó que los expedientes de los magistrados archivados no se pueden abrir.

Hasta el momento, según se informó no se ha tenido acercamiento con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado, Rubén De León. Lo mismo está pasando con el presidente de la Comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha.

La comisión conformada por los expresidente del gremio abogadil no tiene fecha estipulada para entregar el informe final.

El presidente del CNA, José Alberto Álvarez, explicó que el objeto principal de la comisión es que se verifiquen las denuncias que están en la Asamblea. De esa forma se podrá indicar al país qué es la prueba sumaria para que la Asamblea inicie las investigaciones.

El parámetro a utilizar, por la comisión del CNA, será la denuncia que llevó a la cárcel al exmagistrado Alejandro Moncada Luna.

El Código Procesal y la Ley 55 de 2012, conocida como Ley Blindaje que establece que la prueba sumaria y la exigencia de que la misma sea ‘idónea', como requisito para presentar denuncias o querellas contra el Presidente de la República, los magistrados de la CSJ y los diputados de la Asamblea Nacional o del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El mes pasado los diputados que integran la comisión de Credenciales rechazaron admitir varias querellas que pesaban contra el presidente de la Corte. La diputada del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez, estaba pidiendo encausar al magistrado, por el supuesto abuso de autoridad.

Este medio intentó comunicarse con el presidente de la Comisión de Credenciales, en reiteradas ocasiones, pero su teléfono móvil estaba apagado.

El informe de la comisión no será vinculante, porque constitucionalmente se establece quien investigad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Odebrecht figura en el primer plano de la corrupción sistemática

Constructora Norberto Odebrecht es una empresa omnipresente, con multimillonarios proyectos en 13 países de América Latina, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Alemania, Austria, Ghana, Angola, Mozambique y Emiratos Árabes Unidos.

Era un éxito rotundo, podría decirse… hasta el año pasado.

Hace dos años, los fiscales brasileños empezaron a develar un megaescándalo por el pago de coimas a ejecutivos de la estatal Petróleo Brasileño (Petrobras), en el que varias de las más importantes empresas de construcción de ese país fueron involucradas, como Odebrecht.

Las autoridades del país sureño calculan que el dinero desviado del Estado a través de obras de Petrobras suma miles de millones de dólares.

El brillo de la mayor empresa constructora de Brasil se ha ido desvaneciendo, convirtiéndose de la noche a la mañana en protagonista de la mayor operación contra la corrupción emprendida por autoridad judicial alguna en su país: la Operación Lava Jato.

El mes pasado, la operación cumplió dos años, siendo uno de sus momentos más notorios el 19 de junio de 2015 cuando fue arrestado uno de los hombres más poderosos de Brasil: el entonces presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que terminó juzgado y condenado a 19 años de cárcel, y al pago de $35 millones en marzo pasado, tras haber sido hallado culpable de cometer sistemáticamente el delito de corrupción activa y 50 veces el de lavado de dinero.

La Operación Lava Jato sigue estremeciendo el piso de empresarios y políticos. El último fue el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya copartidaria y presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pretendía protegerlo del alcance de la justicia al nombrarlo ministro en su gobierno.

La operación judicial salpicó a varias otras empresas importantes del sector de la construcción, como Camargo Correa, OAS o Andrade Gutierrez, las cuales “tenían formado un cártel, a través del cual tenían sistemáticamente frustradas las licitaciones de Petrobras para la contratación de grandes obras”, sostienen las autoridades.

El escándalo parece ser parte del paisaje cuando se trata de Odebrecht. Su arribo a Panamá no fue la excepción. El 15 de junio de 2007, el Ministerio de Obras Públicas licitó la primera fase de la cinta costera, con un precio de referencia de $137 millones. La obra fue adjudicada a Odebrecht por $189.1 millones en consorcio con la empresa local Constructora Urbana, S.A. por un precio que superó en $52 millones el de referencia y en $20 millones al de su competencia.

Desde entonces y usando un modelo de licitación que le otorga un relativo bajo puntaje a la propuesta económica Odebrecht se hace de cada obra importante en Panamá, con lo cual se ha adjudicado proyectos por un valor que supera el costo de ampliar el Canal.

Tal inédito éxito en Panamá empezó en la administración de Martín Torrijos (2004–2009); floreció en la de Ricardo Martinelli (2009–2014), y ha continuado en la gestión de Juan Carlos Varela, con todo y el escándalo internacional provocado por el arresto de su entonces presidente.

Hace dos meses, los fiscales revelaron la vigésima tercera fase de la Operación Lava Jato. En rueda de prensa a finales de enero pasado el procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima embistió contra una firma de abogados panameña: Ha quedado en “evidencia” dijo que Mossack Fonseca es una “gran lavadora de dinero”. Duras palabras, seguidas de otras: es investigada por esquemas de corrupción en Brasil.

Simultáneamente, varios de los empleados de la representación de Mossack Fonseca en Brasil eran arrestados o buscados para su detención. Una de las investigadas, y sobre quien hay una orden de búsqueda y aprehensión en Brasil, es la abogada María Mercedes Riaño, quien tiene una oficina de representación de la firma (franquicia) en Brasil. Riaño llegó a salir a tiempo de ese país y ahora estaría en Panamá.

Y es que, a lo largo del desarrollo de la Operación Lava Jato, los fiscales brasileños han tropezado una y otra vez con sociedades creadas por la firma panameña, utilizadas en actos delictivos vinculados a esquemas de lavado de activos en diversos países.

Por ejemplo, ejecutivos de Petrobras recibieron coimas de Odebrecht a través de sociedades offshore constituidas por Mossack Fonseca, se reveló en la fase 14 de la Operación Lava Jato, es decir, en la misma que puso a Marcelo Odebrecht en la cárcel.

Los fiscales identificaron sociedades de Mossack Fonseca, como la offshore Milzart Overseas Holdings Inc., la cual recibió fondos de otra sociedad panameña: Constructora Internacional del Sur, S.A., disuelta por la firma panameña Patton, Moreno Asvat, de la que era su agente residente.

En las cuentas bancarias de Constructora Internacional del Sur en Panamá ingresaron, al menos, $47 millones procedentes de sociedades pertenecientes a Odebrecht, que luego recalaban en cuentas de la banca suiza a beneficio de directivos de Petrobras.

Según las autoridades suizas, Milzart Overseas Holdings Inc. tuvo cuentas controladas por el exdirector de Petrobras Renato Duque. La sociedad primero la manejó la firma suiza Python & Peter; luego pasó a International Corporate Structuring, de Luxemburgo; y por último, por la panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee.

También acentuaron las alarmas las sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca: Backspin Management, S.A., Daydream Properties Ltd., Tropez Real Estate, S.A. y Dole Tec Inc., todas controladas por el exgerente de Petrobras Pedro Barusco.

Los operadores de los esquemas de lavado como Mario Goes y Roberto Trombeta también recurrieron a sociedades de Mossack Fonseca para armar sus estructuras criminales.

El primero usó, al menos, una sociedad de Mossack Fonseca. El segundo usó ocho, una de ellas, Kingsfield Consulting Corp., “usada como canal para recibir valores de trabajos efectuados en Chile y España, envolviendo a subsidiarias de [Constructora] OAS en Perú y Ecuador”, dijo Trombeta, cuando decidió cooperar con la justicia brasileña.

Así pues, cuando el procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima acusó en enero pasado a Mossack Fonseca, lo hizo convencido de que las actividades de la firma en favor de los investigados eran, al menos, sospechosas.

Y con él coincide el juez del caso, Sergio Moro: Hay “evidencias de que Mossack Fonseca ha proporcionado los servicios necesarios para la apertura de sociedades offshore para, por lo menos, cuatro agentes involucrados en el esquema para lavar dinero”… “Existen evidencias de que Mossack Fonseca, incluyendo su representación en Brasil, ha estado ayudando a los agentes criminales, incluido el esquema criminal de Petrobras, para practicar el fraude y el lavado de dinero. Al ofrecer sociedades offshore para los criminales, la firma Mossack Fonseca & Co. estaría participando, a través de su ayuda, en la comisión de estos crímenes”.

Panamá rechaza calificación de “paraíso fiscal” hecha por Francia

La República de Panamá ha rechazado tajantemente los señalamientos internacionales que colocan a Panamá como un "paraíso fiscal", y no descartó tomar acciones, principalmente contra países que, sin mediar otras explicaciones, ha vuelto a ubicar al país en su "lista gris".

El ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, advirtió que no permitirán "que utilicen el nombre de Panamá como chivo expiatorio de tercero", luego que este martes, el ministro de finanzas de Francia colocara a Panamá en su "lista gris", producto del escándalo mundial 'Los Papeles de Mossack Fonseca".

Alemán explicó que el Gobierno analizará la situación, sin descartar la adopción de una medida de retorsión, contra el país europeo.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de La Guardia, rechazó rotundamente la medida de Francia de calificar a Panamá como un paraíso fiscal.  

A su vez, la vicepresidenta y Canciller de la República, Isabel Saint Malo de Alvarado, mostró su desagrado por los calificativos otorgados a Panamá, a raíz del escándalo internacional.

"No permitiremos juzguen a Panamá por caso que no representa nuestro sistema", apuntó la funcionaria, agregando que "el nombre que han puesto al escándalo es un ataque Panamá".

Saint Malo alegó que en el documento hablan de 21 jurisdicciones albergan sociedades y los fondos de sociedades estaban depositados en bancos fuera de Panamá.

Según la canciller, “esos bancos estaban obligados a completar proceso de debida diligencia, conocer beneficiario final y determinar procedencia de fondos”.

Asamblea Nacional acelera el ritmo de debates en últimos mes de sesiones

A menos de cuatro semanas para que concluya el actual periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, se ha hecho un llamado a las comisiones permanentes y el pleno legislativo para que debatan los proyectos que están pendientes de discusión.

La semana pasada se reunió la bancada del partido panameñista para definir los temas a los que darán prioridad y se espera que hoy se reúna la junta directiva ampliada que además del presidente y los dos vicepresidentes, integran los jefes de cada una de las bancadas para hacer lo mismo.

Iniciar el primer debate del paquete de reformas electorales que reposa en la Comisión de Gobierno es uno de los temas que está pendientes, pero todavía no se ha logrado consenso por lo que es posible que quede pendiente, ya sea para discutir en un periodo de sesiones extraordinarias o para el nuevo periodo ordinario que debe iniciar en el mes de julio.

El proyecto de ley que establece el marco para las contrataciones públicas o modifica la ley 22 fue aprobada en primer debate y hay intenciones de los diputados de las diversas bancadas de que sea aprobado en los próximos días.

Actualmente en las comisiones permanentes hay por lo menos unas ciento cincuenta iniciativas de ley que están pendientes de ser debatidos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, dijo que los debates marchan a buen ritmo y que se dará el debate a los temas más importantes.

Procurador Rigoberto González: proyecto de ley ‘desnaturaliza figura de los jueces de paz’

El procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la facultad que le otorgó el Legislativo a los jueces de paz para ordenar allanamientos en el proyecto de ley 205 de justicia comunitaria “desnaturaliza” esta figura, cuya función es ser mediador en los conflictos entre vecinos.

 ‘El procurador de la Administración, Rigoberto González, aseguró que de sancionarse el proyecto de ley 205 sobre justicia comunitaria, se “desnaturaliza la figura” de los jueces de paz, al atribuirle la facultad de efectuar allanamientos.

González se refería a la modificación de último momento que realizó el Legislativo al citado proyecto.

A su juicio, los allanamientos los debe ordenar un juez de garantías, tal y como se establece en el sistema penal acusatorio.

“El tema de los allanamientos es muy sensitivo y debió ser abordado con un criterio mucho más amplio de lo que implica la figura del juez de paz”, manifestó el funcionario, al explicar que el juez de paz “es un mediador”, una persona que cuando haya diferencias entre vecinos facilite que ellos mismos las arreglen.

En ese sentido, le solicitó a las autoridades analizar con más detenimiento el proyecto de ley que fue aprobado en la Asamblea Nacional, y que se encuentra a la espera de la sanción presidencial.

“No sé si finalmente haya una posibilidad de que el Presidente objete el proyecto de ley en ese aspecto, o en algún otro que se haya podido cuestionar”, expresó.

La modificación al proyecto, que surgió como una iniciativa hace nueve años producto del Pacto de Estado por la Justicia, fue realizada por los diputados durante el segundo debate.

Con dicha modificación se cambió el artículo 34 que establecía que “los jueces de paz, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán ordenar, acompañar, ni realizar allanamientos”.

Al respecto, el diputado perredista, Javier Ortega, sustentó que el cambio se hizo porque el proyecto original no indicaba quién ejercería esta función de allanamientos.

De ser sancionado este proyecto por el Ejecutivo como nueva ley de la República empezará a regir 12 meses después de su promulgación en el Primer Distrito Judicial (Panamá, Colón y Kuna Yala), y a los 24 meses en el resto del territorio nacional.