Panamá plantea a Francia su posición: ‘No vamos a permitir que se desprestigie al país por el actuar de una empresa’

El gobierno panameño sostuvo “el primero de una serie de contactos” con los países miembros del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), luego de las publicaciones del diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre la participación de la firma panameña Mossack Fonseca en complejos entramados a través de sociedades offshore para supuestas actividades ilícitas.

Se trata de la reunión sostenida entre la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y Kareen Rispal, directora para las Américas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. En dicho encuentro, de Saint Malo de Alvarado  transmitió a Rispal su preocupación por las recientes declaraciones del ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, sobre la reinscripción de Panamá en la lista “discriminatoria” de países no cooperadores en la lucha contra la evasión fiscal.

El canciller panameño comunicó a la funcionaria francesa “que no se va a permitir que se desprestigie al país por unas publicaciones que ponen en manifiesto el actuar de una empresa más no de un país”, señala una nota de prensa oficial.

De Saint Malo de Alvarado también reiteró a Rispal que el gobierno panameño instalará un comité de especialistas nacionales e internacionales “de reconocida experiencia”, para que evalúe las prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas que fortalezcan la transparencia de los sistemas financieros y legales del país.

En 21 meses de gobierno, la administración del presidente Juan Carlos Varela ha dado pasos que permitieron a Panamá salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) a principios de año, así como pasar a la segunda fase de la revisión paritaria del Foro Global,  “con lo cual la comunidad internacional validó que nuestro marco legal cumple con los estándares internacionales”, según el boletín de Cancillería.

Panamá se compromete con Francia a cooperar contra lavado de dinero

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se comprometió este viernes con su homólogo francés, François Hollande, a cooperar con la comunidad internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

En una conversación telefónica Varela expresó a Hollande "el compromiso de la República de Panamá de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos", según un comunicado del gobierno panameño.

Culmina juicio sobre dietilenglicol; corte dictará sentencia en 30 días

La tarde de este viernes 8 de abril, el Segundo Tribunal Superior de la Corte Suprema de Justicia se acogió a un término de 30 días para dictar sentencia sobre el envenenamiento masivo con dietilenglicol.

Este caso comenzó hace 10 años, cuando se reportaron los primeros afectados por envenenamiento con un jarabe fabricado por la Caja de Seguro Social.

Por este caso hay 11 acusados, entre ellos Ángel De La Cruz y Teófilo Gateno, directivos del Grupo Comercial Medicom, S.A.; el exdirector de la CSS René Luciani, y la exjefa del Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS Linda Thomas.

Al menos 170 personas han fallecido y otras 8 mil personas están afectadas desde 2006, cuando se dio a conocer públicamente que el jarabe, que había sido suministrado por la CSS, contenía dietilenglicol.

 

Corte Suprema de Justicia anula contrato de Cobranzas del Istmo

La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró nulo el contrato suscrito, en agosto de 2010, por el Ministerio de Economía y Finanzas y la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) para la gestión del cobro de impuestos morosos con el Estado. 

En un fallo con fecha del 1 de abril de 2016 y bajo la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega, la Sala Tercera acogió los argumentos presentados en noviembre de 2014 por el abogado Miguel Antonio Bernal en una demanda de nulidad contra el citado contrato. 

De acuerdo con el fallo, la Dirección General de Ingresos (DGI), en ese momento a cargo de Luis Cucalón, no solicitó las autorizaciones correspondientes ni la excepción de acto público para contratar de manera directa a CISA, “con lo cual se evidencia un vicio de ilegalidad”.

Así mismo, plantea que se violó la Ley 22 de 27 de junio de 2006, de Contrataciones Públicas, ya que el contrato se dio con una falta evidente de tramitación y obtención de la declaración de excepción de acto público.

También la Sala recuerda el fallo del 11 de agosto de 2014, mediante el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley No. 24 de 8 de abril de 2013, que creó la Autoridad Nacional de Ingresos Público, y en dicha sentencia se estableció que esa entidad usurpaba atribuciones del Presidente de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, y por ende sus actuaciones carecían de validez.

Entre 2010 y 2014, CISA facturó y cobró al Estado panameño comisiones millonarias ($47 millones) por tramitar deudas morosas en virtud del contrato firmado en 2010.

La Fiscalía Primera Anticorrupción remitió en febrero pasado su vista fiscal sobre este caso con el pedido de llamamiento a juicio para el accionista principal de CISA, Cristóbal Salerno; el exjefe de la DGI Luis Cucalón y Magaly Ramos, gerente de CISA, por la presunta comisión de los delitos de peculado y falsedad.

Caso de Moncada Luna estará de vuelta a la Asamblea

Una solicitud de audiencia técnica de parte de la defensa de Alejandro Moncada Luna provocará que los diputados vuelvan a tratar el caso del destituido magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Por el momento existe un vacío legal que no ha permitido que se instalen los jueces de cumplimiento que se encargarán de verificar que el exmagistrado cumpla la sentencia por lo cual no se ha realizado la audiencia.

El diputado Pedro Miguel González, quien fungió como fiscal de la causa, expresó que ante el vacío que existe en la ley, en el pasado mes de octubre, se designó una subcomisión que se encargará de verificar el cumplimiento de la pena, pero no se ha instalado.

En marzo del 2015, Moncada Luna fue condenado a sesenta meses de prisión después que se le declaró culpable del delito de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos. Además fue separado del cargo de magistrado y se le confiscaron dos apartamentos, uno en Coco del Mar y otro en Obarrio, propiedades por un valor de $2 millones.

La defensa de Moncada Luna ha solicitado que se le otorgue una medida de depósito domiciliario por su estado de salud. El exmagistrado, quien fue separado de su cargo como parte de la condena fue recluido el pasado martes en el Hospital Santo Tomás (HST), luego que sufrió una obstrucción en una arteria coronaria. También está afectado por un cuadro de hipertensión arterial.

Ante el vacío legal que existe, el diputado fiscal de la causa, dijo que en octubre pasado, el pleno de la Asamblea Nacional designó una subcomisión que se encargará de ejercer las funciones de jueces de cumplimiento. La instancia la integran Jorge Iván Arrocha, Rony Araúz y Cresencia Prado.

Ordenan indagatoria para 12 personas en caso SAP

La Fiscalía Sexta Anticorrupción le formuló cargos y dispuso tomar declaración indagatoria de 12 personas, como parte de la investigación relacionada con el supuesto pago de sobornos y anomalías en la contratación e instalación por parte de la Caja de Seguro Social (CSS) de un programa de computadoras de la empresa SAP International. 

Entre los señalados, el fiscal Aurelio Vásquez imputó cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública al exdirector de la CSS Guillermo Sáez-Llorens y al antiguo director de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG) Eduardo Jaén.

Jaén fue citado para ser indagado mañana, viernes, mientras que Sáez-Llorens deberá comparecer el 15 de este mes.

La fiscalía también imputó cargos por los mismos delitos a Carlos Tasón y Alberto Maggiori Toledano, exjefe de Transformación e Innovación y antiguo encargado de la Dirección de Finanzas de la CSS, respectivamente.

Además, son investigados en calidad de imputados los exfuncionarios de la CSS Carlos García, Levis Arcia, Ely Brokamp, Alison García, Heraclio Bustamante, René Jethmal y Alexis González.

Asimismo, el fiscal Vásquez ordenó la detención provisional y pidió una alerta roja a Interpol con fines de capturar al empresario Aaron Ronny Mizrachi,  

cuñado del expresidente Ricardo Martinelli.

Mizrachi salió de Panamá desde el 29 de julio de 2015 y su paradero es desconocido por las autoridades judiciales.

ORIGEN DEL CASO

El Ministerio Público abrió la investigación de este caso a mediados de agosto de 2015, cuando el exdirector de SAP Vicente García admitió ante un juez federal de Estados Unidos que pagó coimas a tres funcionarios del Gobierno panameño entre los años 2009 y 2013, a fin de garantizarse la adjudicación de millonarios contratos oficiales.

SAP obtuvo un contrato con la CSS para instalar un sistema de computación llamado “Zafiro”, valorado en $14.5 millones.

La fiscalía también ordenó una auditoría con respecto a posibles irregularidades en la instalación del programa en la CSS.

Según un reportaje de la agencia de noticias Reuters, el exdirectivo de SAP mencionó en diciembre pasado al expresidente Ricardo Martinelli y a su cuñado Mizrachi en la trama de corrupción.

Según la publicación de Reuters, García declaró que Mizrachi era “un portero que maniobraba su relación con el presidente Martinelli para obtener sobornos para él mismo”.

‘NO TENGO’

Al ser consultado sobre la decisión de la fiscalía de imputarlo en este proceso, el exdirector de la CSS Guillermo Sáez-Llorens expresó: “A mí no se me vincula en nada de las coimas por ningún lado (…) mi nombre no aparece en ningún documento que diga que Guillermo Sáez-Llorens participó en las coimas (…) nunca me mencionan, porque no hubo nada. De hecho, yo siempre he pedido que el Gobierno americano coopere con Panamá y que diga quiénes son las tres personas, porque sé que yo no soy (…) nunca he pedido nada de lo que ellos mencionan”.

Explicó que su presunta implicación en este caso, por el que le tomarán indagatoria, es por un informe de auditoría sobre la instalación del programa de computación en la CSS, el cual “yo desconocía y está totalmente amañado y no tiene ninguna objetividad sobre el producto (…) una cosa son las coimas y otra cosa esto de un informe [de auditoría]”.

Añadió que la auditoría señala que el software de SAP es inoperante, pero según unos auditores sí lo era cuando él salió de la CSS.

“Yo sé que no hice nada indebido y que el acto de licitación de la CSS fue un acto legítimo, [en el] que el precio de referencia fue un excelente precio (…) así que yo estoy dispuesto a cooperar en todo lo que me pidan”, sostuvo Sáez-Llorens.

Por su parte, Carlos Carrillo, abogado de Sáez-Llorens, dijo que su cliente “no tiene nada que ver con las acusaciones públicas que se han hecho contra terceros”.

Señaló que la CSS ha realizado una auditoría, de la que nunca se le notificó a Sáez-Llorens y que sus conclusiones no son sustentadas y algunas de ellas son falsas.

Este diario llamó a Eduardo Jaén, exdirector de la AIG, para obtener su versión, pero no respondió. De igual modo, se llamó al abogado Silvio Guerra, defensor de Aaron Mizrachi, pero tampoco se obtuvo respuesta.

DILIGENCIA

El fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, se reunió el mes pasado con un agente del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), en relación con la asistencia judicial que el Ministerio Público solicitó a ese país para conocer detalles de la declaración de García, exdirectivo de la multinacional SAP.

Según se pudo conocer, en esa reunión el fiscal obtuvo mayores detalles del caso y elementos que lo llevaron a imputar cargos, y ordenar la detención provisional de las personas presuntamente involucradas en los hechos que se investigan.

Pleno ratifica a Óscar Ramírez y Ricardo Arango como directores de la ACP

Los dos nominados por el Ejecutivo fueron ratificados, pese a recibir dos votos en contra: los de los diputados perredistas Crispiano Adames y Javier Ortega.

Ramírez es ingeniero civil y rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). También fue uno de los siete miembros de la comisión evaluadora de la licitación de la línea 2 del Metro.  Sin embargo, fue cuestionado por su vinculación a una de las empresas que participó en esa licitación: ofreció servicios de consultoría entre 2010-2012 a Odebrecht, empresa que forma parte del Consorcio Línea 2, que se adjudicó el contrato.

Arango es abogado y socio de la firma Arias Fábrega & Fábrega (Arifa), desde 1995. Se especializa en banca, valores y fusiones. Fue miembro de la junta directiva de Corporación La Prensa.

Ramírez y Arango reemplazan a Ricardo De la Espriella y Adolfo Ahumanda, a quienes se les venció su mandato en febrero pasado.

De la Espriella y Ahumada fueron designados en 2004, por el entonces presidente de la República Martín Torrijos Espino.

Jueces de cumplimiento analizan petición de defensa de Moncada Luna

Los diputados Jorge Iván Arrocha, del partido Panameñista; Crescencia Prado, del Partido Revolucionario Democrático; y Rony Araúz, de Cambio Democrático, quienes son los jueces de cumplimiento en el caso de Alejandro Moncada Luna, tendrán hoy una reunión preliminar para definir la fecha en que analizarán la solicitud presentada por la defensa del ex magistrado.

El diputado Arrocha, quien es uno de los jueces de cumplimiento, adelantó que en esta reunión definirán la fecha y el lugar de la audiencia.

"Nos podremos de acuerdo para hacer una audiencia en el mismo hospital, clínica o en el centro donde está cumpliendo sus penas", aseveró Arrocha, quien al mismo tiempo dejó claro que la decisión se toma de manera colegiada.

El diputado Arrocha, también presidente de la Comisión de Credenciales, considera que Moncada Luna debe cumplir su pena. Aunque dijo que “hay factores que se escapan de la mano de la justicia y debemos apegar a la sensibilidad humana”, agregó el diputado oficialista.

En marzo del 2015, Moncada Luna fue condenado a sesenta meses de prisión después que se le declaró culpable del delito de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos. Además fue separado del cargo de magistrado y se le confiscaron dos apartamentos, uno en Coco del Mar y otro en Obarrio, propiedades por un valor de $2 millones.

Moncada Luna, fue ingresado al hospital Santo Tomás, el martes, después de haber sufrido una obstrucción en la arteria coronaria, según fuentes ligadas al ex magistrado.

Gobierno crea Grupo Institucional Anticorrupción

Mediante el Decreto Ejecutivo 209, el Gobierno crea el Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA) con el objetivo de  "construir un grupo interinstitucional para prevenir los hechos delictivos contra la corrupción y delincuencia organizada, con la participación y colaboración de los organismos de seguridad pública”.

El GIA estará adscrito y supervisado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional y estará integrado por la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Servicio Protección Institucional (SPI), Servicio de Migración y la Autoridad de Aduanas.

En el decreto indican que aquellas informaciones relativas a las seguridad nacional, manejadas por los estamentos de seguridad y las que versan procesos de investigación o cambio de información con el Ministerio Público serán consideradas informaciones restringidas.

Funciones de la GIA

1- Mantener informado al Presidente de la República sobre los casos de corrupción y delincuencia organizada, a través del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional.

2- Realizar las tareas de inteligencia, planeamiento, búsqueda, procesamiento y divulgación de información para prevenir las amenazas relacionadas a indicadores de corrupción y delincuencia organizada.

3- Requerir y copiar información de as diferencias instituciones públicas, entidades estatales, descentralizadas y mixtas, las cuales deberán responder de manera oportuna, expedita y segura de forma reservada.

4- Recopilar, verificar y analizar las informaciones a fin de mantener un registro de los hechos, circunstancias y base razonable relacionados a indicadores de corrupción y delincuencia organizada.

5-Desarrollar el informe del producto de lo investigado para la toma de decisiones.

6- Otras que el Consejo de Seguridad Nacional le asigne

Panamá habla con diplomáticos sobre ataques a su plataforma financiera

El Gobierno panameño conversa hoy con el cuerpo diplomático acreditado en Panamá sobre los "ataques a la plataforma de servicios financieros e internacionales del país" a raíz de la filtración masiva de documentos de la firma Mossack Fonseca.

Los diplomáticos han sido convocados a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores por el canciller encargado, Luis Miguel Hincapié.

La revelación de los documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, especializada en la gestión de patrimonio, ha colocado a Panamá en el ojo del huracán, injustamente según las autoridades, que resaltan que filtración menciona en total a 21 países y jurisdicciones, algunos muchos más involucrados que el nación centroamericana.

El Gobierno panameño aseveró el martes que no va aceptar que se use a Panamá como un "chivo expiatorio en las acciones y responsabilidades de terceros" "Cada Estado debe hacer cumplir a sus empresas y a sus ciudadanos sus leyes y sus reglamentaciones", agregó Alemán, y no descartó aplicar la ley de "retorsión" o reciprocidad a los países que lo incluyan en listas grises o negras.

Tras la filtración, que ha destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, el Gobierno francés anunció este martes la inclusión nuevamente de Panamá en su lista de paraísos fiscales, de la que salió a finales de 2011.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo ayer que Panamá "es el último gran reducto que sigue permitiendo la ocultación de fondos en paraísos fiscales", e instó al país a aplicar de inmediato los estándares internacionales de transparencia financiera.

El Gobierno defendió los "altos estándares de transparencia" del sistema financiero del país, con la aprobación y aplicación de "instrumentos legales mucho más estrictos y rigurosos que en otros centros de se