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La querella presentada por el abogado, Miguel Antonio Bernal contra el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y expresidente de la República, Ricardo Martinelli, no fue admitida.

No se procedió admitir porque le hizo fata un voto. La querella contra Martinelli está basada en las declaraciones que hizo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz sobre la supuesta injerencia de éste órgano del Estado, cuando ocupó la presidencia de la República (2009-2014).

La querella, después del reparto del expediente, quedó radicada en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega.

‘En sus declaraciones ante el noticiero de Telemetro, el magistrado Harry Díaz aporta detalles de la intromisión del expresidente y ahora diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli, en la toma de decisiones y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, posiblemente para alcanzar fines ajenos a la ley y contrataciones al Estado Democrático de Derecho' sostiene la denuncia que fue presentada en marzo por el abogado Miguel Antonio Bernal.

El magistrado juez de garantías en este proceso, Jerónimo Mejía, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que gestione la detención con fines de extradición del expresidente Martinelli, investigado por la interceptaciones de comunicaciones que se dieron a través del Consejo de Seguridad Nacional.

El 21 de diciembre, el pleno de la Corte ordenó la detención provisional del exgobernante y autorizó a Mejía que tomará las acciones necesarias para cumplir.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó al Juzgado Decimosegundo Penal que llame a juicio a cuatro exfuncionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) por supuestas irregularidades en un contrato para el alquiler de locales pactado durante la pasada administración.

Se trata del ex director general de la CSS Guillermo Sáez-Llorens; Alberto Maggiori Toledano, exdirector de Administración de Finanzas de la CSS; Indira Frauca de Afú, exarquitecta de la CSS, y Lineth Monterrey, exdirectora nacional de Ingeniería y Servicio de Apoyo de esta entidad.

A ellos se les acusa de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, y tienen impedimento de salida del país por este proceso.

Marlon de Souza, exsubdirector de la institución pública, también fue incluido en esta pesquisa, pero la fiscal Zuleyka Moore solicitó que se le sobreseyera.  

Mientras, la semana pasada el Juzgado Decimosegundo Penal fijó audiencia preliminar del caso para el jueves 19 de mayo de 2016, a las 9:30 a.m., y como fecha alterna se propuso el 3 de junio del año en curso, a las 8:30 a.m.

ORIGEN

Este caso surgió a raíz de una denuncia interpuesta por el asegurado Pedro Montañez, quien alegó supuestas irregularidades por parte de los exfuncionarios en el alquiler de 32 locales y un lote de terreno ubicados en la plaza comercial El Cruce, en Juan Díaz, propiedad de la compañía Irnico, S.A., del empresario Fotis Taquis.

El costo de alquiler, de acuerdo con el contrato, se negoció por $36 mil 800 por mes, durante 36 meses.

Según Montañez, los locales “no fueron ocupados”. El uso de los fondos para el arrendamiento de estos depósitos fue autorizado por la directiva de la CSS en 2012.

Guillermo Puga, sindicalista y exdirectivo de la CSS, manifestó en su momento que cuando Sáez-Llorens sustentó la contratación ante la junta directiva dijo que era “urgente”, porque los edificios 10-10 y 10-15, que tiene la entidad en Curundú, iban a ser demolidos por la construcción de la primera línea del Metro. “Los edificios nunca fueron demolidos”, agregó Puga, quien fungió como testigo del caso ante el Ministerio Público. “No fue real lo que se planteó en la directiva”, acotó.

‘LOCALES SE USARON’

Consultado al respecto, Sáez-Llorens manifestó que la investigación de la Fiscalía Tercera Anticorrupción “se basa en un informe técnico de auditoría amañado”.  

“Nos hicieron ver que los locales no se usaron, y siempre se usaron desde el inicio”, añadió.

Incluso, dijo que esos recintos los continúa usando la actual administración de la CSS. A su juicio, los auditores de la Caja tienen “instrucción de perjudicar a los que han sido funcionarios en la administración pasada”.

“Hemos demostrado durante todas las indagatorias que los auditores se contradicen. De hecho, lo único que me adjudican es que yo di un visto bueno al inicio [del contrato] y como daba todos los vistos buenos, no significaba que era la firma de un contrato, sino [un requisito] para que siguiera todo el proceso administrativo”, sustentó.

Recordó también que el contrato se presentó a la junta directiva, donde se sustentó y fue aprobado.

Detalló que de Souza era investigado por la firma del contrato, pero que en la vista fiscal “lo sacaron porque al final la fiscal se dio cuenta de que no había nada indebido con la firma”.

Por esto, considera que él no debe ser procesado, ya que solo se limitó a dar “un visto bueno” al comienzo del proyecto. “Por eso no entiendo qué está pasando en Panamá”, acotó.

Sáez-Llorens tiene otros tres procesos en el Ministerio Público, donde uno tiene que ver con la muerte de neonatos de la CSS en 2013; otro que guarda relación con la ciudad hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud; y un tercero por la compra de un sistema tecnológico (SAP) que fue implementado en la Caja de Seguro Social.

La Prensa también llamó a Alberto Maggiori Toledano para que diera su versión sobre el particular, pero no respondió a las llamadas. Su abogado, Dimas Guevara, tampoco contestó.

Cuándo las aguas parecían haberse calmado y Panamá tendía puentes a Francia tras replegar las primeras amenazas de retorsión, las relaciones entre los dos países vuelven a tensarse.

Con un decreto fulminante, el gobierno francés reinscribió a Panamá en la lista de paraísos fiscales, minutos antes de que la Secretaría de Comunicación del Estado diera a conocer una conversación entre Juan Carlos Varela y su homólogo francés, François Hollande, encaminada a restablecer la confianza en el sistema de servicios financieros local.

Varela, calificó la decisión de Francia como ‘equivocada e innecesaria' y mantuvo el talante negociador con el que, anunció, viajará la próxima semana a París, el ministro de Economía y Fianzas, Dulcidio de la Guardia.

‘El gobierno panameño está comprometido con la transparencia', aseguró el gobernante, que reclacó su apuesta por la solución diplmática de los conflictos.

Panamá, explicó, hará todos los esfuerzos, de forma unilateral y no multilateral, utilizando la diplomacia, el diálogo y la cooperación.

‘Por un tema coyuntural fiscal, llevar a dos países a una confrontación no es lo correcto, creo que no es lo que quiere ver ni el pueblo francés ni el pueblo panameño. Nosotros vamos a usar la diplomacia y la cooperación porque es el primer mecanismo que se debe usar y agotar', manifestó el mandatario al concluir un recorrido programado por las nuevas instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Varela lamentó el curso de los acontecimientos ‘más aún cuando se dio una comunicación entre ambos jefes de Estado, y más aún cuando el mundo requiere cooperación multilateral en todos los países, para enfrentar problemas globales', dijo.

La filtración de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, que reveló transacciones de múltiples personalidades de todo el mundo a través de su despacho, ha generado dudas sobre las buenas prácticas del sistema panameño, a pesar de que solo el 20% se registraron en Panamá y ninguna ha sido sujeto de cuestionamiento.

Tras conocerse la información, a través de publicaciones periodísticas en medios de todo el mundo, fue Francia el primer país en anunciar que reconsideraría su trato con Panamá, amenaza que finalmente se cumplió este viernes.

El gobierno panameño, por su parte, ratificó ‘el compromiso de la República de Panamá de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos', aunque en una primera comunicación optó por rechazar las calificaciones de ‘paraíso fiscal' que reproducen las publicaciones y no descartó medidas de retorsión contra los países que adoptaran posturas agresivas.

El mandatario panameño señaló los importantes avances impulsados bajo su administración para fortalecer la plataforma de servicios panameño y expresó que el país tomará las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementación de los acuerdos internacionales para evitar la doble imposición fiscal e intercambio de información como el que está vigente con Francia y otros países.

Ante el abrupto cambio de escenario, los franceses argumentan que, ante las repetidas solicitudes, Panamá no ha transmitido toda la información necesaria para la aplicación de la legislación.

Así, mediante decreto, el ministro de Finanzas, Michel Sapin, y el secretario de Estado de Presupuesto, Christian Eckert, agregaron a Panamá a la listae 2016 de ‘Estados y territorios no cooperativos', conocida como ‘lista gris' o de paraísos fiscalaes.

El presidente Hollande animó a Panamá a responder las demandas de información de las autoridades fiscales francesas, después de las revelaciones de los documentos de Mossack Fonseca.

Hollande, que llamó por teléfono al presidente panameño, ‘insistió sobre el respeto de los compromisos adoptados por los Estados, para instaurar, lo más rápido posible, un intercambio automático de datos entre las administraciones fiscales', según declaraciones que recoge AFP .

En la conversación, Hollande explicó al presidente panameño ‘las razones que justificaron que Panamá fuera colocado de vuelta en la lista de Estados y territorios no cooperativos' en materia fiscal. El jefe de Estado francés también confirmó que ‘Francia había pedido que se convocara la próxima semana una reunión de expertos de alto nivel de la OCDE para lograr una acción coordinada de las administraciones fiscales tras las revelaciones publicadas por la prensa internacional'.

Con información de Adelita Coriat

Ante la posibilidad de que el Tribunal de Cumplimiento de Pena decida acceder a la petición de depósito domiciliario que efectuaría el sentenciado exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, la testigo clave del proceso, Ana Bouche, solicitó al fiscal de la causa medidas de protección.

En un escrito entregado al diputado Pedro Miguel González, quien fungió como fiscal en el proceso que la Asamblea Nacional siguió a Moncada Luna, Bouche le solicitó “tomar las provisiones legales, jurídicas y humanitarias necesarias para garantizar, no solo la certeza del cumplimiento de la pena por parte del sentenciado, sino también las medidas convenientes, oportunas y necesarias para preservar los derechos, las garantías, la protección y la seguridad” de ella como testigo.

En el juicio a Moncada Luna, la Asamblea tomó como prueba idónea la declaración jurada de Bouche, quien confirmó que su exjefe había adquirido dos apartamentos en Coco del Mar por $1.7 millones uno de ellos comprado al contado, desde su designación como magistrado de la Corte. Bouche fungió como asistente y mano derecha de Moncada Luna en la Corte.

El 5 abril de 2015, la Asamblea condenó a Moncada Luna a 60 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad, y un año después, el 5 de abril pasado, el exmagistrado fue ingresado al Hospital Santo Tomás debido a un cuadro de hipertensión arterial crónica. Hasta la presente fecha, el exfuncionario permanece hospitalizado.

En su carta al fiscal, Bouche solicitó que se cumpla con los artículos 20 y 69 del Código Procesal Penal, así como con convenciones internacionales suscritas por la República de Panamá, que señalan que “se deben adoptar las medidas necesarias y apropiadas para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia e intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio en el proceso penal, así como a sus familiares y demás personas cercanas”.

Bouche narró que luego de que en octubre de 2014 rindió declaración jurada en el caso y reveló las compras de los apartamentos, fue objeto de amenazas, que luego notificó al fiscal.

En esa ocasión, relató que el 24 de diciembre de 2014, después de que uno de los agentes que le prestaba seguridad se retirara a comer, dos hombres se apersonaron en su residencia en un taxi. Uno de ellos se bajó y tocó insistentemente el timbre de su casa, lo que fue comunicado al fiscal y al vigilante de turno.

Entretanto, el Tribunal de Cumplimiento de Pena, integrado por los diputados Jorge Iván Arrocha (partido Panameñista), Crescencia Prado (Partido Revolucionario Democrático) y Rony Araúz (Cambio Democrático), anunció que se reunirá la próxima semana para fijar la fecha de la audiencia en la que atenderá la solicitud de la defensa del exmagistrado.

Durante esa audiencia, el fiscal deberá dar su opinión sobre la petición de Moncada Luna de revisar su estado de salud.