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El Ministerio Público (MP) allanó ayer por más de 11 horas las oficinas de Mossack Fonseca (MF), en busca de datos sobre el posible uso de la firma para “encubrir o promover actividades ilícitas” luego de que se divulgara una investigación periodística global que habría dejado al descubierto supuestas prácticas irregulares de sociedades offshore a través del bufete.

Mientras, desde el pasado lunes, la Superintendencia del Mercado de Valores inició una inspección especial en Mossfon Asset Management, la empresa de asesoría financiera que forma parte del conglomerado de MF.

A su vez, La Prensa hace este miércoles, 13 de abril, una entrega más de las investigaciones desarrolladas a partir de los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Es la historia de un cliente de Mossack Fonseca  H.J. von der Goltz un guatemalteco con residencia en Estados Unidos (EU), cuyos abogados en la firma habrían estado al tanto de posibles irregularidades que cometía con el fisco de EU. 

 MP Y SMV INSPECCIONAN MOSSACK FONSECA Y EMPRESAS FILIALES

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo se estrenaron este martes, 12 de abril, con una diligencia de allanamiento, inspección ocular, registro y recolección de evidencias en las oficinas principales de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF) y demás filiales locales del grupo.

La diligencia, que se inició a las 3:00 p.m. y concluyó pasadas las 2:00 a.m., fue dirigida por el fiscal Javier Caraballo, quien estuvo acompañado por personal de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, analistas financieros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y policías, que  

custodiaron los tres pisos del edificio, en calle 54, Marbella.

La acción tuvo el propósito de “obtener y/o copiar toda la documentación física o electrónica” relacionada con la investigación, según consta en la orden de allanamiento firmada por el fiscal. Este proceso busca determinar “la posible utilización de la firma para encubrir o promover” actividades ilícitas”, detalla la disposición.

"(Se) dispone realizar la diligencia de allanamiento con la finalidad de obtener y copiar toda la documentación física o electrónica que guarde relación con los hechos que han dado origen a la presente investigación y que establecen la posible utilización de la firma (Mossack Fonseca), para encubrir o promover actividades ilícitas mencionadas y demás documentación e información relevante".

Javier CaraballoFiscal segundo especializado Contra la Delincuencia Organizada

El diario alemán Süddeutsche Zeitung, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 109 medios han publicado información sobre la participación de Mossack Fonseca en entramados con sociedades offshore para presuntas actividades irregulares.

El allanamiento se completó progresivamente en cada uno de los tres pisos del inmueble –de un total de tres–.

Antes, a las 6:40 p.m., comenzaron a salir del edificio unos 50 colaboradores de la firma. Pasadas las 7:00 p.m., el Ministerio Público remitió un comunicado, en el que informó que la diligencia “se desarrolla simultáneamente en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático, en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento”.

A las 10:00 p.m., la fiscalía envió personal para relevar a los peritos. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo “tienen como objetivo la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el crimen organizado, respondiendo así a los requerimientos de transparencia y acción para coadyuvar al combate contra el ilícito”, explicó el MP.

OTROS DESPACHOS

En tanto, ayer se conoció que desde la tarde del pasado lunes la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) inició una inspección especial en Mossfon Asset Management, empresa de asesoría financiera que forma parte del conglomerado de la firma MF. Esta inspección implica la llegada de auditores que validarán que la empresa cumpla con todos sus procesos de debida diligencia de sus clientes.

Al ser una empresa de asesoría de inversiones, la SMV, como ente regulador, decidió iniciar una auditoría para determinar si en este segmento del negocio se lleva a cabo la debida verificación del origen de los fondos de sus clientes y si conoce los beneficiarios finales de las empresas que asesora.

MF es uno de los más importantes bufetes del país, especialista en la creación de sociedades anónimas locales y de sociedades en el extranjero (offshore). Además, opera la empresa de asesoría de inversiones y la fiduciaria Mossfon Trust Corporation, enfocada en la creación de estructuras para la protección de activos de sus clientes, bajo el paraguas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Según las autoridades, estas auditorías se hacen con regularidad, pero en este caso coincidió con la investigación global del ICIJ sobre Mossack Fonseca y las sociedades offshore.

En este caso, los inspectores deberán rendir un informe de los hallazgos encontrados, cuya entrega dependerá del periodo operativo que se decida auditar  

y de los requerimientos de información que se le hagan y la consecuente respuesta de la compañía.

Las empresas asesoras de inversiones no manejan dinero, pero giran instrucciones que son acatadas por las casas de valores. De allí que también tienen la responsabilidad de hacer el due diligence de sus clientes.

“Este es uno de los temas que se estará verificando y también que dentro de sus asesorías no se le recomiende a los clientes que hagan cosas que están por encima de la ley”, dijo una fuente que conoce sobre este tipo de procedimientos.

Mientras tanto, en un comunicado la firma aseguró que cooperará con las autoridades.

“En este caso, el único crimen cometido ha sido en contra de nosotros. Nuestro sistema fue infringido ilegalmente por personal externo a la empresa”, aseguró el bufete en la nota de prensa.

Por este caso, las autoridades tributarias de Perú ya intervinieron el bufete panameño el pasado lunes, y lo mismo ocurrió en El Salvador. Ayer, las autoridades fiscales ecuatorianas hicieron lo propio en la sucursal de la firma en ese país. 

La Fiscalía Quinta Anticorrupción solicitó una asistencia judicial a Colombia, para que le comparta detalles sobre la empresa Robotec Colombia, que tenía la

Representación de Hacking Team en Panamá y que habría recibido desembolsos por la compra de equipos para interceptar comunicaciones en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Una fuente judicial que pidió la reserva de su nombre confirmó que la fiscal del caso, Enereida Barría, pretende determinar el papel de la empresa Robotec en  

el proceso de adquisición del equipo informático que supuestamente se utilizó para labores de espionaje durante la pasada gestión.

Por el momento, y hasta que se reciba la información solicitada a Colombia, la investigación seguirá en pausa. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público (MP), por este caso no se ha llamado a declarar a ninguna persona ni se han formulado cargos.

Cuando se abrió el sumario a principios de agosto de 2015, el expediente entró a la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, quien coordina  

Todos los despachos anticorrupción, pero luego fue asignado a la Fiscalía Quinta.

LA GÉNESIS

El escándalo de Hacking Team surgió a mediados de julio de 2015, cuando medios de comunicación europeos informaron que piratas cibernéticos habían extraído miles de correos de los servidores de esa empresa italiana, la cual se dedica a comercializar programas de espionaje telefónico.

Entre los hallazgos que los hackers le dieron a conocer al mundo figuró un detalle que afectaba directamente a Panamá: el gobierno del presidente Ricardo Martinelli era uno de los clientes de Hacking Team.

De esta manera se supo, por ejemplo, que se adquirió la plataforma de espionaje Remote Control System (RCS) o Da Vinci; que el contrato fue pactado para operar entre 2011 y el 31 de mayo de 2014; y que el equipo costó $720 mil.

Entre lo revelado también figuró un correo del 14 de julio de 2011, de Hugo Ardila, de Robotec Colombia, en el que mencionaba detalles de la compra.

¿Dónde está? Hasta la fecha se desconoce su paradero, al igual que ocurrió con otros dos equipos comprados en la administración anterior a empresas israelíes.

En 2010, con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional, se compró el primer equipo a la empresa M.L.M. Protection, por $13.4 millones. Mientras que en 2011 se adquirió el segundo, con características más sofisticadas, a la compañía NSO Group, por $8 millones.

Por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad son investigados los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, entre otros. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia procesa al expresidente Ricardo Martinelli por esta misma causa.

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, sostuvo que ha mantenido comunicación con los fiscales generales de varios países, interesados en obtener información sobre las actividades de la firma panameña Mossack Fonseca.

 “A todos les he dicho que el Ministerio Público brindará toda la colaboración pertinente”, dijo Porcell, al mediodía de este miércoles 13 de abril, cuando se cumplían 18 horas de la diligencia de allanamiento en las oficinas locales de Mossack Fonseca, en Marbella.

Porcell aclaró que todavía no ha recibido asistencias judiciales, pero sí ha conversado con los procuradores de Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica; este último es el presidente de una asociación de fiscales generales de la región centroamericana.   

A ellos les informó que el Ministerio Público manejará el caso “con total transparencia” y al margen de la política, pese a que los cofundadores de la firma  Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora  mantuvieron contacto con el gobierno actual: el primero como miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y el segundo, como asesor presidencial, cargo al que renunció en marzo pasado.

El allanamiento es dirigido por Javier Caraballo, al frente de la recién creada Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Porcell precisó que en la diligencia, “se está buscando información, documentos, evidencias que permitan acreditar la comisión de hechos punibles”. No obstante, recordó que en Panamá, la evasión fiscal, “no es un delito penal”.

Sobre lo extenso de la diligencia que conduce Caraballo quien hasta hace poco fue fiscal de Drogas, apeló a la complejidad de la misma. “La firma tiene distintos servidores…  El Ministerio Público se ha apoyado en un equipo de expertos”.

Porcell también precisó que la diligencia está motivada por las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en las que se revela la participación de la firma de abogados en complejos entramados a través de sociedades offshore para supuestas actividades ilegales.

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) se quejó de las constantes multas interpuestas por los polícias y agentes de tránsito por estar mal estacionados en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, Primer y Segundo Tribunal de Justicia, juzgados de circuito penales y otras dependencias judiciales.

José Alberto Álvarez, presidente del CNA, envió una nota a los directores Omar Pinzón y Julio González, de la Policía Nacional y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, respectivamente, reclamándoles porque los funcionarios en vez de boletear deben colaborar estableciendo filas especiales de estacionamientos y dirigiendo el tránsito por área.

‘¿Cuál es el afán de boletear y también de impedir que se estacionen los autos utilizando parte del área adyacente?', pregunta Álvarez en el documento.

El abogado reprochó que a pesar que el primer párrafo del artículo 201 de la Constitución Política señala que la administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida, los agentes y policías actúan con una crueldad excesiva.

‘Reconocemos que el problema de la falta de estacionamientos en esa área debe resolverla la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, en tanto ello ocurra la solución está en manos de que ustedes colaboren con la justicia', agrega.