Buscan aumento de financiamiento privado en gastos de campañas

Un paquete de “ajustes” al proyecto de ley 292 de reformas electorales que podría descongelar su debate en la Asamblea Nacional propone un aumento en el financiamiento privado de las campañas, reveló el presidente de la comisión de Gobierno, el diputado Pedro Miguel González.

Además del incremento del financiamiento privado en las campañas, los ajustes se orientan hacia el sistema de votación que regirá en los circuitos plurinominales y a la propaganda electoral.

“Los montos propuestos en el proyecto original con respecto al financiamiento privado son muy inferiores a lo que la realidad exige, pero se mantendrá el espíritu de mayor transparencia en el uso de los fondos”, aseguró el diputado.

La iniciativa original, propuesta por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), establece para cualquiera de los cargos de elección popular un tope al financiamiento privado, de 50 centésimos de dólar por cada elector, según el padrón electoral de la circunscripción electoral que corresponda.

Solo en la campaña presidencial pasada, los candidatos recibieron donaciones privadas por $59 millones y $28 millones en subsidio electoral, según reportes del Tribunal Electoral.

El diputado González confirmó que ha hecho algunos acercamientos con las distintas bancadas legislativas y que la próxima semana convocará a la comisión para el primer debate del proyecto. 

 

AJUSTARÁN PROYECTO DE REFORMAS

El presidente de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Miguel González, someterá a la consideración de los diputados de esa instancia legislativa un paquete de modificaciones al proyecto 292, que reforma el Código Electoral. 

A tan solo dos semanas para que culmine el periodo de sesiones, este paquete de cambios sería presentado como una alternativa para dirimir las diferencias entre las bancadas legislativas, que adversan algunos de los artículos del proyecto aprobado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), y por lo que la discusión está estancada desde hace más de un mes.

González dijo que tuvo acercamientos de manera informal con diputados de todas las bancadas. “Ahora, todo depende de que a partir de mañana [lunes] y en el transcurso de la semana logremos reunir a la comisión y aprobemos en primer debate las reformas con las modificaciones sugeridas”, dijo.

“Si logramos reunirnos a más tardar esta semana, podríamos tener la ley aprobada en segundo y tercer debate antes de que termine esta legislatura. Si no, es probable que quede pendiente para la próxima legislatura”, señaló.

MODIFICACIONES

Aunque el diputado González no entró en detalles en torno a en qué consisten las enmiendas, indicó que hay ajustes en los temas referentes al sistema de votación en los circuitos plurinominales (voto plancha, voto selectivo o un voto una persona); en los artículos sobre el financiamiento de las campañas y en el punto de la propaganda electoral.

Otros puntos polémicos de la iniciativa son el tema de la paridad de género y la limitación para postularse para un solo cargo, entre otros asuntos. Según González, todo lo que tiene que ver con los reclamos de los dueños de medios de comunicación y los gremios periodísticos, en torno al control que tendría el Tribunal Electoral sobre la propaganda electoral, ha sido bastante consensuado.

“Hemos conversado con dueños de medios de comunicación, con representantes de gremios periodísticos y publicitarias sobre este tema y creemos que ya tenemos recogido el espíritu de un consenso, de modo que pudiéramos pasar el primer debate sin mayores objeciones ni dentro ni fuera de la Asamblea”, aseguró.

A pesar de que se mantiene el monto del financiamiento público, el cual rondaría los $100 millones para las elecciones de 2019, habría algunas modificaciones en lo que tiene que ver con el financiamiento privado.

“Los montos propuestos en el proyecto original son muy inferiores a lo que la realidad exige, pero se mantendrá el espíritu de mayor transparencia en el uso de los fondos, mantener los topes al financiamiento privado y a los gastos de campaña en cada una de las elecciones”, adelantó.

El proyecto original establece para cualquiera de los cargos de elección popular, un tope al financiamiento privado de 50 centésimos de dólar por cada elector según el padrón electoral preliminar de la circunscripción electoral que corresponda.

Otro punto del proyecto que sufriría modificaciones será el relativo a la alternabilidad de género en las postulaciones para diputados en circuitos plurinominales. 

En tal sentido, diputados del PRD, del partido Panameñista y de Cambio Democrático le ven poco futuro a la propuesta hecha por la CNRE, que sugiere un mecanismo en el cual si el primer candidato de la lista es un hombre, el segundo tendrá que ser una mujer; esto, independientemente de que en las elecciones  

Primarias un hombre haya logrado más votos por esa segunda casilla.

La diputada perredista Zulay Rodríguez le ve poco futuro a esta propuesta de la CNRE en una Asamblea dominada por hombres.

Mientras que el diputado Rony Araúz, de CD, manifestó que tanto derecho tiene un hombre como una mujer. “El que tiene los votos que llegue a la Asamblea. La ley debe ser igual para todos, el que quiere llegar a la Asamblea, que busque los votos”, sentenció.

El diputado panameñista Luis Eduardo Quirós manifestó que, aunque su bancada favorece la paridad, no ve en estos momentos que en la Asamblea haya el respaldo a la propuesta de la CNRE.

El proyecto de reformas electorales fue presentado el 18 de enero de 2016 a la Asamblea Nacional por los magistrados del Tribunal Electoral.

Saéz-Llorens acude a indagatoria por el caso SAP

El exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Saéz-Llorens acudió la mañana de este lunes 18 de abril a la Fiscalía Sexta Anticorrupción, para rendir indagatoria en el caso por la instalación del programa informático SAP en la entidad que dirigió.

Saéz-Llorens, al llegar al edificio Avesa, declaró a los medios de comunicación que SAP sí es un programa operante.

Agregó que SAP lo utilizan las mejores empresas de Panamá y el mundo. “Vamos a dar testimonio porque el sistema sí trabaja”.

Según Saéz-Llorens, se unieron dos casos muy distintos y aseguró que en el caso del cobro de coima a él no lo mencionaban.

El pasado 7 de abril, el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, formuló cargos y tomó indagatoria a 12 personas.

Por este caso están detenidos Eduardo Jaén, exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, y Carlos Tasón, exdirector de Innovación y Transformación de la Caja de Seguro Social.

Robinson va contra De León en la Asamblea Nacional

La palabra traición y las acusaciones de uso de recursos del Estado, no dejan de estar presente a lo interno del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Están a penas en el proceso electoral interno y ya surgen nuevas acusaciones de traición y el uso de recurso del Estado en apoyo a uno y otro grupo.

A dos meses de que se elija el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, ya hay dos candidatos del PRD de los dos bandos que a pesar del ser mismo partido se adversan entre sí.

Según se informó a La Estrella de Panamá, el diputado Benicio Robinson, ya informó en una reunión en la bancada del PRD que pretende postularse como candidato a la presidencia de la Asamblea.

           REELECCIÓN

Corrientes adversas en la Asamblea Nacional

La renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PRD se dará en octubre. El CDN aprobó adelantar la postulación para mayo.

Ya diputados del oficialismo, entre ellos José Luis Varela y Adolfo Valderrama, ambos líderes del panameñismo, han adelantado la posibilidad de que Rubén De León, se postule a la reelección en la presidencia de la Asamblea.

De concretarse ambas candidaturas, sería la segunda vez en dos años que dos candidatos del PRD, se disputan la presidencia de la Asamblea.

En la pasada elección, el 1 de julio del 2015, De León con el apoyo del panameñismo, así como diputados de Cambio Democrático (CD) que desafiaron la línea de su partido, se convirtió el presidente de la Asamblea.

De León, también en abierto desafío a su ‘la línea' de su partido y la decisión de su bancada, se enfrentó a Crispiano Adames que había sido electo por sus copartidarios como el candidato.

Para resultar electo, el presidente de la Asamblea, se requiere el apoyo de la mitad más uno de los diputados del pleno legislativo. Actualmente el pleno lo componen 71 diputados, el número mágico sería 37 diputados.

El diputado Pedro Miguel, ha adelantado que la mayoría para se formó para apoyar a De León seguirá creciendo, pues hay diputados de tanto del CD, como del PRD están dispuestos a sumarse a este grupo.

Sumado a eso están los cambios propuestos al calendario de elecciones. Los candidatos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se conocerán en mayo. La decisión la van a impugnar.

Mossack Fonseca está obligada a responder por cualquier irregularidad cometida por sus clientes

La firma panameña Mossack Fonseca debe ser puesta a disposición de cualquier Estado que lo requiera, a fin de determinar su responsabilidad en alguno de los posibles actos ilícitos mencionados en las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), consideró la Asociación Panameña de Derecho Constitucional (Apadec).

 “Como por ejemplo, al Estado de Brasil, en donde se cursa senda investigación a la firma Mossack Fonseca, presuntamente por encontrarse implicada en una fase de la operación conocida como Lava Jato”,  señala el gremio, en un comunicado que firma su presidente Miguel Antonio Bernal. 

La asociación recuerda que aunque Panamá no es un paraíso fiscal y las sociedades offshore no son ilícitas, las firmas de abogados dedicadas a su constitución y venta tienen la obligación de reportar cualquier elemento ilegal de sus clientes y de profundizar en el conocimiento del origen de los recursos y actividades.

Acerca de la investigación del ICIJ, la información habría revelado “que esta firma de abogados constituyó sociedades offshore con estructuras complejas, alguna de ellas presuntamente para crear un entramado que impidiera el rastro de las autoridades”.

“Algunas de ellas se usaron para ocultar propiedades de empresas, activos, ganancias de actividades ilícitas, para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de diferentes países, conforme a la legislación de donde son sus clientes, dando como resultado la evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte”.

En el comunicado, la asociación llama la atención al hecho de que al frente de dichas sociedades aparecen presuntos “testaferros” y, en el peor de los casos, “utilizaron a sus propios empleados, quienes son panameños humildes que, probablemente  jamás percibieron un centavo de dichas actividades y  tampoco se encontraban enterados de los detalles de las actividades de cada una de estas sociedades”.

La Apadec considera que desacreditar el trabajo del ICIJ “so pretexto de que la información por ellos obtenida proviene de un hacker y/o de alguien que lo sustrajo de forma ilegal de la firma”, es irrelevante para los efectos penales, ya que uno de los objetivos del Ministerio Público, consignado en el Código Procesal Penal, “es llegar a la verdad de los  hechos” y perseguir los delitos de los que tenga noticia "por cualquier medio".

El gremio llama a promover la revisión de las legislaciones en materia fiscal, financiera, de sociedades offshore y de blanqueo de capitales y activos, y de prevención del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico, “en la que quede comprometido no solo Panamá, sino Estados Unidos de América e Inglaterra, donde existen paraísos fiscales”.

La Asamblea retomará debate de ley de abogacía

La Asamblea Nacional retomará en el próximo mes de julio, cuando se inicie el periodo de sesiones ordinarias, el debate del proyecto de ley No. 249, que regula la profesión de la abogacía y establece el examen de barra para optar por la idoneidad.

Al menos ese fue el compromiso adquirido por el diputado presidente de la Asamblea, Rubén De León, con el presidente del Colegio Nacional de Abogados José Alberto Álvarez.

Álvarez dijo que el gremio quedó complacido con la reunión sostenida con el diputado De León, aunque deberán esperar hasta julio. Las sesiones ordinarias de la Asamblea terminan el próximo 30 de abril y, por dinámica legislativa, no se podrá discutir el documento en lo que queda del mes, dijo el abogado.

La discusión del proyecto propuesto por la Corte Suprema de Justicia fue suspendida en octubre del año pasado, en vista de que los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se oponían a la iniciativa, hasta el punto de realizar protestas.

A su juicio, la oposición de los estudiantes de derecho se debió a que fueron mal informados. ‘Ellos alegaban que el examen costaría $300 y que tendría mil preguntas, lo que es totalmente falso', dijo el dirigente de los abogados. ‘En vez de tirar piedras deben acudir a la Asamblea a exponer sus argumentos', dijo Álvarez, quien consideró que la ley, ahora más que nunca, se hace necesaria tras el escándalo desatado por la filtración de documentos de la firma Mossack & Fonseca.

Intendencia detecta fallas en el bufete Mossack Fonseca

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros hizo ‘hallazgos de incumplimientos' en la firma forense Mossack Fonseca, investigada por el Ministerio Público tras la filtración masiva de documentos secretos sobre su negocio de creación de sociedades offshore en el mundo.

La intendende Carlamara Sánchez aseguró que los descubrimientos se hicieron el año pasado, en el marco de un operativo en una treintena de empresas (entre casas de remesas, despachos jurídicos y empresas de la Zona Libre de Colón) que recién son reguladas, sin embargo, se rehusó a explicar cuáles fueron las posibles fallas detectadas, en virtud de que podría viciar el proceso.

CARLAMARA SÁNCHEZINTENDENTE DE SUPERVISIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS

‘La revisión (a Mossack Fonseca) se hizo en 2015, en el marco de un operativo a más de 30 firmas, reguladas por la Intendencia'

La Intendencia, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que, paralelamente, inició hace una semana una nueva investigación ‘especial' contra Mossack Fonseca, a la luz del nuevo escándalo en el que se les ha involucrado.

La pesquisa, insistió Sánchez, intenta determinar si el bufete cumplió con la Ley 23 de 2015, de inmovilización de acciones al portador (que no tiene efectos retroactivos), y la Ley 2 del agente residente.

Ambas, sostuvo la jefa de la Intendencia, tienen un denominador común: prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo mediante la debida diligencia del cliente, la identificación del beneficiario final y los reportes mensuales de transacciones en efectivo.

LAS OPCIONES DE MF

La funcionaria aseguró que de encontrarse fallas, la firma tendría que ejecutar un plan de acción correctivo, antes de ser sancionada con multas de entre $5 mil y $1 millón, o la suspensión o la cancelación de la licencia de idoneidad. Esta última medida tendría que pasar a la Corte Suprema de Justicia, ente responsable de la operación de los bufetes.

Una investigación similar sigue la Superintendencia de Bancos y del Mercado de Valores.

‘Por este caso o cualquier otro que pudiera ocurrir, el Colegio de Abogados (CNA) va a cerrar filas', advertía, mientras tanto, el presidente del gremio de juristas, José Alberto Álvarez, ante la ola de investigaciones contra Mossack Fonseca.

El CNA reiteró este jueves, en una reunión para evaluar la crisis, su molestia por que al caso se le haya denominado ‘Los papeles de Panamá', y se haya generaliza un asunto, a su juicio, focalizado.

El mismo argumento se escuchaba este jueves en la Asamblea Nacional de Costa Rica, donde el diputado liberal Rolando González Ulloa consideró que se trata de un ‘ataque brutal a Panamá'.

‘Indistintamente de que se reconozca la importancia de un proceso de publicación de documentos obtenidos de manera espuria, que pueden conducir a resultados importantes en materia de crimen o en el campo bursátil, no debió haberse utilizado ese nombre', señaló el político costarricente, según recogieron medios locales.

El presidente Juan Carlos Varela ha minimizado los posibles daños: esto no incidirá en la capacidad del país de conseguir financiamiento mundial para la venidera Línea 3 del metro, aseguró.

¿Por qué Panamá es atractivo para el negocio de las offshore ?

La respuesta ‘legal y rápida' a las ‘acuciantes presiones fiscales' del resto del mundo.Así venden bufetes de abogados locales la ventaja de tener una sociedad anónima offshore panameña.

La operación garantiza múltiples beneficios fiscales a cambio de un único compromiso: pagar $300 anuales de tasa única (y a veces, ni eso).

Los beneficios están fijados en la Ley 32 de 1927, cuyo espíritu ha permanecido invariable en casi un siglo. La última reforma, en 2015, limitó la discrecionalidad en el movimiento de las acciones al portador, clave para perder el rastro de los dueños de una sociedad.

Las empresas de papel, por ejemplo, no están obligadas a reportar sus ingresos ni pagar impuestos por lo que generen fuera del país, aún cuando facturen desde Panamá. Si lo depositan en una cuenta local, no deben tributar por los intereses que ganen.

El istmo, recalca la norma, tiene un régimen territorial de contribución, establecido justamente para incentivar el registro de sociedades extranjeras.

Tampoco tienen que pagar impuestos por venta de pro piedades, ni pagar los timbres fiscales que requieran para hacer alguna transacción.

El bufete Del Valle, por ejemplo, explica en su página web que la legislación protege de manera especial ‘los bienes que se encuentren en el exterior y que estén a nombre de una offshore , ya que se consideran como bienes separados de los del patrimonio del accionista'.

La ley también permite a las offshore adquirir yates y buques abanderados o no en el país, y no pagar un céntimo de impuesto por la ganancia que generen a partir de sus actividades comerciales.

Rendición de cuentas se analizará en Panamá

A inicios del mes de diciembre próximo, del 1 al 4, se realizará la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés).

El director de Organismos y Conferencias Internacionales, Max José López, se reunió ayer con el director y la gerente de la IACC, Roberto Pérez-Rocha y Paula O'Malley, respectivamente, así como con la directora Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, en el Palacio Bolívar de esta ciudad, para organizar el evento.

La IACC es el foro de primer nivel mundial que convoca a la sociedad civil, jefes de Estado y el sector privado para enfrentar los desafíos cada vez más sofisticados de la corrupción.

El encuentro periódico de la IACC se celebra cada dos años, en una región diferente del mundo.

Asamblea ratifica a magistrada Lorenzetti

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ratificación de Marion Lorenzetti como magistrada principal del Tribunal Administrativo.

Lorezetti fue designada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, por un periodo de cinco años. La designación la hizo el pasado 9 de marzo. La nueva magistrada fue escogida de una terna presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas, compuesta por los abogados Javier Mitre y Elías Solís.

Lorenzetti es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y cuenta con posgrado en alta gerencia y maestría en administración de negocios.

Lorenzetti reemplaza a la magistrada Isis Ortiz Miranda, cuyo período venció el pasado 31 de diciembre de 2015.

Cinco países piden ayuda judicial a Panamá para investigar ‘blanqueo’

El Ministerio Público ha prometido ‘ayudar' a cinco fiscalías de Centro y Sudamérica a determinar si ciudadanos de sus respectivos países blanquearon dinero a través de empresas creadas y gestionadas por el cuestionado bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que enfrenta una investigación nacional por su negocio de sociedades offshore .

Según la procuradora Kenia Porcell, Panamá se comprometió a dar asistencia judicial a Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en un afán por ‘limpiar' la imagen del país, dijo, al margen de los vínculos políticos que tienen los socios principales de la firma con el Gobierno: Jürgen Mossack fue hasta hace un mes parte del Consejo de Relaciones Exteriores y Ramón Fonseca, asesor del Presidente.

El nombre de Venezuela, por ejemplo, aparece en 241 mil documentos extraídos de la base de datos de Mossack Fonseca. La investigación menciona a más de una decena de empresarios, un líder evangelista, así como al exjefe de escoltas de Hugo Chávez, Adrián Velásquez, y al exjefe del Programa Bolívar 2000 de asistencia social, Víctor Cruz Weffer.

KENIA PORCELLPROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

‘La solicitud de apoyo ha sido informal, pero Panamá va a dar toda la colaboración para aclarar este hecho y contribuir a limpiar en alguna medida la imagen del país'

En Perú, se ha confirmado que cinco personalidades políticas utilizaron los servicios de Mossack Fonseca para constituir sociedades fuera del país, entre ellos un financista de Keiko Fujimori, quien ganó la primera vuelta presidencial el domingo pasado.

Desde Guatemala, la fiscal general Thelma Aldana ha asegurado que una vez Porcell le informe de datos nuevos, enviará a un equipo de investigadores a Ciudad de Panamá para determinar por qué la narcotraficante Marllory Chacón, ‘la reina del sur', poseía una sociedad de Mossack Fonseca.

La fiscalía peruana ha intervenido las oficinas del bufete en Lima y lo mismo ocurrió la semana pasada en El Salvador, donde Mossack Fonseca creó 220 sociedades offshore en quince años.

Antes de proporcionar la ayuda internacional solicitada, aclaró la procuradora Porcell, el país deberá evaluar la información que consiga recabar del bufete, allanado desde el martes por la noche.

27 horas después de empezada la diligencia, el fiscal Javier Caraballo dijo haber ‘asegurado' la información que el bufete tiene en 100 servidores en internet y ‘otros más físicos'.

Caraballo respaldó el argumento de la procuradora Porcell de que por la cantidad de servidores , la investigación contra la oficina legal era ‘compleja'.

‘De hecho, necesitaremos más tiempo que el necesario para una investigación ordinaria', agregó el fiscal de la investigación que pretende establecer si en sus operaciones de venta y gestión de sociedades, Mossack Fonseca incurrió en algún delito en Panamá.

Caraballo confirmó que aun no ha girado orden de cautelar cuenta alguna al bufete, ni descartó que así como los cinco países que ya han solicitado ayuda a Panamá, su despacho haga lo propio con otras fiscalías generales.

Panamá presta la colaboración anunciada en vigor de una ley antilavado de dinero, aprobada en 2015 para cumplir los requisitos del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La misma dificultad de Caraballo la ha experimentado el fiscal Ricaurte González, de Propiedad Intelectual, quien intenta determinar los posibles delitos en la filtración de 11.5 millones de documentos privados de Mossack Fonseca.