Más de la mitad de los casos de la dictadura militar enviados a los tribunales de justicia han sido archivados, sobreseídos y declarados nulos.
Esto se desprende de un informe emitido por la Fiscalía Primera Superior y que fue entregado al Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá–Héctor Gallego.
Según el informe, 47 de los 81 casos analizados por la fiscalía han sido archivados o sobreseídos.
Por otro lado, la fiscal primera superior, Geomara de Jones, reveló que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses iniciará esta semana el cotejo de las muestras de ADN de unos 60 restos óseos que se encuentran en esa entidad, con las muestras biológicas de los familiares de las víctimas.
De Jones detalló que su despacho analiza solicitar la reapertura de algunos de estos casos.
CASOS DE LA DICTADURA, ARCHIVADOS
Un informe de la Fiscalía Primera Superior del Ministerio Público revela que 47 de los 81 procesos judiciales de personas muertas o desaparecidas durante la dictadura militar han sido sobreseídos, prescritos o archivados por parte de los tribunales de justicia.
En ese sentido, la fiscal primera superior Geomara Guerra de Jones reveló que el informe levantado por su despacho corresponde a casos en los que existe un registro detallado de los procedimientos judiciales seguidos, pero que hay un grupo de unos 35 casos que por no tener detalles están siendo objeto de una búsqueda pormenorizada para conocer la decisión judicial adoptada.
De Jones dijo que el informe con el recuento de los casos con procesos judiciales fue enviado por el Ministerio Público a la Cancillería, luego de que en octubre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogiera una denuncia contra el Estado panameño por denegación de justicia.
La denuncia fue presentada por el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa- HG).
La funcionaria detalló que el informe contiene la última actividad judicial registrada por los tribunales de justicia y la decisión judicial que se adoptó en cada caso en particular.
A la vez, explicó que su despacho se encuentra analizando cada uno de estos expedientes para determinar la posibilidad de solicitar la reapertura de las investigaciones.
Recalcó que los casos en los que la desaparición o muerte puede ser calificada como un delito de lesa humanidad tienen una mayor posibilidad de ser reabiertos, ya que Panamá ratificó la Convención sobre Desapariciones Forzadas de Personas, que fue emitida por la Convención Americana por los Derechos Humanos, de la cual el Estado panameño es parte.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando se alegan desapariciones forzadas, la obligación de investigar del Estado subsiste hasta tanto se tenga conocimiento del destino de la víctima o del lugar en donde se encuentran sus restos.
En la denuncia presentada por Cofadepa-HG ante la CIDH se establece que de los 116 muertos y desaparecidos durante la dictadura, por lo menos 39 califican como víctimas de desapariciones forzadas.
Igualmente, reportan un total de 70 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército panameño, y que en la mayoría de los casos, la acción judicial fue suprimida por parte de las autoridades judiciales.
Al respecto, la fiscal de Jones argumentó que en algunos de estos casos será muy difícil obtener testimonios o pruebas, ya que algunos de los testigos pueden haber fallecido o tienen una edad muy avanzada.
No obstante, detalló que aún existen documentos en los que se puede apoyar una investigación judicial que puede dar resultados y que ese esfuerzo se realizará en apego a la ley y a la Constitución Nacional.
POCAS CONDENAS
En el informe entregado por la fiscal a los miembros del Cofadepa-HG y a la Cancillería se observa que solo en ocho de los casos se produjeron sentencias condenatorias.
Entre estos se encuentran los procesos seguidos a la condena aplicada a Abundio Moreno por la desaparición de Everett Clayton Kimble Guerra. En este caso se encuentra prófugo el exmilitar Aristóteles García.
Mientras que en el caso del exgeneral Manuel Antonio Noriega, el Tribunal Superior de Chiriquí aún no ha tomado una decisión.
También está la condena a 12 años de prisión aplicada a Rosario Guevara y Juan Rodríguez por la desaparición de Jerónimo Díaz, cuyos restos fueron encontrados en la isla penal de Coiba en el año 2003, tras permanecer 30 años desaparecido.
En enero de 1995 se condenó al exmilitar Ceferino Concepción por la muerte de Daniel Simone Hernández.
Se reseña la condena de 20 años aplicada a Noriega por la muerte del capitán Moisés Giroldi en el año 1989.
Noriega también fue condenado por la muerte de Hugo Spadafora Franco y por la denominada masacre de Albrook Field, y mantiene un proceso por la desaparición de Heliodoro Portugal.
Entre otras de las sentencias condenatorias está la aplicada al exmilitar Jorge Eliécer Bernal por la muerte del dirigente obrero Sixto ‘Yito’ Barrantes, muerto en 1986.
Igual está la dictada contra el exmilitar Olmedo Espinoza por el asesinato del sacerdote Nicolás Van Kleef, asesinado en mayo de 1989.
En el informe se hace referencia a la sentencia condenatoria aplicada a tres exmilitares por la muerte de nueve militares durante una intentona de golpe militar a Noriega en el año 1989.
INICIAN PRUEBAS DE ADN
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) inició el proceso de comparación de las muestras de ADN extraídas a familiares de los desaparecidos, con los restos óseos que se encuentran en la sede de esa entidad desde el año 2004, cuando fueron entregadas por miembros de la Comisión de la Verdad para su custodia y análisis.
Se informó que la fiscal de Jones remitió al Imelcf varios oficios en los que pide la práctica de las pruebas de ADN para identificar a posibles víctimas de la dictadura.
Sin embargo, algunos expertos estiman que en la mayor parte de los restos que se encuentran en el Imelcf no se podrá extraer ADN para cotejarlo con el de los familiares de las víctimas.
El pasado jueves Cofadepa-HG hizo pública la decisión de la CIDH de admitir una denuncia contra el Estado panameño y dar un plazo de seis meses para que ambas partes alcancen un acuerdo amistoso, o de lo contrario el caso sería llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe emitido por la CIDH revela que el Estado panameño no cumplió con su deber de investigar y ubicar los restos de las víctimas de desapariciones forzadas.
Además de la existencia de un retardo injustificado en la tramitación de las causas penales de 39 personas, cuya desaparición es considerada como un delito de lesa humanidad.
Por su parte, Maritza Maestre, vocera del Cofadepa-HG, aseguró que este es el momento para que el Estado panameño tome la decisión de esclarecer los hechos ocurridos en la dictadura, y levantar el manto de oscuridad que existe respecto a los responsables de los crímenes cometidos.
Maestre detalló que ahora se iniciará un proceso de consulta con los familiares de los desaparecidos sobre la recopilación de pruebas y testimonios para eventualmente llevarlos a la CIDH, y así iniciar un proceso judicial para lograr un resarcimiento moral y económico.
