Aún no hay evidencias de un ‘hackeo’

El fiscal especializado en delitos contra la propiedad intelectual y seguridad informática, Ricaurte González, aseguró ayer que a pesar de las diligencias realizadas no han podido comprobar que hubo un hackeo en los servidores de la firma Mossack Fonseca.

El bufete de abogados presentó una denuncia por la supuesta violación de su sistema informático en marzo pasado.

González añadió que han hecho tres inspecciones a los servidores y al equipo informático de la mencionada firma de abogados, pero hasta ahora no hay indicios de un ataque externo.

Detalló que su despacho cuenta con cuatro meses para concluir el sumario y que tiene en agenda varias diligencias por practicar, por lo que ha solicitado más información a la firma Mossack Fonseca.

Recalcó que la investigación adelantada por su despacho no guarda relación con la que sigue la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo.

Reconoció que, en el caso que le compete, se trata de una investigación que requiere de la participación de peritos especializados, que podrían hallar la violación de los equipos.

Agregó que estos peritos deben levantar una bitácora de las personas que tuvieron acceso a los equipos para ver si hubo alguna intromisión en la que se sustrajo información sensitiva de la empresa.

Descartó solicitar una asistencia judicial al exterior por este caso.

Decomisan papeles triturados de Mossack Fonseca

Varias bolsas repletas de documentos triturados fueron decomisadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada después de un allanamiento a una casa en Parque Lefevre, que servía como oficina de la firma panameña Mossack Fonseca (MF). “En este inmueble se podría encontrar documentación relacionada con el manejo de la firma Mossack Fonseca y con varias de las sociedades que han sido de alguna manera destacadas en los medios de comunicación por hechos delictivos”, afirmó el fiscal Javier Caraballo, quien lidera estas diligencias.Este es el segundo allanamiento que efectúa el Ministerio Público a esta firma, luego de que una investigación periodística global revelara presuntas irregularidades en sus operaciones.
El primer operativo de este tipo fue el martes 12 de abril y duró alrededor de 27 horas. Consistió en hacer copias de los archivos digitales de la firma.
La casa allanada ayer, por su parte, no tenía ningún distintivo que la identificara como parte de la firma.
Sin embargo, Caraballo pudo verificar que esta servía como lugar de operación de la firma fundada por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora.
Además del personal de la fiscalía, también estaban presentes Sara Montenegro, directora de Asuntos Legales de Mossack Fonseca, y los abogados Guillermina McDonald y Ramsés Barrera.
Además de los documentos que encontró la fiscalía dentro de la casa que servía como oficina para la firma, algunos vecinos del área mostraron pedazos de papeles que en días anteriores habían sido desechados por empleados de esta.
De acuerdo con el comunicado oficial de Mossack Fonseca, lo retirado por “la fiscalía es material destinado al reciclaje, conforme la antigüedad del mismo, lo cual constituye una práctica usual en nuestra empresa”.
NUEVO ALLANAMIENTO A LA FIRMA MF
Una casa en calle 1, Parque Lefevre, que hasta hace unos meses funcionó como la Escuela Francesa, fue allanada ayer por la Fiscalía Segunda contra
la Delincuencia Organizada y en el lugar se encontraron cientos de documentos, triturados en su mayoría, de la firma panameña Mossack Fonseca (MF).
El operativo, liderado por el fiscal Javier Caraballo, comenzó pasadas las 2:00 p.m. en una casa de color blanco hueso sin ningún distintivo que la identificara con la firma de abogados.
Unos minutos antes de las 3:00 p.m., salió parte del equipo de la fiscalía. Llevaba varias bolsas transparentes repletas de documentos triturados.
“En este inmueble se podría encontrar documentación relacionada con el manejo de la firma Mossack Fonseca y con varias de las sociedades que han sido de alguna manera destacadas en los medios de comunicación por hechos delictivos”, afirmó Caraballo al finalizar la diligencia, ya casi a las 5:00 p.m.
“Son documentos triturados. No podemos saber si son parte de la firma (…) Vamos a verificar esta información”, añadió.
DOCUMENTOS ROTOS
Los vecinos, atentos a la diligencia desde sus balcones o parados en una esquina, le aseguraron a La Prensa que hace dos días personal de la firma rellenó los basureros en la calle con grandes bolsas.
“Había papeles que tenían escrito Mossack Fonseca. Cuando pasó el carro de la basura se rompieron las bolsas y muchos de esos papeles quedaron regados por el piso”, narró una residente del lugar que prefirió no dar a conocer su nombre.
Sin embargo, mostró los documentos. Eran papeles rotos. Algunos mostraban contenido de correos electrónicos, otros detalles sobre sociedades creadas. Todos en pedazos.
La firma, por su parte, aseguró en un comunicado institucional que toda la documentación en bolsas ya la tiene la fiscalía, pues estaba digitalizada en los servidores allanados en Marbella.
Además, Mossack Fonseca dijo que los documentos eran desechados por su “antigüedad”, lo que es una práctica común en la firma.
“Lo retirado por la fiscalía es material destinado al reciclaje”, agregó la firma en su comunicado de ayer, precisamente cuando se celebró el Día Internacional de la Tierra.
“Mossack Fonseca reitera su disposición para colaborar con las investigaciones en curso, colaboración esta que en el caso particular está siendo brindada por el personal que labora en nuestro depósito”, finalizó el comunicado.
Por su parte, Caraballo advirtió que la casa sería custodiada por la Policía Nacional. “Dada la cantidad de documentación, hemos procedido a asegurar los elementos probatorios”, explicó.
ICIJ CUSTODIA DATOS
Hace unos días, Preet Bharara, el procurador del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), en representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, le envió una carta a ICIJ para pedir su colaboración en una investigación relacionada con las actividades de Mossack Fonseca en ese país.
Sin embargo, la organización periodística decidió mantenerse al margen de la investigación judicial por sus políticas. “No participamos en investigaciones en Estados Unidos ni en ningún otro país”, dijo Marina Walker, vicedirectora de ICIJ.
“Los periodistas no se reunieron nunca con los fiscales. Fueron nuestros abogados quienes se reunieron con el fiscal para reafirmar lo que ICIJ había asegurado antes de que no proporcionamos información”, añadió Walker.
Esta no es la única diligencia que se lleva a cabo en Estados Unidos. El jueves pasado, Nueva York le pidió a los bancos extranjeros con sucursal en esa ciudad que le informaran acerca de cualquier relación con la firma panameña.
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos también pidió a sus ciudadanos aclarar sus nexos con Mossack Fonseca antes de que ellos “obtuvieran los documentos” que fueron utilizados en la investigación de ICIJ.

Traducción de expediente de pinchazos, sin concluir

Hace casi tres meses hizo su último anuncio oficial la oficina del magistrado Jerónimo Mejía, quien funge como juez de garantías en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos.

El 25 de enero pasado, Mejía informó a las víctimas y querellantes en el proceso que desde el 23 de diciembre de 2015 inició las gestiones para traducir al idioma inglés cerca de 2 mil páginas del expediente de las escuchas, con el fin de presentar formalmente la solicitud de detención de Martinelli ante Estados Unidos.

Mejía iba encaminado a cumplir con la orden que dio el pleno de la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre de 2015 de detener provisionalmente a Martinelli.

Sin embargo, desde ese comunicado oficial el magistrado no ha divulgado ninguna otra información sobre el proceso de los pinchazos.

Extraoficialmente, el 11 de marzo pasado se conoció que Mejía había solicitado la detención de Martinelli con fines de extradición.

No obstante, desde esa fecha el magistrado ha guardado silencio y no ha confirmado si es cierta o no la información sobre la solicitud de extradición. 

A su vez, la Cancillería afirma que no ha recibido ninguna petición de la Corte.

Lo único que ha trascendido es que el 14 de marzo pasado el director de la Policía, Omar Pinzón, confirmó que Mejía le remitió una nota en la que le pidió la  

detención de Martinelli en el territorio nacional.

Al día siguiente, Pinzón le respondió al magistrado que Martinelli no estaba en el país. Es conocido que el expresidente salió de Panamá desde el 28 de enero de 2015.

Mejía tampoco ha hecho ninguna petición a Interpol para detener a Martinelli, según fuentes de esa entidad.

Este diario volvió a insistir ayer ante la oficina de Mejía, a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial, para conocer los avances del proceso,  

pero no hubo comentarios al respecto.

EXPEDIENTE SIN TRADUCIR

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia y abogados de los querellantes en el caso informaron ayer que el magistrado Mejía aún no ha concluido la traducción del expediente ni ha enviado el documento a la Cancillería, para que inicie las acciones tendientes a la extradición.

Carlos Herrera Morán, abogado del médico Mauro Zúñiga, una de las víctimas de los pinchazos, reveló que de la oficina de Mejía le informaron que la traducción del expediente al inglés no se ha cumplido aún.

Herrera Morán anunció que en los próximos días presentará un impulso procesal ante el despacho de Mejía, para que acelere el proceso de los pinchazos.

Este sería el tercer impulso procesal que presentan las víctimas y querellantes para que el magistrado cumpla con la orden de arresto de Martinelli que dio la Corte. Desde que se emitió esa orden el 21 de diciembre de 2015, el juez de garantías del caso solo ha mandado a traducir el expediente al idioma inglés, hecho que no se ha cumplido, y pidió al jefe de la Policía Nacional que capturara al expresidente en el territorio nacional.

En tanto, Ángel Álvarez, quien representa al catedrático Miguel Antonio Bernal y a la diputada Zulay Rodríguez, víctimas de las escuchas, informó que mientras no se pida el arresto de Martinelli ante las autoridades de Estados Unidos será más difícil traerlo ante la justicia panameña.

Rodolfo Pinzón, abogado de la ex candidata presidencial Balbina Herrera, también víctima de los pinchazos, consideró que no hay justificación alguna para tanta demora por parte del magistrado Mejía y que no haya hasta el momento ninguna acción en firme para lograr que el exmandatario comparezca al proceso y se le haga un juicio.

BURLA A LA JUSTICIA

Por su lado, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), opinó que se está perdiendo un poco de la confianza que se había logrado en la administración de justicia y que esta lentitud es una burla a la justicia.

Explicó que en el caso de los pinchazos la sociedad se ha quedado esperando información sobre la solicitud de extradición a Martinelli.

“Cómo podemos decirle al mundo que somos un país con cero tolerancia a la corrupción, cuando la Corte no puede o no quiere investigar las denuncias presentadas”, indicó. “Nos parece inaceptable que los casos de alto perfil no estén avanzando”. agregó.

Mulino deja la cárcel y se ofrece para presidente

‘Volveremos al poder', alcanzó a decir el exministro José Raúl Mulino apenas dejó la celda preventiva en la que llevaba siete meses encerrado. Calculada con un día de antelación, su salida de prisión pasó de un festejo íntimo a un mitin político en el que acabó confesando que aspira ‘sacar a los fariseos del templo' y entrar él y su partido, Cambio Democrático (CD). El templo, dijo después, es la Presidencia de la República.

‘No sé si yo sea la figura para 2019, pero sí, tengo la aspiración. Al final tampoco es que tenga más cosas que hacer', reconoció el extitular de Seguridad, que enfrenta (ahora desde la libertad condicionada) el proceso judicial por la compra a Finmeccanica de $125 millones en radares que resultaron defectuosos.

JOSÉ LUIS VARELADIPUTADO PANAMEÑISTA

‘Él está en todo su derecho de correr para presidente, es un político con mucha experiencia'

Mulino, tallado de gala y sin la prepotencia usual, hizo las veces de un estadista. Cuestionó al Gobierno por su intromisión en el sistema judicial, y acusó al presidente Juan Carlos Varela de haberse vengado políticamente de él con su reclusión en la preventiva de la Policía Nacional.

‘Él está en todo su derecho de correr para presidente, ha sido un político con muchos años de experiencia y sabe que no es un camino fácil', replicó el influyente diputado panameñista y hermano del mandatario, José Luis Varela. Se dijo, de hecho, feliz por la salida de Mulino. ‘Estar detenido es algo que no le deseo a nadie, aunque sea un adversario político', continuó.

En su arremetida política, Mulino aseguró sentir lástima por el Gobierno y el presidente, con quien compartió mesa durante 26 meses, en los inicios de la gestión de Martinelli.

Su discurso tenía la bendición del expresidente Ricardo Martinelli. Con él conversó justo después de dejar la prisión, en la que todavía quedan otros altos funcionarios de la administración pasada: Óscar Osorio, Franklin Oduber y Guillermo Ferrufino. Se autoproclamaron los Al R-9.

El expresidente, desde Miami, celebró en redes sociales ‘la primera y única gran batalla' de Cambio Democrático (CD), y sumó al festín la posibilidad de volver al país pronto, por tierra, desafiando las órdenes judiciales de arresto en su contra.

MARIO ROGNONIANALISTA

‘Su estrategia fue para unir al partido, y en medio de la emoción, meterlos en su carreta'

En el mismo espacio, internautas de CD endiosaban al exministro. Aseguraban que su retorno daba una figura de dirección al partido, en franca crisis de liderazgo desde que Martinelli dejó el poder y salió del país, temiendo las investigaciones por corrupción que ahora le pesan.

Alma Cortés, exministra de Trabajo y una de las figuras más influyentes del círculo pro Martinelli en CD, dijo ver en Mulino a un candidato ‘potable' para su partido.

El otro es Rómulo Roux, recién desplazado de la dirigencia del colectivo, por, según fuentes internas, las sospechas de que no sigue la línea de Martinelli.

‘(Mulino) cuenta con el apoyo de mucha gente y de las bases a nivel nacional', aseguró Cortés. CD se salvó.

EL OTRO LADO

Sin embargo, así como gente que respalda, las aspiraciones de Mulino encontraron críticas en las mismas redes sociales. ‘Este es un país de chiste', dijo una usuaria en Twitter , al recordar que, además del caso radares, el exministro había sido procesado por la intervención policial y la represión a los indígenas ngäbes en 2012, así como por la respuesta de la Policía a las protestas contra la venta de tierras de la Zona Libre de Colón.

El analista Mario Rognoni cree, de todos modos, que antes de hablar de una candidatura presidencial, Mulino deberá conocer el futuro de la causa en su contra.

RICHARD MORALESPOLITÓLOGO

‘El próximo paso es aprovechar cualquier capital ganado para alguna candidatura'

Si bien el Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó su liberación, la acusación en su contra por supuesto peculado en la compra de los radares sigue en pie. El juez Decimoquinto penal debe decidir la audiencia.

‘Y si lo juzgan, queda inhabilitado, así que todavía falta mucho', amplió Rognoni, quien valoró, además, que Mulino supo ‘meter en su carreta' las emociones de CD por su liberación.

Ese escenario hace entender al politólogo Richard Morales que se trata, sobre todas las cosas, de un plan de CD para promover la idea de que detrás de los casos contra sus dirigentes hay únicamente razones políticas. Mulino lo confirmó al asegurar, unas horas después de su excarcelación, que desde su experiencia como ministro de Seguridad Pública, ‘nada ocurre sin que el presidente lo sepa'.

‘Y menos dice la detención de una figura como yo'.

La Corte devuelve expediente del diputado Rosas al TE

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está dividido por las investigaciones de los delitos electorales presuntamente cometidos por diputados.

Los magistrados José Ayú Prado y Jerónimo Mejía salvaron su voto en un fallo en el que el pleno de la Corte se inhibe de conocer el sumario de averiguación por posible delito electoral contra la honradez del sufragio abierto al diputado Jorge Alberto Rosas.

Mediante un fallo fechado el 30 de marzo, cuya ponencia fue del magistrado Hernán De León, siete de los nueve magistrados recomendaron remitir el expediente al Tribunal Electoral (TE).

La Corte declinó investigarlo, alegando que es ‘materia electoral'.

Es el mismo argumento expresado por la entonces magistrada Nelly Cedeño, quien recomendó remitir al TE los expedientes generados por las impugnaciones de las elecciones de mayo de 2014.

LAS VERSIONES DE LOS MAGISTRADOS

El fallo de la Corte Suprema está fechado el 30 marzo de 2016

El pleno de la Corte Suprema de Justicia asegura que es el Tribunal Electoral el que debe procesar los temas electorales.

La posición de la Corte implica, según los magistrados del TE, que él TE y la Fiscalía Electoral sean competentes para investigar y juzgar por delitos o faltas electorales y administrativas.

El expediente de Rosas llega a la Corte, enviado por una Fiscalía, por una denunciada presentada por Eduardo Rodríguez, quien acusó a Rosas (candidato a la reelección por su circuito) de entregarle un cheque de $70, por intermedio de Williams Mondolis. Los hechos sucedieron, según el denunciante en los días cercanos a las elecciones de 2014.

De León argumenta que el expediente fue remitido con el propósito de determinar el posible delito electoral. ‘Situación que no encuadra dentro de competencia asignada al pleno de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las normas constitucionales y legales ante citadas'.

A criterio del ponente, ‘la sola condición de diputado de la Asamblea Nacional de Rosas no es factor suficiente para adjudicar a la Corte la competencia para que asuma una investigación en su contra. ‘Hay que valorar otros aspectos, como la naturaleza jurídica de las presuntas conductas ilícitas que se les atribuye a Rosas', expresa.

En sus alegatos citaron el artículo 143 de la Constitución que establece: ‘El Tribunal Electoral tendrá, además de las que le confiera la Ley, las siguientes atribuciones que ejercerá privativamente: sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio de conformidad con la ley'.

Ayú Prado y Mejía discrepan del planteamiento de De León.

Ayú Prado, en fallos anteriores, expresaba que los temas electorales son competencia privativa del TE. Ahora, con la reciente devolución del expediente, señala que ‘él TE, a sabiendas que las decisiones de la Corte son finales, asume el riesgo de devolver las actuaciones que se les ha remitido'.

‘Salvo mí su voto gracias a la decisión del TE de insistir que la Corte es la única que puede, y debe, investigar y juzgar a los diputados y suplentes', puntualizó.

Mejía insiste en que no le corresponde a la Corte investigar a los diputados.

Los magistrados del TE Erasmo Pinilla, Eduardo Valdés Escoffery y Heriberto Araúz han señalado mediante resoluciones que se abstienen de ver la denuncia contra los diputados.

Los jueces electorales plantean que la posición de la Corte implica que el TE y la Fiscalía Electoral sean competentes también, privativamente, para investigar y juzgar por delitos o faltas electorales y administrativas.

No hay certeza del acto querellado’, dice el fiscal que investiga el supuesto hackeo a Mossack Fonseca

El fiscal Especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual, Ricaurte González, aseguró que en tres diligencias realizadas por su despacho en la firma de abogados Mossak Fonseca .que presentó una denuncia por el supuesto hackeo de sus servidores-, no se ha podido establecer la comisión de un delito.

González aseguro que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) han realizado varias inspecciones y análisis de los equipos informáticos de la firma, sin que a la fecha se tenga constancia que, en efecto, hubo una intromisión a los servidores.

“No hay certeza del acto querellado”, sostuvo el fiscal.

Otra fiscalía, la Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada -a cargo de Javier Caraballo-, también ha realizado diligencias en Mossack Fonseca. Concretamente, la semana  pasada, condujo un allanamiento  de 27 horas ininterrumpidas, que culminó con el aseguramiento de los archivos de la firma. En este caso, Caraballo busca datos sobre el posible uso del bufete para "encubrir o promover actividades ilícitas", luego de que la firma fuera objeto de una investigación periodística global que habría dejado al descubierto sus prácticas a través de sociedades offshore.

También las superintendencias de Bancos de Panamá (SBP) y del Mercado de Valores (SMV), y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizan auditorías a la firma, tras las publicaciones periodísticas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

CNA pide a sus agremiados “conocer al cliente”

La Procuradora de la Nación Kenia Porcell manifestó a una comitiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA), que la visitó el martes en su despacho, que no hay ningún otro abogado o firma en proceso de investigación, a propósito de las diligencias que realiza el Ministerio Público en torno a los Papeles de Panamá.

Según el comunicado del CNA, la Procuraduría se comprometió a hallar a los culpables de la obtención ilegítima de documentos. Además dijo, que toda diligencia de allanamiento se hará con el respeto al secreto profesional y toda incautación de datos permanecerá en la “cadena de custodia” garantizando el debido proceso y la estricta confidencialidad para evitar violar el secreto profesional que existe entre abogado-cliente.

El CNA también hizo un llamado a sus miembros para que cumplan las normas legales que regulan la política de “conozca a su cliente”.

Caraballo investiga empresas en tramas de corrupción

Parte de las sociedades por las cuales el fiscal segundo Contra la Delincuencia Organizada, Javier Caraballo, intervino al bufete Mossack Fonseca son eslabones de una compleja red de empresas de papel vinculadas en el extranjero con tramas de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

La lista incluye a la sociedad Sterton Trading Inc, la tercera en la lista por la cual el fiscal Caraballo llegó a Mossack Fonseca la semana pasada. En esta firma figuran como suscriptores otras dos empresas, Dulcan y Winsley Inc., que sirvieron de tapadera en España para uno de los escándalos de corrupción más profundos: el caso Gürtel, de financiación ilegal del gobernante Partido Popular.

Ambas empresas integran la sociedad panameña Waldorf Overseas, que la fiscalía española sospecha es del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, investigado por la adquisición de un apartamento cuyo precio (1.5 millones de euros), en teoría, se escapaba de su capacidad adquisitiva.

Waldorf es la titular de otra sociedad en Estados Unidos que, a su vez, es dueña del ático en investigación.

Las empresas que participaron en Sterton, la sociedad que el fiscal Caraballo investiga, también son dignatarias de Golden Chain Properties, una firma que utilizó el empresario Francisco Correa, el principal vinculado en la trama Gürtel, vocablo alemán para su apellido.

A través de esa empresa, Correa consiguió enviar a Suiza 12.8 millones de euros de un contrato público ‘irregular' suscrito en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

Según el diario español El Confidencial , que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ambas empresas de papel integraron además la Fundación Sinequanon, creada en el bufete panameño Icaza, González Ruiz y Alemán, que permitieron al político español y extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas enviar a una cuenta en Suiza 22 millones de euros que nunca fueron declarados,

Otra sociedad bajo la lupa de Caraballo, Mega Star Enterprises, habría estado a disposición del futbolista Leonel Messi, abierta un día después de que al astro deportivo se le imputaran cargos por supuesto delito de evasión fiscal.

La sociedad está dirigida por Francis Pérez, Diva Argelis Patiño, y Leticia Montoya. Todos son ‘pantallas'. Messi firmó, de acuerdo con las filtraciones del ICIJ, un acuerdo que obligaba a la confidencialidad de su transacción.

Consultado por La Estrella de Panamá, el Ministerio Público se abstuvo de explicar las razones por las cuales el fiscal Caraballo decidió dirigir sus pesquisas contra Sterton y Mega Star, y otras catorce firmas.

Según el Colegio de Abogados, el Ministerio Público se comprometió a mantener en ‘cadena de custodia' toda la información que recaudó el fiscal Caraballo

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CONSECUENCIAS

Cancillería anula pasaporte diplomático a Jürgen Mossack

La Cancillería anuló el pasaporte diplomático de Jürgen Mossack, socio de la firma Mossack Fonseca y otrora miembro del Consejo Nacional de Relaciones exteriores.

Así lo confirmó el propio ministerio al abogado Guillermo Cochez, quien en base a la Ley de Transparencia pidió a información sobre los documentos oficiales de Mossack.

La carta buscaba conocer si tanto Mossack como su socio, Ramón Fonseca Mora, gozaban del derecho de poseer pasaporte diplomático.

Aunque la nota de la Cancillería no responde a Cochez la fecha exacta en que anuló el pasaporte diplomático de Mossack, aclara que que Fonseca Mora nunca ha portado este documento.

Ramón Fonseca Mora se desempeñó como presidente del gobernante Partido Panameñista y ministro Consejero del Órgano Ejecutivo hasta marzo pasado, cuando renunció para sacar la firma de la tormenta periodística que se inició con la revelación de su negocio de sociedades offshore en Brasil, preludio del escándalo que ocupado primeras planas desde hace casi un mes.

José Raúl Mulino y Alejandro Garuz reciben país por cárcel

El exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y el exdirector del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz, recibieron la medida cautelar de país por cárcel, así lo confirmó José Raúl Mulino (hijo) a La Estrella de Panamá.

La decisión fue tomada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, instancia en la que apeló en marzo pasado la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore, al conocer la decisión del juez del quinto circuito penal, Enrique Paniza, quien cambió la medida cautelar contra Mulino y Garuz, en prisión preventiva.

Ambos exfuncionarios del gobierno pasado deberán notificarse ante el Ministerio Público todos los 25 de cada mes.

El extitular de Seguridad se encuentra detenido en una de las celdas transitorias de la sede de la Policía Nacional desde el 26 de octubre del 2015 y Garuz está en el Centro Penitenciario El Renacer desde enero 16 de 2016.

Aprueban cambios a la ley de pensión alimenticia; suspenderán licencia de conducir a morosos

El proyecto de ley que modifica la Ley 42 de 2012, sobre la pensión alimenticia, fue aprobado este miércoles, 20 de abril, en primer debate por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.

El documento establece que quienes incumplan con el pago de la pensión se ordenará la suspensión provisional de la licencia de conducir hasta tanto cumpla con el pago; y la inclusión en la Asociación Panameña de Crédito u otra entidad de crédito.

Además, se ordenará la publicación obligatoria trimestral de la lista de morosos en la página web del Órgano Judicial y los de la autoridad administrativa en la página web de la alcaldía respectiva.

Judith Cossu, magistrada de niñez y adolescencia, aseguró que lo que se busca con estas disposiciones son medidas alternas, antes de aplicar la detención.