Reanudan segundo debate del proyecto de Contrataciones Públicas

El pleno de la Asamblea Nacional reanudó la mañana de este miércoles, 27 de abril, la discusión en segundo debate del proyecto de ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas, presentado por el Ejecutivo el pasado mes de febrero. 

Diputados oficialistas presentaron más 20 propuestas de modificación una vez comenzó la sesión. 

El martes, la discusión empezó a eso del mediodía y terminó a las 11:00 p.m. tras la intervesión de unos 15 diputados, en la primera vuelta.

Durante la discusión, se presentó una moción para impedir que empresas condenadas por tribunales panameños o extranjeros por diversos delitos puedan contratar con el Estado panameño.

Ayú Prado promete publicar un ‘inventario’ de los casos seguidos a Martinelli

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, anunció este miércoles 27 de abril que hará público un inventario sobre las investigaciones que adelanta al expresidente de la República  y actual diputado delParlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Martinelli.

“Nosotros vamos a publicar un inventario de los casos, puesto que hay varios medios de comunicación que los han pedido. Vamos a publicar un inventario muy objetivo de cuántos casos hay en contra del diputado del Parlacen y expresidente de la República [Martinelli]”, resaltó Ayú Prado.

Prometió que la información estará lista a más tardar el próximo lunes [2 de mayo] y agregó que la noche del pasado martes le presentaron una propuesta, a la que "hay que hacerle algunos ajustes en cuanto al lenguaje, porque hay que respetar la presunción de inocencia y las reglas son claras según lo que establece el Código Procesal Penal".

Los señalamientos de Ayú Prado se dieron en el Tribunal Marítimo, luego de una reunión con el viceministro de Seguridad, Rogelio Donadío, y miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio.

Hasta ahora, Martinelli tiene siete procesos en la CSJ. El expresidente no ha comparecido, ya que abandonó Panamá el 28 de enero de 2015. Desde el 21 de diciembre pasado, el pleno de la CSJ ordenó su detención provisional, para que concurra ante el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías del caso por la interceptación de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional.

ICIJ hará pública información de Mossack Fonseca

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)anunció que hará pública gran parte de los documentos que posee sobre la firma panameña Mossack Fonseca, y que han dado pie a cientos de investigaciones periodísticas en todo el mundo.

La información que compartirá la organización en su sitio web, sin embargo, no serán los 11.5 millones de documentos que obtuvo el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que compartió con 108 medios a través de ICIJ.

Los datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.

ICIJ, según publicó en su sitio web, no incluirá registros bancarios, transacciones financieras, correos electrónicos, fotografías ni números de teléfonos. Es decir, la organización no hará pública la información privada que aparece en los documentos de la firma panameña.

Además, la información se combinará con la base de datos de una investigación anterior de ICIJ, denominada ‘Offshore Leaks’, en la que, al igual que ahora, medios internacionales colaboraron para pulir miles de documentos sobre unas 100 mil sociedades creadas en jurisdicciones offshore.

De acuerdo con ICIJ, esta publicación se hará por el interés público y cualquier persona podrá revisar parte de la información, mientras que los medios con acceso a los documentos en completo continuarán realizando y publicando investigaciones sobre las actividades de Mossack Fonseca, vinculado en varias oportunidades a hechos supuestamente delictivos.

FISCALES PARAGUAYOS

Dos funcionarios del Ministerio Público de Paraguay llegarán hoy al país para reunirse con la Procuraduría y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que investiga a la firma panameña Mossack Fonseca.

Así lo aseguró el diario paraguayo ABC Color tras su entrevista con Hernán Galeano, fiscal de la Unidad Especializada contra Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, quien será uno de los que visitará Panamá.

De acuerdo con este medio, Galeano estará acompañado por Manuel Doldán, agente fiscal encargado de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo. “Vamos a reunirnos con la directora de Asuntos Internacionales de la Procuraduría y el fiscal que encabezó el allanamiento del estudio Mossack Fonseca”, le aseguró Galeano a ABC Color.

La Prensa pudo confirmar que los funcionarios paraguayos se reunirán hoy con Javier Caraballo, quien lidera la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, las fuentes consultadas no revelaron más detalles sobre este encuentro.

El medio paraguayo dio a entender que las autoridades panameñas compartirían parte de los documentos obtenidos tras dos allanamientos a las oficinas del bufete panameño.

“Vamos a chequear documentaciones y ver si va a haber suficientes méritos para la apertura de causas”, manifestó Galeano a ABC Color.

El diario añadió que, según Galeano, las autoridades panameñas se habrían mostrado dispuestas “a compartir documentación incautada por el fiscal Javier Caraballo durante el allanamiento a Mossack Fonseca. Él ya hizo un manifiesto de facilitar la cooperación internacional y aprovechando esa predisposición vamos a iniciar las averiguaciones”.

El 12 de abril pasado, Caraballo y su equipo hicieron un allanamiento en las oficinas de la firma en Marbella. El operativo duró más de 27 horas. Al finalizar, el fiscal aseguró que se copiaron los documentos digitales de los servidores que se encontraron en el edificio. Según Caraballo, su equipo analizaría estos documentos para determinar si Mossack Fonseca había incurrido o no en actividades criminales.

Los fiscales paraguayos planean determinar si los documentos obtenidos por el Ministerio Público de Panamá ameritan una investigación.

Parecía que el Ministerio Público tenía en su poder todos los documentos de la firma. Sin embargo, el viernes 22 de abril, Caraballo realizó otro allanamiento. 

Esta vez fue en una pequeña casa, en Parque Lefevre, sin ningún distintivo que la identificara como una oficina de Mossack Fonseca. Por varias horas, el fiscal y su equipo subieron y bajaron las escaleras en la parte delantera de la casa.

En un momento, funcionarios del Ministerio Público aparecieron con varias bolsas repletas de papel triturado. Incluso, los propios vecinos poseían documentos destrozados, luego de que estos se cayeran de las bolsas de basura de las que el personal de Mossack Fonseca intentó deshacerse noches antes. 

De acuerdo con la firma, lo retirado por “la fiscalía era material destinado al reciclaje, conforme la antigüedad del mismo, lo cual constituye una práctica usual en nuestra empresa”.

Precisamente, el equipo paraguayo planea determinar si los documentos obtenidos por el Ministerio Público en ambos allanamientos son suficientes para iniciar una investigación más profunda. Esta incluiría una segunda visita a Panamá con especialistas.

En las investigaciones hechas por ABC Color sobre las actividades de Mossack Fonseca con personas relacionadas a Paraguay, el medio encontró a “familias vinculadas a la dictadura stronista, empresarios que dejaron por escrito su intención de evitar pasar fiscal y bancariamente por Paraguay, dirigentes del fútbol, políticos, empresarios de medios de comunicación y hasta firmas que realizan exploración minera han aparecido vinculadas a firmas de portafolio creadas en paraísos fiscales”.

Corte: demora para concluir sumario no invalida actos

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un fallo del 2 de marzo pasado, sentenció que el exceso de tiempo del fiscal en concluir la etapa sumarial de una investigación “no implica ni conlleva la ilegalidad” de las decisiones tomadas en el proceso, “sino que da lugar a sanciones disciplinarias y multas como lo establece el artículo 2035 del Código Judicial”.

El citado artículo señala que “Las demoras injustificadas y falta de celo en la formación del sumario, en que incurran los funcionarios de instrucción, podrán ser sancionados disciplinariamente por el respectivo superior jerárquico, con multas de cinco balboas a veinticinco balboas, que serán descontados de sus sueldos sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueden incurrir”.

La decisión del pleno de la CSJ se dio tras resolver un habeas corpus preventivo presentado a favor de Dilvio Miranda para declarar ilegal la orden de detención provisional que le dictó la Fiscalía Tercera Anticorrupción, por su presunta vinculación a las irregularidades en la investigación por los pagos efectuados por la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H).

La defensa de Miranda, vinculado por la fiscalía como asesor de H&H, alegó que era ilegal la orden de detención dictada por la fiscal, debido a que supuestamente se hizo fuera del tiempo que señala la ley para que remita el proceso al juzgado.

La Corte negó el pedido de la defensa de Miranda y declaró que, aunque las acciones se dieron fuera del tiempo para concluir el sumario, no implicaba la nulidad de la medida ni del proceso.

En ese mismo sentido, la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, mantiene desde el 14 de marzo pasado ante el Segundo Tribunal Superior Penal una apelación contra la decisión del juez quinto penal Enrique Paniza, quien anuló buena parte de la investigación que adelantó sobre la compra de 19 radares a Selex, filial de Finmeccanica, en la que están imputados el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y el exviceministro de ese ramo, Alejandro Garuz.

Paniza basó su decisión en que la fiscal realizó una serie de pruebas fuera del tiempo para concluir la investigación.

El 18 de abril pasado, el Segundo Tribunal Superior resolvió cambiarle las medidas cautelares a Mulino y a Garuz, quienes fueron beneficiados con medidas de país por cárcel y casa por cárcel, respectivamente.

En tanto, la CSJ emitió un comunicado ayer en el que recordó que el sumario seguido a Mulino y a Garuz por el caso de los radares “no ha sido archivado ni calificado” y “se mantiene en espera de una decisión del Segundo Tribunal de Justicia” por la apelación que elevó la fiscal Moore en marzo pasado.

“Se exhorta a las partes en este proceso en especial, a todos los sujetos procesados en general, a no soslayar las claras y sencillas normas de urbanidad, cortesía, educación y decoro con la que deben guiarse las relaciones interpersonales y profesionales, máxime el respeto que se merecen por ser autoridades, operadores o usuarios del sistema de administración de justicia”, concluyó el comunicado emitido por la CSJ. 

Designaciones en el Colegio Nacional de Abogados

La junta directiva del Colegio Nacional de Abogados, mediante resolución designó ayer a nuevos miembros del Tribunal de Honor y Disciplina de este gremio.

Según se informó a La Estrella de Panamá , mediante resolución número 3, fechada ayer, se procedió a designar a Maritza Cedeño y Marylin Palma como miembros suplente.

Y en cumplimiento de del artículo 22 de la Ley 9 de 1984 Maruquel Pabón fue designada como titular en remplazo de Carlos Barsallo.

 

Juzgado fija para mañana audiencia contra el exministro Ferrufino

La audiencia preliminar por la supuesta comisión del delito contra la administración pública contra el exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino, Ángel Brenan Rodríguez, Tomás Ruglianchich Him y Edilma Elena Him de Ruglianchich, será mañana 27 de abril a las 8:30 a.m, así lo fijo el Juzgado Décimo Tercero de Circuito, Ramo Penal de Panamá.

Los sindicados están implicados en la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos, por la compra de un vehículo Toyota Land Cruiser.

La audiencia se realizará en el salón principal del Sindicato de Periodistas de Panamá, en Ancón y será presidida por la jueza Alina Hubiedo, informó el Órgano Judicial.

La entidad judicial destaca que una vez comience el acto de audiencia pública, las personas que asistan sólo podrán abandonar el recinto, una vez sean decretados los recesos. La audiencia se realizará con asistencia del público, acorde a la capacidad de la sala y no se permitirán personas de pie. 

Contrataciones públicas, a segundo debate

En la agenda del pleno legislativo el tema candente es el proyecto de ley 22 sobre Contrataciones Públicas.

El proyecto de ley Nº 305 presentado por el Ejecutivo está en segundo debate y es el primero en el orden legislativo.

El proyecto de ley, que contiene sesenta y nueve modificaciones a la Ley 22 de 27 de junio, veinte artículos nuevos e incluye tres derogaciones, fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional luego de siete meses de consultas con la sociedad civil y de ser aprobado, por el Consejo de Gabinete.

La iniciativa incluye la eliminación de las licitaciones abreviadas, las órdenes de compras apremiantes, la eliminación de las consultorías, la obligatoriedad de capacitar al personal y la estandarización de criterios.

Otro de los proyectos de ley que está a la espera de debate es el 245 que reforma el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios y dicta otras disposiciones.

También espera en segundo debate, el proyecto de ley 203, que amplía las funciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario, relativas a la defensa del productor y la producción agropecuaria nacional.

El entramado de las ‘S.A.’ a la luz del caso Mossack Fonseca

El 24 de enero de 1986, Juergen Mossack y Ramón Fonseca constituyeron la sociedad Mossack, Fonseca & Co ante la Notaría Segunda. En ese momento sus dueños no contemplaban que sería una de las cuatro firmas más grandes del mundo.

Cinco días después, se inscribió en el Registro Público la sociedad Bufete MF & Co., que aparece registrada con la ficha 3957.

Una empresa madre que sirvió para crear una serie de sociedades anónimas, que a su vez, funcionan como suscriptores y/o dignatarias de nuevas sociedades anónimas. Los mismos actores aparecerían más adelante en otras sociedades en calidad de directores, dignatarios o suscriptores en una intrincada telaraña que La Estrella de Panamá intentó descifrar.

La red de empresas que puede constituir una firma de abogados es totalmente lícita, se rige bajo la Ley 32 de 1927. Seguramente, en cualquier otro despacho de juristas dedicado a esta especialidad, se podrán encontrar enlaces similares a los identificados en el Bufete MF &Co, ahora en entredicho. A los clientes que voluntariamente no deseen aparecer como dignatarios se les prepara una plataforma de opciones para que sus nombres no aparezcan ligados a actividades comerciales o patrimonios.

Por ejemplo, Easthore Ventures, Corp., creada en el 2005, fue registrada por Rigoberto Coronado -la primera persona autorizada en el Bufete M F & Co que acudió en representación de Mossack Fonseca & Co. En esa misma escritura aparecen en la recién creada Eastshore Ventures Corp., Leticia Montoya otra empleada de la firma que a su vez representa a Dulcan Inc, otra sociedad anónima de la firma- y Darlene Bayne, que actúa en nombre Winsley Inc, otra empresa de la firma. Estas sociedades anónimas se repiten constantemente en nuevas empresas como suscriptores o como dignatarios, lo que muy posiblemente garantiza la imposible trazabilidad del cliente.

Las arriba mencionadas son sociedades para realizar cualquier operación comercial: comprar, vender, prestar servicios, préstamos, hipotecas, valores.Todas comparten domicilio en el edificio Arango Orillac, sede de Mossack Fonseca en Panamá

‘A veces el abogado puede ser sorprendido en su buena fe. Pero también se puede auscultar al destinatario final para estar actualizado y brindar la información a las autoridades competentes cuando la requieran', indica el abogado Ernesto Cedeño, sobre la diligencia a la hora de atender las necesidades de un cliente.

Pero también ocurre, añade, ‘que el suscriptor, que detenta, como mínimo, una acción en la sociedad anónima, las puede ceder al propietario en cualquier momento mediante un simple trámite de endoso. "Nadie tiene porqué saber quién es el verdadero dueño, únicamente el abogado', añadió.

Recientemente, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) se preocupó por la vulnerabilidad que puede sufrir el secreto profesional abogado cliente tras los cuestionamientos que han seguido a las denuncias por la documentación confidencial sustraída a Mossack Fonseca.

El CNA solicitó a la Procuradora que en las investigaciones a la firma se respete el secreto profesional. También pidieron que los datos, en este caso de Mossack Fonseca, permanezcan en la cadena de custodia garantizando el debido proceso y la estricta reserva del sumario.

Cedeño explica que cuando se crea una sociedad anónima, los dignatarios que pone la firma como prestanombres traspasan sus acciones al verdadero dueño cuyo nombre se omite en papel. Este traspaso, añade Cedeño, puede ser en cualquier oficina y se autentica ante un notario. De esta forma el cliente puede sentirse libre de cambiar el agente residente o mantener el original.

‘Mientras que la firma aparezca como residente, conoce quién es el destinatario final de la sociedad anónima. Mossack conocía el destinatario final porque él era el agente residente de las sociedades', asevera Cedeño.

En caso de que el cliente utilice la sociedad anónima para hacer transacciones bancarias, los bancos le solicitarán copia del pacto social firmado por los dignatarios. ‘El bufete puede poner a los dignatarios a firmar con el beneplácito del cliente, no hay nada ilícito en eso', señala Cedeño, sin desconocer que el sistema puede dejar resquicios a la mala fe.

‘Hablando de licitud, si quiero que una persona me haga una sociedad porque no quiero que mis amigos se enteren que soy millonario, puedo usar la sociedad para hacer transacciones sin que aparezca mi nombre', exclama Cedeño. ‘Mossack vende esta sociedad, cede las acciones de la empresa y el cliente puede utilizarla para depositar sus activos, nadie se va a dar cuenta que el cliente tiene su dinero en la sociedad', explica.

Algunas personas pueden verse tentadas a meter sus haberes en una sociedad de papel para evadir impuestos. En Panamá la evasión es un delito administrativo, pero en otras jurisdicciones la falta se tramita como proceso penal.

En otros países, especialmente en aquellos cuyo sistema impositivo oscila entre el 60% y 80% de las ganancias obtenidas, como en la casi toda Europa, la persecución por evasión fiscal es muy común. De ahí que por ejemplo, la OCDE critique la postura del istmo en este entramado de sociedades, cuando se utilizan como plataforma para ocultar bienes al fisco, como se ha desvelado en los "papeles" de Mossack Fonseca.

La exigencia de estos países es que Panamá se ajuste al intercambio de información multilateral en forma automática para que esté al servicio de cualquier país que la requiera. Una acción que violaría el secreto profesional abogado cliente, denuncian algunos, pero que, para otros especialistas, sería una declaración de buena voluntad.

El fallo judicial que liberó de la cárcel a José Raúl Mulino

‘En ese orden, vemos que en autos existen elementos que permiten determinar, al menos de forma indiciario, la probable comisión del delito contra la Administración Pública (peculado) en perjuicio del Ministerio de Seguridad Pública. Así consta en la foja númer 68 del expediente al exministro, mediante el cual se otorgó el cambio de la medida cautelar que permitió que al exministro, José Raúl Mulino abandonara la prisión preventiva de la Policía Nacional.

Se trata del documento fechado, el 18 de abril del 2016 y firmado por Enrique A. Paniza, juez quinto del Circuito de lo penal del Primer Circuito de lo Penal del Primer Cirrcuito Judicial de Panamá, quien tomó la decisión.

CAUSAS IMPUTABLES

Añade el mismo documento, al cual tuvo acceso La Estrella de Panamá que tanto Mulino, como el entonces viceminstro, Alejandro Garuz, gestionaron el pago de cuentas parciales, con el conocimiento que las pruebas realizadas al alcance de los radares instalados (comprados a Selex, filial de Finmeccanica, ‘no cumplían con el contenido del Anexo A, sobre la propuesta técnica del contrato'.

PROCESO JUDICIAL

El exministro, José Raúl Mulino es procesado por peculado

12 de agosto de 2014, la Fiscalía Anticorrupción inició proceso por peculado.

2 sindicados en el proceso: José Raúl Mulino y Alejandro Garúz, ministro y viceministro de Seguridad respectivamente.

18 de abril el juez Enrique Paniza, ordenó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva contra el exministro Mulino.

De acuerdo con el texto de la resolución, los sindicados pudieron haber incurrido en delitos contra la administración pública en sus diferentes formas de peculado, ‘hechos que se encuentran respaldados con el elemento probatorio, incorporados al dossier'.

Establece el juez que el delito mencionado, dependiendo de su gravedad, conlleva la detención provisional en atención a la pena potencial a imponer, ‘aún cuando la pena no es el único elemento a considerar al momento de determinar la medida aplicable a c ada caso'.

MEDIDAS CAUTELARES

Insiste el juez que el presu puesto, contribuye a determinar la medida cautelar a adoptar por judicatura; pues será más grave dependiendo de las posibilidades de que el imputado se sustraiga del proceso.

El juez Paniza, añade en su decisión que también debe verificarse, dentro de este supuesto, lo relativo a la vinculación del sindicado por medio de prueba que produzca certeza jurídica; lo cual se encuentra supeditado con los indicios de violación.

EL FALLO JUDICIAL

La decisión del juez, se sustenta en 16 páginas en la cuales, se establece que en el proceso a cargo de la fiscal Zuleyka Moore, fiscal Tercera Anticorrupción, ‘se vulneró las reglas de aplicación normativas contempladas en en nuestra legislación, dado a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, sobre procedimientos de medidas cautelares.

Sustentado en estos principios, el juez Paniza ordenó el cambio de la medida cautelar a la que se tenía sometido al exministro Mulino y se ordenó la aplicación de tres medidas cautelares, contempladas en el artículo 2127 del Códogo Judicial.

Como ya se informó, las medidas cautelares son: la prohibición al imputado de abandonar el territorio de la República de Panamá, sin que medio de manera previa una autorización judicial; el deber de presentar se periódicamente ante una autoridad pública, la cual en este caso consistirá en presentarse ante los estrados del Tribunal de la causa, los días 30 de cada mes.

Finalmente, se estableció la medida cautelar de residir en un determinado lugar, comprendido en dentro de la jurisdicción correspondiente, domicilio actual encartado.

El juez tomó su decisión, a pesar de que la fiscal Moore había presentado un recurso para recurrir el cambio de medida cautelar y que se mantuviera la decisión original de la prisión preventiva que ella había ordenado.

Segundo Tribunal Superior pide a Juzgado conceder apelación en caso de radares

El Segundo Tribunal Superior de Justicia instruyó al Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal de Panamá para que conceda el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, dentro de la investigación por la compra de 19 radares a la empresa italiana Selex, filial del conglomerado Finmeccanica, por $125 millones.  

La fiscal Zuleyka Moore apeló en marzo pasado la decisión del juez quinto penal Enrique Paniza de decretar la nulidad parcial del expediente en el que investiga a José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, ministro y viceministro de Seguridad Pública respectivamente en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), por la presunta comisión de delito contra la administración pública (peculado), como parte del proceso por la compra de los radares italianos.  

En aquel momento, la fiscal Moore también apeló el cambio de medida cautelar dictada a ambos por el juez Paniza. Sin embargo, el Segundo Tribunal Superior de Justicia ratificó luego esta resolución del Juzgado Quinto Penal, razón por la que Mulino tiene ahora medida cautelar de impedimento de salida del país, mientras que para Garuz se aplicó la detención domiciliaria.  

El juez ordenó la nulidad relativa del expediente por considerar que la fiscal efectúo diligencias judiciales fuera del término permitido para concluir la instrucción sumarial.  

En su escrito de apelación, Moore dijo que Paniza actuó con sesgo tanto en la anulación de parte de la investigación como en los cambios de medidas cautelares a los imputados.  

El juez debe enviar el expediente al Segundo Tribunal Superior de Justicia, para que este resuelva los recursos presentados por Moore, indicó una nota prensa del Órgano Judicial este lunes 25 de abril.  

También está pendiente la respuesta a la vista fiscal que emitió Moore, en el que pide llamamiento a juicio para Mulino y Garuz.  

El Segundo Tribunal Superior de Justicia está integrado por los magistrados: Secundino Mendieta, Wilfredo Sáenz, Luis Mario Carrasco, Maria de Lourdes Estrada y Adolfo Mejía. Los dos últimos fueron los que fallaron avalando el cambio de medida cautelar a favor de los dos exfuncionarios investigados.  

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia recordó que el sumario seguido a Mulino y Garuz "no ha sido archivado ni calificado" y que precisamente se  mantiene en espera de una decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia.  

"Ambos imputados están ahora sometidos a medidas cautelares personales diferentes a la detención preventiva, y se subraya que los sumarios y procesos judiciales se ventilan en los estrados de los juzgados y tribunales de  justicia", señala la nota del Órgano Judicial de este lunes.  

La Presidencia exhortó a las partes en este proceso, y a todos los sujetos procesales en general, a "no soslayar las claras y sencillas normas de urbanidad, cortesía, educación y decoro con la que deben  guiarse las relaciones interpersonales y profesionales, máxime el respeto que se merecen por ser autoridades, operadores o usuarios del sistema de administración de justicia".