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La Asamblea Nacional “pagará un alto costo político por no haberle cerrado el paso a la corrupción internacional”, advirtió la diputada independiente Ana Matilde Gómez tras la aprobación en tercer debate del proyecto que reforma la ley de contrataciones públicas.

Gómez se refería al rechazo, el pasado jueves en el pleno, de una propuesta que buscaba inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción en tribunales extranjeros y locales en las licitaciones del Estado.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jorge García Icaza, dijo que la Asamblea “envía un mensaje incorrecto al país y a la comunidad internacional”, mientras que el Movimiento Independiente (Movin) consideró que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y la Asamblea “han defraudado las expectativas de transparencia de la población”.

El diputado oficialista José Luis Varela indicó que la ley tiene más cosas positivas que negativas

'País envió mensaje incorrecto'

Sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos advirtieron ayer que Panamá envió un mensaje incorrecto al país y al mundo, luego de que en la Asamblea Nacional se impuso la línea del Ejecutivo para no vetar en las contrataciones con el Estado a empresas condenadas por tribunales en el exterior por actos de corrupción, entre otros delitos .

Ayer, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 305, que modifica la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, luego de que la noche del pasado jueves fue rechazada la propuesta impulsada por diputados de diversas bancadas para inhabilitar en los contratos con el Estado a las empresas condenadas en el exterior por diversos delitos.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Jorge García Icaza, en la coyuntura internacional que se vive y ante el clamor de la ciudadanía, “estamos enviando un mensaje incorrecto al país y a la comunidad internacional, al no incorporar conceptos relacionados con los delitos contra la administración pública, local e internacionalmente, en la modificación de la ley que regula la Contratación Pública”.

No obstante, el dirigente empresarial dijo estar convencido de que aún existe la oportunidad de reconsiderar el tema. Por su parte, Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin), indicó que “no se ha mandado un mensaje al mundo de que realmente Panamá tiene cero tolerancia a la corrupción. Se ha dejado abierto de poder participar a cualquier empresa del mundo, esté o no esté condenada. Ese es un terrible mensaje que se da al mundo”.

Recordó que en una mesa técnica en la que participó la sociedad civil, sectores empresariales, representantes de entidades públicas y la Contraloría General de la República se consensuó el artículo 10 del proyecto, a fin de inhabilitar a empresas condenadas en el exterior.

Sin embargo, precisó que la propuesta fue modificada en el Consejo de Gabinete y se acordó inhabilitar solo a empresas nacionales o extranjeras condenadas en la jurisdicción panameña.

En el primer debate que se dio al proyecto, Movin también hizo la propuesta de inhabilitar de las contrataciones con el Estado a las empresas condenadas en el extranjero por corrupción, pero tampoco prosperó.

“Tomando en cuenta lo débil y lo desprestigiado que está el sistema de justicia, es imposible que el panameño cifre sus esperanzas de que aquí se condene a corto plazo a una empresa que cometa este tipo de crímenes”, aseguró.

En un comunicado, Movin afirmó que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y la Asamblea Nacional no han sabido anteponer los intereses primordiales de la patria, y “han defraudado las expectativas de transparencia de la población, perdiendo la oportunidad de impulsar una ley que satisfaga los requerimientos de un buen gobierno, entre otras cosas, no dando paso a inhabilitar empresas que han sido sancionadas por prácticas corruptas, aquí o en el extranjero”.

La agrupación hizo un llamado de atención al Gobierno para que retome el camino de las promesas de transparencia, para enfrentar de manera coherente los ataques a la reputación de las instituciones de nuestro país. “No podremos reclamar con autoridad moral ante el mundo, lo que no logramos reflejar en nuestras leyes”, resaltó la organización.

En tanto, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, consideró que no era lo más saludable que se esperara hasta los últimos días de las sesiones ordinarias en la Asamblea para discutir una ley tan importante.

“Lo que se quería era enviar un mensaje a la ciudadanía y tranquilizar ese clamor ciudadano de tener una ley que blinde el sistema de contrataciones públicas o cierre esos espacios que han permitido que se cometan actos de corrupción”, reflexionó Gasnell.

Señaló que la propuesta de modificación al artículo 10 del proyecto 305, que fue negada, era fundamental en esta ley y ante esto no se está enviando un mensaje claro de que se quiere luchar contra la corrupción a través de la ley de contrataciones públicas.

DEBATE

Durante el tercer debate en el pleno legislativo, también se dieron opiniones encontradas a favor y en contra del proyecto 305. La diputada independiente Ana Matilde Gómez, aunque resaltó que

En el proyecto hay avances, como la eliminación de la licitación abreviada, la modificación de la licitación por mejor valor con evaluación separada, consideró que no se logró alcanzar con esta ley los altos estándares de contratación.

“Definitivamente vamos a pagar un costo político muy alto por no haberle cerrado el paso a la corrupción internacional”, advirtió la diputada.

Sostuvo que Panamá, que pretende ser un paraíso para atraer inversiones bien habidas, necesita mandar un mensaje contundente para que los consorcios que tienen negocios lícitos quieran venir al país, porque entienden que no privilegiamos la corrupción.

“Por qué hemos permitido que ese artículo de las inhabilitaciones no se apruebe. Bueno, definitivamente porque estamos (la Asamblea) sometidos todavía al Ejecutivo”, afirmó.

AVALAN CAMBIOS

Otros diputados opositores, entre ellos, el perredista Crispiano Adames (PRD) y Manuel Cohen, quien habló en nombre de la bancada de Cambio Democrático, avalaron la aprobación de este proyecto.

Adames afirmó que la iniciativa es un avance en comparación con la ley vigente. Indicó que, a su parecer, el proyecto sufrió transformaciones importantes que evitarán el lucro personal.

El diputado Cohen manifestó que el proyecto es conveniente para el país, ya que amplía el concepto de división de materia en las contrataciones; elimina las compras menores apremiantes; deroga la licitación abreviada; y, además, regula los límites a las adendas. “No hay ley perfecta ni ley que pueda complacer a todas las personas a la vez”, afirmó Cohen.

OFICIALISMO DEFIENDE

Por su parte, el diputado panameñista José Luis Varela salió al paso a las críticas y calificó a la ley como un avance para el país. “Frustra cuando personas tratan de ver siempre lo malo en todo. En esta ley hay más cosas buenas que cosas malas”, aseguró.

Argumentó que de haber sido aprobada la redacción del artículo 10 propuesta por otros diputados, se hubiesen paralizado varias licitaciones, debido a las impugnaciones entre empresas que pudiesen acusarse de estar condenadas en el sistema judicial de otros países.

“Lo único que íbamos a hacer con eso era que las empresas millonarias que se benefician de contratos en el país, empezaran entre ellas a contratar abogados para estar impugnándose unas a las otras”, expresó.

Varela dijo estar de acuerdo con que se busque una redacción de consenso y que se haga en los primeros días de julio, cuando se inicia el próximo periodo legislativo. “Lastimosamente, en esta Asamblea se aprueban las cosas por mayoría y no por dos, tres, cuatro o cinco votos. Esta es una tarea pendiente de la Asamblea Nacional”, destacó.

Varela resaltó los puntos positivos de la ley y enumeró, entre ellos, la eliminación de las compras como las hacía el extinto Programa de Ayuda Nacional con tres cotizaciones; la eliminación de la posibilidad de hacer adendas en proyectos por encima del 40% del valor de la licitación; y la derogación de la contratación abreviada y de la licitación apremiante.

La iniciativa requiere la sanción del Órgano Ejecutivo y la promulgación en la Gaceta Oficial para su implementación, a partir del 2 de enero de 2017.

Pleno avala ratificaciones y convenios

El pleno de la Asamblea Nacional ratificó el nombramiento de Zuleika Pinzón como administradora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), y de Carlos Duboy y Gustavo Valderrama como miembros principales de la junta directiva de la Caja de Ahorros.

Tras ser ratificada, Pinzón señaló que entre sus retos está establecer mecanismos para la adecuación de aspectos vigentes de algunas 
normas, como la Ley de Pesca, que data del año 1959.

Pinzón, quien es ingeniera pesquera egresada de la Universidad Federal Rural de Pernambuco en Brasil, indicó que durante su gestión también 
activará la Comisión Nacional de Pesca.

Antes de su ratificación en el pleno, el presidente de la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Jorge Iván Arrocha, sustentó que los ratificados cumplen con los requisitos necesarios para ocupar los cargos respectivos.

Duboy y Valderrama son economistas especializados en macroeconomía y analistas de proyecciones de mercado, según sus hojas de vida.

AVALAN CONVENIOS

El pleno legislativo también aprobó en tercer debate 12 convenios, protocolos y acuerdos internacionales. Uno de estos fue el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de la República de China (Taiwán).

También fue avalado el proyecto que aprueba la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, 
y el que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República de Cuba sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.

Tras las ratificaciones y la aprobación de los 13 proyectos de ley en tercer debate, incluyendo las modificaciones a la ley de contrataciones públicas, el presidente de la Asamblea, Rubén De León, dio por cerrado este periodo legislativo.

En esta segunda legislatura fueron aprobados 42 proyectos de ley en tercer debate, de los cuales 20 están pendientes de ser sancionados por el Órgano Ejecutivo.

La Asamblea entrará en receso hasta el 1 de julio próximo.

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, las reformas a la Ley 29 de 2002, que garantiza la salud y la educación de la adolescente embarazada.

Las reformas fueron discutidas con jueces y magistradas de Familia, así con diversas organizaciones que trabajan en el tema, como la Espacio de Encuentro de Mujeres y la Asociación Panameña para la Planificación de la Familia.

La diputada Marylin Vallarino, presidente de la Comisión y proponente de las reformas, dijo que hoy viernes presentará ante el pleno de la Asamblea el proyecto de ley para que quede dentro del orden del día para cuando inicie el periodo de sesiones ordinarias legislativa. Desde mañana, el pleno entra en receso hasta el 1 de julio.

La diputada consideró que existe un buen ambiente, incluso de los grupos que se oponían a que se presentarán las reformas. Un informe de la Comisión arrojó que las instituciones estatales han incumplido con la Ley 29.

Autoridades de Paraguay y del Ministerio Público de Panamá se reunirán la mañana de este jueves, 28 de abril, para hablar de la investigación que en Panamá se sigue a la firma Mossack Fonseca (MF) por supuestas prácticas irregulares a través de sociedades offshore.  

Se trata de Hernán Galeano, fiscal de la Unidad Especializada contra Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y Manuel Doldán, agente fiscal encargado de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público del país suramericano, quienes pretenden obtener documentación que les permita abrir posibles causas en su país.

Serán recibidos por Javier Caraballo, encargado de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que adelanta las investigaciones a MF a raíz de la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, el enlace entre las dos partes fue Digna Atencio, fiscal superior de asuntos internacionales encargada.

Según publicaciones del diario paraguayo ABC Color de las más de 214 mil offshores que aparecen filtradas en el caso Mossack Fonseca, en Paraguay se visualizan unas 127 compañías, 33 accionistas, 9 clientes finales y 4 beneficiarios domiciliados en ese país, según la base de datos de la firma panameña.

Sin embargo, se han hallado más empresas offshore vinculadas a firmas o empresarios paraguayos, o extranjeros que operan en Paraguay, pero que declararon domicilios en otros países como Uruguay.

Javier Caraballo, fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, recibió a una delegación del Ministerio Público de Paraguay, que viajó a Panamá como parte de las diligencias que se adelantan en el país sureño luego de las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

La reunión empezó a las 10:00 a.m. de este jueves 28 de abril, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida Perú. Y se extendió por casi una hora. Acto seguido, la delegación paraguaya se trasladó a las oficinas de la fiscal (encargada) de Asuntos Internacionales, Digna Atencio.

Los fiscales paraguayos Hernán Galeano –de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo- y Manuel Doldán –de la Dirección de Asuntos Internacionales- intentan precisar si hay alguna ilegalidad en la relación de varias personas naturales y jurídicas con las actividades promovidas por el bufete panameño Mossack Fonseca.

Caraballo ya ha realizado dos allanamientos a las oficinas de Mossack Fonseca: el primero, hace dos semanas, a la sede principal de la firma en Marbella, duró 27 horas ininterrumpidas; el otro, el pasado viernes, en un depósito en Parque Lefevre. En ambas diligencias, la fiscalía aseguró documentos que serán analizados como parte de la investigación.

Según una nota del diario ABC de Paraguay, de las más de 214 mil sociedades offshores que aparecen en la documentación del ICIJ, hay 127 compañías, 33 accionistas, 9 clientes finales y 4 beneficiarios domiciliados en Paraguay. "Sin embargo, se han hallado más empresas offshore vinculadas a firmas o empresarios paraguayos, o extranjeros que operan en Paraguay, pero que declararon domicilios en otros países como Uruguay".

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)anunció que hará pública gran parte de los documentos que posee sobre la firma panameña Mossack Fonseca, y que han dado pie a cientos de investigaciones periodísticas en todo el mundo.

La información que compartirá la organización en su sitio web, sin embargo, no serán los 11.5 millones de documentos que obtuvo el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que compartió con 108 medios a través de ICIJ.

Los datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.

ICIJ, según publicó en su sitio web, no incluirá registros bancarios, transacciones financieras, correos electrónicos, fotografías ni números de teléfonos. Es decir, la organización no hará pública la información privada que aparece en los documentos de la firma panameña.

Además, la información se combinará con la base de datos de una investigación anterior de ICIJ, denominada ‘Offshore Leaks’, en la que, al igual que ahora, medios internacionales colaboraron para pulir miles de documentos sobre unas 100 mil sociedades creadas en jurisdicciones offshore.

De acuerdo con ICIJ, esta publicación se hará por el interés público y cualquier persona podrá revisar parte de la información, mientras que los medios con acceso a los documentos en completo continuarán realizando y publicando investigaciones sobre las actividades de Mossack Fonseca, vinculado en varias oportunidades a hechos supuestamente delictivos.

FISCALES PARAGUAYOS

Dos funcionarios del Ministerio Público de Paraguay llegarán hoy al país para reunirse con la Procuraduría y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que investiga a la firma panameña Mossack Fonseca.

Así lo aseguró el diario paraguayo ABC Color tras su entrevista con Hernán Galeano, fiscal de la Unidad Especializada contra Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, quien será uno de los que visitará Panamá.

De acuerdo con este medio, Galeano estará acompañado por Manuel Doldán, agente fiscal encargado de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo. “Vamos a reunirnos con la directora de Asuntos Internacionales de la Procuraduría y el fiscal que encabezó el allanamiento del estudio Mossack Fonseca”, le aseguró Galeano a ABC Color.

La Prensa pudo confirmar que los funcionarios paraguayos se reunirán hoy con Javier Caraballo, quien lidera la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, las fuentes consultadas no revelaron más detalles sobre este encuentro.

El medio paraguayo dio a entender que las autoridades panameñas compartirían parte de los documentos obtenidos tras dos allanamientos a las oficinas del bufete panameño.

“Vamos a chequear documentaciones y ver si va a haber suficientes méritos para la apertura de causas”, manifestó Galeano a ABC Color.

El diario añadió que, según Galeano, las autoridades panameñas se habrían mostrado dispuestas “a compartir documentación incautada por el fiscal Javier Caraballo durante el allanamiento a Mossack Fonseca. Él ya hizo un manifiesto de facilitar la cooperación internacional y aprovechando esa predisposición vamos a iniciar las averiguaciones”.

El 12 de abril pasado, Caraballo y su equipo hicieron un allanamiento en las oficinas de la firma en Marbella. El operativo duró más de 27 horas. Al finalizar, el fiscal aseguró que se copiaron los documentos digitales de los servidores que se encontraron en el edificio. Según Caraballo, su equipo analizaría estos documentos para determinar si Mossack Fonseca había incurrido o no en actividades criminales.

Los fiscales paraguayos planean determinar si los documentos obtenidos por el Ministerio Público de Panamá ameritan una investigación.

Parecía que el Ministerio Público tenía en su poder todos los documentos de la firma. Sin embargo, el viernes 22 de abril, Caraballo realizó otro allanamiento. 

Esta vez fue en una pequeña casa, en Parque Lefevre, sin ningún distintivo que la identificara como una oficina de Mossack Fonseca. Por varias horas, el fiscal y su equipo subieron y bajaron las escaleras en la parte delantera de la casa.

En un momento, funcionarios del Ministerio Público aparecieron con varias bolsas repletas de papel triturado. Incluso, los propios vecinos poseían documentos destrozados, luego de que estos se cayeran de las bolsas de basura de las que el personal de Mossack Fonseca intentó deshacerse noches antes. 

De acuerdo con la firma, lo retirado por “la fiscalía era material destinado al reciclaje, conforme la antigüedad del mismo, lo cual constituye una práctica usual en nuestra empresa”.

Precisamente, el equipo paraguayo planea determinar si los documentos obtenidos por el Ministerio Público en ambos allanamientos son suficientes para iniciar una investigación más profunda. Esta incluiría una segunda visita a Panamá con especialistas.

En las investigaciones hechas por ABC Color sobre las actividades de Mossack Fonseca con personas relacionadas a Paraguay, el medio encontró a “familias vinculadas a la dictadura stronista, empresarios que dejaron por escrito su intención de evitar pasar fiscal y bancariamente por Paraguay, dirigentes del fútbol, políticos, empresarios de medios de comunicación y hasta firmas que realizan exploración minera han aparecido vinculadas a firmas de portafolio creadas en paraísos fiscales”.