La extradición del expresidente Ricardo Martinelli está sujeta a la Ley 75 de 1904, un tratado de extradición firmado con Estados Unidos en los albores de la República de Panamá, en momentos en que no existían los teléfonos ni el derecho a la intimidad había sido consagrado.
Vea los pasos a seguir, de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por la canciller, Isabel de Saint Malo, este jueves 5 de mayo.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió la noche del miércoles 4 de mayo al diputado suplente de Cambio Democrático (CD)Samuel Bennett, quien tras una deliberación de dos horas el pleno rechazó la petición del magistrado fiscal José Ayú Prado de condenar a Bennett por no haber podido justificar la procedencia de 33 mil 182 dólares, que fueron encontrados en un allanamiento realizado por la Policía en la residencia 54-29, en el corregimiento de Cristóbal, Colón. Además de la compra de un vehículo Honda Pilot por 48 mil 700 dólares.
El pleno lo conformaron los magistrados Luis Ramón Fábrega -que presidió la audiencia-, Jerónimo Mejía, Abel Zamorano, Oydén Ortega,Cecilio Cedalise, Angela Russo, Wilfredo Sáenz (suplente de Hernán De León), Gisela Agurto (suplente de Ayú Prado) y Secundino Mendieta (suplente de Harry Díaz)
Ayú Prado dijo que los funcionarios de la Policía Diomedes Martínez y Yeisi Atencio corroboraron que Bennett acudió al sitio del allanamiento para reclamar 33 mil 182 dólares.
Durante su alegato, el magistrado fiscal detalló que Bennett tampoco pudo justificar la procedencia del dinero en efectivo que utilizó para adquirir el vehículo en 2014.
También explicó que durante la investigación realizada por su despacho se solicitó un informe de la Contraloría General de la República sobre los salarios percibidos por Bennett, en el que se demuestra que los emolumentos no cubrían los montos bajo investigación.
El abogado Gustavo Bellamy, del equipo de defensa de Bennett, aseguró que un informe de elaborado por un perito contable demostró que su cliente obtuvo ingresos por 275 mil dólares entre los años 2013 y 2014, producto de varias sociedades dedicadas a la venta de automóviles y piezas de repuesto.
A la vez detalló que su cliente recibía dinero por sus actividades en el Consejo Municipal de Colón y por mantener contratos por servicios profesionales con la empresa Retius S.A.
Bellamy manifestó que la familia de Bennett mantenía varias actividades comerciales que les generaban "una fuerte" entrada económica, y aseguró que la fiscalía no quiso investigar la procedencia de estos dineros.
Al momento de hacer uso de la palabra, Bennett aseguró que todo cuanto posee lo ha conseguido con mucho esfuerzo y gracias a la formación que le dieron sus padres. Añadió que puede demostrar que los fondos provienen de actividades lícitas y apegadas a la ley.
El procurador de la administración, Rigoberto González, le envió una nota este miércoles, 4 de mayo, al ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, en la que le pide que le informe sobre las medidas que ha adoptado tras el escándalo del supuesto arresto del jefe de Planillas en el despacho del viceministro Rogelio Donadío.
Según explicó González en la misiva, esta situación le preocupa, por lo que requiere una información oficial.
El jefe de Planillas del Ministerio de Seguridad Pública, Carlos López, relató que Donadío, vestido con el uniforme militar del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), lo esposó en su despacho por firmar lo que a criterio del viceministro eran documentos ilegales.
Así consta en una nota de tres páginas que López envió el 9 de noviembre de 2015 al director institucional de Recursos Humanos, Sami Far. Donadío confirmó la existencia de dicha nota.
Los hechos habrían ocurrido el 29 de octubre de 2015. Donadío siempre según la versión de López le llamó a su oficina, le pidió sentarse y le acercó un vaso de agua, porque "lo que venía no era nada bueno".
En la nota a Far, López contó que Donadío ordenó a un escolta que le esposaran con las manos atrás, en presencia de tres funcionarios más. Reiteradamente le llamó "delincuente". Cuando finalmente fue liberado, el viceministro le informó que lo había hecho para darle un "escarmiento".
En el Knockout de la edición de La Prensa del pasado domingo 1 de mayo, Aguilera confirmó que eso solo lo estaba investigando Recursos Humanos del ministerio.
La privación de libertad sin justificación alguna y orden de autoridad competente está contemplada como un delito en el Código Penal. Y conlleva pena de hasta tres años de prisión, aunque sube a cuatro años cuando la acción sea ordenada o ejecutada por un funcionario.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) instó al presidente de la República, Juan Carlos Varela "no sancionar o vetar parcialmente" la reforma a la ley de Contrataciones Públicas aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.
"Apede considera que las modificaciones a dicha Ley deben ser revisadas, principalmente, porque lesionan el principio de transparencia que tanto se ha promulgado y no obedecen al consenso generalizado de la sociedad, que espera un manejo prístino en este proceso que ha sido el eje central de serios temas de corrupción; tanto de empresas privadas como de funcionarios públicos", señala un comunicado del gremio.
"El trabajo que se ha hecho no es suficiente y tiene oportunidades de mejoras sustanciales", continúa el comunicando recordando que la institución presentó a la Asamblea Nacional en marzo de este año propuestas de modificación mismas que "no fueron consideradas".
El proyecto 305 que reforma la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas en Panamá fue aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional.
Durante la discusión, el pleno legislativo rechazó una propuesta de siete diputados que pedían incorporar al proyecto 305 una cláusula que inhabilita a las empresas condenadas en Panamá y el extranjero, por los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o delitos contra la seguridad colectiva, el patrimonio económico y la fe pública.
A comienzos de esta semana, diferentes grupos de la sociedad civil, entre ellos Transparencia Internacional, capítulo Panamá, vetar parcialmente esta ley.
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, confirmó en un conversatorio en el Council on Foreign Relations de Washington, Estados Unidos, que aún no se ha gestionado la solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), como parte del proceso que se le sigue por la interceptación de las comunicaciones a través del Consejo de Seguridad Nacional.
"La Corte Suprema de Justicia (CSJ) necesita preparar la solicitud de extradición y enviarla a la Cancillería, que sería la encargada de presentar esa solicitud a Estados Unidos. Todavía no hemos recibido esa solicitud de la Corte Suprema", dijo de Saint Malo de Alvarado durante su intervención, la mañana de este jueves 5 de mayo.
Martinelli, cuya detención provisional fue ordenada por el pleno de la CSJ en diciembre pasado, salió de Panamá el 28 de enero de 2015. Sus abogados han dicho que se encuentra en Miami, donde La Prensa lo ubicó hace un año residiendo en un edificio frente al mar en la lujosa zona residencial de Brickell.
La vicepresidenta dijo que han estudiado y evaluado el tema, y la situación se presenta "complicada".
"El tratado de extradición con Estados Unidos es de principios del siglo XIX, y el crimen por el que la Corte Suprema estaría solicitando la extradición no es parte del tratado, porque en aquella época no había teléfonos y mucho menos era un delito escuchar conversaciones", explicó.
También recalcó que si se solicita la extradición como parte del proceso de la interceptación de las comunicaciones, Martinelli solo podría comparecer por ese caso, y no por los otros asuntos que investiga la CSJ.
Hasta ahora, se han admitido hasta siete denuncias contra el exgobernante, algunas de las cuales -según la canciller- son por delitos "más serios" que la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, que es el caso ligado al Consejo de Seguridad Nacional.
En marzo pasado, el magistrado Jerónimo Mejía en funciones de juez de garantías- envió una carta al director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, en la que solicita proceda con la detención provisional de Martinelli. A la fecha, se desconocen las gestiones realizadas por Pinzón.
El diputado suplente Samuel Ricardo Bennett enfrenta este miércoles un juicio ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuesto enriquecimiento injustificado.
La audiencia al diputado del opositor partido Cambio Democrático (CD), se efectúa bajo el Sistema Penal Acusatorio, con un tribunal de 9 magistrados que estará presidido por Luis Ramón Fábrega, ya que el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, hará de fiscal.
Se trata del proceso que se sigue desde 2015 a Bennett, suplente del diputado Mario Lazarus, ambos del circuito 3-1 de Colón.
El proceso iniciado en junio de 2015 a Bennett era por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Pero el 30 de octubre pasado se debatió y excluyeron pruebas dictándose el auto de apertura a juicio solo por enriquecimiento injustificado, según información oficial.
La CSJ, por disposición constitucional, tiene competencia para investigar y procesar a los diputados, mientras que a la Asamblea Nacional le corresponde hacer lo mismo con los magistrados de la máxima instancia judicial.
La audiencia que se realizaría la tarde de este miércoles en el salón de casación de la Corte Suprema de Justicia contra los supuestos asesinos del abogado y delegado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Juan Ramón Messina, fue suspendida luego que el abogado de la viuda de Messina presentara un escrito.
Según la defensa de Kathy Ramos, esposa de Messina, la audiencia tuvo que ser suspendida porque no todos los testigos pudieron acudir al juicio.
La audiencia fue reprogramada para el día 13 de julio a las 2:00 p.m.
En los primeros cuatro meses del año, hasta el 29 de abril, se han constituido 9,077 sociedades anónimas en el Registro Público de Panamá. La cifra, refleja una tendencia a la baja en comparación con el mismo periodo de tiempo del año 2015, en el que se crearon 10,756 personerías jurídicas. El mes en que más se notó un descenso fue marzo, con 605 sociedades menos que el mismo mes en 2015.
El escándalo de los papeles de Mossack Fonseca , la mayor filtración de documentos que desvelan cientos de miles de sociedades confeccionadas en el istmo no fue una causal primaria por la que se contrajo la cifra.
Fernando Alfaro, director del Registro Público, estima que esta situación es ‘producto de cambios que se están haciendo en las legislaciones donde se utilizan este tipo de instrumentos'.
A esto hay que sumar que muchos bancos no están abriendo cuentas a nombre de sociedades anónimas, éste es otro factor de merma. ‘No soy partidario de la percepción de que la gente utiliza la sociedad anónima solo para ocultar sus bienes, hay muchos fines.
Ante la insistencia de muchos países de que las sociedades anónimas han servido como un instrumento para ocultar bienes, la gente también se abstiene de abrirlas', expresa Alfaro.
La disminución también puede ser producto de que ‘muchos países de Europa y Sudamérica se encuentra inmersos en un estado de crisis económica', indica el abogado especialista en el tema Abraham Salas. Añade que ‘otro motivo es que algunos países donde la moneda es distinta al dólar, han sufrido devaluaciones y el cambio de divisa les encarece abrir una sociedad anónima'.
A pesar de lo anterior, para Salas la sociedad anónima sigue jugando un papel útil y fundamental como instrumento para inversiones a nivel nacional o internacional. Muchos países desearían tener un mecanismo jurídico como el que Panamá posee actualmente', expresó el socio de la firma FESA.
Salas no cree que los mal llamados Panama Papers impacten la plataforma del Registro Público.
ANTECEDENTES
En 1988, cuando se promovió el Acuerdo de Basilea, los países primer mundistas promovieron también estructuras de supervisión al sistema bancario internacional motivados por la iniciativa del G20.
Un año después, surgió ‘el Grupo de Acción Financiera, que buscó incorporar modelos de control dirigidos a evitar el uso de los sistemas bancarios para el blanqueo de capitales en esa época generado por el narcotráfico", explica el abogado Jaime Jácome.
FERNANDO ALFARODIR. REGISTRO PÚBLICO
‘La tendencia ha ido a la baja. Muchos bancos no están abriendo cuentas a nombre de sociedades anónimas'
Es lógico que la tendencia de creación de sociedades anónimas se contraiga porque los problemas ‘no llegaron con los Panama Papers, sino desde los tiempos de Manuel Antonio Noriega cuando los bancos en Panamá cerraron. La coyuntura la aprovecharon algunas jurisdicciones extranjeras para hacer el negocio a finales de los ochentas', dijo el abogado Jaime Jácome.
Esto provocó que los abogados buscaran conexiones fuera del país, por eso es frecuente ver que en los bufetes de abogados tengan oficinas fuera del país.
Jácome hace una reseña histórica del proceso de regulaciones. Describe que cuando se acentuaron las regulaciones se hizo necesaria la creación de la Superintendencia de Bancos, ente que dicta regulaciones sobre las políticas de administración bancaria, conozca a su cliente. Incluso varios países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, abandonaron la plaza panameña por sus altos estándares regulatorios.
Las operaciones ilícitas de las sociedades comerciales empezaron a verse con lupa desde 1994. La emisión del Decreto Ejecutivo 468 de 19 de septiembre de 1994, obligó a los abogados a tomar registros de los clientes que constituían sociedades anónimas. La norma se elevó a ley de la República el 1 de febrero de 2011, Ley 2.
LAS LISTAS GRISES
El periodo 2009 – 2014 fue, sin duda, un tiempo obscuro en materia de transparencia e institucionalidad, e incluso de racionalidad en las políticas públicas. La inacción oficial en materia de políticas de prevención del lavado de dinero dieron lugar a sanciones, particularmente, la inclusión en la denominada ‘Lista Gris' de GAFI. A pesar de ello, durante ese periodo Panamá negocio y suscribió más de veinte tratados bilaterales para evitar la doble tributación y compartir información fiscal, suma que hasta hoy se ha incrementado a más de treinta.
El gobierno que asumió el 2014 inició de inmediato un intenso plan de acción, que permitió la adopción de importantes instrumentos jurídicos como son las leyes 10, 11, 23 y 34 de 2015 y sus reglamentos, que instituyen entes reguladores para instituciones financieras y no financieras que abarcan 16 actividades comerciales, se crean nuevos tipos penales relacionados con el blanqueo de capitales, se establecen mecanismos expeditos de cooperación internacional e intercambio de información, se imponen severos controles de conozca a su cliente a múltiples actividades comerciales y hacen más severas las penas en varios delitos relacionados.
A la vez, el gobierno impulsa la negociación de otros tratados bilaterales de suministro de información, y que eviten la doble tributación, precisamente siguiendo el pie de la letra y aún con mayor determinación las recomendaciones de GAFI.
Estas medidas, explica el abogado, no solo han sido reconocidas por su trascendencia sino por la velocidad de adopción, lo que permitió que a finales de 2015 fuésemos excluidos de su lista gris.
El 63% de los proyectos aprobados en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional, durante el recién culminado período de sesiones (2015-2016), correspondió a iniciativas impulsadas por organismos del Estado.
De un total de 73 proyectos de ley aprobados en tercer debate, durante el segundo período de sesiones que presidió el perredista Rubén De León, 36 fueron iniciativas del Ejecutivo, 8 del Órgano Judicial y 2 del Tribunal Electoral, mientras que otras 27 fueron presentadas por los diputados.
La cantidad de iniciativas legislativas que fueron enviadas desde el Ejecutivo en este periodo, superan a las que se registraron en el primer periodo de sesiones presidido por el panameñista Adolfo Valderrama (2014-2015).
En el periodo de Valderrama, de 85 proyectos avalados en tercer debate 36 fueron impulsados por el Ejecutivo, 46 por el Legislativo y otros 3 por parte del Órgano Judicial.
Durante el segundo año de la Asamblea, el Ejecutivo logró que se aprobaran leyes como la descentralización pública, la ley de Colón Puerto Libre, las reformas al régimen de la Zona Libre de Colón y recientemente las polémicas modificaciones a la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. Esta última está pendiente de la sanción y promulgación por el Ejecutivo.
CUESTIONAN GESTIÓN DE LA ASAMBLEA
La mayoría de los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional en el segundo período legislativo –entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de abril de 2016– provino del Órgano Ejecutivo, lo que para diputados y representantes de la sociedad civil es una muestra de “sumisión” del Legislativo.
En este segundo periodo ordinario de sesiones, presidido por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Rubén De León, fueron aprobados 73 proyectos de ley, de los cuales 36 fueron iniciativas impulsadas por el Órgano Ejecutivo, otras 27 fueron presentadas por los diputados, 8 por el Órgano Judicial y 2 por el Tribunal Electoral (TE).
Del total de propuestas aprobadas en tercer debate, 53 ya son ley de la República, mientras que las restantes 20 están pendientes de sanción por parte del Ejecutivo.
‘ASAMBLEA DE RODILLAS’
Ante el hecho de que se imponga la agenda del Ejecutivo en la Asamblea Nacional, no solo en cantidad de leyes sino en contenido, la diputada independiente Ana Matilde Gómez sostuvo que mientras muchos diputados tengan la presión de las solicitudes de la población para que les atiendan sus problemas y necesidades sociales, siempre va a haber esa sumisión del Legislativo ante el Ejecutivo.
“Yo le pregunto al pueblo panameño de dónde creen que sale ese dinero. ¿Creen, humanamente, que el salario de un diputado puede alcanzar para resolver y atender tantas necesidades sociales? No [y] por eso el Ejecutivo logra poner de rodillas a un poder que debe ser el fiel de la balanza y debe ser totalmente autónomo para que pueda haber balance en el poder”, indicó la diputada.
Sostuvo que mientras la Asamblea siga legislando en función de las decisiones que toma el Ejecutivo, “nosotros [los diputados] vamos a seguir de rodillas frente al presidencialismo”.
Los cuestionamientos de Gómez se dieron luego de la aprobación en tercer debate, el pasado 29 de abril, del proyecto 305 de reformas a la ley de contrataciones públicas. En dicho debate, la mayoría en la Asamblea negó una propuesta de Gómez y de otros diputados que buscaba inhabilitar en las contrataciones a empresas que hayan sido condenadas por corrupción y otros delitos en tribunales extranjeros.
Por su lado, el diputado perredista Iván Picota ha sido un constante crítico frente al hecho de que los anteproyectos presentados por ellos permanezcan engavetados en las comisiones, a diferencia de los que son impulsados por el Ejecutivo, que a su juicio son discutidos rápidamente.
Para Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), existe una dependencia enfermiza de la mayoría de los diputados en la chequera del Ejecutivo;
es decir, a las obras y a las “famosas” partidas.
“La Asamblea está supuesta a hacer el contrapeso del Ejecutivo y estamos perdiendo ese contrapeso, porque lo que parece prevalecer son negociaciones más que debates”, aseguró.
A juicio de Planells, para cambiar esta actitud de sumisión la Asamblea debe abrir los espacios en los debates para elaborar mejores leyes y “los ciudadanos debemos elegir a mejores diputados, que al final es el origen del problema”.
NO HAY SUMISIÓN
Para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández, no existió en este período de sesiones tal sumisión del Legislativo hacia el Órgano Ejecutivo.
Sostuvo que hay propuestas de algunos diputados, en especial aquellas que tienen que ver con aportes económicos del Estado, que en la mayoría de los casos no se pueden sustentar.
“En muchos de los proyectos de los diputados siempre se consulta con el Ejecutivo para efectos de ver la viabilidad económica de esas propuestas antes de que sean vetadas, y en algunos casos estos son aprobados por insistencia, aun a pesar del rechazo del Ejecutivo”, indicó el vicepresidente de la Asamblea.
El Legislativo debe reanudar sesiones el 1 de julio próximo con la escogencia de una nueva directiva.
La Asamblea Nacional “pagará un alto costo político por no haberle cerrado el paso a la corrupción internacional”, advirtió la diputada independiente Ana Matilde Gómez tras la aprobación en tercer debate del proyecto que reforma la ley de contrataciones públicas.
Gómez se refería al rechazo, el pasado jueves en el pleno, de una propuesta que buscaba inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción en tribunales extranjeros y locales en las licitaciones del Estado.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jorge García Icaza, dijo que la Asamblea “envía un mensaje incorrecto al país y a la comunidad internacional”, mientras que el Movimiento Independiente (Movin) consideró que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y la Asamblea “han defraudado las expectativas de transparencia de la población”.
El diputado oficialista José Luis Varela indicó que la ley tiene más cosas positivas que negativas
'País envió mensaje incorrecto'
Sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos advirtieron ayer que Panamá envió un mensaje incorrecto al país y al mundo, luego de que en la Asamblea Nacional se impuso la línea del Ejecutivo para no vetar en las contrataciones con el Estado a empresas condenadas por tribunales en el exterior por actos de corrupción, entre otros delitos .
Ayer, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 305, que modifica la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, luego de que la noche del pasado jueves fue rechazada la propuesta impulsada por diputados de diversas bancadas para inhabilitar en los contratos con el Estado a las empresas condenadas en el exterior por diversos delitos.
Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Jorge García Icaza, en la coyuntura internacional que se vive y ante el clamor de la ciudadanía, “estamos enviando un mensaje incorrecto al país y a la comunidad internacional, al no incorporar conceptos relacionados con los delitos contra la administración pública, local e internacionalmente, en la modificación de la ley que regula la Contratación Pública”.
No obstante, el dirigente empresarial dijo estar convencido de que aún existe la oportunidad de reconsiderar el tema. Por su parte, Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin), indicó que “no se ha mandado un mensaje al mundo de que realmente Panamá tiene cero tolerancia a la corrupción. Se ha dejado abierto de poder participar a cualquier empresa del mundo, esté o no esté condenada. Ese es un terrible mensaje que se da al mundo”.
Recordó que en una mesa técnica en la que participó la sociedad civil, sectores empresariales, representantes de entidades públicas y la Contraloría General de la República se consensuó el artículo 10 del proyecto, a fin de inhabilitar a empresas condenadas en el exterior.
Sin embargo, precisó que la propuesta fue modificada en el Consejo de Gabinete y se acordó inhabilitar solo a empresas nacionales o extranjeras condenadas en la jurisdicción panameña.
En el primer debate que se dio al proyecto, Movin también hizo la propuesta de inhabilitar de las contrataciones con el Estado a las empresas condenadas en el extranjero por corrupción, pero tampoco prosperó.
“Tomando en cuenta lo débil y lo desprestigiado que está el sistema de justicia, es imposible que el panameño cifre sus esperanzas de que aquí se condene a corto plazo a una empresa que cometa este tipo de crímenes”, aseguró.
En un comunicado, Movin afirmó que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y la Asamblea Nacional no han sabido anteponer los intereses primordiales de la patria, y “han defraudado las expectativas de transparencia de la población, perdiendo la oportunidad de impulsar una ley que satisfaga los requerimientos de un buen gobierno, entre otras cosas, no dando paso a inhabilitar empresas que han sido sancionadas por prácticas corruptas, aquí o en el extranjero”.
La agrupación hizo un llamado de atención al Gobierno para que retome el camino de las promesas de transparencia, para enfrentar de manera coherente los ataques a la reputación de las instituciones de nuestro país. “No podremos reclamar con autoridad moral ante el mundo, lo que no logramos reflejar en nuestras leyes”, resaltó la organización.
En tanto, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, consideró que no era lo más saludable que se esperara hasta los últimos días de las sesiones ordinarias en la Asamblea para discutir una ley tan importante.
“Lo que se quería era enviar un mensaje a la ciudadanía y tranquilizar ese clamor ciudadano de tener una ley que blinde el sistema de contrataciones públicas o cierre esos espacios que han permitido que se cometan actos de corrupción”, reflexionó Gasnell.
Señaló que la propuesta de modificación al artículo 10 del proyecto 305, que fue negada, era fundamental en esta ley y ante esto no se está enviando un mensaje claro de que se quiere luchar contra la corrupción a través de la ley de contrataciones públicas.
DEBATE
Durante el tercer debate en el pleno legislativo, también se dieron opiniones encontradas a favor y en contra del proyecto 305. La diputada independiente Ana Matilde Gómez, aunque resaltó que
En el proyecto hay avances, como la eliminación de la licitación abreviada, la modificación de la licitación por mejor valor con evaluación separada, consideró que no se logró alcanzar con esta ley los altos estándares de contratación.
“Definitivamente vamos a pagar un costo político muy alto por no haberle cerrado el paso a la corrupción internacional”, advirtió la diputada.
Sostuvo que Panamá, que pretende ser un paraíso para atraer inversiones bien habidas, necesita mandar un mensaje contundente para que los consorcios que tienen negocios lícitos quieran venir al país, porque entienden que no privilegiamos la corrupción.
“Por qué hemos permitido que ese artículo de las inhabilitaciones no se apruebe. Bueno, definitivamente porque estamos (la Asamblea) sometidos todavía al Ejecutivo”, afirmó.
AVALAN CAMBIOS
Otros diputados opositores, entre ellos, el perredista Crispiano Adames (PRD) y Manuel Cohen, quien habló en nombre de la bancada de Cambio Democrático, avalaron la aprobación de este proyecto.
Adames afirmó que la iniciativa es un avance en comparación con la ley vigente. Indicó que, a su parecer, el proyecto sufrió transformaciones importantes que evitarán el lucro personal.
El diputado Cohen manifestó que el proyecto es conveniente para el país, ya que amplía el concepto de división de materia en las contrataciones; elimina las compras menores apremiantes; deroga la licitación abreviada; y, además, regula los límites a las adendas. “No hay ley perfecta ni ley que pueda complacer a todas las personas a la vez”, afirmó Cohen.
OFICIALISMO DEFIENDE
Por su parte, el diputado panameñista José Luis Varela salió al paso a las críticas y calificó a la ley como un avance para el país. “Frustra cuando personas tratan de ver siempre lo malo en todo. En esta ley hay más cosas buenas que cosas malas”, aseguró.
Argumentó que de haber sido aprobada la redacción del artículo 10 propuesta por otros diputados, se hubiesen paralizado varias licitaciones, debido a las impugnaciones entre empresas que pudiesen acusarse de estar condenadas en el sistema judicial de otros países.
“Lo único que íbamos a hacer con eso era que las empresas millonarias que se benefician de contratos en el país, empezaran entre ellas a contratar abogados para estar impugnándose unas a las otras”, expresó.
Varela dijo estar de acuerdo con que se busque una redacción de consenso y que se haga en los primeros días de julio, cuando se inicia el próximo periodo legislativo. “Lastimosamente, en esta Asamblea se aprueban las cosas por mayoría y no por dos, tres, cuatro o cinco votos. Esta es una tarea pendiente de la Asamblea Nacional”, destacó.
Varela resaltó los puntos positivos de la ley y enumeró, entre ellos, la eliminación de las compras como las hacía el extinto Programa de Ayuda Nacional con tres cotizaciones; la eliminación de la posibilidad de hacer adendas en proyectos por encima del 40% del valor de la licitación; y la derogación de la contratación abreviada y de la licitación apremiante.
La iniciativa requiere la sanción del Órgano Ejecutivo y la promulgación en la Gaceta Oficial para su implementación, a partir del 2 de enero de 2017.
Pleno avala ratificaciones y convenios
El pleno de la Asamblea Nacional ratificó el nombramiento de Zuleika Pinzón como administradora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), y de Carlos Duboy y Gustavo Valderrama como miembros principales de la junta directiva de la Caja de Ahorros.
Tras ser ratificada, Pinzón señaló que entre sus retos está establecer mecanismos para la adecuación de aspectos vigentes de algunas
normas, como la Ley de Pesca, que data del año 1959.
Pinzón, quien es ingeniera pesquera egresada de la Universidad Federal Rural de Pernambuco en Brasil, indicó que durante su gestión también
activará la Comisión Nacional de Pesca.
Antes de su ratificación en el pleno, el presidente de la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Jorge Iván Arrocha, sustentó que los ratificados cumplen con los requisitos necesarios para ocupar los cargos respectivos.
Duboy y Valderrama son economistas especializados en macroeconomía y analistas de proyecciones de mercado, según sus hojas de vida.
AVALAN CONVENIOS
El pleno legislativo también aprobó en tercer debate 12 convenios, protocolos y acuerdos internacionales. Uno de estos fue el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de la República de China (Taiwán).
También fue avalado el proyecto que aprueba la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales,
y el que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República de Cuba sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.
Tras las ratificaciones y la aprobación de los 13 proyectos de ley en tercer debate, incluyendo las modificaciones a la ley de contrataciones públicas, el presidente de la Asamblea, Rubén De León, dio por cerrado este periodo legislativo.
En esta segunda legislatura fueron aprobados 42 proyectos de ley en tercer debate, de los cuales 20 están pendientes de ser sancionados por el Órgano Ejecutivo.
La Asamblea entrará en receso hasta el 1 de julio próximo.