La extradición del expresidente Ricardo Martinelli está sujeta a la Ley 75 de 1904, un tratado de extradición firmado con Estados Unidos en los albores de la República de Panamá, en momentos en que no existían los teléfonos ni el derecho a la intimidad había sido consagrado.
Vea los pasos a seguir, de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por la canciller, Isabel de Saint Malo, este jueves 5 de mayo.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió la noche del miércoles 4 de mayo al diputado suplente de Cambio Democrático (CD)Samuel Bennett, quien tras una deliberación de dos horas el pleno rechazó la petición del magistrado fiscal José Ayú Prado de condenar a Bennett por no haber podido justificar la procedencia de 33 mil 182 dólares, que fueron encontrados en un allanamiento realizado por la Policía en la residencia 54-29, en el corregimiento de Cristóbal, Colón. Además de la compra de un vehículo Honda Pilot por 48 mil 700 dólares.
El pleno lo conformaron los magistrados Luis Ramón Fábrega -que presidió la audiencia-, Jerónimo Mejía, Abel Zamorano, Oydén Ortega,Cecilio Cedalise, Angela Russo, Wilfredo Sáenz (suplente de Hernán De León), Gisela Agurto (suplente de Ayú Prado) y Secundino Mendieta (suplente de Harry Díaz)
Ayú Prado dijo que los funcionarios de la Policía Diomedes Martínez y Yeisi Atencio corroboraron que Bennett acudió al sitio del allanamiento para reclamar 33 mil 182 dólares.
Durante su alegato, el magistrado fiscal detalló que Bennett tampoco pudo justificar la procedencia del dinero en efectivo que utilizó para adquirir el vehículo en 2014.
También explicó que durante la investigación realizada por su despacho se solicitó un informe de la Contraloría General de la República sobre los salarios percibidos por Bennett, en el que se demuestra que los emolumentos no cubrían los montos bajo investigación.
El abogado Gustavo Bellamy, del equipo de defensa de Bennett, aseguró que un informe de elaborado por un perito contable demostró que su cliente obtuvo ingresos por 275 mil dólares entre los años 2013 y 2014, producto de varias sociedades dedicadas a la venta de automóviles y piezas de repuesto.
A la vez detalló que su cliente recibía dinero por sus actividades en el Consejo Municipal de Colón y por mantener contratos por servicios profesionales con la empresa Retius S.A.
Bellamy manifestó que la familia de Bennett mantenía varias actividades comerciales que les generaban "una fuerte" entrada económica, y aseguró que la fiscalía no quiso investigar la procedencia de estos dineros.
Al momento de hacer uso de la palabra, Bennett aseguró que todo cuanto posee lo ha conseguido con mucho esfuerzo y gracias a la formación que le dieron sus padres. Añadió que puede demostrar que los fondos provienen de actividades lícitas y apegadas a la ley.
El procurador de la administración, Rigoberto González, le envió una nota este miércoles, 4 de mayo, al ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, en la que le pide que le informe sobre las medidas que ha adoptado tras el escándalo del supuesto arresto del jefe de Planillas en el despacho del viceministro Rogelio Donadío.
Según explicó González en la misiva, esta situación le preocupa, por lo que requiere una información oficial.
El jefe de Planillas del Ministerio de Seguridad Pública, Carlos López, relató que Donadío, vestido con el uniforme militar del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), lo esposó en su despacho por firmar lo que a criterio del viceministro eran documentos ilegales.
Así consta en una nota de tres páginas que López envió el 9 de noviembre de 2015 al director institucional de Recursos Humanos, Sami Far. Donadío confirmó la existencia de dicha nota.
Los hechos habrían ocurrido el 29 de octubre de 2015. Donadío siempre según la versión de López le llamó a su oficina, le pidió sentarse y le acercó un vaso de agua, porque "lo que venía no era nada bueno".
En la nota a Far, López contó que Donadío ordenó a un escolta que le esposaran con las manos atrás, en presencia de tres funcionarios más. Reiteradamente le llamó "delincuente". Cuando finalmente fue liberado, el viceministro le informó que lo había hecho para darle un "escarmiento".
En el Knockout de la edición de La Prensa del pasado domingo 1 de mayo, Aguilera confirmó que eso solo lo estaba investigando Recursos Humanos del ministerio.
La privación de libertad sin justificación alguna y orden de autoridad competente está contemplada como un delito en el Código Penal. Y conlleva pena de hasta tres años de prisión, aunque sube a cuatro años cuando la acción sea ordenada o ejecutada por un funcionario.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) instó al presidente de la República, Juan Carlos Varela "no sancionar o vetar parcialmente" la reforma a la ley de Contrataciones Públicas aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.
"Apede considera que las modificaciones a dicha Ley deben ser revisadas, principalmente, porque lesionan el principio de transparencia que tanto se ha promulgado y no obedecen al consenso generalizado de la sociedad, que espera un manejo prístino en este proceso que ha sido el eje central de serios temas de corrupción; tanto de empresas privadas como de funcionarios públicos", señala un comunicado del gremio.
"El trabajo que se ha hecho no es suficiente y tiene oportunidades de mejoras sustanciales", continúa el comunicando recordando que la institución presentó a la Asamblea Nacional en marzo de este año propuestas de modificación mismas que "no fueron consideradas".
El proyecto 305 que reforma la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas en Panamá fue aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional.
Durante la discusión, el pleno legislativo rechazó una propuesta de siete diputados que pedían incorporar al proyecto 305 una cláusula que inhabilita a las empresas condenadas en Panamá y el extranjero, por los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o delitos contra la seguridad colectiva, el patrimonio económico y la fe pública.
A comienzos de esta semana, diferentes grupos de la sociedad civil, entre ellos Transparencia Internacional, capítulo Panamá, vetar parcialmente esta ley.
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, confirmó en un conversatorio en el Council on Foreign Relations de Washington, Estados Unidos, que aún no se ha gestionado la solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), como parte del proceso que se le sigue por la interceptación de las comunicaciones a través del Consejo de Seguridad Nacional.
"La Corte Suprema de Justicia (CSJ) necesita preparar la solicitud de extradición y enviarla a la Cancillería, que sería la encargada de presentar esa solicitud a Estados Unidos. Todavía no hemos recibido esa solicitud de la Corte Suprema", dijo de Saint Malo de Alvarado durante su intervención, la mañana de este jueves 5 de mayo.
Martinelli, cuya detención provisional fue ordenada por el pleno de la CSJ en diciembre pasado, salió de Panamá el 28 de enero de 2015. Sus abogados han dicho que se encuentra en Miami, donde La Prensa lo ubicó hace un año residiendo en un edificio frente al mar en la lujosa zona residencial de Brickell.
La vicepresidenta dijo que han estudiado y evaluado el tema, y la situación se presenta "complicada".
"El tratado de extradición con Estados Unidos es de principios del siglo XIX, y el crimen por el que la Corte Suprema estaría solicitando la extradición no es parte del tratado, porque en aquella época no había teléfonos y mucho menos era un delito escuchar conversaciones", explicó.
También recalcó que si se solicita la extradición como parte del proceso de la interceptación de las comunicaciones, Martinelli solo podría comparecer por ese caso, y no por los otros asuntos que investiga la CSJ.
Hasta ahora, se han admitido hasta siete denuncias contra el exgobernante, algunas de las cuales -según la canciller- son por delitos "más serios" que la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, que es el caso ligado al Consejo de Seguridad Nacional.
En marzo pasado, el magistrado Jerónimo Mejía en funciones de juez de garantías- envió una carta al director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, en la que solicita proceda con la detención provisional de Martinelli. A la fecha, se desconocen las gestiones realizadas por Pinzón.
El diputado suplente Samuel Ricardo Bennett enfrenta este miércoles un juicio ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuesto enriquecimiento injustificado.
La audiencia al diputado del opositor partido Cambio Democrático (CD), se efectúa bajo el Sistema Penal Acusatorio, con un tribunal de 9 magistrados que estará presidido por Luis Ramón Fábrega, ya que el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, hará de fiscal.
Se trata del proceso que se sigue desde 2015 a Bennett, suplente del diputado Mario Lazarus, ambos del circuito 3-1 de Colón.
El proceso iniciado en junio de 2015 a Bennett era por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Pero el 30 de octubre pasado se debatió y excluyeron pruebas dictándose el auto de apertura a juicio solo por enriquecimiento injustificado, según información oficial.
La CSJ, por disposición constitucional, tiene competencia para investigar y procesar a los diputados, mientras que a la Asamblea Nacional le corresponde hacer lo mismo con los magistrados de la máxima instancia judicial.
La audiencia que se realizaría la tarde de este miércoles en el salón de casación de la Corte Suprema de Justicia contra los supuestos asesinos del abogado y delegado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Juan Ramón Messina, fue suspendida luego que el abogado de la viuda de Messina presentara un escrito.
Según la defensa de Kathy Ramos, esposa de Messina, la audiencia tuvo que ser suspendida porque no todos los testigos pudieron acudir al juicio.
La audiencia fue reprogramada para el día 13 de julio a las 2:00 p.m.
En los primeros cuatro meses del año, hasta el 29 de abril, se han constituido 9,077 sociedades anónimas en el Registro Público de Panamá. La cifra, refleja una tendencia a la baja en comparación con el mismo periodo de tiempo del año 2015, en el que se crearon 10,756 personerías jurídicas. El mes en que más se notó un descenso fue marzo, con 605 sociedades menos que el mismo mes en 2015.
El escándalo de los papeles de Mossack Fonseca , la mayor filtración de documentos que desvelan cientos de miles de sociedades confeccionadas en el istmo no fue una causal primaria por la que se contrajo la cifra.
Fernando Alfaro, director del Registro Público, estima que esta situación es ‘producto de cambios que se están haciendo en las legislaciones donde se utilizan este tipo de instrumentos'.
A esto hay que sumar que muchos bancos no están abriendo cuentas a nombre de sociedades anónimas, éste es otro factor de merma. ‘No soy partidario de la percepción de que la gente utiliza la sociedad anónima solo para ocultar sus bienes, hay muchos fines.
Ante la insistencia de muchos países de que las sociedades anónimas han servido como un instrumento para ocultar bienes, la gente también se abstiene de abrirlas', expresa Alfaro.
La disminución también puede ser producto de que ‘muchos países de Europa y Sudamérica se encuentra inmersos en un estado de crisis económica', indica el abogado especialista en el tema Abraham Salas. Añade que ‘otro motivo es que algunos países donde la moneda es distinta al dólar, han sufrido devaluaciones y el cambio de divisa les encarece abrir una sociedad anónima'.
A pesar de lo anterior, para Salas la sociedad anónima sigue jugando un papel útil y fundamental como instrumento para inversiones a nivel nacional o internacional. Muchos países desearían tener un mecanismo jurídico como el que Panamá posee actualmente', expresó el socio de la firma FESA.
Salas no cree que los mal llamados Panama Papers impacten la plataforma del Registro Público.
ANTECEDENTES
En 1988, cuando se promovió el Acuerdo de Basilea, los países primer mundistas promovieron también estructuras de supervisión al sistema bancario internacional motivados por la iniciativa del G20.
Un año después, surgió ‘el Grupo de Acción Financiera, que buscó incorporar modelos de control dirigidos a evitar el uso de los sistemas bancarios para el blanqueo de capitales en esa época generado por el narcotráfico", explica el abogado Jaime Jácome.
FERNANDO ALFARODIR. REGISTRO PÚBLICO
‘La tendencia ha ido a la baja. Muchos bancos no están abriendo cuentas a nombre de sociedades anónimas'
Es lógico que la tendencia de creación de sociedades anónimas se contraiga porque los problemas ‘no llegaron con los Panama Papers, sino desde los tiempos de Manuel Antonio Noriega cuando los bancos en Panamá cerraron. La coyuntura la aprovecharon algunas jurisdicciones extranjeras para hacer el negocio a finales de los ochentas', dijo el abogado Jaime Jácome.
Esto provocó que los abogados buscaran conexiones fuera del país, por eso es frecuente ver que en los bufetes de abogados tengan oficinas fuera del país.
Jácome hace una reseña histórica del proceso de regulaciones. Describe que cuando se acentuaron las regulaciones se hizo necesaria la creación de la Superintendencia de Bancos, ente que dicta regulaciones sobre las políticas de administración bancaria, conozca a su cliente. Incluso varios países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, abandonaron la plaza panameña por sus altos estándares regulatorios.
Las operaciones ilícitas de las sociedades comerciales empezaron a verse con lupa desde 1994. La emisión del Decreto Ejecutivo 468 de 19 de septiembre de 1994, obligó a los abogados a tomar registros de los clientes que constituían sociedades anónimas. La norma se elevó a ley de la República el 1 de febrero de 2011, Ley 2.
LAS LISTAS GRISES
El periodo 2009 – 2014 fue, sin duda, un tiempo obscuro en materia de transparencia e institucionalidad, e incluso de racionalidad en las políticas públicas. La inacción oficial en materia de políticas de prevención del lavado de dinero dieron lugar a sanciones, particularmente, la inclusión en la denominada ‘Lista Gris' de GAFI. A pesar de ello, durante ese periodo Panamá negocio y suscribió más de veinte tratados bilaterales para evitar la doble tributación y compartir información fiscal, suma que hasta hoy se ha incrementado a más de treinta.
El gobierno que asumió el 2014 inició de inmediato un intenso plan de acción, que permitió la adopción de importantes instrumentos jurídicos como son las leyes 10, 11, 23 y 34 de 2015 y sus reglamentos, que instituyen entes reguladores para instituciones financieras y no financieras que abarcan 16 actividades comerciales, se crean nuevos tipos penales relacionados con el blanqueo de capitales, se establecen mecanismos expeditos de cooperación internacional e intercambio de información, se imponen severos controles de conozca a su cliente a múltiples actividades comerciales y hacen más severas las penas en varios delitos relacionados.
A la vez, el gobierno impulsa la negociación de otros tratados bilaterales de suministro de información, y que eviten la doble tributación, precisamente siguiendo el pie de la letra y aún con mayor determinación las recomendaciones de GAFI.
Estas medidas, explica el abogado, no solo han sido reconocidas por su trascendencia sino por la velocidad de adopción, lo que permitió que a finales de 2015 fuésemos excluidos de su lista gris.
El 63% de los proyectos aprobados en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional, durante el recién culminado período de sesiones (2015-2016), correspondió a iniciativas impulsadas por organismos del Estado.
De un total de 73 proyectos de ley aprobados en tercer debate, durante el segundo período de sesiones que presidió el perredista Rubén De León, 36 fueron iniciativas del Ejecutivo, 8 del Órgano Judicial y 2 del Tribunal Electoral, mientras que otras 27 fueron presentadas por los diputados.
La cantidad de iniciativas legislativas que fueron enviadas desde el Ejecutivo en este periodo, superan a las que se registraron en el primer periodo de sesiones presidido por el panameñista Adolfo Valderrama (2014-2015).
En el periodo de Valderrama, de 85 proyectos avalados en tercer debate 36 fueron impulsados por el Ejecutivo, 46 por el Legislativo y otros 3 por parte del Órgano Judicial.
Durante el segundo año de la Asamblea, el Ejecutivo logró que se aprobaran leyes como la descentralización pública, la ley de Colón Puerto Libre, las reformas al régimen de la Zona Libre de Colón y recientemente las polémicas modificaciones a la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. Esta última está pendiente de la sanción y promulgación por el Ejecutivo.
CUESTIONAN GESTIÓN DE LA ASAMBLEA
La mayoría de los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional en el segundo período legislativo –entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de abril de 2016– provino del Órgano Ejecutivo, lo que para diputados y representantes de la sociedad civil es una muestra de “sumisión” del Legislativo.
En este segundo periodo ordinario de sesiones, presidido por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Rubén De León, fueron aprobados 73 proyectos de ley, de los cuales 36 fueron iniciativas impulsadas por el Órgano Ejecutivo, otras 27 fueron presentadas por los diputados, 8 por el Órgano Judicial y 2 por el Tribunal Electoral (TE).
Del total de propuestas aprobadas en tercer debate, 53 ya son ley de la República, mientras que las restantes 20 están pendientes de sanción por parte del Ejecutivo.
‘ASAMBLEA DE RODILLAS’
Ante el hecho de que se imponga la agenda del Ejecutivo en la Asamblea Nacional, no solo en cantidad de leyes sino en contenido, la diputada independiente Ana Matilde Gómez sostuvo que mientras muchos diputados tengan la presión de las solicitudes de la población para que les atiendan sus problemas y necesidades sociales, siempre va a haber esa sumisión del Legislativo ante el Ejecutivo.
“Yo le pregunto al pueblo panameño de dónde creen que sale ese dinero. ¿Creen, humanamente, que el salario de un diputado puede alcanzar para resolver y atender tantas necesidades sociales? No [y] por eso el Ejecutivo logra poner de rodillas a un poder que debe ser el fiel de la balanza y debe ser totalmente autónomo para que pueda haber balance en el poder”, indicó la diputada.
Sostuvo que mientras la Asamblea siga legislando en función de las decisiones que toma el Ejecutivo, “nosotros [los diputados] vamos a seguir de rodillas frente al presidencialismo”.
Los cuestionamientos de Gómez se dieron luego de la aprobación en tercer debate, el pasado 29 de abril, del proyecto 305 de reformas a la ley de contrataciones públicas. En dicho debate, la mayoría en la Asamblea negó una propuesta de Gómez y de otros diputados que buscaba inhabilitar en las contrataciones a empresas que hayan sido condenadas por corrupción y otros delitos en tribunales extranjeros.
Por su lado, el diputado perredista Iván Picota ha sido un constante crítico frente al hecho de que los anteproyectos presentados por ellos permanezcan engavetados en las comisiones, a diferencia de los que son impulsados por el Ejecutivo, que a su juicio son discutidos rápidamente.
Para Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), existe una dependencia enfermiza de la mayoría de los diputados en la chequera del Ejecutivo;
es decir, a las obras y a las “famosas” partidas.
“La Asamblea está supuesta a hacer el contrapeso del Ejecutivo y estamos perdiendo ese contrapeso, porque lo que parece prevalecer son negociaciones más que debates”, aseguró.
A juicio de Planells, para cambiar esta actitud de sumisión la Asamblea debe abrir los espacios en los debates para elaborar mejores leyes y “los ciudadanos debemos elegir a mejores diputados, que al final es el origen del problema”.
NO HAY SUMISIÓN
Para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Raúl Hernández, no existió en este período de sesiones tal sumisión del Legislativo hacia el Órgano Ejecutivo.
Sostuvo que hay propuestas de algunos diputados, en especial aquellas que tienen que ver con aportes económicos del Estado, que en la mayoría de los casos no se pueden sustentar.
“En muchos de los proyectos de los diputados siempre se consulta con el Ejecutivo para efectos de ver la viabilidad económica de esas propuestas antes de que sean vetadas, y en algunos casos estos son aprobados por insistencia, aun a pesar del rechazo del Ejecutivo”, indicó el vicepresidente de la Asamblea.
El Legislativo debe reanudar sesiones el 1 de julio próximo con la escogencia de una nueva directiva.
El Movimiento Independiente por Panamá (Movin) cuestionó este viernes el hecho de que el Gobierno y la Asamblea Nacional no hayan respaldado la propuesta que buscaba inhabilitar en los contratos con el Estado a las empresas extranjeras condenadas en el exterior por actos de corrupción.
“El gobierno de Juan Carlos Varela y la Asamblea Nacional no han sabido anteponer los intereses primordiales de la patria, y han defraudado las expectativas de transparencia de la población, perdiendo la oportunidad de impulsar una ley que satisfaga los requerimientos de un buen gobierno, entre otras cosas, no dando paso a inhabilitar empresas que han sido sancionadas por prácticas corruptas, aquí o en el extranjero”, destacó el movimiento a través de un comunicado.
“Movin ha insistido que la administración del Estado requiere de una profunda transformación, con miras a alcanzar los niveles de transparencia y eficiencia en los servicios que presta a sus ciudadanos”, agregó.
Según el grupo, lograr cambios es y debe ser una “tarea permanente”, y en la cual los ciudadanos así como los partidos políticos y los nuevos actores de la vida nacional “deben comprometerse con ese necesario y sentido reclamo”.
El proyecto de ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas fue aprobado este viernes en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.