CNA recomienda cambios para la elección de los magistrados

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) insistió en la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura que este se encargue de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Procurador.

La propuesta del CNA eliminará la responsabilidad del Presidente de la República, y del Consejo de Gabinete, en el proceso para elegir a los magistrados de la Corte.

‘El Consejo de Gabinete no puede seguir nombrando magistrados ni procuradores', aseguró José Alberto Álvarez, presidente del CNA.

LOS PUESTOS PENDIENTES

Las designaciones los hace el presidente de la República

En julio, el presidente presentará a la Asamblea los nombres de los magistrados suplentes.

No se ha nombrado el reemplazo de Alejandro Moncada Luna y tres suplentes.

El planteamiento del Colegio de Abogados ‘es por la decepción de la justicia y la forma en que se escogen los magistrados', aseguró el abogado Ernesto Cedeño.

Para hacer esos cambios planteados por el CNA, se debe reformar la Constitución, pues es esta norma la que ordena al presidente designar a los miembros de la Corte.

Sin embargo, Cedeño recomienda para evitar el proceso de intervenir a la Constitución Política, que se ‘autoregule, por ejemplo el Colegio de Abogados y otros actores hicieran una convocatoria por perfiles. Se haga una lista corta y se remita al Consejo de Gabinete y estos últimos elijan los nombres'.

El texto de la Constitución ha sido modificado en cuatro ocasiones en distintos momentos de la vida nacional: 1978, 1983, 1994 y 2004,

La recomendación llega en momentos en que el presidente de la República, Juan Carlos Valre, está en mora con la designación de magistrados suplentes y un principal.

Sin embargo, ayer en actividad Varela, aseguró: ‘serán presentados ante el pleno de la Asamblea Nacional los candidatos al cargo de suplente de magistrados de la Corte Suprema de Justicia'.

El mandatario informó de la entrevistas de varias personas con mucha experiencia en administración de justicia, a quienes les pidió que asumieran el cargo, pero debido a que están cerca de su etapa de retiro decidieron no aceptar la propuesta.

Ante esta situación, Varela señaló que arrancó nuevamente el proceso de entrevistas y que cuando se retomen las sesiones ordinarias presentarán a los candidatos seleccionados para que sean ratificados en la Asamblea Nacional.

En la Corte hay cuatro magistraturas en acefalía: dos en la sala tercera de lo Contencioso Administrativo (una de principal y otra de suplente), una suplencia en la sala primera de lo Civil y otra en la sala segunda de lo Penal.

En el caso de la tercera, las vacantes se deben a que uno de los suplentes culminó su periodo el 31 de diciembre pasado (Denia Carrizo, quien reemplazaba al recién retirado Harley Mitchell) y la otra, porque, desde octubre del 2014, el suplente (Abel Zamorano) asumió el rol del principal (Alejandro Moncada Luna), condenado por enriquecimiento ilícito.

En la sala segunda, José Ayú Prado está sin suplente porque Gabriel Fernández, su segundo, falleció el 4 de diciembre de 2015.

Se reanuda indagatoria a Molinar por compra de instrumentos musicales

La mañana de este martes 10 de mayo se reanudó la indagatoria a la exministra de Educación Lucy Molinar en la Fiscalía Sexta Anticorrupción, en el edificio Avesa.

Molinar comenzó el pasado 1 de marzo a rendir declaración indagatoria en el proceso por la compra con supuestos sobrecostos de instrumentos musicales a través del extinto Programa de Ayuda Nacional, en la actualidad Dirección de Asistencia Social.

La también periodista, quien por otro caso mantiene la medida de país por cárcel, llegó en compañía de su abogado defensor a las instalaciones de la Fiscalía.

En el mes de marzo se conoció que el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, citó a Molinar para que explicara los detalles de la contratación de instrumentos musicales efectuada en 2013.

Asamblea Nacional aprueba traslado de partida a la APP

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), aprobó un traslado de partida a favor de la Autoridad Nacional de Pasaportes(APP), según dio a conocer la directora de esta institución, Gisela Chung.

Chung manifestó que el traslado de partida es básicamente para cancelar el saldo de un proyecto de inversión y para el abono de vigencias expiradas que correspondían al año 2012 

"No tenemos ningún problema, son proyectos de inversión que están concluyendo, precisamente en el área de tecnología y tenemos que estar a la vanguardia en este tema", aseguró Chung.

Se trata de un monto de $8,96 mil, de los cuales $200 mil serán destinados al módulo de pago, mientras que el resto sería para abonar la expedición de pasaportes.

Piden llamar a juicio a Burillo

La Fiscalía Primera Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de Giselle Burillo, exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) por la presunta comisión del delito de peculado, en relación a una investigación sobre posibles sobrecostos en la contratación del servicio para transportar plantas móviles.

Además de Burillo, la fiscal Tania Sterling solicitó abrir causa criminal a los exfuncionarios de Ampyme: David Rivera, exdirector Administrativo; Pablo Jaramillo, exdirector de Desarrollo Empresarial; y Carlos Aguilar, exjefe de Compras.

También pidió llamar a juicio a Carmela Jiménez, exjefa de Tesorería, y Juventino Iturralde, exjefe de Fiscalización, ambos de la Contraloría General de la República. Además, solicitó que se llame a juicio al empresario Guillermo Ortiz, representante legal de la empresa Grupo Orme, S.A. (GOSA), contratada para el servicio de transporte de las plantas móviles.

La investigación se origina por una denuncia de las autoridades de Ampyme, luego que se identificaron presuntas irregularidades en 38 órdenes de compra solicitando el servicio para movilizar o trasladar plantas móviles (furgones y remolques) en la ciudad de Panamá y el interior.

Sobre estas 38 órdenes de compra, la fiscal concluye en su vista que entre el período 2011 y 2012 se pagaron un total de $91 mil 913 por los servicios de transporte de las plantas móviles, pero que dentro de las contrataciones hay 20 facturas pagadas que no tienen la firma de recibo conforme.

La fiscal indica que en dicha auditoría se apreció que “la cuantía involucrada al comparar los precios facturados, contra cotizaciones de compañías que se dedican al transporte de esta actividad, resultó en notables precios gravosos en los servicios facturados por un monto de exceso de $58 mil 472”.

En su análisis jurídico, la fiscal Sterling destaca que Burillo y los otros seis exfuncionarios “con su actuar por acción u omisión, permitieron que se vulneraran los fondos de la Ampyme, faltando así a la atención de sus necesidades socioeconómicas, beneficencia y apoyo en las comunidades”.

En cuanto a la participación del representante de la empresa GOSA, Sterling manifiesta en la vista fiscal que “la participación criminal de Ortiz” en el supuesto ilícito se debe a “que recibió el dinero que lesionó patrimonialmente al Estado panameño, por un monto de $58 mil 472”.

Auditoría

La auditoría interna efectuada por un funcionario de la Ampyme, relacionada con este caso, se extendió desde septiembre de 2011 a diciembre de 2012.

En este informe, la fiscal se basó para señalar los principales elementos que vincularían a los siete imputados en la posible comisión del delito de peculado.

Como primer punto, indica que las 20 facturas pagadas no tenían una constancia de satisfacción o de recibido de conforme.

También señala que mediante la auditoría se detectaron dos pagos en los que solamente está el tiquete de la máquina registradora fiscal y no aparece el detalle de qué servicio se pagó.

La auditoría dejó al descubierto varias irregularidades en los pagos que efectuó la Ampyme por el traslado de las plantas a distintos puntos del país.

“Se observó inconsistencia en los precios, versus distancias por traslados del mismo tipo de planta móvil”, señala el informe que destaca la fiscal en su análisis jurídico del caso.

Citó algunos casos. Por ejemplo, que por el traslado de una planta móvil de 45 pies de Caimitillo, Panamá, a Chame, Panamá Oeste (unos 72 kilómetros) se pagaron $2 mil 942. Mientras que por llevar la misma planta desde Chame hasta Capira (unos 18 kilómetros) la Ampyme desembolsó igual monto de dinero.

También, por el traslado de una planta móvil de lácteos de 40 pies de Aguadulce, en Coclé, hasta Tonosí, en Los Santos, la Ampyme pagó $2 mil 889. Mientras que por llevar esa misma planta desde Tonosí a Macaracas, lugares cercanos en la provincia santeña, la entidad canceló $2 mil 942. Es decir, que por menor distancia se pagó mayor precio.

Se reporta en el informe que por el traslado de una planta móvil de panadería, de 40 pies, de Caimitillo a Parita, en Herrera, la entidad pagó $2 mil 889. Sorprendentemente, por el servicio para movilizar la planta de Caimitillo a Villalobos (Pedregal), dentro de la provincia de Panamá, se canceló igual suma de dinero.

Burillo se defiende

Por su parte, la exministra Giselle Burillo consideró que la fiscalía no tiene pruebas que sustenten el llamado a juicio. “En verdad [la fiscalía] no encontró nada, absolutamente valedero, para hacer un juicio que condene a nadie, porque todo el trabajo de las plantas móviles está bien documentado y todo se hizo conforme a la ley”, declaró la exministra.

Burillo enfrenta otros tres procesos relacionados a presuntas irregularidades en la Ampyme por alquileres de autos, contratación de funcionarios y por fraccionamientos de partidas.

Abogada de Abdul Waked: ‘En el expediente no hay ninguna acusación’

Guillermina McDonald, abogada del empresario Abdul Waked, dio a conocer detalles del expediente que mantiene la Fiscalía Primera de Drogas tras la inclusión de su cliente, sus familiares y sus compañías en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por supuestos vínculos a actividades relacionadas con el tráfico internacional de narcóticos y lavado de dinero. 

"El expediente solamente recoge una serie de documentos sacados de internet y un informe secretarial. No hay ninguna diligencia hecha, mas que un par de notas enviadas para verificar la existencia de las empresas", precisó McDonald este lunes, luego de revisar el expediente.

"Ni siquiera en el expediente consta ningún documento original o en copia autenticada y traducida de ningún  indictment (acusación) con relación a mi cliente. Panamá tiene la obligación de hacer su propia investigación. No puede, bajo ningún concepto, tener una investigación hecha en otro país, de supuestos hechos que hayan ocurrido en Panamá", continuó.

"El señor Abdul Waked está trabajando. Todas sus empresas están abiertas. Él no ha cerrado ninguna empresa. Está tratando de asegurar la empleomanía de todos sus colaboradores", añadió McDonald.

La semana pasada, la Procuraduría General de la Nación (PGN) del Ministerio Público asignó al fiscal Primero de Drogas, Markel Mora, la investigación seguida a la familia Waked y sus empresas, por la presunta comisión de delitos de blanqueo de dinero, tráfico de drogas y "cualquier otro que surja de la investigación".

El caso también involucraría a Nidal Waked, sobrino de Abdul, detenido en Bogotá, Colombia, desde el miércoles pasado, a la espera de ser extraditado a Florida, para hacer frente a cargos de lavado de dinero y fraude bancario.

La polémica denuncia del magistrado Harry Díaz

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz presentó este viernes, 6 de mayo, una denuncia contra la secretaria administrativa de esa corporación de justicia, Vielsa Ríos, a quien acusó de “gravísimas violaciones a la Ley de Carrera Judicial”, que, añadió, “pudieran constituirse en delitos contra la administración pública, falsedad ideológica y fraude en actos de contratación”.

Díaz presentó el recurso un día después de que fuera filmado saliendo de las oficinas del Grupo Wisa, perteneciente a la familia Waked, que Estados Unidos acusa de pertenecer a una supuesta red de lavado de dinero.

Cuando se le consultó sobre el motivo de esa visita, Díaz dijo que había ido a reunirse con Juan Luis Correa, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Wisa, por una “investigación” que adelanta sobre supuestas anomalías en contrataciones en el Órgano Judicial, y que La Estrella de Panamá, una de las empresas de Waked, había reportado. En la denuncia argumenta que los hechos se relacionan con un contrato suscrito entre la Corte y la empresa Cemi Group, S.A. para la rehabilitación del edificio de los juzgados de Familia, por un monto de 2.9 millones de dólares.

Este medio intentó obtener la versión de Ríos, pero en su oficina se informó que “estaba en una reunión”.

Consultado sobre la visita de Díaz a la oficina de Wisa, el presidente de la Corte José Ayú Prado aseguró que los magistrados “deben comportarse de manera ética y evitar muchas situaciones que pueden comprometerlos”.

Caso Waked: Procesos judiciales, en marcha

Mientras en Colombia se anunciaba que Nidal Waked será extraditado a Estados Unidos (EU), en Panamá se conocía que el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, es el encargado de investigar a Abdul Waked.

Ambos son ligados por el Departamento del Tesoro de EU a una red de supuesto lavado de dinero, en la que se menciona a 9 personas y 68 empresas.

El subdirector de la Policía Antinarcóticos de Colombia, Ricardo Alarcón, explicó este jueves en conferencia de prensa en Bogotá que la Oficina de Asuntos Internacionales de ese país debe recibir la documentación

de EU a través de la Cancillería, que luego esos papeles tienen que ser evaluados por la Corte Suprema de Justicia y que, finalmente, el trámite debe pasar al presidente Juan Manuel Santos para su respectiva aprobación.

Waked se encuentra detenido en Bogotá, Colombia, desde el pasado miércoles en la noche, tras un requerimiento hecho por EU.

Mientras tanto, la abogada Guillermina McDonald, quien representa a Abdul Waked, informó que acudirá al Ministerio Público (MP) el próximo lunes para conocer el expediente en el que se vincula a su cliente.

La abogada, quien se reunió este jueves con el secretario general del MP, Rolando Rodríguez Cedeño, aseguró que Waked “está en la disposición de colaborar con la investigación que adelante la Fiscalía de Drogas y aportar las evidencias que sean necesarias a fin de esclarecer cualquier duda (…)”.

En una entrevista en W Radio ayer, el propio Abdul Waked dijo: “No sabía que había una investigación en mi contra hasta ayer. Nunca nadie nos preguntó nada. Desde 2009 no viajo a Estados Unidos (…) Hasta este momento nadie se me ha acercado a pedirme nada de nuestra contabilidad ni finanzas. No hay nada sucio ni nada. Pueden venir a hacer auditorías. Mis libros están abiertos en el momento que lo deseen”.

También admitió que no tiene visa para entrar a Estados Unidos.

VARELA SE PRONUNCIA

Mientras, el presidente Juan Carlos Varela indicó en un comunicado: “he encargado” al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, trabajar con los funcionarios estadounidenses para “proteger los empleos de los panameños afectados” por el inicio de la investigación al grupo Waked. “Ya hemos iniciado consultas directas y he solicitado informes continuos sobre el progreso de las mismas”, añadió.

Otra de las reacciones que surgió ayer por este caso fue de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Su presidenta, Moravia Guerrero, calificó como “graves” las acciones emprendidas por el Departamento del Tesoro de EU contra las empresas de la familia Waked, ya que, sostuvo, eventualmente algunas deberán cerrar como consecuencia de las acciones judiciales.

Agregó que estas acusaciones “dañan la imagen del país”, sobre todo por que son empresas dedicadas a servicios e inversiones de carácter internacional. 

Opinó que Panamá debe hacer un esfuerzo por mandar un mensaje claro sobre su decisión de luchar contra el narcotráfico, el lavado de dinero y fijar políticas de transparencia claras.

La fuente del escándalo Mossack Fonseca promete cooperar

El informante de los papeles de Panamá criticó la pasividad de los gobiernos y de los medios ante los paraísos fiscales y pronosticó una ‘revolución digital', en declaraciones publicadas el viernes por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Bajo el seudónimo de ‘John Doe', la fuente de esas revelaciones, en sus primeras declaraciones desde el estallido del caso en abril, promete su ‘cooperación' para los ‘miles de procesos' que podrían derivar del escándalo.

A condición, precisa, de que a los los denunciantes se les garantice ‘la inmunidad contra las represalias gubernamentales'. ‘La próxima revolución será digital. O quizá ya haya comenzado', asegura en su extenso ‘manifiesto' redactado en inglés.

Su decisión de entregar gratuitamente a un centenar de medios cerca de 11,5 millones de documentos del gabinete de abogados Mossack Fonseca es ‘personal', pues se dio cuenta ‘de la amplitud de las injusticias' que los archivos describen, explica.

‘Yo no trabajo ni nunca he trabajado para un gobierno o una agencia de inteligencia, ni directamente ni como asesor', precisa, sin dar ningún detalle sobre su nacionalidad, su identidad o sus funciones.

El autor acusa a Mossack Fonseca de utilizar ‘su influencia para escribir y torcer las leyes en todo el mundo en favor de intereses criminales durante varias décadas', protegiendo a través de sociedades pantalla legales ‘un amplio abanico de crímenes que van más allá de la evasión fiscal'.

Aquel que confió sus revelaciones al Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) acusa también a los medios de comunicación, lamentando la ‘falta de financiación' para el periodismo de investigación y el desinterés de los grandes medios en reunirse con él. ‘Los redactores jefe de varios grandes diarios han podido consultar los documentos de los papeles de Panamá, a pesar de que aseguren lo contrario. Eligieron no explotarlos' asegura, agregando que ‘incluso Wikileaks no respondió a múltiples solicitudes'.

Mossack Fonseca intenta impedir que el ICIJ divulgue información

Mossack Fonseca & Co. anunció que ha tomado acciones “contundentes” a fin de impedir que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) divulgue parte de los documentos de la firma panameña que han generado publicaciones en medios de todo el mundo.

La información será compartida a partir de las 2:00 p.m. del 9 de mayo próximo, a través del sitio web del ICIJ.

La firma, a través de un comunicado, informó que envió una carta de “ cease and desist” a ICIJ, en la que insta a la organización a deponer sus planes, “ya que se basa en un robo de información y una violación  al tratado de confidencialidad entre cliente y abogado, el cual nos debemos esforzar en proteger”.

“No es lo usual en nuestra firma tomar este tipo de acciones frente a los medios de comunicación y esperamos que la polémica no nos arrastre a futuras acciones legales”, agrega el comunicado.

Aunque Mossack Fonseca sostiene que la documentación fue “robada” de su base de datos, el fiscal Especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual, Ricaurte González, ha dicho que no hay “certeza” de dichos actos.

González investiga luego que Mossack Fonseca presentara una denuncia por el supuesto hackeo de sus servidores.

Otra fiscalía la Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo– también ha realizado diligencias en las oficinas Mossack Fonseca: dos allanamientos (uno en la sede principal en Marbella y otro en un depósito en Parque Lefevre) para asegurar los archivos de la firma. Caraballo ha informado que busca datos sobre el posible uso del bufete para “encubrir o promover actividades ilícitas”.

Los datos que divulgará el ICIJ a partir del 9 de mayo contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final. No incluirá registros bancarios, transacciones financieras, correos electrónicos, fotografías ni números de teléfonos. 

Procesos con SPA evidencian vacíos en la ley, dicen abogados

Abogados consultados por este medio consideran que se requiere de una reingeniería para hacer más transparentes los procesos judiciales que se siguen a los diputados, magistrados y presidentes bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Armando Fuentes, abogado y asesor de la Comisión Revisoria del Código Procesal Penal, recomendó un cambio constitucional y una modificación a la Ley 55 de 2012, que establece las pautas para los procesos contra las miembros de la Asamblea Nacional, para procurar otorgar mayor credibilidad al SPA.

ROGELIO CRUZEXPROCURADOR Y ABOGADO

 

‘El país no está preparado para juzgar a diputados, magistrados y presidentes'

El experto en temas del sistema acusatorio explicó que se deben separar los roles de investigación y juzgamientos para darle transparencia a los procesos judiciales.

‘La función de investigar corresponde a la Procuradora General de la Nación y la de juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia', explicó el abogado.

Fuentes añade que con estos cambios no habría una mezcla de roles, ‘no se puede ser fiscal y luego juez. ‘Un día acusa y otro día tiene que ser imparcial. Esto afecta y genera dudas en la administración de justicia', dice. Pero, si esto cambia ‘los procesos no serían sospechosos', agrega

Otro de los puntos que destaca el experto en temas del SPA y que atenta contra la efectividad de los procesos que adelanta la Corte es la falta de capacidad para investigar por el reducido número de personal con que se cuenta. ‘Son sólo nueve jueces', dice Fuentes.

Por su parte, Rogelio Cruz, del equipo legal de defensa del expresidente, concluye que el sistema de justicia no está preparado para juzgar a presidentes, diputados y magistrados.

‘El país no está preparado para investigar ni juzgar porque tienen procedimientos de única instancia -que no tiene apelación de fallo – que es violatoria de la Convención Americana de los Derechos Humanos y por tanto de la Constitución Política de la República de Panamá', indicó Cruz.

Cruz coincide con Fuentes en el tema de la separación de los roles. El abogado, que también fue procurador, asegura que el juez no puede realizar actos que impliquen investigación, ni el ejercicio de la acción penal.

‘Un juez no puede ser fiscal y un fiscal no puede ser juez', advirtió.

FALENCIAS

Juan Carlos Araúz, del Colegio Nacional de Abogados (CNA), asegura que el SPA no está preparado para juzgar a diputados, presidentes y a magistrados.

‘Los juicios especiales dentro del SPA han demostrado grandes vacíos y normas que deben ser adecuadas tanto como para cumplir con el derecho de defensa como para que el Estado cumpla con su deber de esclarecer las denuncias que se presenten', dijo.

Además de lo anterior, Araúz señala que desde que hubo el juicio al exmagistrado Moncada Luna, pasando por los procesos seguidos a Ricardo Martinelli y las denuncias archivadas contra magistrados y diputados, quedó en evidencia que los juicios especiales no garantizan el conocimiento de la verdad y pueden vulnerar el derecho de defensa de los señalados.

Carlos Carrillo, abogado y quien también pertenece al equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli, considera que el sistema requiere cambios.

Carrillo señala que la Constitución Política de la República de Panamá establece que debe nombrar a un funcionario de instrucción para realizar investigaciones a un diputado. ‘Ahí (en el caso de Ricardo Martinelli) mezclaron la investigación con el juzgamiento. Eso derivó de la reforma que se hizo cuando se aprobó el Código Procesal Penal'.

Lo peor para Carrillo es que se advirtió de estas fallas y se sigue adelante sin tomar en cuenta las consideraciones hechas. ‘Esa situación es imposible de sostener', concluye el abogado.

CARLOS CARRILLOABOGADO

 

"Se requieren fondos para hacer una reingeniería del procedimiento y que se respeten las garantías". 

JUICIOS POLÍTICOS

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que el problema no es la ley sino los juicios políticos. Él cree que el sistema está preparado para aplicársele a los casos de ‘alto perfil'. ‘Se ha hecho en el caso del magistrado Alejandro Moncada Luna'.

Sumado a todo lo anterior, el SPA tiene carencias. Requiere de mucha tecnología y personal especializado y no existen los recursos económicos para poner a funcionar el sistema, añade Cruz.

De hecho, el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, solicitó $20 millones para el SPA, que a partir del 2 de septiembre próximo entrará en vigencia en el Primer Distrito Judicial, que incluye las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste, el distrito de San Miguelito y las comarcas indígenas.

A pesar de los cambios que recomienda, Fuentes considera que no se debe retrasar la implementación del sistema en el Primer Distrito Judicial.

Bajo el SPA se adelantan las investigaciones al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Los siete procesos que se le siguen al exmandatario por supuestos actos de corrupción y pinchazos telefónicos no registran grandes avances.

PROCESO A BENNETT

Mientras que el proceso seguido al diputado Samuel Bennett por enriquecimiento injustificado terminó con la absolución del imputado.

Este medio conoció que inicialmente el magistrado Cecilio Cedalise, que llegó al cargo en enero pasado, se abstuvo de votar, así como la magistrada Gisela Agurto. Dos magistrados, Luis Ramón Fábrega y Secundino Mendieta, se inclinaban por la condena del diputado, mientras que el resto del cuerpo, Jerónimo Mejía, Oydén Ortega, Ángela Ruso, Wilfredo Sáenz y Abel Zamorano, dirigían su criterio por absolver al diputado.

La duda razonable de Gisela Agurto y Cecilio Cedalise absolvieron al diputado. La votación quedó con 7 votos a favor de la absolución y dos votos por condena.

DUDAS DEL SISTEMA

El nuevo sistema ha levantado, sin embargo, otras sospechas. A la general desconfianza del ciudadano común y corriente hacia el sistema de investigación y juzgamiento se le añade la duda de la imparcialidad y la sombra de la justicia selectiva.

En una entrevista previa con este medio de comunicación Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, reconoció que hay una administración de justicia muy cuestionada.

‘Eso no cambiará de la noche a la mañana', dice. En este escenario no se puede olvidar que el órgano Judicial ha sido señalado por graves escándalos de corrupción.

‘Se requieren fondos para hacer una reingeniería del procedimiento y que se respeten las garantías',

CAPACITACIÓN

El periodismo en el SPA

El Colegio Nacional de Periodistas en conjunto con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses IMELF realizó ayer una jornada de capacitación a periodistas del área judicial a propósito de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA) el próximo 2 de septiembre en todo el país.

La criminalística es una ciencia auxiliar que se apoya en métodos propios de trabajo y laboratorios periciales que se utilizan en los juzgados después de haberse efectuado una investigación sumarial. En el curso se enseñó a los periodistas el rol de los comunicadores cuando cubren una escena o un hecho penal, la forma en que se analiza una escena de crimen, quienes interactúan, el rol de cada uno de los funcionarios, la posible contaminación, el descarte de indicios, etc. También se detallaron las distintas etapas de evolución del proceso de investigación bajo el SPA, el rol de los peritos, la importancia de las pruebas forenses, las prácticas de autopsia

El seminario fue inaugurado por el Dr. Humberto Mas, director del IMELF, y por la presidenta del Colegio de Periodistas Blanca Gómez.

El licenciado Gabriel Vega, secretario general del IMELF, describió el marco jurídico en que se desarrollan los procesos penales bajo el SPA, mientras Abdiel Rentería instruyó acerca de la actuación del perito en el SPA. La doctora Vera Varela dictó sobre el papel de la medicina forense, y el licenciado Raúl Camargo, jefe de la agencia de criminalística de San Miguelito, habló sobre el manejo de la escena del delito.