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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) conformó siete equipos para entrevistar a los 747 aspirantes a los cargos de jueces de garantías, jueces de juicio, jueces de cumplimiento, magistrados de apelaciones, directores de oficinas judiciales, defensores públicos y defensores de las víctimas.

La medida obedece a la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el primer distrito judicial que comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala, Madugandí, Wargandí, y Emberá – Wounnan.

NUEVO SISTEMA PENAL

El Sistema Penal Acusatorio empezó a regir en el año 2011

Este año se termina de implementar y todo el territorio nacional quedará bajo este nuevo esquema de justicia.

‘Los siete equipos estarán integrados por los titulares del pleno de la Corte Suprema de Justicia, auxiliados con los suplentes y el director general del Instituto de Defensoría de Oficio. Cada equipo deberá entrevistar aproximadamente a 107 aspirantes', señala un comunicado del Órgano Judicial.

Las entrevistas se iniciarán el próximo lunes 23 de mayo y serán coordinadas por cada equipo de magistrados titulares y suplentes, con la ayuda del personal de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA), de la Sala Cuarta y de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Después de la fase de entrevistas, se realizarán las reuniones extraordinarias del pleno de la Corte Suprema de Justicia, para ponderar las apreciaciones de cada uno de los entrevistados con su hoja de vida. señala el comunicado.

Los magistrados de la CSJ esperan puntualidad a los aspirantes a la hora y fecha de la entrevista, en vista de la cantidad de personas y la proximidad de la fecha para que entre a regir el nuevo sistema penal. Además de que los magistrados se han restringido la disponibilidad de tiempo para actividades académicas y protocolares dentro y fuera de la institución con la finalidad de no afectar el funcionamiento de cada Sala y del pleno de la Corte Suprema de Justicia, así como los repartos semanales de expedientes, las audiencias de casación penal, las audiencias de la Sala Cuarta y las reuniones ordinarias o extraordinarias del Pleno.

Los magistrados esperan que para la primera semana de agosto de 2016, estén nombrados todos los jueces de garantías, jueces de juicio, jueces de cumplimiento, directores de Oficinas Judiciales, magistrados de Tribunal de Apelaciones, defensores públicos y defensores de las víctimas, para que puedan realizar las entregas de sus despachos de manera ordenada, y recibir la última capacitación teórica – práctica, señala el comunicado.

Con la implementación del Sistema Penal acusatorio en estas cuatro provincias y las cuatro comarcas, deja de existir el sistema viejo conocido como inquisitivo. El nuevo sistema se viene implementado desde septiembre de 2011.

En la Corte Suprema de Justicia reposan dos demandas contra los diputados de la Junta Directiva de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

La primera está en manos del magistrado de la Corte Hernán De León Batista, a quien le correspondió el expediente. La segunda llegó del separado juez penal de Adolescentes de Colón, Juan Domingo Ibarra.

LAS DENUNCIAS DE AYÚ PRADO

La Asamblea investiga a los magistrados y estos a los diputados

El magistrado José Ayú Prado ordenó una investigación y concluyó con la separación del cargo del Juez Domingo Ibarra.

Los ocho casos, que presentó entre 2014 y 2015 el juez suspendido Ibarra, en la Asamblea fueron acumulados en un solo expediente y, el miércoles 16 de marzo fue archivado.

Esta última llegó a la Corte, ayer, y fue presentada por el abogado Euclides Castillo.

El representante legal del separado juez querelló a los diputados panameñistas Jorge Iván Arrocha y Katleen Levy, y además al diputado de CD Ronny Araúz.

En la demanda interpuesta por el abogado, se acusa a los diputados, y a quienes salgan responsables, por la supuesta ‘sustracción de documentos públicos, destrucción de pruebas y/o expedientes'.

Además, se señala a los diputados, según el abogado Castillo, de ‘delitos contra la fe pública y/o delitos contra el encubrimiento'.

Ahora la Secretaría del Órgano Judicial debe realizar el reparto de expediente para que uno de los magistrados analice, si se admite o no la denuncia.

Los magistrados de la Corte, establece la Constitución Política de República, deben investigar y procesar a los diputados.

La primera denuncia presentada ante la Corte debe ser analizada por el magistrado De León, según se tiene registrado en el reparto de expedientes.

La denuncia también es contra los diputados panameñistas Jorge Iván Arrocha y Katleen Levy, y contra el diputado del CD Ronny Araúz, por presuntas irregularidades que culminaron con el archivo de las denuncias presentadas contra el magistrado presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado.

Dentro de la denuncia, interpuesta en la Corte, se pide investigar y procesar a Arrocha, Levy y Araúz, luego que ‘desaparecieran importantes pruebas dentro de seis de los ocho principales expedientes seguidos contra el magistrado Ayú Prado', aducen los denunciantes.

RECURSO DE NULIDAD

Por otro lado, Ibarra presentó un recurso de nulidad contra la decisión de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que archivó una denuncia presentada contra el magistrado de la CSJ, Ayú Prado.

El recurso, que fue interpuesto en la Secretaría General del legislativo, detalla que los diputados desestimaron el recurso sin ver las pruebas originales y sin analizar la documentación, señaló.

El juez Ibarra acusó a Ayú Prado de los delitos de infracción de servidores públicos, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Los ocho casos, que presentó entre 2014 y 2015 el juez suspendido Ibarra, a través de sus abogados David Sittón Burgos y Euclides Castillo, fueron acumulados en un solo expediente y, el miércoles 16 de marzo, fueron archivados por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, alegando falta de pruebas, bajo la figura denominada ‘elementos de convicción.

En una carta abierta al público, escrita en Juan Díaz, en Antón, el exministro de seguridad, José Raúl Mulino, se queja de las sanciones que existen para los fiscales que incumplen con su labor.

El exministro se refiere explícitamente a su caso, en donde califica las apelaciones de la fiscal Zuleika Moore, ‘lejos de lo jurídico', debido a que el Segundo Tribunal decidió cambiarle la medida cautelar de detención preventiva para impedimento de salida del país con notificación los 30 de cada mes.

De acuerdo con Mulino, las disposiciones del Artículo 2035 del Código Judicial no señalan la sanción de fondo contra las actuaciones ilegales de los fiscales por violar claras normas que sustentan los derechos humanos fundamentales, como lo es el respeto al debido proceso.

El artículo 2035 es claro y enmarca en el plano ‘disciplinario' las sanciones de $5 a $25 que se le descontarán del salario a quienes incurran en demoras injustificadas del sumario o falta de celo en su formación, pero buscar llevar esta norma, de mera aplicación administrativa, al punto de que por violentar derechos fundamentales del imputado plasmados en la Constitución y el artículo 1950 del Código Judicial, que señala la nulidad de lo actuado, solo se paga $ 25 de multa, sería una barbaridad, detalla el exministro quien estuvo detenido preventivamente.

El juez separado Juan Domingo Ibarra presentó este lunes, 16 de mayo, ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, un recurso de nulidad contra la decisión de la Comisión de Credenciales de archivar las denuncias que presentó contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado.

Según Ibarra, los diputados actuaron de manera “errada” y decidieron archivar las denuncias sin ver las pruebas originales ni analizar la documentación.

Con siete votos a favor y uno en contra, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió archivar el 16 de marzo pasado los siete expedientes (con ocho querellas) del magistrado Ayú Prado, relacionados con las denuncias presentadas por el juez Juan Domingo Ibarra.

Ibarra acusó a Ayú Prado, entre otros delitos, de la supuesta comisión de infracción de deberes de servidores públicos, abuso de autoridad y tráfico de influencias.  

Las diferencias entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvieron a quedar en evidencia, tras la decisión de la máxima corporación de justicia panameña de liberar al diputado suplente de Cambio Democrático (CD) Samuel Ricardo Bennett Rivera, juzgado por enriquecimiento injustificado y declarado inocente.

El magistrado Luis Ramón Fábrega en su salvamento de voto, al cual tuvo acceso La Estrella de Panamá revela que el fallo no fue dado en derecho.

Una fuente reveló que la decisión que sorprendió a la ciudadanía fue tomada únicamente para dejar en evidencia o llevar la contraria al magistrado José Ayú Prado, quien en este caso, se desempeñó como fiscal de la causa y había solicitado la condena del encausado.

‘Esto solo vuelve a poner en el tapete que no se falla en derecho, sino de acuerdo a clanes que se forman o se disuelven de acuerdo al momento, además se ‘se considera si es o no mi amiguito'.

La fuente que consultó La Estrella de Panamá informó que todo el país pudo seguir la audiencia oral en la que se demostró que Bennett Rivera, no pudo justificar la procedencia de los $31 mil que fueron encontrados en una residencia Cristóbal en Colón y tampoco pudo evidenciar la adquisición de camioneta Honda Pilot, como en este caso lo sustentó el magistrado José Ayú Prado.

No es un secreto que el magistrado Harry Díaz, mantiene diferencias con su colega, Ayú Prado.

Luis Ramón Fábrega explicó en su salvamento de voto alegó, ‘no puedo compartir la decisión de la mayoría de los colegas', razón por la que procedió a salvar su voto y presentar un escrito de siete páginas en el cual evidencia su decisión que va en contra de la mayoría de sus colegas magistrados.

RECHAZO A DECISIÓN

El magistrado Fábrega, también se mostró en desacuerdo con que en el fallo firmado por la mayoría de sus colegas, se determinó que debía devolver los más de $30 mil, cuando durante la audiencia, el diputado Bennett, no pudo justificar la procedencia de este dinero,

Según Fábrega en el análisis jurídico que se hace el caso, así como las pruebas que se presentaron durante la audiencia oral, se pudo apreciar que el delito endilgado al diputado Bennett Rivera quedó en evidencia, pues se demostró que existió enriquecimiento que no pudo justificar, porque no pudo demostrar el incremento del patrimonio personal.

Todo esto, se evidenció en los ingresos percibidos y los gastos en que incurre mensualmente el funcionario.

El magistrado Fábrega en su salvamento de voto, también se muestra en desacuerdo con la decisión tomada por sus colegas de ordenar en la sentencia devolver el dinero al diputado Bennett Rivera, cuando fue un tema que ni siquiera se tocó en el desarrollo del proceso que se llevó en la Corte Suprema de Justicia.

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PROCESO ÚNICO

Diputado juzgado por el SPA

Samuel Bennett Rivera, diputado suplente de Mario Lazaruz, ambos de Cambio Democrático (CD), se convirtió en el primero y único miembro de la Asamblea Nacional que ha sido juzgado por el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Bennett fue juzgado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y declarado inocente por la mayoría de los miembros del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia a la que por mandato de la Constitución Política de la República, le corresponde el juzgamiento de los miembros del Órgano Legislativo.

El diputado, fue sorprendido el 2 de octubre del año 2014, luego de un allanamiento en una vivienda en el cual se decomisaron $21 en efectivo embalados en fajos asegurados con ligas. A dos de los presentes, se les decomisó efectivo por $11 mil. El diputado, durante el proceso argumentó que este dinero era producto de sus ingresos como diputado y como representante.