Audiencia de Mayer Mizrachi se establece para el 24 de agosto

El 24 de agosto próximo es la fecha alterna para la audiencia preliminar de Mayer Mizrachi, quien es investigado por el supuesto peculado en el contrato de instalación de la plataforma Criptext en dispositivos de personal de seguridad del Gobierno.

Mediante un comunicado, el Órgano Judicial explicó que la audiencia programa para hoy jueves fue suspendida porque aún está pendiente de resolver la extradición de Mizrachi, quien se encuentra detenido en Colombia desde el 29 de diciembre.

Además de Mizrachi, están acusados en este caso Eduardo Jaén, exdirector de la AIG, Eduardo Briceño, Adonay Ortega y Edgar Rodríguez. 

Waked pide alianza al Gobierno para resolver su caso

El presidente del Grupo Wisa, Abdul Waked, pidió a las autoridades gubernamentales sentarse a negociar para resolver la compleja situación que atraviesan sus empresas, especialmente las tiendas ‘duty free' que tiene en el aeropuerto de Tocumen.

En una entevista que condeció al canal de televisión Telemetro, Waked mostró su preocupación por los trabajadores que tiene el Grupo en el aeropuerto de Tocumen, donde se concentra la mayor cantidad de empleos y dijo que empezó las operaciones con ocho locales y ahora tiene cuarenta.

El empresario explicó que le han dicho que el Gobierno quiere cancelar los contratos en el aeropuerto. ‘Yo le quiero decir algo al Gobierno, no lo estoy retando, hoy yo tengo todos mis pagos al día, los invito a que sean aliados en esta transición… no se han querido hablar conmigo directamente', recalcó .

‘Invito al Gobierno que me de un mensaje claro, qué es lo que quiere. Quiero hacer las cosas progresivamente, ir liquidando las compañías, pero por favor que nos den el apoyo', añadió .

Waked, incluido por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en la ‘Lista Clinton' contra el el lavado de dinero y el narcotráfico, explicó que no puede liquidar un empleado correctamente porque solo pueden pagar en efectivo, en vista de las restricciones que impone el señalamiento de Washington.

‘El Gobierno tiene que abrirnos la cuenta y dar más facilidades', insistió Waked, resignado a vender ante las acusaciones que, aseguró, ‘son infundadas'.

‘Nunca supimos de ninguna investigación ni conocíamos de la Lista Clinton. Yo no tengo nada que ver con el narcotráfico', aseguró al entrevistador, Álvaro Alvarado.

Cancelar los contratos, insistió sobre Tocumen, sería catastrófico y pido al Gobierno ‘revisar esto con tranquilidad'.

‘El Gobierno me ha mandado a decir que yo debo vender mis operaciones, tengo negociaciones adelantadas, pero esto no puede hacerse de un momento a otro, aunque quiero dejar claro que yo quiero hacer las cosas correctamente y sin presiones', precisó.

Sobre la situación que afronta desde el 5 de mayo pasado, cuando se conoció la comunicación del Departamento del Tesoro, dijo: ‘un mes antes todo el Gobierno quería ser amigo de Abdul Waked, ahora no me quieren recibir ni me cogen las llamadas'.

NUNCA HE ESTADO VINCULADO AL NARCOTRÁFICO

Abdul Waked negó tajantemente cualquier vinculación con el narcotráfico y el lavado de capital de las que se le acusa y aportó como ‘prueba' los préstamos con trece bancos locales por la suma de casi $390 millones y $90 millones con sus acreedores.

Todas las compras que ha hecho las han avalado entidades financieras, sostuvo.

Sobre las publicaciones del grupo GESE, del que es principal accionista, el centenario La Estrella de Panamá y El Siglo , de amplia circulación popular, el empresario aseugró que no tiene intención de venderlos.

La Decana, con 167 años de publicaci'pn continuada ‘es parte de la histpria del pa's.

‘¿Tu venderías la historia de Panamá?', preguntó al entrevistador.

‘Yo no voy a hacerlo, es un compromiso personal', recalcó, aunque reconoció que había recibido algunas ofertas de compra ‘principalmente de políticos vinculados al Gobierno'.

PRD definirá hoy elección de candidato a la Asamblea

La bancada legislativa del Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue convocada a una reunión en el día de hoy para definir entre otros temas la fecha de elección del candidato a presidente que postularán el 1 de julio para presidir la Asamblea Nacional.

En este encuentro se espera que estén presente Benicio Robinson y Pedro Miguel González, quienes se mantienen enfrentados por el control del partido y la de la bancada legislativa.

Ya Robinson adelantó que aspira a ser candidato a presidente del Órgano Legislativo, mientras que la fracción de González, conocida como “los disidentes” apoya la reelección de Rubén De León, quien llegó a la Presidencia de la Asamblea con los votos de este grupo, los diputados oficialistas y otros trece de Cambio Democrático que desafió la línea de Ricardo Martinelli y votó por el candidato del PRD.

Desde inicios de esta semana, Robinson y Camilo Alleyne, vicepresidente del PRD, han mantenido un intercambio de insultos en los medios de comunicación social en el que se han tildado mutuamente de “charlatan y mequetrefe”, entre otros epítetos.

Al tiempo que Camilo Alleyne solicitó que se investigue el uso que le ha dado Robinson a las partidas multimillonarias que le han asignado en los últimos años, muchas de las cuales fueron ejecutadas a través del fenecido Programad de Ayuda Nacional (PAN). Según Alleyne, este dinero ha sido utilizado para clientelismo político, pero no ha solucionado los problemas de pobreza que se viven en Bocas del Toro.

Fiscal Electoral investiga denuncia por uso de recursos de la Asamblea

La Fiscalía Electoral, a cargo de Eduardo Peñaloza, inició una investigación por el supuesto uso de fondos del Estado para financiar la campaña interna del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

"Se ha abierto una investigación", aseguró el fiscal Peñaloza a La Estrella de Panamá.

Guillermo Cochez denunció a la actual dirigencia de la Asamblea Nacional, liderada por seis diputados “rebeldes”, contrarios a la facción de Robinson de utilizar dinero público en la campaña interna del PRD. 

Según Cochez, hay una lista de delegados del partido, nombrados en la Asamblea Nacional y además hay alquileres de autos autorizados por la directiva de la Asamblea Nacional, para el uso exclusivo del diputado Pedro Miguel González, uno de los “rebeldes” y quine lidera el Movimiento por el Rescate y la Renovación Torrijista.

González aspira a la secretaría general del PRD, máximo cargo en el partido, al que también aspira el ex presidente Pérez Balladares.

En la investigación que está en una etapa incipiente, explicó el fiscal electoral, se debe determinar si existió algún delito electoral, la considerar que el PRD en estos momentos en está en un proceso de elecciones internas.

Peñaloza dejó claro que por la investidura de los diputados será a la Corte Suprema de Justicia donde llegará el expediente para que seguir las investigaciones. Primero, dice, se lo remitirá al Tribunal Electoral para que sea este órgano el que se encargue de remitir el expediente a la Corte Suprema.

Si hay otras personas involucradas, que no sean diputados, le corresponderá a la Fiscalía seguir con las investigaciones.

Javier Caraballo y fiscales de la región coordinan cooperación judicial en caso Mossack Fonseca

Javier Caraballo, fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, sostuvo reuniones con fiscales de la región, para coordinar la cooperación judicial entre países, como parte de las investigaciones sobre las actividades de la firma panameña Mossack Fonseca, dadas a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

El Ministerio Público (MP) informó que Caraballo sostuvo reuniones bilaterales con Galo Chiriboga Zambrano y Thelma Aldana, fiscales generales de Ecuador y de Guatemala, respectivamente. También se reunió con una delegación del Ministerio Público de República Dominicana. Todos se encontraban en Panamá, con motivo del Congreso de Ministerios Públicos de Centroamérica, México y el Caribe, celebrado la semana pasada.

“Estos encuentros se dieron para coordinar las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre los países, y se intercambiaron opiniones acerca de la mejor colaboración internacional e intercambio de información referente al caso”, señala una nota del MP.

En abril, Caraballo realizó allanamientos en la sede principal y un depósito en Parque Lefevre de Mossack Fonseca. Solo la diligencia en las oficinas centrales tardó  27 horas ininterrumpidas, acción que dirigió Caraballo y que terminó con la incautación de varios documentos, a fin de asegurar pruebas.

Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales

Un total de 146 personas están imputadas y más de $131 millones fueron aprehendidos en procesos que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Un informe del MP precisa que en 2015 el dinero cautelado en investigaciones relacionadas con el delito de blanqueo de capitales sumó $25 millones 562 mil 917.14, mientras que en lo que va de 2016 se reportan incautaciones por otros $105 millones 942 mil 411.98.

Según el informe, hasta la presente fecha hay 146 personas imputadas por este delito, 131 en procesos que datan de 2015 y 15 de 2016.

El documento también indica que el año pasado se abrieron 86 expedientes por este delito y este año van 31 para un total de 117 casos por lavado de activos.

EL DELITO

El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal, con la finalidad de darle una apariencia legal.

El artículo 254 del Código Penal señala más de 30 delitos relacionados con el blanqueo de capitales. La ley panameña sanciona con prisión de entre 5 y 12 años a quienes cometan este tipo de hechos punibles.

LOS CASOS

Entre los procesos que investiga el MP está el relacionado con el contrato del fallido proyecto de riego de Tonosí. En este caso, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada pidió abrir causa criminal a 33 personas.

Además, imputó cargos a otras 13 personas, como parte de la investigación de contratos otorgados entre 2012 y 2013 por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, hoy preso por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

En este caso, la fiscalía ha cautelado 16 cuentas ligadas a los imputados, entre ellos, el exvicepresidente de la República Felipe Pipo VirziRicardo Riky Calvo y María del Pilar Fernández de Moncada (esposa del exmagistrado).

El MP también investiga por blanqueo de capitales un caso relacionado con Cobranzas del Istmo, S.A., empresa que tenía un contrato en el pasado gobierno (2009-2014) para el cobro de impuestos morosos.

En este caso, la fiscalía solicitó abrir causa criminal contra tres personas.

Recientemente, el MP abrió un proceso al grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo de capitales, luego de que el Departamento del Tesoro de  

Estados Unidos y la Agencia Antidrogas de ese país vincularan a 68 sociedades y 9 directivos del consorcio con una supuesta red de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Por su parte, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, recientemente creada por el MP, investiga el caso relacionado con la firma panameña  Mossack Fonseca, cuyas actividades con sociedades offshore quedaron expuestas tras una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Esta pesquisa vinculó a personalidades de diversos países, entre ellos a figuras relacionadas con 72 jefes o exjefes de Estado y/o de Gobierno, con el uso de sociedades offshore creadas por la firma panameña para supuestamente incumplir compromisos fiscales.

DELITO SOFISTICADO

A juicio de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, las investigaciones de este tipo de delito son complejas, pues el dinero mal habido es depositado en sistemas financieros fuera del país.

A su vez, el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe, Amado Philip de Andrés, planteó que el lavado de dinero es un delito “extremadamente sofisticado y casi siempre incluye a más de cuatro jurisdicciones”.

Abogados piden al gobierno una ‘política migratoria integral’

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) pide al gobierno una política de Estado para controlar y legalizar los flujos migratorios, al mismo tiempo que rechaza cualquier intención del gobierno de efectuar otro proceso masivo de regularización al margen de una ‘revisión integral' de la normativa migratoria vigente.

Según el gremio de abogados, durante los últimos años, los procesos de regularización de extranjeros han carecido de una articulación legal, social y económica, por lo que han terminado por crear una ‘pesada carga para el Estado panameño'.

Esta indiscriminada aceptación de emigrantes ha evidenciado la falta de una política de Estado dirigida a insertar a los extranjeros en la economía nacional y a convertir a estos en una base para el desarrollo de la sociedad panameña, dice el CNA en un comunicado.

Todo estado democrático, debe tener un marco legal claro, que impida la colisión de los derechos tutelables entre nacionales y extranjeros, dicen los abogados.

Las declaraciones del gremio surgen tras anunciar el presidente Juan Carlos Varela, el pasado 9 de mayo, su intención de realizar nuevos procesos de regularización, por razones socioeconómicas y humanitarias.

Pero los abogados coinciden en que la falta de controles y de seguimiento a los extranjeros que migran hacia suelo panameño ha dado espacio para que muchos permanezcan de manera ilegal.

Los abogados advierten que, de proseguirse con las prácticas actuales, se profundizaría la crisis originada en la carencia de un política de Estado.

Durante la última campaña política, el hoy presidente Varela prometió eliminar las ferias de regularización masiva, conocidas como ‘Crisol de Razas', pero lo que terminó haciendo fue cambiar el nombre por el de ‘Control Migratorio', que reguló la condición de unos 39 mil extranjeros con permiso vencido o por vencer, quienes previamente habían acudido a las ferias del gobierno anterior. El comunicado del CNA también pone a disposición del gobierno la Comisión Especializada en temas migratorios del gremio, la que, dice, podría apoyar el estudio, diseño y análisis de una política migratoria de Estado.

El sistema de regularización conocido como Crisol de Rasas se implementó en 2010, bajo la administración de Ricardo Martinelli. Bajo su mandado se llegaron a hacer 15 ferias, que otorgaron residencia de dos años y posible renovación de hasta diez a unos 60 mil extranjeros.

Presidente de la Corte y procuradora viajan a Austria

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, y la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, viajaron a Viena, Austria, para participar en el vigésimo quinto periodo de sesiones de la Comisión en la Prevención del Delito y Justicia Penal del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (UNODC).  

Entre los temas que se desarrollarán durante esta sesión están las respuestas de la justicia para prevenir y combatir el terrorismo, asistencia técnica para apoyar la aplicación de convenios, tendencias de la delincuencia a nivel mundial, así como la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la corrupción. 

El magistrado Ayú Prado intervendrá en las reuniones paralelas relacionadas con delincuencia organizada, trata de personas, violencia de género, justicia ambiental (protección de la vida silvestre), entre otros.  

En tanto, según el Ministerio Público, la procuradora aprovechará la actividad "para aclarar algunos aspectos sobre investigaciones relevantes que se desarrollan en la actualidad en Panamá y que tienen impacto o connotación internacional".  

La delegación panameña está integrada también por Daniel Arroyo, asistente del despacho superior del Ministerio Público, y Delia De Castro, coordinadora general de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de Nación. 

La sesión, que se extenderá hasta el viernes 27 de mayo próximo, reúne a representantes de América, Europa, Asia, África y Australia. 

Martinelli amenaza a sus diputados con revocatoria

El presidente de Cambio Democrático (CD), Ricardo Martinelli, volvió a amenazar a los diputados de su bancada legislativa con la revocatoria de mandato.

La orden dictada por Martinelli, desde su auto exilio en Miami, Estados Unidos, será verificada por el fiscal del partido del 1 de julio, fecha en que se debe escoger a la nueva directiva de la Asamblea Nacional.

La bancada de CD, según lo ha ordenado Martinelli, debe presentar candidato propio a la Presidencia del Órgano Legislativo.

Por el momento, según el expresidente Martinelli, su bancada de 25 diputados debe escoger entre los diputados Fernando Carrillo y Aris De Icaza, para nominarlos como candidato.

‘En caso de considerar la necesidad de un acuerdo político para la elección en las vice presidencias de la Asamblea Nacional, éste no incluirá a la bancada del Partido Panameñista', aseguró Martinelli en un comunicado de prensa difundido por el secretario de Comunicación del partido, Luis Eduardo Camacho.

La decisión de Martinelli, según la información divulgada, se ampara en lo dispuesto en el artículo 58 literal 5 del Estatuto del partido CD.

El dirigente político recordó a los diputados que de acuerdo a la información divulgada, que el estatuto de CD en su artículo 136 dispone expresamente que los diputados se comprometen acatar y dar cumplimiento a lo establecido en la declaración de principios, el programa de gobierno, el estatuto y reglamentos del partido, así como los lineamientos que sean acordados por la Convención Nacional, el Directorio Nacional y la Junta Directiva Nacional, el Presidente Nominal del Partido y la Comisión Política Nacional.

No es la primera vez que Martinelli amenaza con revocatoria de mandato.

En la pasada elección, el 1 de julio de 2015, informó de la decisión tomada, pero a la fecha no se conoce de alguna acción tomada contra los diputado de CD.

El único intento para iniciar un proceso de quitarle la curul a un diputado fue el iniciado a Raúl Hernández. Solo las actas se solicitaron.

Demandan a cinco funcionarios por delito ambiental

Cinco funcionarios enfrentan una denuncia por la presunta comisión del delito contra la administración pública, además el delito contra el ambiente y delito contra la seguridad colectiva.

Los funcionarios demandados son Eladio Guardia; director de la Autoridad de Aseo, Gabriel De la Iglesia Tarbon; Secretario de la Autoridad de Aseo, Francisco Terriente; ministro de Salud, Edgardo Villalobo; subdirector de Salud Ambiental del ministerio de Salud, y Mirei Endara; ministra de Ambiente.

El abogado Ernesto Marchosky, interpuso la denuncia ayer en el centro de recepción de denuncias del Ministerio Público.

LA AUTORIDAD DE ASEO

La entidad aún no se aplica para todo el país como se establece

Mediante la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, se creó la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

La AAUD es la responsable de recoger los desechos sólidos en el distrito capital.

La denuncia se fundamenta en que durante el seminario titulado ‘Aprovechamiento Sostenible de los Residuos de la Construcción', organizado por la dirección en Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, secretario de la Autoridad de Aseo, De la Iglesia, reveló que la entidad deposita, en el relleno sanitario de Cerro Patacón, ‘desechos hospitalarios que la ley prohíbe manejar, así como lodos sépticos, aguas residuales, llantas, narcóticos'.

La conducta —según el abogado— antes descritas son violación a las normas ambientales.

De la Iglesia, secretario General de la Autoridad de Aseo Urbano, dijo además que el 75% de los funcionarios de la institución ya no deberían estar laborando por tema de ‘salud, vejez y pobreza'. Esto, dijo, en base al censo de salud realizado por la institución.

El denunciante resalta, en el documento presentado ante el Ministerio Público, que el artículo 399 del Código Penal ‘quien infringe las normas de protección del ambiente establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales, será sancionado con prisión de tres a seis años'.

Agregó, en la demanda, que el artículo 402 del Código Penal señala que quien, sin las autorización de la autoridad competente importe o exporte, maneje, genere, emita, deposite, comercialice, transporte, vierta o disponga material radioactivo, aguas residuales, desechos o residuos sólidos, líquidos o gaseosa será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

La AAUD fue creada en el año 2010, como una entidad a nivel nacional, pero no fue hasta este año que se logró expandir los trabajos de la entidad para el resto del país.