Listado de la categoría: Noticia

La directora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Farah Urrutia, permitió a los abogados del expresidente Ricardo Martinelli tener acceso al expediente con el que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía solicitó su extradición, a fin de que le haga frente a un proceso por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

El abogado Rogelio Cruz aseguró que sacaron copia “de todo el expediente traducido al inglés y de la solicitud de extradición presentada por  Mejía”. “Urrutia nos invitó a que asistiéramos a las 8:00 a.m. [de ayer] para que viéramos el expediente. El 95% del expediente está traducido al inglés”, contó.

Según Cruz, Urrutia les dijo que analizarían la petición que hizo Mejía de manera transparente, antes de remitirla a la Embajada de Panamá en Washington, Estados Unidos.

Cruz piensa que la solicitud de Mejía “será rechazada, porque no cumple con los requisitos que establece la ley”. “La petición de extradición no puede subsanar el pecado original que cometió el magistrado fiscal, Harry Díaz, al acusar sin imputación”, reiteró.

El pasado 26 de mayo, la CSJ envió a la Cancillería la solicitud de extradición de Martinelli, luego de que así lo ordenara el pleno de la institución, el 21 de diciembre pasado.

La Cancillería comunicó que procederá a revisar la documentación para ver si cumple con los requisitos establecidos en los acuerdos vigentes entre Panamá y Estados Unidos, donde reside actualmente Martinelli.

Al exmandatario se le acusa de violar las comunicaciones de por lo menos 150 personas durante su gobierno.

Una querella penal ha sido interpuesta por la firma de abogados Córdoba, Chen y Asociados contra la casa de valores Principia Financial Group por delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de estafa y otros fraudes, contemplado en artículo 220 y 248 del Código Penal.

El documento establece como presuntos responsables de este delito, al representante legal de la empresa bursátil, Rafael Ricardo Nieto Rodríguez, y a los jefes de operaciones, Lina Patricia Giraldo Mazo y Gal Vardi.

Entre los argumentos en que se sustenta la querella está que la empresa utilizaba empleados extranjeros, sin permisos migratorios y sin contratos de trabajo, los que no tenían capacitación, ni licencia para realizar sus labores, en una violación artículo 23 de la Ley de Valores.

Un extracto de esta norma establece que ‘solo podrán ejercer el negocio de casa de valores o asesor de inversiones, en la República de Panamá o desde esta, las personas que hayan obtenido la correspondiente licencia expedida por la Comisión'.

Peor aún es para los abogados que la casa de valores pagaba en efectivo a sus trabajadores, sin dejar constancia de donde provenían los fondos. La empresa, además, no tenía una cuenta bancaria en territorio panameño y ofrece productos no regulados por la SMV, como opciones binarias como ‘24option' que están en el rubro de productos financieros que ofrecen ganancias de 70% en 30 segundos, siendo esto ‘una inversión muy riesgosa'.

Existe, además, una estructura para captar clientes y estafarlos. El engaño consiste, según la denuncia, en crear una ficción de casa de valores, escoger los clientes, abrirles una cuenta bancaria en el exterior, con la utilización de supuestos asesores que no tienen ningún tipo de licencia ni capacitación para orientar al cliente.

Como pruebas de este hecho están los testimonios de Lucas Ezequiel Puebla Stern y otro testigo.

Puebla Stern explicó que fue contactado por una persona que le mostró el manejo de inversiones. Posteriormente le solicitaron un recibo de su residencia, y una forma de sustentar su capacidad económica, y le crearon una plataforma para que empezara a hacer inversiones.

El hoy querellante alega que no tenía experiencia en transacciones y apuestas de la bolsa, pero se sintió ‘tranquilo' porque las personas que lo asesoraban le darían todo el apoyo y asesoramiento. Pero, resultó que las personas que lo asesoraban no poseían licencia de la SMV y Stern perdió $18 mil, que hoy reclama.

Otro usuario de Principia Financial Group narra que perdió $80 mil, en 15 minutos. Al igual que Stern fue contactado por una persona que le mostró la forma de realizar inversiones.

Posteriormente lo contactó un asesor extranjero que le indicó como hacer inversiones diversas que l permitieron generar ingresos por $80 mil. Con el asesoramiento de que entre más capital se invirtiera mayores serían las ganancias, puso en Estados Unidos $80 mil que perdió en 15 minutos.

El testigo posteriormente se enteró de que la empresa no tenía personas capacitadas para brindar un servicio seguro. Ambos testimonios han sido recogidos como pruebas de la querella interpuesta ante la SMV.

Otro hecho que materializa el delito de estafa, según la querella, es que Principia Financial Group utiliza empleados indocumentados para realizar sus actividades en diferentes jornadas.

Córdoba, Chen y Asociados, que representa a Lucas Ezequiel Puebla Stern, solicitó a la SMV la suspensión de la licencia otorgada a la empresa para operar como asesor de inversiones.

La solicitud del bufete de abogados establece que la casa de valores manejaba el negocio de asesoramiento y capacitación de las personas que contactaban para iniciarlos en el negocio bursátil. ‘Su trabajo consistía en asesorar y no participar ni disponer de los fondos', señala la denuncia.

La SMV, por su parte, señaló que los procesos son confidenciales, por lo que no se pudo confirmar la recepción de la denuncia interpuesta el 23 de mayo de 2016.

==========

SEGÚN LA RED SOCIAL FACEBOOK

La cara de Principia Financial Group

Principia Financial Group se presenta como ‘un concepto revolucionario en los mercados financieros mundiales que proporciona herramientas orientadas al cliente necesarios para invertir con éxito en línea'.

La cuenta de sociedad en la red social de Facebook establece que su misión es ofrecer a la comunidad la plataforma web más completa del mercado. Así mismo ofrece la más amplia gama de productos financieros, asistencia y apoyo.

La sociedad anónima inscrita el 23 de marzo de 2012 obtuvo la licencia mediante de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 155 para operar como asesor del inversiones, 28 de marzo de 2014.

La junta directiva de la sociedad está compuesta por su presidente, Rafael Nieto, su tesorero, Alberto De Las Fuentes, y su secretario Jorge Videla. El agente suscriptor es Adames, Durán, Alfaro y López (Adural), según documento del Registro Público.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá comenzó a revisar los documentos que le entregó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para la tramitación de una solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien se encuentra en  Estados Unidos.

Así lo informó este viernes 27 de mayo la Cancillería a través de un comunicado.

"Como canal o conducto entre el Órgano Judicial y el país requerido, la Cancillería le corresponde asegurar que la documentación cumple con los requisitos de forma establecidos en los acuerdos vigentes entre ambos países", destacó.

Informó que una vez completada la "verificación de los documentos", procederá a remitir la solicitud a la Embajada de Panamá en Washington, quienes a su vez la remitirán al Departamento de Estado de Estados Unidos y estos a las autoridades judiciales competentes en dicho país, "para el análisis y trámite correspondiente".

Sobre la visita de los abogados del exmandatario este viernes, la Cancillería informó que les dará acceso a la documentación este lunes 30 de mayo. 

El pedido de la solicitud de extradición guarda relación con la investigación que le sigue la Corte a Martinelli por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, al presuntamente autorizar durante su administración escuchas telefónicas, interceptación de comunicaciones y seguimiento a opositores, dirigentes sindicales, periodistas, empresarios, entre otros.

Desde el 8 de junio de 2015, el pleno de la Corte Suprema admitió abrir este proceso contra el exmandatario y se designó al magistrado Harry Díaz como fiscal y a Jerónimo Mejía como juez de garantías.

En tanto, el 21 de diciembre de 2015, el pleno de la CSJ ordenó la detención provisional del expresidente, debido a que no ha comparecido durante el proceso, y el 11 de diciembre el juez de garantías lo declaró en “rebeldía”.

Cinco años después de que Harry Díaz está en el cargo de magistrado, la abogada María Córdoba Chen presentó este jueves una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de 2011 que aprobó su nombramiento como magistrado de la Corte Suprema.

La jurista formalizó ante la presidencia del Órgano Judicial la sustentación del recurso legal para que se declare inconstitucional la resolución 64 de 1 de junio de 2011, que avaló la designación de Díaz expedida por la Asamblea Nacional, al considerar que viola los artículos 17 y 203 de la Constitución.

La primera norma indica que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales.

Según Córdoba Chen, la norma constitucional ha sido violada en forma directa por omisión. ‘Este cargo surge en virtud de que la Asamblea Nacional al momento de expedir la resolución no tomó en consideración lo establecido… preservar las garantías fundamentales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley', remarcó.

El artículo 203 se refiere a la forma de nombrar los magistrados y suplentes de la Corte. La abogada alegó que hay infracción de la normativa en la parte que señala que no pueden designarse personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de mando y jurisdicción, durante el periodo constitucional en curso.

Alega que Díaz no era apto para ocupar el cargo de magistrado, ya que ocupaba el cargo de fiscal del Tribunal de Cuentas, una posición que tiene mando y jurisdicción en todo el país. El abogado ya estaba en el cargo desde el 25 de noviembre de 2010.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a la magistrada Ángela Russo como ponente para resolver un pedido de asistencia judicial que hizo a Panamá la Fiscalía Federal de Suiza, con el objeto de conocer información sobre la posible vinculación del expresidente Ricardo Martinelli con la investigación que adelantan las autoridades de ese país europeo a la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., por el supuesto pago de coimas para obtener contratos públicos, caso conocido en Brasil como Operación Lava Jato.

La asignación del caso a la magistrada Russo se dio en un reparto de expedientes celebrado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.  

Por disposición constitucional, corresponde al máximo tribunal de justicia investigar a Martinelli por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Además, la asistencia judicial de la Fiscalía de Suiza pide información en torno a la posible vinculación de los hijos del expresidente, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares en este caso de supuestos sobornos.

No obstante, lo referente a los hijos del exmandatario será procesado por el Ministerio Público (MP).

En efecto, fuentes judiciales informaron que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, admitió la solicitud de asistencia judicial y comisionó el caso  

a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce.

CASO EN LA CORTE

En lo que respecta a la petición de asistencia judicial a la Corte, la magistrada Russo deberá elaborar un proyecto de fallo para luego someterlo a consideración del pleno de la Corte, que decidirá si se accede o no a la solicitud de las autoridades suizas.

ANTECEDENTES

En abril pasado, este medio informó sobre el envío de una carta rogatoria por parte de Suiza a las autoridades del Ministerio Público, con el propósito de obtener información sobre el destino final de millones de dólares depositados en cuentas cifradas de empresas offshore ligadas a la constructora Norberto Odebrecht, que tiene proyectos adjudicados en Panamá cuyo valor supera los 9 mil millones de dólares.

Suiza pidió que se le envíe información sobre las actividades de las empresas Constructora Internacional del Sur, S.A., Active Capital Holdings y Select Engineering.

En dicha rogatoria se solicitó información sobre sus movimientos bancarios y actividades en Panamá, y también se solicitó practicar diligencias de inspección a entidades y empresas relacionadas con el exmandatario y sus dos hijos.

En aquella fecha, las autoridades suizas también enviaron rogatorias a Holanda, Liechtenstein y Brasil.

En febrero pasado, las autoridades suizas arrestaron a Fernando Migliaccio da Silva, uno de los directivos de Odebrecht que había logrado salir de Brasil cuando intentaba cerrar cuentas en Suiza (Ver nota relacionada).

La Policía Federal de Brasil vincula a Migliaccio da Silva con la Constructora Internacional del Sur –sociedad constituida en Panamá– y con Klienfeld Services Ltd., ambas se presume fueron utilizadas por el Grupo Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios brasileños y extranjeros, así como con el dinero depositado en cuentas bancarias en Suiza.

La Constructora Internacional del Sur, S.A. fue disuelta en agosto de 2014, pero mientras mantuvo cuentas bancarias en Panamá –durante unos siete años– recibió, al menos, unos $47 millones, de los que $3 millones terminaron en cuentas bancarias suizas ligadas a sociedades panameñas, y sus beneficiarios en última instancia eran ejecutivos de la empresa brasileña Petrobras.

Las autoridades suizas y brasileñas están tras la pista de unos $3 mil 850 millones que se habrían movido a través de 30 países, entre ellos Panamá, y cuyo paradero final aún se desconoce.

Los fiscales brasileños también solicitaron una asistencia judicial a Panamá sobre las actividades de Odebrecht y el depósito de fuertes sumas de dinero en cuentas bancarias abiertas a nombre de sociedades offshore.

Sin embargo, el Ministerio Público no brindó detalles de los datos que fueron enviados a los fiscales brasileños sobre las operaciones de la empresa Norberto Odebrecht en Panamá, bajo el argumento de que se trataba de información de carácter confidencial.

En Panamá, el excontralor Alvin Weeden presentó en septiembre de 2015 una denuncia para que el Ministerio Público iniciara una investigación sobre las  

actividades de la empresa Odebrecht en el país.

Weeden basó la denuncia en publicaciones de medios locales, así como internacionales, en las que se da cuenta de una compleja operación de lavado de dinero para entregar coimas a altos ejecutivos de la empresa estatal brasileña Petrobras a través de sociedades panameñas, de Islas Vírgenes, Uruguay y Belice, entre otras jurisdicciones, con cuentas bancarias en Suiza y otros países, incluido Panamá.