Juzgado cita a abogado de Martinelli

El Juzgado Duodécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial emplazó al abogado Sidney Sitton.

El edicto emplazatorio Nº 95, fechado el 27 de mayo, citó al abogado, para “hacer valer sus derechos y justificar su ausencia en el presente proceso ordinario que en su contra ha sido instaurado por José Luis Varela”.

El edicto emplazatorio advirtió a Sitton que si no comparece, dentro de los diez días después de la última publicación del edicto, en un medio de comunicación de circulación nacional, “se le nombrará a un defensor ausente”. Lo anterior, se resalta en el edicto, se basa en los artículos 1016 del Código Judicial.

Sidney Sittón, uno de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, acusó en un medio de comunicación, y luego en una denuncia penal, interpuesta en la Corte Suprema de Justicia, al diputado Varela y Benicio Robinson, de haber cobrado $1 millón de la empresa Cobranzas del Istmo, una compañía contratada por el Gobierno panameño entre 2012 y 2014 para recaudar los impuestos pendientes con el fisco y bajo la lupa del Ministerio Público.

Sáez Llorens reclama su inocencia antes de entrar a audiencia

El exdirector de la Caja de Seguro SociaL (CSS) Guillermo Sáez Llorens acusó este viernes a la fiscal Tercera Anticorrpción, Zuleyka Moore, de intentar inculparlo sin pruebas en la investigación por el alquiler de 32 locales comerciales en El Cruce, Juan Díaz, en 2012.

Sáez Llorens ha sido llamado a audiencia por el Tribunal Primero de Circuito, que determinará si hay méritos para enjuiciarlo por supuesto delito contra la adiministración pública.

La tesis de la fiscal Moore es que el exjefe de la CSS alquiló al empresario y exdiplomático Fotis Taquis los locales a $36 mil al mes, por tres años, para nunca utilizarlos. 

“Esto es una confusión… los locales se utilizaron, se remodelaron y hay la intención (de la CSS) de comprarlos”, aseguró Sáez Llorens a su entrada al Salón Auxiliar de la Corte Suprema, a las 8:42 a.m. 

La defensa ha planteado que si bien los espacios arrendados no se utilizaron para el fin inicial (atención a los usuarios) la entidad decidió en el transcurso almacenar medicamentos allí. 

Tampoco, dicen, la Fiscalía ha podido establecer que Sáez o la empresa de Taquis hayan recibido “beneficios” extras del contrato, porque a la compañía, inculpada, “nunca” se le llamó a declarar.

Fiscal Moore instruye caso de la AMP con ‘sumario manipulado’

Los siete técnicos que firmaron el informe de auditoría a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre el contrato con la empresa Pele System S.A., que brindaba a la institución el servicio Pele Marine, negaron haber concluido que hubo un posible sobrecosto de $11.1 millones o cualquier otra irregularidad, según consta en el expediente al que tuvo acceso La Estrella de Panamá .

Incluso los técnicos afirmaron ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore, que no fueron los que redactaron el informe sobre el contrato con la empresa Pele System S.A., sino que lo hizo el actual jefe de informática de la AMP, Carlos Cuervo, quien no aparece como firmante del mismo.

‘Todo el informe fue redactado por él y confeccionado por él', dijeron ante la fiscal Moore los siete técnicos de la AMP: Vitelio Vega, Ronni Robles, Horacio Lam, Rubén Cherigo, Tomás Sanders, Osvaldo Acevedo y Olga Araya.

Agregaron en referencia a Cuervo: ‘el nos llamó de forma independiente, era un documento de consumo interno, y se nos pidió que firmáramos como apoyo al trabajo que se había hecho'.

Todos contestaron que tuvieron una participación indirecta en la elaboración del informe suministrando información sobre los servidores, tablets, impresoras, correos, base de datos.

Es decir, ninguno redactó o propuso conclusiones del contrato para que se incluyeran en el informe que los hicieron firmar en la AMP y sin saber qué uso le darían al documento.

Incluso los técnicos de la AMP señalaron, ante la fiscal, que los hicieron firmar sin poder observar y verificar los hallazgos, la metodología para la estimación de costos de servicios, análisis referidos de costos sobredimensionados de componentes Pele Marine, establecidos en el informe de auditoría en la cual se basa la denuncia penal que interpuso Alejandro Agustin Moreno el 30 de marzo de 2015, como subadministrador de la AMP contra un grupo de ex funcionarios de la entidad, entre ellos el ex administrador Roberto Linares.

REITERACIÓN OFICIAL

Los técnicos señalaron que no todos conocían del Pele Marine. (Sistema de monitoreo satelital de naves que utilizaba la AMP durante la administración de Roberto Linares) ‘Nosotros no somos los usuarios finales, no formamos parte del desarrollo, no tenemos que ver nada con su funcionamiento, no es necesario que sepamos en ese contexto', dijeron los técnicos de la AMP, quienes insistieron en negar que hayan redactado el informe y sus conclusiones.

Los técnicos de la AMP también dijeron que nunca tuvieron la oportunidad de observar los términos de referencia del contrato firmado entre la empresa Pele System y la AMP, desconociendo también los términos de trazabilidad de origen y acción conectiva.

La información recopilada por los técnicos tampoco incluyó entrevistas con los usuarios finales del Pele Marine, en busca de determinar la eficiencia del sistema.

A pesar de ello la fiscal Zuleyka Moore continúa con las investigaciones del caso basado en un informe de auditoría firmado por siete técnicos de la AMP que declararon haber sido engañados.

Los mismos técnicos recalcaron que no conocen del contrato de Pele System y que mucho menos trabajaron en una metodología para decretar un posible sobrecosto en el servicio de esta empresa.

Hace dos semanas, el propio administrador de la AMP, Jorge Barakat, se distanció de la teoría del sobrecosto y señaló que todo ahora dependía del informe final de Contraloría.

A pesar de ello, señaló que el contrato con Pele System fue cancelado porque a juicio de su administración el mismo no era conveniente para el Estado panameño porque como estaba redactado el contrato, la herramienta tecnológica nunca sería propiedad de la AMP.

Debido a la actual ley de contrataciones públicas, la AMP está dispuesta a indemnizar a Pele System por cancelación unilateral del contrato, pero el tema no se ha cerrado por diferencias en la cifra con la empresa, declaró.

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CASO PELE SYSTEM

Investigación judicial de coima por $11 millones

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de la fiscal, Zuleyka Moore, adelanta un expediente por el supuestos sobrecostos en un contrato entre el Estado panameño para otorgar el sistema Pele Marine a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Se investiga la posibilidad de que a cambio de este contrato, se haya pagado coimas a funcionarios.

Las coimas, se habrían derivado de los $11.1 millones de sobrecostos que se investiga se habrían pactado en sobrecostos.

La fiscal, Moore remitió la semana a cuatro bancos locales una solicitud para que se investiguen cuentas off shore de 18 exfuncinarios.

La Corte rechaza demanda millonaria contra el Estado

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda por $25.1 millones que había presentado el empresario Pedro Solís en contra del Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Estado.

Solís presentó la demanda, a través de su abogada Edna Ramos, en calidad de presidente y representante legal de la sociedad Promotora Nacional de Vivienda S.A. (Pronavi), que construyó el proyecto residencial Prados del Este, en Felipillo, y que terminó inundado en septiembre de 2004.

La demanda fue presentada en diciembre de 2009 y la Sala Tercera, bajo la ponencia del entonces magistrado Víctor Benavides, admite el proceso legal.

El empresario reclamaba la indemnización millonaria por ‘daños y perjuicios materiales y morales causados' por la paralización definitiva, descarte y demolición de las viviendas construidas sobre el terreno dado en garantías al Banco Nacional, así como la reversión de los pagos efectuados por Pronavi por la venta de las viviendas. Todo esto, luego que la barriada se inundara y dejará cientos de damnificados y 16 personas fallecidas.

Ahora, el fallo de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Abel Zamorano, señala que la entidad bancaria pública ‘actúo conforme a derecho'.

Los magistrados de la Sala Tercera consideraron que ‘no se le ha causado ningún daño o perjuicio a Pedro Nicanor Solís, toda vez que se había decretado la ejecución de la hipoteca a favor del Banco Nacional sobre la finca (….) antes de que se diera la inundación'.

Los magistrados también valoraron el hecho de que como consecuencia de la inundación, el área había sido declarada inhabitable por el Ministerio de Vivienda, lo que ocasionó que el Banco Nacional decidió aprobar el descarte y demolición de las viviendas en la urbanización Prados del Este.

Además, señala el fallo, la entidad bancaria acepta de sus deudores el traspaso de la propiedad de los bienes hipotecados bajo la modalidad de ‘dación de pago total de los saldos'.

La Sala Tercera también rechazó un incidente de nulidad que presentó el Banco Nacional en contra del fallo de admisión de la demanda. El incidente de nulidad se sustentaba en que la Sala Tercera solo notificó al Banco Nacional de la demanda y no al Estado. A juicio de los abogados de la entidad, son ‘dos personas jurídicas claramente identificadas y perfectamente individualizada de conformidad con el artículo 585 del Código Judicial'.

En la demanda, el empresario alegó que no era responsable de las inundaciones y que fueron ocasionados por ‘actos de la naturaleza'.

El proyecto Urbanización Prados del Este fue aprobado durante el gobierno de Mireya Moscoso y el Banco Nacional, era gerenciado por Bolívar Pariente, quien fue procesado por este caso. Las inundaciones se dieron en el inició de la administración de Martín Torrijos.

Martinelli se reúne en Miami con Alma Cortés y Luis E. Camacho

El presidente de Cambio Democrático (CD), Ricardo Martinelli, se reunió con Alma Cortés y Luis Eduardo Camacho en Miami, Estado Unidos.

El encuentro de los políticos, se desarrolló en medio de la reactivación de los procesos judiciales en su contra. Como lo son el caso de los pinchazos telefónicos y el de la comida deshidratada.

En el primero la Corte Suprema remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de extradición y en el segundo caso el fiscal pidió fecha para la audiencia de imputación.

Martinelli, por medio de su cuenta de Twitter, ha asegurado que la reactivación de los procesos se debe a que CD va con su candidato para presidir la Asamblea.

El presidente de CD, que está fuera del país desde enero de 2015, insistió que el 1 de julio la bancada legislativa de CD irá con candidato propio. ‘En Miami con mis hermanos inseparables Alma Cortez y Luis Eduardo Camacho. El 1 de julio CD va con todo', escribió Martinelli en su cuenta de Twitter.

Abogados critican congreso contra la corrupción que costará $1 millón

La Décima Séptima Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC), a celebrarse en Panamá del 1 al 4 de diciembre, costará $1 millón. La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, solicitó ayer a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la partida para sufragar los gastos.

Maytín acudió, ayer, a pedir el traslado de partida, que fue aprobada por los diputados.

Al evento, de acuerdo a la Cancillería, vendrán 1,500 participantes de 135 países y según Maytín el evento dejará a la economía local entre 4.5 y 6 millones de dólares.

JUSTIFICACIÓN DE LA ANTAI

La funcionaria acudió a la Asamblea Nacional a solicitar el dinero

La fuente de financiamiento, según la justificación presentada en la Comisión, se produce de la partida presupuestaría para el adiestramiento y Estudio del Ministerio de la Presidencia, cuyo monto estaba contemplado para realizar el evento de carácter internacional.

El costo del evento encendió las alarmas en diferentes sectores.

Alfonso Fraguela, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), mostró su sorpresa. ‘Me parece un verdadero irrespeto al pueblo panameño, pretender realizar una conferencia que costará $1 millón sobre corrupción. Cuando las necesidades de esta población se ven insatisfechas' reclamó el jurista.

‘Hablar de corrupción y destinar un $1 es ofensivo a la inteligencia de los asociados' insiste.

Fraguela sostiene que ‘debemos pasar de lo teórico a lo práctico, actualmente no hay nadie condenado por corrupción. O es que la conferencia es para enseñarles cómo deben hacer el trabajo'.

Los que hoy gobiernan, recomendó Fraguela, deben ser sensatos con sus recomendaciones, no se trata de gastar por gastar, sino de darle un uso correcto y apropiado al dinero público.

Ernesto Cedeño se sumó a los cuestionamientos por la cantidad de dinero que utilizará la Antai para el evento. ‘Ni el medio millón que quieren utilizar para la inauguración del tercer juego de esclusas, ni muchos menos esto se justifica en un país de tercer mundo donde hay necesidades. Donde la educación pública está por el suelo', sentenció Cedeño.

‘Esto es inadmisible, inaudito que se la haya ocurrido a alguien en este país, con las necesidades básicas y prioritarias que hay en Panamá, semejante inversión, semejante desperdicio económico. La verdad no tiene razón de ser y siendo la encargada de trasparencia la verdad es muy cuestionable', objetó Cedeño.

PRD llevará hoy a la Corte su reclamo contra Pinilla

Dirigentes de bases del Partido Revolucionario Democrático (PRD) denunciarán al magistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, por supuesta extralimitación de funciones y abuso de autoridad.

La denuncia se presentará, hoy, jueves, a las tres de la tarde, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El magistrado Pinilla acogió, la semana pasada, una demanda de impugnación al calendario de elección y provocó la suspensión del proceso.

La suspensión de las elecciones internas radica específicamente en los artículos 34 y 72 de la resolución 189 del 26 de abril de 2016, que corresponden a las fechas para elegir a los delegados electorales y a los miembros del Directorio Nacional del PRD.

Abogados del PRD presentaron, en la semana, recursos para suspender la decisión del magistrado Pinilla.

Presentan amparo de garantías a favor de Martinelli

La defensa del expresidente de la República Ricardo Martinelli presentó un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra de la orden del magistrado fiscal Oyden Ortega de realizar un peritaje contable en contra de Martinelli y contra cualquier persona jurídica de las cuales forme parte relacionadas con la empresa Lerkshore International Limited.

El abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo legal de Martienelli, solicitó la revocatoria de la decisión de Ortega, ya que según el dicha decisión viola las garantías fundamentales del exmandatario, ya que se estaría ordenando realizar una experticia contable a sus cuentas bancarias sin el debido proceso establecido.

“Consideramos plenamente acreditados los presupuestos procesales para la admisibilidad del presente amparo de garantías, en virtud de la gravedad e inminencia del daño que representa la orden atacada ante vuestro despacho, ya que la misma está causando a nuestro representado grave y evidente perjuicio, que requieren de una revocación inmediata de dicha orden”, apuntó Carrillo. 

Abogados rinden homenaje al jurista César A. Quintero

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), conmemoró ayer 31 de mayo de 2016, el centenario del natalicio del abogado César A. Quintero, insigne jurista y considerado padre del gremialismo panameño.

‘Todo lo que hagamos para celebrar la vida del doctor Quintero (como muchos le llamaban), es poco comparado con lo que dio por sus estudiantes, colegas y por el país', dijo, José Alberto Álvarez, presidente del CNA.

En el acto en honor al jurista participaron familiares del homenajeado y destacados abogados del sector público y de la política del país, entre ellos el Procurador de la Administración, Rigoberto González y el político Olimpo Sáez.

El doctor Quintero nació, en Las Minas, Herrera, el 11 demarzo de 1915. Y murió el 18 de septiembre de 2003. Hijo de Epiménides Quintero Pinilla y Hermisenda Correa de Quintero.

Realizó estudios primarios en Chitré y secundarios en el Instituto Nacional. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y una maestría en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos en 1942. Se doctoró en derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, España.

Desde joven, se distinguió por su lucha a favor de los derechos sociales de la nación. En mayo de 1977 funda el Movimiento de Abogados Gremialistas y en julio es presidente del CNA e inicia la reestructuración del mismo. Es reelegido en 1978.

Víctimas de los pinchazos piden la detención de Martinelli

Miguel Antonio Bernal, Yadira Pino y Franciso Zappi, mediante la firma de abogados Vega y Álvarez, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores el "arresto provisional con fines de extradición" del ciudadano panameño Ricardo Martinelli".

Los representantes legales de los querellantes y víctimas, Ángel Álvarez y Paulo Vega, entregaron en horas de la mañana la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Isabel St Malo.

Además, solicitaron que se adelante o instruya a los representantes diplomáticos de la República de Panamá, para que a través de cualquier medio de comunicación, telégrafo y demás mecanismos tecnológicos permitidos o mediante los canales diplomáticos, se haga efectiva la solicitud de arresto provisional.

La solicitud de los querellante y víctimas está fundamentada, según el documento entregado en la Cancillería panameña, en los artículos 19, 20, 79,, 80, 84, y 544 Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que aprueba el Código de Procedimiento Penal; artículo IV de la Ley 75 de 14 de junio de 1904 sobre el Tratado de extradición entre Panamá y los Estados Unidos; Artículos X de la Ley 4 de 27 de septiembre de 1938 que aprueba el convenio de extradición entre Panamá, Estados Unidos y otros; artículo 14 de la ley 29 de 23 de diciembre de 1941 que aprueba la Convención Interamericana sobre Extradición; los principios internacionales de reciprocidad y extradición y demás reglas aplicables