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La firma panameña Mossack Fonseca (MF) se enfrenta a una nueva disputa legal en el exterior. Esta vez, se trata de su filial MF Corporate Services, con sede en Nevada, Estados Unidos, demandada por NML Capital, una unidad del fondo de cobertura Elliot Management, encabezada por Paul Singer, que intenta recuperar su inversión en bonos en Argentina, también son conocidos como “fondos buitres”.

De acuerdo con la demanda interpuesta en Nevada, los documentos publicados a través de la investigación global, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) demuestran que la oficina de Mossack Fonseca operó de forma sistemática para ocultar y destruir información sobre las sociedades del exvicepresidente de Argentina Lázaro Báez, que presuntamente sirvió como testaferro de la expresidenta Cristina Kirchner, para ocultar millones de dólares.

Los “fondos buitres” se dedican a comprar deuda de empresas, economías o Estados cerca de la bancarrota o en estado crítico, que después recuperarán con elevados intereses. En el caso de Argentina, adquirieron una parte importante de su deuda a muy bajo precio. En 2001, cuando se desató una crisis económica en el país sureño, conocida como “el corralito”, el Gobierno firmó la suspensión de pagos sobre la deuda de $102 mil millones que Argentina

debía a los acreedores.

A partir de entonces, los acreedores han intentado localizar los activos del Estado argentino para cobrar su deuda. Es aquí cuando entra en escena Mossack Fonseca.

De acuerdo con la demanda contra la firma panameña, el bufete sirvió como vehículo para que Báez ocultara dinero estatal argentino. Advierten, además, que Mossack Fonseca intentó destruir las evidencias de esto, de cara a un proceso legal en 2015, cuando Singer solicitó información sobre estos supuestos entramados.

“Los ejecutivos de Mossack Fonseca cambiaron los teléfonos y el sistema de red interno en su oficina en Nevada, retiraron de allí documentos sensibles sobre las sociedades bajo la lupa y enviaron correos electrónicos a sus clientes para recomendarles que ocultaran todo aquello que no quisieran entregar a la justicia estadounidense, como solicitaba el fondo NML, de Paul Singer”, afirmó el diario La Nación de Argentina en una nota de abril pasado.

En el mismo reporte, incluían un mensaje enviado desde la casa matriz del bufete, en Panamá, hacia su filial en Nevada. “Reiteramos una vez más la sugerencia de no mantener ninguna propiedad y/o ningún otro activo dentro de [cada] compañía para evitar que sea congelado y no utilizable si NML fuera a intentar alguna acción para obtener más información directamente sobre [cada] compañía”.

Entre los correos incluidos en la base de datos de Mossack Fonseca aparecería uno que envió el ingeniero de sistemas Luis Martínez a la firma el 17 de septiembre de 2014. “Me preocupa mucho la Señora Patricia. Se le olvidan las cosas y se pone muy nerviosa, creo que con esta situación podemos quedar fácilmente en evidencia de que estamos ocultando algo (…) No se acordaba del password (contraseña) que ella misma actualizó del usuario espejo y tenía más de tres meses de no utilizarlo. Le ayudamos con esto y se le dio instrucciones de utilizar palabras o nombres que ella pueda recordar con facilidad (…) Debe tener mucho cuidado de dejar evidencia física de lo que imprime”, aseguró.

ACTUACIÓN DE MALA FE

De acuerdo con la demanda interpuesta por NML Capital, las comunicaciones reveladas por ICIJ dan cuenta de que Mossack Fonseca actuó de mala fe, además de que rindió declaraciones falsas al asegurar que la oficina en Nevada no tenía nada que ver con la de Panamá. “Deben hacerse responsables por su conducta, y NML debe ser compensado con los gastos legales en los que ha incurrido”, exigieron en su demanda.

Este medio intentó obtener una reacción de la firma a través de correos electrónicos enviados a su departamento de mercadeo y a la agencia de publicidad que le ha servido de vocera. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Este no es el primer proceso legal o administrativo que enfrenta la firma tras la investigación de ICIJ. Fue en Nevada, precisamente, donde pagó una multa de $10 mil, impuesta por la secretaria del estado de Nevada, Barbara Cegavske, al incumplir las inspecciones requeridas por el Registro Estatutario de dicho estado. Además, el bufete renunció a mil 25 de sus sociedades inscritas en esta jurisdicción.

La firma también fue sancionada en las Islas Vírgenes Británicas, donde se le restringió su actividad comercial, se le multó con $31 mil 500 y se le impuso un observador para que reportara de sus movimientos.

En Panamá, por otro lado, las autoridades aún no han emprendido acciones en relación con las presuntas actividades irregulares que destapó la investigación de ICIJ.

El magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el caso de los pinchazos telefónicos, no quiere equivocaciones. Ha sido muy claro en la descripción del hombre que solicita en extradición a Panamá: ‘es de estatura baja y de piernas cortas, tiene ojos oscuros, nariz ancha, boca y labios finos, dientes no torcidos, blancos, cabello blanco con canas, corto, liso, baja población de cabello en la parte frontal de la cabeza, tez clara o caucásica, contextura física gruesa, tipo de sangre A+'.

Mejía describe así a Ricardo Martinelli en el documento que envió a la Cancillería para iniciar los trámites formales para que el exmandatario aterrice en suelo panameño para rendir cuentas ante la justicia por, presuntamente, haber intervenido los teléfonos, correos electrónicos y haber escuchado las conversaciones que mantenían adversarios políticos, periodistas, sindicalistas y hasta las queridas de los miembros de su propio gabinete.

El juez de garantías aplicó la solicitud de extradición del expresidente mediante el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá firmado el 25 de mayo de 1904, y la Convención Multilateral de Extradición firmada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, de la que ambos países son parte.

En el documento de 36 páginas, Mejía solicita, de igual forma, el arresto de Martinelli para los propósitos de extradición hacia Panamá con fundamento en la orden de detención provisional expedida el pasado 21 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia, en la que se le facultó como juez de garantías en el caso para ejecutar el cumplimiento de la acción.

El 9 de octubre, el magistrado fiscal presentó acusación contra Martinelli como autor de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad descritos en los artículos 167 y 168 del Código Penal, así como los delitos contra la administración pública, diferentes formas de peculado contempladas en los artículos 338 y 341 del mismo Código.

El juez describe que Martinelli mantiene dos pasaportes, el diplomático y el regular, ambos expedidos por Panamá. También brinda otros números de este documento que ha utilizado antes el exmandatario. Se pide, a quien corresponda, se ubique a Martinelli en la calle 2025 Brickell Ave., Miami, Florida, en Estados Unidos.

De acuerdo con el Código Procesal Penal, existen varios procedimientos para tramitar asuntos penales. El que se emplea al expresidente es, según Mejía, uno especial, puesto que se trata de un diputado del Parlamento Centroamericano.

El documento indica que el procedimiento que se le sigue al exmandatario exige que la víctima presente su querella con evidencia que reúna los requisitos de la prueba idónea. En caso de que la Corte considere que hay prueba idónea y cuenta con los requisitos formales, admite el caso a trámite y se designa un magistrado como fiscal y otro como juez de garantías. En este espacio de la petición, el juez de garantías describe los pasos que dicta el Sistema Penal Acusatorio que debe seguir el proceso.

La Fiscalía Auxiliar inició una investigación que fue seguida por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado con base en una denuncia sobre interceptación clandestina de comunicaciones desde 2012 hasta mayo de 2014 en el Consejo de Seguridad, localizado en Ancón. Según la denuncia, en este lugar se instaló un sistema capaz de capturar mensajes instantáneos de celular, correos electrónicos, dispositivos móviles y audioambiente. El sistema tenía amplio acceso a los aparatos.

Según la querella, el gobierno había comprado a una compañía israelí el equipo para llevar a cabo estas actividades y el mismo, comprado con fondos públicos, fue removido en mayo de 2014, (momento en que se celebraron las elecciones generales y el opositor Juan Carlos Varela salió electo), sin que se sepa de su paradero actualmente. Más de 150 personas fueron víctimas de las interceptaciones telefónicas.

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AUTOEXILIO EN MIAMI

Ricardo Martinelli sigue en rebeldía

Ricardo Martinelli Berrocal salió de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera en sesión extraordinaria, investigar al mandatario por el caso de los ‘pinchazos telefónicos'. La decisión se tomó en base a una propuesta del magistrado Oydén Ortega.

Cinco días después, el 3 de febrero, la fiscalía del Ministerio Público envía a la Corte Suprema cinco querellas contra Martinelli relacionadas con una investigación sobre escuchas telefónicas. Por este caso, se está solicitando la extradición.

Esta investigación se inició el 8 junio.

En septiembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia admite una nueva causa por la compra de arroz con supuestos sobrecostos.

En el mismo mes, pero el 23 de septiembre, la Corte admite dos nuevas causas penales por supuesta corrupción contra Martinelli, una por fraude millonario a la casa de valores Financial Pacific, y otra por supuesto pago de sobornos a partir del cobro de impuestos morosos por la empresa privada Cobranzas del Istmo.

En octubre 9, el magistrado fiscal, Harry Díaz, acusó a Martinelli por el caso de escuchas telefónicas ilegales.

El juez de la Corte declara a Martinelli ‘en rebeldía' por no haberse presentado a la audiencia por un caso de escuchas telefónicas ilegales, declara suspendido el proceso penal y solicita al Corte que autorice su detención preventiva.

Los diputados de Cambio Democrático (CD) y del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que en la votación del 1 de julio no sigan la directriz del partido podrían enfrentar un proceso de revocatoria de mandato o alguna otra sanción disciplinaria.

Los estatutos de ambos colectivos contemplan la medida que puede ser aplicada ante la negativa a seguir ‘la línea' del colectivo. En este caso para la elección del próximo presidente de la Asamblea Nacional.

Ya el presidente de CD, Ricardo Martinelli, desde Miami, le advirtió a su bancada que los artículos 134 y 135 del estatuto del partido, establecen como causal de expulsión del partido el incumplimiento manifiesto público o notorio de las decisiones y directrices publicas emanadas de los organismos del partido, que sean acordados por la Convención Nacional, el Directorio Nacional y la Junta Directiva, el Presidente Nominal del Partido y la Comisión Política Nacional.

Como presidente de CD, en un comunicado, instruyó a la fiscalía del partido, verificar el 1 de julio el cumplimiento de las directrices políticas arriba citadas y a aplicar los citados artículos del estatuto a los miembros de la bancada CD en la Asamblea Nacional, que incumplan su mandato.

DIVISIÓN EN LAS BANCADA

Los diputados deben hacer alianza en la Asamblea

El presidente de CD intenta mantener el control del partido, y quedarse con la Asamblea.

La bancada de CD está divida en dos grupos desde el pasado 1 de julio, cuando se eligió a De León.

La misma advertencia se le hizo a los diputados en la pasada elección, pero ninguno fue sancionado.

Los diputados estaban convocados para ayer a la elección del candidato a presidente de la Asamblea, pero la decisión se pospuso para el próximo martes. Los diputados deben elegir entre Fernando Carrillo o Aris de Icaza, como lo estableció Martinelli.

Pero el partido se vio obligado a suspender la escogencia porque los diputados se mostraron en abierta rebeldía y decidieron no asistir a un encuentro de este tipo, sin antes debatir el tema.

‘No ha habido una discusión en la bancada, ni con la junta directiva, ni una explicación en cuanto a ese tema', aseguró Dana Castañeda, jefa de la bancada legislativa.

A juicio de la diputada, colocar dos nombres (Aris De Icaza y Fernando Carrillo) para escoger como candidato a presidir la Asamblea "es una falta de respeto", porque todos los diputados tienen el derecho a aspirar al cargo.

En un comunicado de prensa, el CD informó que ‘el cambio se realiza dada la solicitud de la mayoría de los diputados del partido, quienes debían escoger, ayer martes, entre Fernando Carrillo Silvestri y Aris de Icaza, al candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional que postularán el próximo 1 de julio de 2016'.

Se estableció, según informó el partido, como nueva fecha de convocatoria a los diputados, el 14 de junio. Ese día, se espera que los diputados en pleno asistan al encuentro para tomar la decisión política.

PRD, MÁS DIFÍCIL

A pesar que en el PRD seis diputados están en contra la postura dictada por el presidente del colectivo, Benicio Robinson, ningún proceso se ha iniciado hasta el momento. Los 26 integrantes de la bancada legislativa perredista fueron citados para hoy. Sin embargo, se conoció que los seis disidentes, no asistirán al encuentro en el cual se espera, se defina quién será el candidato del partido.

Rogelio Paredes, segundo vicepresidente del PRD, no tiene esperanza en que se inicie un proceso disciplinario a los diputados rebeldes.

A juicio de Paredes ‘Víctor de Gracia, fiscal del colectivo, quien debe iniciar el proceso, se ha mantenido del lado de los infractores'.

Paredes asegura que el castigo para los diputados que no sigan ‘la línea' vendrá del electorado. Un proceso de revocatoria de mandato en el PRD no será nada fácil, porque lo extenso del trámite.

Pero la situación en el PRD, se complica todavía más, ya el diputado Javier Ortega mencionó que otros diputados, al menos cuatro, se sumen a este grupo.

Mientras eso se define, la bacada del PRD está convocada para la reunión entre los diputados. Se debe escoger el candidato a presidente de la Asamblea Nacional. La decisión se tomará tres semanas antes de darse el proceso de elección.

Los diputados disidentes ya tienen su figura elegida y pretenden que repita en el cargo Rubén De León.

El expresidente de la República, autoxiliado en Miami, emprendió los esfuerzos con miras a lograr el control de la junta directiva de la Asamblea Nacional a partir del 1 de julio.

Para lograr tal objetivo, ha instruido a los 26 diputados de Cambio Democrático (CD) a reunirse hoy y elegir quién será el candidato que postularán como candidato a presidir este Órgano del Estado por el año que dure la próxima legislatura.

NEGOCIACIÓN CD-PRD

Una vez electo, el candidato CD se negociaría con el PRD

El CD estaría dispuesto a ceder la presidencia a Benicio Robinson y quedarse con las dos vicepresidencias.

El CD buscaría la Comisión de Presupuesto, Comercio y además la Comisión de Credenciales.

La instrucción de Martinelli que llegó a los diputados por vía de una resolución de la Presidencia de la Junta Directiva firmada por el propio Ricardo Martinelli, como presidente nominal del CD, establece que la bancada de este colectivo debe proponer un candidato propio el próximo 1 de julio.

ADVERTENCIA A DIPUTADOS

La misma resolución dispone que en el caso de incumplimiento de este mandato, los diputados serán expulsados del partido y por consiguiente, ‘no serán postulados' para cargos de elección en las próximas elecciones populares en mayo de 2019.

También se dispone que en caso de incumplimiento del mandato, se instruirá al fiscalía general del partido para que inicie los procesos disciplinarios respectivos por el incumplimiento de este mandato.

LISTA CERRADA

Según lo dispuesto en la citado documento, Martinelli ha asignado a la presidenta encargada del partido, Alma Cortés para que coordine el cumplimiento de esta resolución, según los estatutos del colectivo político.

Igualmente, se estableció que los diputados del CD tendrán que elegir entre Fernando Carrillo y Aris De Icaza, como las figuras a postular en las elecciones.

Los diputados del CD, tienen que reunirse hoy 7 de julio y elegir entre los dos diputados señalados en la resolución.

En caso de negociación, los diputados del CD podrían hacerlo con cualquier opción de partidos, los cuales excluyan al gobernante partido Panameñista.

La Estrella de Panamá conoció además que se les ha instruido a los diputados del CD para que en caso de negociación, lo hagan con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), la facción que encabeza Benicio Robinson.

El CD cedería la presidencia y se quedaría con las dos vicepresidencias de la Asamblea, pero a cambio pediría el control de la Comisión de Presupuesto, Credenciales y la Comisión Comercio.

Diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) no apoyarán la decisión de la junta directiva de cada uno de sus respectivos colectivos sobre la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, a pesar de las advertencias de sanciones.

La crisis interna de ambos partidos se agudiza con esa decisión tomada.

Los diputados del PRD y CD apoyarán al candidato que tenga el beneplácito de la bancada oficialista para el tercer año de gobierno, tal como pasó con Rubén De León.

LOS DIPUTADOS REBELDES

Ambas bancadas definen el presidente de la Asamblea Nacional

6 diputados del PRD no están de acuerdo con ‘la línea' dictada por el colectivo y presentarán otro candidato a la Asamblea.

13 diputados de Cambio Democrático tomaron la decisión no seguir la directriz del colectivo

Por el momento seis diputados del PRD apoyarán la figura de reelección de De León. Estos se reunirán hoy para definir y ajustar su hoja de ruta con miras al 1 de julio. El presidente de la bancada del PRD, Ausencio Palacio, convocó a los 25 diputados, para mañana, a escoger al candidato. La figura de Benicio Robinson no se descarta, tampoco Samir Gozaine.

Las pugnas internas del partido por llegar al control de la Asamblea tienen un solo denominador común: el control del partido.

DIPUTADOS DE CD

La segunda bancada con mayor número de diputados (25), pero no escapa de los problemas internos.

La junta directiva del CD convocó a cada uno de los diputados a una reunión para elegir entre Aris De Icaza y Fernando Carrillo para presidente de la Asamblea, tal como lo estableció el presiente del partido, Ricardo Martinelli, desde Miami, Estados Unidos.

‘No ha habido una discusión en la bancada, ni con la junta directiva, ni una explicación en cuanto a ese tema', asegura Dana Castañeda, jefa de la bancada legislativa.

A juicio de la diputada colocar dos nombres (Aris De Icaza y Fernando Carrillo) para escoger como candidato a presidir la Asamblea ‘es una falta de respeto', porque todos los diputados tienen el derecho de aspirar y ese caso está Yanibel Ábrego, quien busca ser la figura que representará CD.

‘Tendrá la directiva que explicarnos las bases o sobre qué bases tomó esa decisión, que a muchos diputados no les ha caído bien, por la forma, el contenido', advirtió la diputada Castañeda.

La jefa de bancada de CD, Castañeda, aseguró que ‘no se les ha entregado el acta donde se han reunido. Es lamentable que esto pase en un partido que se jacta de ser democrático'.

En las pasadas elecciones 13 diputados de CD apoyaron al candidato presentado por el panameñismo. Esa alianza legislativa llevó a Raúl Hernández a ser parte de la junta directiva.

La acción tomada por los diputados provocó la amenaza, por parte del presidente de CD, que a los diputados que desafiaron la línea se les iniciaría un proceso para revocatoria de mandato.

En la actual resolución la advertencia está latente, pero ya se cumplirá un año de la elección y ninguno de los diputados de CD se le ha iniciado un proceso de revocatoria.

EL OFICIALISMO

Mientras las dos bancadas definen su rol, el partido oficialista está en conversaciones con todos los diputados para lograr una alianza que les permita seguir su plan de gobierno.

El diputado José Luis Varela aseguró que la bancada oficialista del partido Panameñista ‘todavía no se ha reunido', pero se mantiene comunicación con diputados de todas las bancadas ‘buscando el mayor consenso posible para el 1 de julio de 2016', agregó el diputado.

El encuentro de la bancada oficialista podría darse esta semana, pero se está a la espera de la convocatoria.

Para ser presidente de la Asamblea Nacional se necesitan mínimo 37 votos y ninguna bancada tiene los votos completos, por lo que necesitan ir en alianza.