El voto cruzado, la nueva polémica en la Asamblea Nacional

El voto selectivo para los circuitos plurinonominales declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha desatado una nueva polémica en la Asamblea Nacional.

Los diputados, ahora tienen la obligación de legislar para establecer el mal llamado ‘voto plancha' o buscar una nueva fórmula para la elección de los diputados en los circuitos plurinominales. Por el momento están divididos en el tema, no hay unidad de criterio.

Los diputados, antes que la Corte Suprema tomara una decisión, ya analizaban una propuesta para los circuitos plurinominales. José Luis Varela, diputado del partido oficialista, adelantó a La Estrella de Panamá, que se está analizando una propuesta para que los electores en los circuitos plurinominales puedan hacer un ‘voto selectivo y que se pueda cruzar'.

Eso permitiría que los votantes puedan votar por la totalidad de los diputados y en diferentes partidos políticos, explicó el diputado.

LOS CIRCUITOS ELECTORALES

Panamá se divide en 39 circuitos electorales, que se establecen de acuerdo a la población

En 13 circuitos electorales se eligen entre 2 a 7 diputados. Actualmente, 45 diputados provienen de estos circuitos, donde solo puedes votar por un candidato dentro de un partido o lista

Hay 26 circuitos electorales donde se elige a un solo diputado.

Los diputados mantienen diferencias por la propuesta del TE que buscará resurgir el voto plancha y la fórmula para distribuir las curules.

El proyecto de reformas electorales presentado por los magistrados del TE restablece el voto plancha.

OPINIONES ENCONTRADAS

Los diputados, en este momento, están concentrados en la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea, pero una vez superen esa etapa y se definan las comisiones uno de los primeros temas será el proyecto de ley presentado por los magistrados del TE.

El diputado panameñista , José Antonio Domínguez es respetuoso de la decisión de la Corte, sin embargo, no comparte la opinión. ‘El sistema utilizado, en el 2014, es el mejor y más representativo para los votantes. Hace justicia a los partidos más chicos', aseveró el diputado Domínguez.

Los diputados en el 2012 reformaron el Código Electoral para introducir en los circuitos plurinominales la fórmula del voto selectivo y eliminaron al sistema utilizado históricamente hasta el año 2009, en el que los electores tenían la opción y el derecho de votar por todos los candidatos de un partido político o lista de libre postulación, o bien por uno o varios de sus candidatos.

A lo anterior, se le conoce como ‘voto plancha' y a juicio del diputado Domínguez si es ‘inconstitucional', porque están coartando la libertad de ‘poder escoger'. El diputado utiliza el ejemplo: si tengo que elegir cinco candidatos y me están obligando a escogerlo deben ser del mismo partido.

Igual criterio mantiene el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez. ‘Es inconstitucional que usted le impida el ejercicio de votar por cinco candidatos dentro de un circuito solo votando por uno y se puede rescatar, pero bien estructurado', aseguró el jurista.

El fallo de la Corte, que tiene como ponente a Abel Zamorano, a juicio de Rodríguez es ‘bastante cercano a una realidad de lo que es una democracia'.

En la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, se llevó una propuesta para librarse del ‘voto plancha', pero no se logró. Se planteó la posibilidad de liberar la lista y permitir a los electores escoger a más de un candidato, pero dentro del mismo partido.

Ahora empieza a tomar fuerza entre los diputados la creación de una nueva fórmula.

Javier Ordinola, abogado conocedor en temas electorales, explica que si los diputados actuales de la Asamblea aplican la nueva fórmula de elegir a los diputados y hacen un buen trabajo y transparente pueden estar seguros que los electores le darán el voto.

‘Cuando la gente empiece a entender que deben elegir a los mejores, los partidos deben entender que se deben tener los mejores candidatos', aseguró el diputado.

Lo que quedará es esperar que la Comisión de Gobierno inicie el primer debate del proyecto de ley que reforma el Código Electoral, presentado en enero.

Auditoría desnuda riqueza de la exministra Alma Cortés

A través de la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados, la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés habría recibido dinero de empresas que en el pasado gobierno obtuvieron contratos con el programa Mi Primer Empleo, fondos con los que presuntamente compró varias propiedades.

Así lo revela la auditoría efectuada por la Contraloría General de la República al patrimonio de la exfuncionaria, investigación que detectó, además, que la dirigente de Cambio Democrático no podría justificar $2.5 millones.

La auditoría revela, por ejemplo, que a través de la empresa Servicios Múltiples Empresariales se destinaron $637 mil al citado bufete de abogados, dinero que habría sido usado por Cortés para abonar a la compra de una casa de playa en Fontanella del Mar, San Carlos, que costó $255 mil; y para la  

adquisición de una residencia en Royal Country, cuyo valor es de $369 mil.

El mencionado bufete también recibió otros $548 mil de parte de Moreno

Law Firm, que también habrían costeado bienes de la exfuncionaria.

VINCULACIÓN

Dineros de fundaciones y abogados vinculados a empresas que obtuvieron contratos del programa Mi Primer Empleo, en 2011, presuntamente fueron depositados a cuentas de la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados, cuya representante y firmante es la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Alma Cortés, quien estuvo a cargo del extinto programa.

Lo anterior se desprende del informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República que estimó en $2.5 millones el posible enriquecimiento injustificado de la exministra.

La auditoría que comprendió el periodo entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2015 se originó en junio de 2015 tras una publicación del diario La Estrella de Panamá, que informó sobre bienes y propiedades de la exministra.

La investigación de la Contraloría determinó que la exministra recibió sumas de dinero por $815 mil, las cuales no fueron consideradas como ingresos de la exministra por no existir una justificación razonable de su procedencia o no hay evidencia de su recepción.

FONDOS DE MI PRIMER EMPLEO

Entre esos dineros, la auditoría destaca $32 mil de la Fundación para el Desarrollo Humano y Ambiental (Fundehuma) que fueron a parar a la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados en la que la exministra es firmante de la cuenta.

Detalla el informe que Fundehuma obtuvo dos contratos: el 125 y 126, en 2011, correspondientes a Mi Primer Empleo por un total de $334 mil 920. La fundación era representada por Eric Alvarado Santos.

Los contratos eran para un curso de inseminación artificial de ganado bovino ($169 mil 920) y otro para electricidad residencial básica ($165 mil).

Dichos contratos, precisa la auditoría, fueron pagados a Fundehuma por el Mitradel mediante cheques emitidos en octubre, noviembre, y diciembre de 2011. El 7 de noviembre de ese año, Mitradel hizo dos pagos: uno por $67 mil 968 y otro por $50 mil 976 como parte de los referidos contratos.

Ese mismo día, 7 de noviembre de 2011, precisa la auditoría, la fundación giró de su cuenta bancaria en el BBVA un cheque por $16 mil al “portador”, el cual fue endosado por Michell Herrera y depositado el 8 de noviembre de 2011 a la cuenta bancaria de Banistmo a nombre de la sociedad Cortés, Cortés, Molino & Asociados.

Así mismo, el 7 de diciembre de 2011, Fundehuma emitió otro cheque por $16 mil al “portador”, el cual fue a dar a la cuenta de la firma de abogados vinculada a la exministra Cortés, señala el documento. En el reverso del cheque consta, al igual que el anterior, que el cheque fue endosado por Michell  

Herrera.

Otro de los aspectos que revela la investigación de la Contraloría, es que Michell Herrera es firmante junto con la exministra Cortés de la cuenta de Cortés, Cortés, Molino & Asociados y fue nombrada por la extitular del Mitradel en dicha entidad como Directora General de Empleo, con un salario de $2 mil mensuales.

Para la fecha en que fueron girados los dos cheques a favor de Fundehuma, Herrera era funcionaria del Mitradel, y persona de confianza de la exministra, dice el informe. A pesar de las pruebas obtenidas, los auditores destacan que no incluyeron en la investigación estos $32 mil como recursos obtenidos por Cortés.

OTROS VÍNCULOS

La auditoría menciona el nombre del abogado Rubén Darío Moreno Magdaleno, señalado como el que controla un grupo de personas jurídicas “que a lo largo del informe aparecen como intermediarios o facilitadores de cuentas bancarias en las que se receptaron dineros que posteriormente, mediante cheques y transferencias, fueron canalizados directamente a cuentas bancarias, a la adquisición de bienes inmuebles y al pago de tarjetas de crédito relacionadas a la señora Alma Cortés y a personas jurídicas vinculadas a ella por un monto de $1 millón 322 mil 815, conforme a las evidencias recopiladas hasta la conclusión de esta auditoría”.

En la noticia publicada por La Prensa el 19 de junio de 2011, titulada: “Mi Primer Empleo: formación con sabor de clientelismo oficial” se informó que la empresa Vale Holding International obtuvo dos contratos del mencionado programa: uno por $170 mil y otro por $163 mil.

Resulta que Vale Holding International reportó como dirección la firma de abogados Moreno Law Firm, ubicada en el edificio La Exitosa, calle 45, Bella Vista, la cual es presidida por Rubén Darío Moreno Magdaleno, quien fungió entre 2003 y 2005 como abogado de las empresas del expresidente Ricardo Martinelli.

A pesar de que en la noticia de La Prensa como en entrevista dada a Telemetro, el 21 de junio de 2011, Cortés negó cualquier vínculo con las empresas que obtuvieron los contratos de Mi Primer Empleo, en la auditoría se destaca que Moreno Magdaleno “es una persona de confianza y muy cercana a la exministra”.

Moreno Magdaleno es presidente, representante legal y accionista de Servicios Múltiples Empresariales; es representante legal de Moreno Law Firm y es suscriptor, director y representante legal de Business Management Adviser, S.A. (antes Franquiciataria Ranchera, S.A.).

A través de la sociedad Servicios Múltiples, señala la auditoría, se canalizaron $637 mil que fueron destinados para la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados; además para depósitos, abono a compra de la casa de playa Fontanella del Mar, y a la residencia en Royal Country. También se usaron para pagos a cuentas de tarjetas de crédito de la exministra.

Agrega el documento que de la sociedad Moreno Law Firm se canalizaron otros $548 mil también para el bufete de abogados de la exministra; además de un abono para la casa de playa en Fontanella del Mar y otra partida para la compra de apartamentos en P.H. Rokas.

También de Business Management Adviser, S.A. se condujeron $136 mil para la referida firma de abogados así como para la Fundación Ramimar, con el fin de efectuar abonos a la compra de la casa de playa de la exministra en San Carlos valorada en $255 mil.

‘LAS COMIS’

La auditoría indica que Alma Cortés, siendo titular del Mitradel, entre 2010 y 2011 suscribió con la sociedad ROR Services, S.A. tres contratos dentro del plan de de Mi Primer Empleo, por un total de $447 mil.

Según consta en la página de Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias, la citada sociedad inició operaciones el 1 de febrero de 2009 y su presidente es Rodny Romero.

En pago por los contratos Mitradel desembolsó el 14 de febrero de 2011 dos cheques: uno por $48 mil y otro por $42 mil a favor de ROR Services, S.A.

Luego de los depósitos indicados en el párrafo anterior, ROR Services, S.A. giró de su cuenta bancaria [23 de enero 2011] un cheque por $9 mil 935.75 y otro [25 enero de 2011] por $10 mil 093.46 ambos a favor de Business Broker, cuyo firmante es Rubén Darío Moreno Magdaleno.

Indica el informe que en el reverso de uno los cheques a favor de Business Broker se escribió la abreviatura “Comis”, y en el otro cheque apareció la abreviatura “Comis CTTO 176”, numeración que coincide con la del contrato Num. 176-2011 suscrito por ROR Services, S.A. y Mitradel por Mi Primer Empleo.

La auditoría precisa que otros seis cheques de ROR Services, S.A. en el Banco General, que totalizan $74 mil 071.25, tenían en el anverso las siglas “Comis” y “Canc. comis” escritas a máquina.

DINEROS SIN EVIDENCIA

De acuerdo con su declaración de bienes patrimoniales final emitida el 9 de julio de 2014, la exministra Cortés señaló haber recibido para los años 2011 y 2013 utilidades como socia de Cortés, Cortés, Molino & Asociados la suma de $237 mil 998.44., aproximadamente, cuando estaba de licencia con sueldo.

Según el informe de la Contraloría, lo declarado por Cortés en su declaración de bienes patrimoniales final, “no coincide con el contenido de la declaración Jurada de Rentas presentada por dicha sociedad, pues en los nexos de dichas declaraciones, a la que tuvimos acceso mediante inspección ocular en la Dirección General de Ingresos, se observa que en el renglón denominado “distribución total de utilidades a Socios” que para los períodos 2012 y 2013, la sociedad no distribuyó utilidades, por lo que mal pudo la señora Alma Cortés recibir las mismas de parte de Cortés, Cortés, Molino &Asociados”.

La auditoría también dice que la firma de abogados declaró ante la DGI que la exministra Cortés solo tuvo participación en la distribución de utilidades en los años 2010 y 2014 por montos que totalizan $37 mil 950.32; sin embargo, en la auditoría no se encontraron elementos que validaran que esas utilidades hayan sido desembolsadas por la firma.

Las ganancias que la exfuncionaria afirma haber recibido de su bufete por $237 mil tampoco fueron declaradas como “honorarios por Servicios Profesionales” en las declaraciones juradas de rentas correspondientes a los años 2012 y 2013, que ella presentó ante la DGI como persona natural, precisó la Contraloría. Agrega el documento que en esos años la declarante solamente reveló los salarios y gastos de representación que devengó como ministra de Estado.

Este medio contactó ayer a Alejandro Pérez, abogado de Cortés en este caso, para consultarle sobre los hallazgos de la Contraloría reportados en esta nota. Esta fue su respuesta: “No tengo ningún conocimiento. No tenemos copia, no tenemos acceso. Además, el contralor mintió dice que nosotros hicimos descargos, eso es falso”. “Yo presenté el poder y pedí copia en la Contraloría, porque en la Procuraduría tampoco han dado informe de nada. Lo cierto es que si nos permiten a nosotros tener acceso al expediente nosotros podemos dar explicaciones y hacer los descargos. Falta ver si lo que se ha publicado es cierto, porque nosotros no tenemos conocimiento de nada. 

Ellos han violado la ley, la declaración jurada notarial es un documento restringido y protegido por la ley (…)” .

(Con información de Olmedo Rodríguez).

Cortés: tengo más de $2 millones en tierras

Carlos Alberto Vargas | 20 jun 2016 – 00:05h

El 14 de abril de 2016, encargados de la auditoría seguida por la Contraloría a la exministra de Trabajo Alma Cortés, hicieron una diligencia para entregar personalmente a la exfuncionaria una nota de comunicación para que formulara las aclaraciones o aportara pruebas que ella considerara necesarias sobre el resultado de la auditoría.

La diligencia se hizo en las oficinas de la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados, ubicadas en el Edificio Vallarino. Indican los auditores en su informe, que fueron recibidos por la propia Cortés, quien estaba acompañada de Crecencio Arosemena, a quien identificó como contralor del bufete. Se procedió, comentaron los auditores, a entregarle a Cortés la nota para que la firmara y sustentara el posible enriquecimiento injustificado en $2 millones 587 mil 929.28.

“Al leer el contenido, la señora Cortés subrayó a lápiz la cuantía indicada en la nota [$2 millones 587 mil 929.28] al igual que la frase sobrepasan los declarados o los que probablemente superan sus posibilidades económicas; manifestando que se acababa de enterar que era millonaria y seguidamente nos preguntó si sabíamos que ella tenía más de dos millones en tierras antes de ser ministra, ya que ella se dedica a la ganadería y a la reforestación”.

Manifestó a los auditores que se trataba de una persecución política y que en este caso pasaría lo que le ocurrió al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y al exviceministro Alejandro Garuz, “quienes están presos y todo está ya aclarado”. Señala el informe que, seguidamente la exministra preguntó quiénes eran los funcionarios de la Contraloría que firmarían la auditoría, por lo que la funcionaria Miriam Vásquez se identificó. “Cortés se dirigió a ella preguntándole tres veces, de manera amenazante, si estaba segura de lo que iba a firmar pues [aseguró que] ella va a proceder legalmente en su contra”.

Premian a la investigación periodística que sacó a relucir las prácticas de Mossack Fonseca

La investigación global a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre el bufete panameño Mossack Fonseca fue premiada como la mejor investigación periodística del año en los premiosData Journalism Awards.

Entregados por la organización Global Editors Network (GEN) que agrupa a mil editores y mil 300 innovadores en medios de comunicación de 80 países, el premio fue entregado la noche de este jueves 16 de junio, en Viena, Austria.

Un total de 11.5 millones de documentos en 2.6 Terabytes de información, fue la información que revisaron y procesaron más de 370 periodistas en 80 países para esta investigación.

La investigación del ICIJ señala al bufete panameño Mossack Fonseca como artífice de la creación de sociedades secretas en el extranjero, algunas supuestamente utilizadas para evadir el pago de impuestos.

Abogados de hotel Casco Viejo defienden proyecto

Los representantes legales del hotel Casco Viejo, en el corregimiento de San Felipe, salieron en defensa del proyecto turístico, luego de las críticas emitidas por varias organizaciones defensoras del patrimonio histórico.

José Agustín Preciado, uno de los abogados de la obra, subrayó que el promotor del hotel, desde un inicio, ha respetado los lineamientos de la Dirección de Patrimonio Histórico.

Según Preciado, el diseño se hizo en colaboración con las autoridades del Instituto Nacional de Cultura y ha cumplido con las observaciones de las entidades. “No hay ningún peligro al patrimonio en el Casco Antiguo y los promotores están claros en que todo debe ser avalado por la Dirección de Patrimonio Histórico”, puntualizó sobre la construcción que debe estar lista en 2018.

Uno de los aspectos más cuestionados por los opositores al hotel Casco Viejo es que una parte de la edificación se levanta sobre el mar.

No obstante, el abogado explicó que la finca data de 1917, por lo que tiene más de 100 años de haberse constituido. “Es una finca que nació con parte de ella sobre el mar, y a principios de siglo eso no estaba prohibido”, acotó.

Preciado usó como ejemplo lo que ocurre en el Parque Recreativo Omar, donde varias fincas se han tomado parte de ese espacio verde. “Allí sí se han tomado un bien público”, argumentó.

En caso de que el Estado quisiera tomar posesión de la finca donde se construye el inmueble, consideró que la única vía sería expropiarla y, para eso, habría que indemnizar al propietario.

Concluyó que en los últimos 100 años el nivel del mar ha ido en aumento debido al cambio climático, por lo que se tiene la impresión de que la obra se toma el espacio marino del Casco Antiguo.

Para Harley Mitchell, hijo, exdirector de Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente, las playas y riberas de mar son de dominio público y no pueden ser objeto de apropiación privada, pues lo establece la Constitución.

“Pienso que están equivocados. No hay argumento jurídico que sustente que se puede usurpar un patrimonio que pertenece al Estado, como lo es el mar y sus playas”, sostuvo.

Mitchell ha representado a los residentes de Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, en varios procesos legales contra edificios que se levantan en esa zona sobre la línea de mar, es decir, la interfase entre la marea alta y la marea baja.

“Se está invadiendo el patrimonio del espacio marino con títulos de propiedad que violan la Constitución. Las autoridades han sido muy permisivas en este tema durante décadas”, aportó.

Mientras, Tomás Engler, dirigente de la Red Ciudadana Urbana, fue enfático al decir que las riberas de mar y playas no pueden ser adjudicadas a particulares.

“El bien común prima sobre los intereses particulares. Es el momento para que las entidades tomen decisiones en este tema”, apuntó.

Empleado de MF arrestado no es ‘Jhon Doe’

El informático, exempleado de la firma Mossack Fonseca, que fue arrestado ayer por las autoridades suizas, no es ‘Jhon Doe', la fuente que entregó al diario alemán la masiva filtración de documentos del bufete.

De acuerdo a la información que tiene Bastian Obermayer, reportero del diario alemán Süddeutsche zeitung y que inició las publicaciones de los Papeles de Panamá, se trata de otra persona.

En un twit, Obermayer añadió que el detenido en Ginebra ‘solo tomó la data después de la publicación de los Papeles de Panamá'.

Esta semana la Fiscalía suiza detuvo a un técnico informático de la firma que laboraba en la jurisdicción de este país acusándolo de tres cargos.

La firma en Panamá envió un escueto comunicado en el que informa que el bufete interpuso denuncias en algunas jurisdicciones contra otras personas que presuntamente pudieron estar involucrados en el robo de información.

‘Para algunas de estas denuncias las autoridades ya han avanzado como el caso de la interpuesta en Ginebra, Suiza. Confiamos en que las autoridades en cada país llevarán a cabo los procesos correspondientes en forma transparente y efectiva', se lee. Pero la nota no da más luces sobre las características del excolaborador.

MP debe investigar a Méndez’

Los abogados consultados por este diario sobre la asesoría de imagen municipal contratada durante el gobierno de la exalcaldesa Roxana Méndez sostienen que se habría incurrido en desviación de poder, vicio de ilegalidad y peculado de uso.

Entre 2012 y 2013, ese contrato público, por $395,900, fue utilizado para promocionar la imagen y las aspiraciones electorales de la ex alcaldesa.

‘Eso debería ser investigado por el Ministerio Público, porque con el contrato se aparentó un fin que no se cumplió en su totalidad', planteó el jurista Ernesto Cedeño, conocedor de asuntos de contrataciones públicas.

Méndez y el empresario español Juan Carlos Pérez firmaron en 2012 el contrato 491-2012, mediante el cual la compañía Novasoft se comprometía a ejecutar un plan para identificar y mejorar el perfil digital del Municipio de Panamá. Novasoft, a su vez, adquirió los servicios de consultoría de la española Eico, investigada en su país por operar un esquema de corrupción similar al señalado de Panamá: ganaba contratos con municipalidades, para mejorar su perfil digital, sin embargo orientaba su trabajo a la imagen personal de quien gobernaba.

El jurista Miguel Antonio Bernal es de la opinión de que el Ministerio Público no tiene camino adicional que abrir una investigación de oficio, porque el dinero con el que se pagó la asesoría que benefició a Méndez era público.

‘Si no lo hacen es porque la impunidad se ha extendido hasta el Ministerio Público o porque, simplemente, no les interesa, y eso es decepcionante', insistió.

Voceros de la Procuraduría aseguraron que sin indicios no abrirían una pesquisa sobre el caso, aunque esperaban la remisión de una rogatoria que la justicia española anunció hace dos semanas que presentaría ante Panamá, tomando en cuenta el contrato con Novasoft y uno adicional, por $13,900, firmado con la compañía Ópera Global.

Además, Novasoft Caribe habría firmado los contratos con el Municipio de Panamá con una dirección en la que nunca operó.

Según declaró su representante, Juan Carlos Pérez, la empresa estaba en la urbanización Ciudad del Saber, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá. La información la amplió en Panamá Compra: avenida Principal, edificio 223, apartamento P4-B .

Consultada por La Estrella de Panamá, la Fundación Ciudad del Saber, que administra el polígono, aseguró que si bien se había firmado un acuerdo con Novasoft para su establecimiento en la zona, la empresa española nunca llegó a radicar allí.

Novasoft y Ciudad del Saber habían firmado un acuerdo de afiliación el 29 de septiembre de 2011, poco más de un año antes de que la compañía ganase la licitación alcaldicia.

‘La Alcaldía tenía que estar pendiente de cosas como verificar la dirección, porque si la empresa aportó información falsa había una razón para la resolución del contrato', explicó el abogado Cedeño, con la Ley 22 de Contrataciones Públicas en mano e identificó ‘omisión administrativa.No cuidó el contrato que suscribió', dijo.

Tribunal favorece a Javier Pariente en caso de comida deshidratada

El Segundo Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la orden emitida desde noviembre de 2015 por la Fiscalía Primera Anticorrupción de formular cargos de peculado e indagar al empresario Javier Pariente en la investigación relacionada con el contrato de comida deshidratada por $14.5 millones otorgado en 2010 por el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

A pesar de los señalamientos hechos por la fiscal Tania Sterling, en el sentido de que Pariente fue la persona que fungió desde el inicio del contrato como facilitador detrás de la empresa Lerkshore International Limited -que obtuvo el contrato y procuró que el programa de la comida deshidratada entrara al entonces PAN-, el tribunal indicó que “no consta en el proceso ninguna evidencia o indicio que lo ligue [a Pariente] al contrato”.

El fallo, con fecha del 27 de mayo de 2016, lleva la firma de los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia Diego Fernández y Wilfredo Sáenz.

Pariente, exvicepresidente de Ricamar -empresa ligada al expresidente Ricardo Martinelli– es conocido como el artífice de los contratos de la comida deshidratada que se dieron en el gobierno anterior. Se encuentra fuera del país desde agosto de 2015, cuando el Ministerio Público inició las investigaciones por este caso.

Desde el Ministerio Público informaron que la fiscalía analiza a qué medidas legales puede recurrir ante la decisión de los magistrados. 

'NO HAY INDICIOS CONTRA PARIENTE'

El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó un fallo del Juzgado Decimosexto Penal y admitió un recurso legal presentado por la defensa del empresario Javier Pariente que solicitó dejar sin efecto la orden de indagatoria y formulación de cargos (peculado) que emitió en su contra la Fiscalía Primera Anticorrupción en la investigación relacionada con el contrato para la compra de alimentos deshidratados a través del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN) por $14.5 millones.

En un fallo del 27 de mayo de 2016, que lleva la firma de los magistrados del Segundo Tribunal Diego Fernández (suplente especial) y Wilfredo Sáenz, se revoca el auto No. 9 del 11 de febrero de 2016, mediante el cual el Juzgado Decimosexto Penal negó un incidente de controversia presentado por la defensa de Pariente contra la resolución del 11 de noviembre de 2015, en la cual la Fiscalía Primera Anticorrupción le formuló cargos y ordenó indagarlo en torno a la investigación citada.

“La sala, por el momento, no coincide con los motivos utilizados por la Fiscalía para indagar al señor Javier Pariente, por cuanto no consta en el proceso ninguna evidencia o indicio que lo ligue al contrato donde se le adjudicó a la empresa Lerkshore International Limited la compra de alimentos deshidratados para escuelas oficiales”, dicta el fallo.

Destacan los magistrados que “Javier Pariente no era empleado público del Estado, es decir, del Fondo de Inversión Social o del Programa de Ayuda Nacional [ya disueltos], tampoco representante legal o dueño de la empresa Lerkshore International Limited”.

Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar – empresa ligada al expresidente Ricardo Martinelli-, es considerado el “artífice” del negocio de la comida deshidratada. De hecho, la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, lo señaló en su investigación como “la persona que fungió desde el inicio del contrato como facilitador detrás de la empresa Lerkshore International Limited y procuró que el programa de comida deshidratada ingresara al Fondo de Inversión Social, desde la designación de la persona de Ángel Famiglietti, para la ejecución del contrato e incluso aportó el dinero que garantizaría, una vez adjudicado el contrato, la solvencia de dicha empresa, para que la misma resultara beneficiada en contra de los intereses del Estado panameño”.

En cambio, los magistrados concluyeron que el hecho de que Pariente conociera a Giacomo Tamburrelli, exjefe del antiguo PAN; Ángel Famiglietti, exjefe de Nutrición del PAN y a Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore International Limited, “no implica que se haya demostrado algún nexo de ejecución que revele que incurrió en la comisión de algún delito, pues no intervino en ninguna forma en la celebración, adjudicación, implementación, cobro o desembolso del contrato relativo a la compra de alimentos deshidratados”.

El tribunal también descartó la vinculación que hizo la fiscalía a Pariente con el delito por el hecho de que, como representante legal de la empresa Productos y Procesos Industriales, S.A., intentó girar fondos a Lerkshore International Limited por $15 mil pocos días después de haberse adjudicado el contrato.

Según el tribunal, “se tiene certeza que ese movimiento bancario no se realizó, pues el banco lo rechazó con base en que se salía del perfil contemplado para el cliente”.

Los magistrados indicaron que De Ycaza declaró a la fiscalía que Productos y Procesos Industriales es propiedad de su amigo Sabas Cordero, y que el depósito que se intentó hacer a la empresa Lerkshore Internacional Limited, por $15 mil, fue en concepto de comisiones, ya que Cordero le pagaba cada vez que conseguía un cliente y que el cliente en este caso era la empresa Intel de Costa Rica.

“Todo lo anterior permite establecer, de manera clara, que el señor Javier Pariente no mantenía conexiones comerciales con el señor Rubén De Ycaza”, destacó el fallo del tribunal.

Por esta investigación la fiscalía imputó cargos a Giácomo Tamburrelli, exjefe del PAN; Ángel Famiglietti, jefe del Departamento de Nutrición del PAN; Rubén De Ycaza, dueño de Lerkshore Internacional Limited y al abogado Amado Arjona.

El 18 de agosto de 2015, la Fiscalía Primera Anticorrupción abrió una nueva investigación por este contrato de 2010.

Las primeras pesquisas de la fiscalía se sustentaron en una publicación de La Prensa del 12 agosto de 2015, que reveló que este negocio se “cuadró” seis meses antes de que el entonces director del Fondo de Inversión Social (FIS, hoy PAN), Giacomo Tamburrelli, licitara el proyecto.

Parte de la ganancia de esta compraventa se depositó en cuentas de sociedades off shore del abogado Amado Arjona Duque, quien había firmado seis meses antes de la “licitación” (noviembre de 2009) un acuerdo para cobrar una comisión de $4.4 millones con la “ganadora”, Lerkshore International Limited, del empresario De Ycaza. La “comisión” equivalía al 30% del contrato.

En esa misma publicación quedó al descubierto la relación de Arjona con Pariente, considerado el artífice de los contratos de la comida deshidratada. 

Arjona y Pariente eran protagonistas del multimillonario negocio de la Cadena de Frío, que adjudicó en noviembre de 2011 el ministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu al Consorcio Panamá Frío, por $75 millones.

Pariente es socio minoritario en ese grupo empresarial, que también pagó $10 millones en “comisiones” a Arjona en “honorarios profesionales” por su asesoría en esa licitación de la comida deshidratada.

Además, Pariente es firmante de una cuenta bancaria de la sociedad Mejores Acabados, S.A., que, junto a Outsourcing de Venezuela, S.A., integra el Consorcio Panamá Frío, de la Cadena de Frío.

También fue favorecido con el contrato de $1.6 millones para construir el parque del polémico terreno de Paitilla que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras –por entonces a cargo de Anabelle Villamonte- le había traspasado de forma gratuita al florista César Segura.

Pariente es dueño de la compañía Klip Financial Investment Corp., receptora de fondos de sociedades de Arjona Duque, cuando este facturó $22 millones en “comisiones” de los dos contratos de la comida deshidratada y de la Cadena de Frío.

Klip Financial Investment Corp. fue constituida por Arjona Duque –a través de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha & Díaz, hoy llamada AP Partners– el 18 de junio de 2010. Es decir, solo un mes después de que Tamburrelli adjudicara el primer contrato de la comida deshidratada –por $14.5 millones– a Lerkshore Internacional Limited, que también en 2011 logró otro contrato por $44.9 millones.

Justo en esas fechas, Pariente compró un terreno de playa –lote 309– en Buenaventura, Antón, a través de la sociedad Villa Montichiari, S.A., por el que pagó casi $188 mil.

El 2 de febrero de 2013 Pariente traspasa la finca a la sociedad McKenzie Properties, Corp. Un año después la sociedad dona la finca a la Fundación Ching Ying Fa, donde figuró la abogada Mariel Jované, jefa de asesoría legal de Ensa cuando Pariente era jefe allí. 

El 1 de agosto de 2014, la Fundación Ching Ying Fa declaró mejoras en esa finca por casi $1 millón.

Tribunal destituye a juez por falta a la ética

El Primer Tribunal Superior de Panamá destituyó al juez sexto de lo civil Víctor Rene García Gálvez por faltas a la ‘ética judicial' durante un proceso entre el Banco Nacional y la sociedad Promotora Nacional de Vivienda S.A. (Pronavi), que construyó el proyecto Prados del Este.

El fallo, del 1 de junio, contó con el voto unánime de los cinco magistrados del Primer Tribunal Superior, quienes consideraron que el juez García infringió los numerales 1 y 6 del artículo 447 del Código Judicial.

INUNDACIÓN Y PROCESO

En el 2004 se inundó la recién construida barriada Prados del Este

El Banco Nacional era la entidad financiera de la obra, que se construyó en un área inundable.

La entidad inició un proceso de remate de la empresa.

La decisión del Primer Tribunal fue en respuesta a una queja que presentó el Banco Nacional en contra del juez García por el cambio de un fallo sobre una demanda de nulidad que presentó Pronavi en contra de la entidad bancaria. La demanda de Pronavi buscaba anular el proceso de remate que había iniciado la entidad bancaria en contra de la empresa, en vista de que la barriada Prados del Este se inundó ene l 2004.

El Banco Nacional fue la entidad que financió el proyecto, que se construyó en Felipillo y declarado inhabitable.

El Juzgado Sexto, que estaba a cargo de García, emitió un fallo que negaba la nulidad de la quiebra, sin embargo, fue cambiado. Una fuente ligada al proceso narró que uno de los abogados del banco pasó por el juzgado y fotografió el fallo que favorecía a la entidad bancaria, pero, luego de cuatro días, los representantes legales volvieron al Juzgado para revisar el expediente, antes de notificarse del fallo y descubrieron que la decisión era a favor de la empresa Pronavi, cuyo representante legal era Pedro Solís, quien paralelamente mantenía una demanda por $25 millones en contra del banco estatal.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia desestimó, recientemente, la demanda millonaria.

Las fotos que tomó uno de los abogados del banco al fallo inicial fueron claves para la destitución de García, quien tenía unos 40 años de servicios. Se intentó localizarlo, pero no fue posible.

El arresto de un empleado de MF contradice ‘hackeo’

Un colaborador de la firma Mossack Fonseca que trabajaba en el ramo de tecnología informática en la sede de Ginebra, Suiza, de este bufete, parece ser el responsable de la masiva filtración de documentos que dieron origen a los Papeles de Panamá.

No obstante en Panamá, la firma y el Fiscal a cargo de identificar al autor de los hechos no han efectuado comentarios. En Mossack Fonseca el enlace con los medios y/o el abogado de la firma Elias Solano, no han respondido las llamadas de este diario.

La información trasciende a través de medios internacionales que reportan que el fiscal Claudio Macotto, del Ministerio Público de Ginebra, abrió una investigación a raíz de una denuncia puesta por la firma. El exempleado, del que aún no se ha revelado su identidad o los motivos que presuntamente lo llevaron a extraer 11.2 millones de documentos confidenciales, está bajo arresto.

FISCALÍA SUIZA

Claudio Mascotto es el fiscal que investiga

Puso en marcha la búsqueda del cuadro ‘El hombre sentado con un bastón', de Modigliani, pintada en 1918.

Mascotto efectuó una auditoría a la empresa de almacenaje que guardaba la pieza después de la guerra.

La pintura pertenecía a un judío perseguido por los nazis y su nieto lucha por la restitución a la familia.

El diario Le Temps reporta que ‘el individuo es sospechoso de haber extraído un gran volumen de información confidencial de la firma en un periodo reciente de tiempo'.

El arresto del técnico en informática, no obstante, contradice la investigación que realiza la fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual a cargo de Ricaurte González, del Ministerio Público en Panamá, en cuyo expediente reposa un informe elaborado por el perito Luis Rivera, director de la sección de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELF) que indica -palabras más o menos- que hubo un ingreso indebido al servidor de datos de la firma por parte de terceras personas no autorizadas para esta labor, lo que normalmente se denomina como ‘hackeo' de la información.

La sede central de la firma en Panamá ha reiterado que el culpable de la filtración es un hacker externo a la firma, y se han amarrado a esta tesis que sustentan con el informe del perito del IMELF.

El arresto del excolaborador de la firma en Ginebra, por tanto, pone en duda las pesquisas de las autoridades panameñas y la tesis del bufete. De ser éste el hombre que provocó la vorágine en el mundo sobre la funcionalidad de las empresas off shore , a la firma le pueden llover demandas multimillonarias por haber descuidado los sistemas de seguridad informáticos del bufete.

El diario suizo Le Temps informa que la fiscalía suiza encargó a Claudio Mascotto un registro de los locales de Mossack Fonseca en Ginebra, donde se confiscó el equipo de computo. Las revisiones están en marcha para determinar si de ése equipo se han sustraído datos, y si es así, qué tipo de datos y durante qué periodo de tiempo o fecha. La fiscalía ha acusado al exempleado de ‘sustracción de datos', ‘acceso no autorizado a un sistema informático' y ‘abuso de confianza'. Sin embargo, los abogados del sospechoso recalcan que su cliente es inocente.

El matutino cita que todas las hipótesis están abiertas, y que el abogado Thierry Ullmann, de la firma, está en contacto con las autoridades. ‘Lo que sabemos es que los datos se sustrajeron del equipo en Ginebra y que éste equipo tenía todos los derechos de acceso. Es sobre esta base que presentamos la denuncia, por violación a la confidencialidad', afirmó.

El 7 de abril, el Ministerio Público de Ginebra inició las investigaciones. En Panamá iniciaron un mes antes. En mayo, la fiscalía informó que había tomado declaración a tres personas y realizó tres diligencias de inspección ocular a la firma. El fiscal Ricaurte cuenta con 120 días, a partir de la fecha en que se interpuso la denuncia, 10 de marzo, para hacer la investigación que no merece prórroga, según el Código Judicial a pesar de que éste se califica como un delito grave. El reciente arresto del excolaborador de la firma da un giro de timón drástico a las pesquisas que efectúa el Ministerio Público.

Desde hace meses, este diario ha insistido en una entrevista con el fiscal Ricaurte pero el Ministerio Público ha dado largas a la petición.

Otra incongruencia que aflora la investigación suiza son las declaraciones previas que brindó a La Estrella de Panamá el abogado de la firma Mossack Fonseca, Elias Solano.

En una entrevista previa Solano, reveló que la firma se había percatado de la masiva filtración en febrero o marzo del 2016, después de que un periodista extranjero contactó por correo electrónico a un cliente de Mossack Fonseca para solicitarle información sobre una de sus cuentas off shore. El mensaje tenía un archivo adjunto que era una reproducción exacta del archivo ubicado en el sistema informático de la firma.

Hecho que no concuerda con los tiempos que el Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ por sus siglas en ingles) asegura le tomó la investigación. El Consorcio indicó que le tomó aproximadamente un año analizar la masiva documentación junto a periodistas de todas parte del mundo antes de que se publicara el 3 de abril de 2016.

La sensibilidad de los datos que guardaba la firma la obligaba a ejercer medidas de seguridad superiores a las de cualquier negocio.

Exonerar de responsabilidad a un empleado de la firma hasta cierto punto es riesgoso. ¿Quién puede asegurar que un empleado no haya tomado una foto de la pantalla de su computador? Con esto no se sugiere que se utilizó este método para extraer la información, pero pone en perspectiva las múltiples formas de obtenerla.

Aún quedan varias dudas. Por ejemplo: ¿son suficientes los recursos (gente y dinero) que asigna la empresa al Oficial de Seguridad de Información? ¿Esa persona se dedica 24 horas a monitorear el sistema? ¿En cuántos lugares distintos dentro de la red de la organización, o fuera de ella, puede estar copiada la misma información?

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MANIFIESTO

¿Y John Doe?

A principios de mayo pasado, el hombre que se atribuyó la mayor filtración de la historia publicó un manifiesto en Internet con el seudónimo de John Doe.

En el, describe las razones que le motivaron a extraer la documentación de la firma.

Aun se desconoce si éste personaje es el mismo que las autoridades suizas arrestaron como presunto autor de la filtración.

Ya expresó que aunque las compañías creadas por la firma no son ilegales por definición, sí son utilizadas como instrumento para hacer serios crímenes que traspasan la evasión fiscal. ‘No fue por motivaciones políticas, sino por la dimensión de las injusticias que revelaban los papeles', se lee en el documento.

‘Decidí exponer a Mosscak Fonseca porque pensé que sus fundadores, empleados y clientes deben responder por sus roles en estos crímenes. No trabajo para ningún gobierno o agencia de inteligencia directa o indirectamente. Mi decisión de compartir los papeles con Süddeutsche Zeitung y el CIJI, porque entendí lo suficiente de su contenido para realizar la escala de injusticias que describen', se lee en el texto.

Según Doe, la firma violó las leyes conscientemente y afirma estar dispuesto a colaborar con la justicia en la medida de sus posibilidades.

En los Estados Unidos, comúnmente se emplea el nombre John Doe en las acciones legales o discusiones legales, en el caso de los hombres, para reemplazar un nombre (y mantener el real anónimo) o porque se desconoce también el nombre real o para ser usado en un caso hipotético.

Alma Cortés bajo investigación penal por corrupción

El contralor de la República, Federico Humbert, aseguró que en la auditoría realizada a la exministra de Trabajo y Desarrollo Social, Alma Cortés, se le dio la oportunidad de realizar sus descargos.

‘De la Contraloría no ha salido ningún informe en donde no se le dé la oportunidad a la parte afectada contar su historia', aseguró el jefe de la Contraloría.

CLAVES EN LA INVESTIGACIÓN

La auditoría se inició de oficio por una publicación

$2.5 millones asciende el posible incremento patrimonial injustificado.

$1 millón de dólares son los recursos provenientes de fuentes conocidas según la Contraloría.

$3,6 millones son los gastos de la exministra, según la auditoría de la Contraloría, entregada al Ministerio Público.

La auditoría que revela un posible incremento patrimonial injustificado por $2.5 millones ya está en manos del Ministerio Público.

‘La señora exministra vino a la Contraloría, sin embargo, decidió no presentar descargos. Razón por la cual se envió el informe solo con la información que recabamos', informó Humbert.

La auditoría que se inició de oficio, por una publicación de La Estrella de Panamá , hecha en junio de 2015, ha sido calificada por Cortés como una persecución política y además dijo temer por su vida, la de sus hijos, nieta y hermanos, al ser blanco de un posible secuestro.

La Contraloría, explicó Humbert, remite a las autoridades correspondientes los informes y son ellos, como el Ministerio Público y la Fiscalía de Cuentas, las que inician un proceso.

‘A ella (Cortés) le corresponderá, de seguir la Procuraduría de la Nación, una investigación, presentar los descargos', dijo Humbert.

El informe de la Contraloría establece que los recursos provenientes de fuentes conocidas son de $1,022,418. Menos los recursos que son $3,610,348. De allí, a juicio de la Contraloría, existe un supuesto enriquecimiento injustificado por de $2.5 millones, según se detalla en la auditoría.

El equipo de la Contraloría comparó los ingresos con los egresos de la exministra en el quinquenio que fungió como ministra y no coinciden.

Aunque las averiguaciones implican más transacciones efectuadas por Cortés (a nombre propio y a través de fundaciones a las que pertenece), este diario supo de cinco casos en particular que están siendo investigados.

Se trata de la compra de tres lotes a través de la Fundación Ramimar, la venta de una casa a nombre de la abogada y la adquisición de un terreno a través de Reforma Agraria.