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El Ministerio Público recibió el aval de tres traslados de partidas, por parte de la Asamblea Nacional, que suman $5.8 millones. Parte de los fondos serán utilizados en la compra de equipos para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Se trata de la adquisición de un sistema de identificación balístico que integrará un microscopio y una cromatografía de líquidos de alta resolución en toxicología forense, que serán utilizados para la labor forense en el Sistema Penal Acusatorio.

La otra parte de los fondos serán utilizado por el Ministerio Público en la compra del equipamiento especial y mobiliario de la nueva sede de la Unidad Regional del Ministerio Público en la provincia de Colón.

El Sistema Penal Acusatorio se termina de implementar en el país el próximo 2 de septiembre las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón Darién y en las comarcas, con la excepción de Ngäbe Buglé. Humberto Mas, director de Medicina Legal, se ha quejado por la falta de fondos que afectará la labor de la institución con la implementación del Sistema Penal Acusatorio.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, además, aprobó un traslado de partida al Ministerio de Relaciones Exteriores por la suma de $2.7 millones, que serán utilizados en la modernización de la entidad mediante el uso del sistema software y para mejoras de las oficinas del salón de conferencia de esta dependencia estatal.

Los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional también aprobaron varios traslados de partidas al Ministerio de Salud, entre los que se encuentran $3.1 millones para cancelar el suministro y descarga de crema precocida nutritiva enriquecida, por parte de la empresa Agro Ganadera San Pedro, S.A. Otro traslado por la suma de $2.1 millones para pagar póliza de seguro de incendio colectivo a funcionarios.

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TRASLADOS Y MODELO PENAL

En septiembre, el Sistema Penal Acusatorio estará en todo el país

La Asamblea Nacional aprobó varios traslados de partidas a distintas instituciones, entre esas el Ministerio Público y parte de los fondos serán usado para la compra de equipos forenses.

Las autoridades de Medicina Legal se han quejado de la falta de fondos para hacer frente al nuevo sistema penal.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia validó la investigación de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore, seguida al exministro de Seguridad, José Raúl Mulino y al exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz, por la contratación de 19 radares comprados a la empresa Selex, filial del conglomerado italiano Finmeccanica, por $125 millones.

El fallo fechado el 14 de junio y dado a conocer ayer revoca la decisión del Juez Quinto del Circuito, Enrique Paniza, que anuló parcialmente el expediente que instruía la Fiscalía Tercera Anticorrupción. Esta decisión anulaba las declaraciones de los imputados en el proceso.

El juez resolvió el incidente de nulidad relativa considerando que la fiscal inició el 12 de agosto de 2014 el proceso de investigación. Terminados los cuatro meses de instrucción sumarial señalados en el Código Judicial, la funcionaria de instrucción solicitó una prórroga de ocho meses para continuar sus pesquisas, que se hizo efectiva el 23 de enero de 2015.

La condición era que, terminada la prórroga, el despacho de instrucción debía remitir el expediente al Tribunal. El plazo para enviar la vista fiscal era el 22 de septiembre de 2015.

‘La fiscal de la causa continúo instruyendo el expediente en abierto desafío a lo que dispone la Ley y en total desacato a la orden vertida por el Tribunal de la causa, procediendo fuera del termino para realizar diligencias', sustenta el fallo de Paniza.

Sin embargo, en la resolución del Tribunal Superior de Justicia del 14 de junio de 2016, se anula la decisión de Paniza considerando que se requirió una extensión del plazo cuando aún no se había vencido el término, el 16 de septiembre de 2015, es decir, diez días antes de que culmirá el plazo para cerrar el proceso.

El fallo, en su página 12, agrega que aunque no se había recibido una respuesta jurisdiccional con relación a la petición de Moore, las actuaciones posteriores no constituyen una causal de nulidad. ‘Era la autoridad competente que ejercía las funciones que por mandato legal le ha impuesto', dice el documento al que este medio tuvo acceso.

El citado tribunal agrega que la defensa solicitó diligencias que obligaron a la funcionaria de instrucción a continuar con el proceso. Es decir, que la actuación de la defensa validó las actuaciones de la fiscal.

Hubo solicitudes de atención médica, presentación de escritos de pruebas, incluso petición de cambios de medidas cautelares y había que darse respuesta para garantizar el derecho de la defensa.

Así entonces no hubo afectación de los derechos fundamentales y de defensa de los imputados porque las diligencias de la fiscal, se realizaron en estricto apego a la Ley y verificadas por la contraparte, advierte el fallo.

‘El planteamiento por el cual se considera la nulidad parcial del sumario carece de sustento fatídico y jurídico, por cuanto, no consta vulneración al debido proceso, ni al derecho de la defensa, mucho menos de las garantías de los imputados', se lee en el documento.

Y si se hubiese dado un retraso en el proceso esto acarreaba sanciones disciplinarias y no una anulación parcial del expediente.

El fallo tuvo la ponencia de la magistrada María de Lourdes Estrada.

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DEFENSOR DEL IMPUTADO

Defensa lamenta fallo del Tribunal

La defensa del exministro de Seguridad José Raúl Mulino cuestionó la decisión del Segundo Tribunal de Justicia.

José Raúl Mulino hijo, dijo que lamentaba el hecho de que el tribunal reconociera como legítimo las actuaciones de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, ‘con el pretexto de que la defensa insistió en práctica de pruebas', en la investigación sobre la compra de 19 radares a $125 millones.

Mulino se pregunta, ¿qué debían hacer? Y el mismo se responde, ‘quedarnos callados sin defendernos durante la investigación fuera de término y esperar que nueve meses después el tribunal ratificara una nulidad?.

El abogado alega que es lamentable la posición de la magistrada porque no defiende el debido proceso y el derecho a la defensa. El 15 de marzo de 2016, Moore apeló al falló de Paniza.

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UN FALLO DE TRES MESES

La fiscalía apeló un falló que anulaba parte del proceso de los radares

14 DE MARZO

La Fiscalía presentó sus escritos de apelación al fallo del Juzgado Quinto de lo Penal que anula parte del proceso seguido al exministro de Seguridad, José Raúl Mulino.

14 DE JUNIO

El Segundo Tribunal Superior concede la razón a Zuleika Moore y valida la investigación que realizó sobre los 19 radares a $125 millones.

Los diputados adversos al oficialismo ya tomaron una decisión y definieron por adelantado sus candidatos a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Ayer un grupo de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se reunió y eligió a Jaime Pedrol, como su candidato a postular para la elección de la directiva que debe realizarse el 1 de julio. Y como jefe de bancada Crispiano Adames.

DOS ENCUENTROS

En el PRD se mantiene una lucha de poder trasladada a la Asamblea

Quince diputados se reunieron para tomar la decisión del candidato de la bancada.

Los diputados rebeldes se reunieron, por su parte y mantiene a Rubén De León como candidato.

Cinco, a parte de los disidentes, no asistieron a la reunión.

Con esta decisión queda abierto el camino para negociar con Cambio Democrático (CD)

Un día antes, once de los 25 diputados del CD, acordaron postular a Fernando Carrillo, , tras la declinación de Aris De Icaza.

A la reunión de la bancada perredista, faltaron diez diputados, mismo número que se ha informado de manera extraoficial que se sumarían al grupo de los disidentes que han bautizado como los ‘seis del solar' y que apoyan a la bancada del oficialismo en la Asamblea Nacional.

Este grupo que lidera el perredista, Pedro Miguel González, hasta ayer se mantenía en que su candidato sería Rubén De León, actual presidente.

Adolfo Valderama, uno de los líderes de la bancada legislativa del panameñismo, avaló ayer la candidatura de De León, aunque dijo que sus copartidarios, se reunirían hoy a tomar una decisión.

CUESTIONAN DECISIÓN

Aunque Ricardo Martinelli, giró instrucciones a sus diputados para que eligieran entre Carrillo y De Icaza, la decisión fue desafiada y ha sido cuestionada. ‘Debe darse una discusión entre los 25 diputados de Cambio Democrático para que salga la mejor decisión', aseveró el diputado Héctor Valdés Carrasquilla, quien fue uno de los ausentes en la reunión.

Mientras que la esposa de Martinelli y exprimera Dama de la República, Marta Linares, dice que la decisión ‘fue un consenso entre todos, quienes coincidieron que Cambio Democrático debe ir con candidato propio porque tiene una bancada grande.

‘Entre los diputados que participaron de la reunión, que era la mayoría, decidieron por el doctor Fernando Carrillo', dijo.

Carrasquilla, quien dijo que no quiere polemizar con Alma Cortes, presidenta encargada de CD, explicó que la reunión del lunes, cuando se escogió al candidato a presidente de la Asamblea fue una reunión de coordinación. ‘Es obvio si son 25 y la decisión la toman 11, no tienen el soporte legal de la mayoría más uno', sentenció el diputado.

El diputado espera que la bancada, conformada por 25 diputados, se reuna en su totalidad para ‘definir por mayoría'.

Somos un partido de oposición y como tal vamos a jugar ese rol', acotó la ex primera Dama, quien instó al resto de los diputados, a apoyar, en unidad, la decisión de la bancada CD, en la figura de Carrillo.

LAS POSIBILIDADES

Para el politólogo Richard Morales, la elección de candidato a presidente de la Asamblea, por parte de las bancadas opositoras no es sorpresa, porque es usual.

‘El factor clave será si los opositores en el PRD y CD logran armar algún tipo de coalición para ganarle al gobierno', interpreta Morales, por lo fraccionado que está la Asamblea.

Explicó que la decisión de los opositores e es generalmente con ‘fines simbólicos para dejar sentado que son un partido de oposición'.

Carrillo, de acuerdo con lo establecido por Martinelli, debe entablar conversaciones con diputados para lograr una alianza que los lleve a lograr los votos susficientes, pues ningún partido solo puede alcanzar por sí solo el triunfo.

NEGOCIACIONES

El candidato de CD debe conversar con diputados del PRD, que eligieron al candidato presidente de la Asamblea.

Los diputados de CD estarán dispuesto a ceder la presidencia de la Asamblea al candidato del PRD para quedarse con las dos vicepresidencias y las comisiones claves: Credenciales y Presupuesto.

‘El Gobierno tiene la ventaja porque tiene el control del presupuesto y así tiene la capacidad de seducir los diputados de oposición tiene mayor capacidad de negociar', sostuvo el politólogo Morales.

Mientras todo se define la bancada oficialista se reunirá hoy para analizar si mantiene el apoyo a Rubén De León, diputado del PRD que no apoya a su bancada junto a otros cinco diputados.

Tres artículos de la Ley 55 de 2012 (blindaje), que guardan relación con la manera como se investiga y se juzga a los diputados, y que habían sido demandados por supuesta inconstitucionalidad, siguen vigentes.

En una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados decidieron que los artículos 488, 489 y 491 del Código ProcesalPenal no riñen con la Carta Magna.

Alegan, por ejemplo, que la Constituciónestablece la necesidad de que los diputados, al igual que los funcionarios de alta jerarquía, por la calidad de sus cargos, tengan un método de juzgamiento especial.

Sobre el artículo 491-A, que fijaba un plazo de dos meses para investigar a los diputados, decretaron sustracción de materia, pues ya fue declarado inconstitucional en 2015.

SE MANTIENE EL BLINDAJE

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una decisión unánime y que solo contó con el voto razonado del magistrado Abel Zamorano, mantuvo vigentes tres artículos de la Ley 55 del 21 de septiembre de 2012, conocida como ley blindaje.

En su parte medular, el fallo destaca que no son inconstitucionales los artículos 488, 489 y 491 del Código Procesal Penal.

El fallo destaca que no son inconstitucionales los artículos 488, 489, y 491 del ‘Código Procesal Penal’, que fueron demandados.

La sentencia, que tuvo como ponente a la magistrada Gisela Agurto, destaca que la propia Constitución establece la necesidad de que los diputados, al igual que los funcionarios de alta jerarquía, por la calidad de sus cargos, tengan un método de juzgamiento especial.

También advierte que para que se viole el principio de igualdad ante la ley no basta con un trato distinto, sino que sea arbitrario o injustificado.

Además, hace referencia a la petición para que se declarase inconstitucional el artículo 491 del Código Procesal Penal, que establece el incidente de objeciones como único recurso para oponerse a las actuaciones del fiscal de la causa por violar el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, al eliminar la posibilidad de ejercer el principio de segunda instancia.

En este punto, el fallo destaca que el sistema penal acusatorio plantea un juzgamiento en el que las decisiones judiciales son tomadas por los jueces en audiencia pública y en presencia de las partes.

Añade que este sistema se rige por los principios de inmediación, contradicción, concentración, celeridad, economía procesal y unidad del acto, con la intención de que las partes puedan presentar sus argumentos y pruebas a su favor.

Así mismo, la sentencia plantea que el artículo 489 del Código Procesal Penal, que permite al juez de garantías comisionar a un funcionario del Ministerio Público para que realice diligencias fuera del despacho, tampoco viola la Carta Magna, ya que esta atribuye a cada órgano o entidad del

Estado competencia funcional para realizar determinadas atribuciones y que la propia Constitución plantea en su artículo 206 que le corresponde al pleno de la Corte investigar y procesar a los diputados.

También detalla que en este caso lo que se busca es otorgarle al magistrado fiscal la facultad de auxiliarse con un agente del Ministerio Público en la práctica de diligencias fuera del despacho.

Otro de los aspectos que se menciona en el fallo tiene que ver con la solicitud de inconstitucionalidad de los numerales 2 y 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal, en los que se establece que para la presentación de una denuncia se debe presentar la identificación del querellado y su domicilio.

Según los magistrados de la Corte, en este punto no existe ninguna contradicción con la Constitución Política, ya que lo que se busca es facilitar el análisis de los hechos, evitando en todo momento la presentación de denuncias contra diputados sin que tengan fundamento alguno.

Además, los magistrados señalan que el Código Procesal Penal, al dividir el proceso en fases, le otorga un rol a cada órgano jurisdiccional, manteniendo el principio de separación de funciones que determina que la función de investigación debe estar separada del juzgamiento.

En cuanto al artículo 491-A, que fijaba un plazo de dos meses para investigar a los diputados, se decretó sustracción de materia, debido a que ya fue declarado inconstitucional por la Corte en otro fallo del 19 de noviembre del 2015.

Esa demanda fue presentada por el magistrado Oydén Ortega Durán y el abogado Carlos Rubio, quienes estimaban que se concedía un fuero o privilegio a favor de los diputados al concederles un plazo de investigación más corto que al resto de los ciudadanos.

El recurso de Ortega Durán fue presentado durante una audiencia de control del proceso que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional, pesquisa que está en trámite.