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Un año y seis meses después de que se cerrara el proceso electoral de los comicios de 2014 [enero de 2015], los expedientes relacionados con supuestos delitos electorales en los que se menciona a diputados de la Asamblea Nacional, e incluso a un magistrado del Tribunal de Cuentas, siguen en el limbo.

El Tribunal Electoral (TE) mantiene su posición de que es a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que le compete adelantar el proceso de investigación, mientras que la CSJ insiste en que los “casos de materia electoral” son competencia del TE.

La controversia entre las dos instituciones tiene paralizadas ocho investigaciones. Está el caso de Armando Guerra, del Partido Panameñista, y suplente de Jorge Alberto Rosas; Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), quien tiene dos procesos pendientes; Dana Castañeda de Cambio Democrático (CD); Jorge Iván Arrocha del Partido Panameñista, quien también tiene dos denuncias; y Omar Castillo, diputado del CD en el Parlamento Centroamericano.

En la lista también figura un expediente del magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, quien en la pasada contienda electoral corrió como candidato a diputado por el Partido Panameñista en el circuito 7-2 (Los Santos).

Sin embargo, en febrero de 2016, la CSJ, en un fallo firmado por siete de los nueve magistrados, argumentó que no puede abordar dichos casos porque se trata de “materia electoral”.

Plantearon, por ejemplo, que el artículo 143 de la Constitución, establece que “el Tribunal Electoral tendrá, además de las que le confiera la Ley, las siguientes atribuciones que ejercerá privativamente: sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio de conformidad con la ley”.

Además, adujeron que se trata de un proceso administrativo electoral llevado al TE, sobre hechos que fueron analizados en un contexto para definir situaciones específicas referentes a las anulaciones de las elecciones de un circuito electoral y que provocaron nuevas elecciones.

“Todavía se está conversando el tema en las reuniones del pleno”, alegaron en la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial, cuando este medio consultó sobre los avances en este tema.

El Código Electoral, en tanto, señala en su artículo 422, referente a la acción penal y la prescripción de la pena, que: “Para los delitos electorales, a los tres años, para las faltas electorales, a los dos años y para las faltas administrativas, al año”.

LOS EXPEDIENTES

El caso de Cigarruista, que prescribirá en agosto de 2017, se constituye como una falta electoral, de acuerdo con el Tribunal Electoral, debido a que no presentó la declaración de donaciones recibidas para su campaña.

Mientras que a Armando Guerra, del circuito 4-6 (Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé, Chiriquí), se le abrió un expediente por la posible comisión del delito contra la honradez, a raíz de una denuncia ciudadana.

Mientras que Miguel Fanovich, del circuito 4-1, también de la provincia de Chiriquí, tiene dos expedientes abiertos. Uno, por la probable comisión de un delito electoral contra la honradez del sufragio, relacionado con el uso ilegítimo de bienes y recursos del Estado y el otro, por una denuncia hecha por la firma forense Legal Consultants Associated, que también lo vincula al uso de bienes oficiales para política.

De igual forma, existen dos expedientes en los que se señala al diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, del circuito 2-1, en la provincia de Coclé. Arrocha es señalado, junto con dos personas más, en los dos expedientes por el supuesto delito contra la honradez del sufragio.

Cabe mencionar, que tanto el diputado Fanovich como Arrocha fueron convocados por el TE a participar en nuevas elecciones, tras las 24 audiencias que celebró la corporación por impugnaciones a candidatos.

En estos procesos, peritos del TE aportaron informes de auditoría que probaron el uso de recursos estatales por parte de varios candidatos a puestos de elección popular, en la contienda de mayo de 2014. Precisamente, el expediente de Castillo se da por la posible comisión de delito electoral, en relación con el proceso de nulidad de elección del circuito 2-1, provincia de Coclé.

PIDEN DECISIÓN

La posición de la Corte y del TE es cuestionada por dirigentes de la sociedad civil, quienes exigen una pronta decisión al respecto.

Annette Planells, del Movimiento Independiente, dijo que es “una gran decepción” el hecho de que los responsables de las instituciones que tienen la responsabilidad de proteger los intereses ciudadanos, en este caso, la malversación de recursos de todos los panameños, se escuden “en tecnicismos” para evitar su responsabilidad.

Planteó que de prescribir esos casos sin ser evaluados, el “comportamiento [de ambas autoridades] quedará en la memoria histórica del país”.

Para Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, es un “absurdo” el hecho de que por una parte el Tribunal Electoral decida que no tiene competencia para investigar a los diputados, alegando que la Constitución le otorga al pleno de la Corte Suprema de Justicia esa competencia. Y que la CSJ, a su vez, sostenga que es competencia del Tribunal Electoral por tratarse de una materia  

electoral.

Mientras que diputados consultados sobre el particular, alegan que esta controversia daña la imagen de la Asamblea Nacional, ya que con dichas acciones se tiende a pensar que existe una “componenda” entre la Corte y el Legislativo.

El diputado perredista Samir Gozaine, por ejemplo, pidió a ambas autoridades valerse de lo que dice la ley y la Constitución.

Una opinión similar tiene el diputado del Partido Panameñista José Antonio Domínguez. “Si hay suficiente mérito para abrir un expediente y hacer una investigación, bien sea a magistrados o a diputados, debe realizarse”, argumentó.

Prometió que si no se procede, y de darse un pacto entre una y otra parte y él se entera, lo denunciará. Reiteró que aquella persona que cometa un acto ilegal, debe enfrentar la justicia.

Pero, ¿a quién realmente le correspondería dirimir sobre este tema? Abogados consultados recuerdan que la Corte Suprema de Justicia, por Constitución, es el máximo ente para resolver un conflicto, y esta ya habló. Siendo así, advierten, le corresponderá a los magistrados del Tribunal Electoral iniciar las investigaciones.

El jurista Javier Ordinola, experto en materia electoral, manifiesta que “es la Corte la encargada de interpretar la Constitución. Y si ellos [los magistrados de la CSJ] han insistido en que no son los competentes, por el tema de la materia, ya han entrado a interpretar lo que dice la Constitución. Y como intérpretes de esta, tienen la última palabra”. “El Tribunal Electoral, acompañado por la Fiscalía Electoral, deberá empezar a investigar …”, añadió.

Plantea también que los magistrados del TE ya tienen un mandato de la Corte y si no entran a analizar los expedientes, “podrían entrar en algún problema, debido a que los casos pueden prescribir”.

Pero Lee insiste en que es la Corte Suprema de Justicia la que tiene “el poder para resolver oportunamente este aparente conflicto de interpretación, de manera que no prevalezca la impunidad al producirse una prescripción de la acción penal”.

Este medio consultó sobre el tema al procurador de la Administración, Rigoberto González, pero dijo que no puede opinar sobre el particular.

En febrero pasado, cuando se le consultó sobre un asunto que vinculaba al presidente de la CSJ, José Ayú Prado, y al diputado del Partido Panameñista Jorge Iván Arrocha, González planteó en una resolución que la Constitución solo le permite ver y pronunciarse en temas administrativos, no judiciales.

Para el 4 de agosto se pospuso la audiencia de fase intermedia programada para este lunes en el proceso que se le sigue al empresario y ex gobernador de Coclé Richard Fifer por la presunta comisión del delito de retención indebida de cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS), a través de las empresas Petaquilla Gold por $3 millones 199 mil y Panamá Desarrollo de Infraestructura por $3 millones 331 mil.

La decisión fue tomada por la jueza Marisabel Bazán, luego de que el abogado de Fifer, Tomas Góndola, le solicitara que la audiencia, que había empezado a las 9:00 a.m., fuera pospuesta.

Esto, debido a que hacía apenas una hora se le había firmado un poder en el que se le nombraba como abogado defensor y por ello no había tenido el tiempo para conocer el expediente. Góndola pedía un plazo de entre 30 y 60 días. Como abogado sustituto fue nombrado Carlos Herrera.

En ese sentido, el fiscal sexto anticorrupción Aurelio Vásquez dijo que aunque podía entender este hecho esperaba que no se tratara de una práctica dilatoria, pues este proceso lleva más de un año y requieren que el mismo llegue a su conclusión.

El defensor de Fifer también solicitó que su cliente sea sometido a una revisión médica y psicológica ya que, según dijo, padece problemas de hipertensión y emotivos. La evaluación, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelfc), fue otorgada por la parte juzgadora.

Por su parte, Humberto Ledezma, abogado querellante en representación de la CSS, reiteró la solicitud de que el imputado sea trasladado a una cárcel de Coclé. Sin embargo, la misma le fue negada ya que la jueza dijo que la causa que Fifer mantiene en el Juzgado Decimosexto Penal, en la pesquisa que se le sigue por supuesta estafa, aún se mantiene abierta.

Fifer está detenido desde febrero de 2016 en la sede de la Policía Nacional, en Ancón. 

En este caso también fue investigado Rodrigo Esquivel, ex directivo de Petaquilla Gold, quien luego de que se le imputaron cargos el 20 de noviembre de 2015, casi cinco meses después se convirtió en un testigo de la fiscalía. El 4 de abril pasado, la jueza de garantías Sandra Castillo avaló un "acuerdo de colaboración" pactado entre el fiscal Vásquez, y el representante legal de Esquivel, Roberto Moreno. Dicho acuerdo excluyó a Esquivel como imputado en el proceso.

Todo ciudadano tiene el derecho a que sus datos personales no sean utilizados con fines de publicidad, mercadeo, investigación o encuestas.

Las bases de datos que contengan información personal y que reposen en custodia del Estado, deberán ser resguardadas de manera segura.

Este es parte del artículo 4 del anteproyecto de ley sobre protección de datos de carácter personal, iniciativa que promueven la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), y que ayer se presentó ante representantes de organismos del Estado, entre otros.

La propuesta, que consta de 34 artículos, está disponible en las páginas web de la AIG y de la Antai, y cualquier panameño puede opinar sobre la misma durante los próximos 30 días, a través del correo proyectodatospersonales@antai.go.pa.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), participó ayer en la denominada consulta abierta del mencionado anteproyecto, y durante su exposición recordó, por ejemplo, que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de todo individuo, y que los gobiernos están obligados a garantizar el ejercicio de ese derecho.

Contó además que a la fecha 14 países tienen una ley de protección de datos y que las mismas están encaminadas a controlar el poder del Estado y de agentes privados frente a interferencias ilegítimas y a la capacidad de retener, archivar, circular y difundir esa información. “Como regla general los datos personales solamente deben ser recopilados con el consentimiento de la persona”, añadió el relator.

También manifestó que esa información “debe manejarse con el propósito esperable y específico por parte del controlador, y no debe utilizarse con fines no compatibles con la finalidad con la que se recopilan”.

Respecto a los datos que están en poder del Estado, añadió, pueden estar sujetos a normas diferentes en función de la naturaleza de la información y razones para su divulgación.

El anteproyecto que promueve la AIG y la Antai tiene un área específica relacionada con los datos personales en manos de los organismos públicos.

El artículo 28, por ejemplo, establece que los que transmitan, transfieran, traspasen, vendan o intercambien información personal a terceros, deben llevar un registro de las mismas, “las cuales deben estar a disposición de la Antai, en caso de que esta lo requiera”.

“En la inscripción constará la identificación de las mismas y el responsable de estas, la naturaleza de los datos que contiene, el fundamento jurídico de su existencia, el procedimiento de su obtención, el tratamiento, destino, las medidas de seguridad y la descripción técnica de las bases de datos (…)”.

La iniciativa contempla la creación de una comisión [artículo 30] para la implementación de la ley. Estará conformada por el ministro de Comercio e Industrias, o a quien delegue, el administrador de la AIG o un representante, el administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, o quien él disponga, un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el defensor del Pueblo, o a quien delegue; y el administrador de la Antai.

Esta comisión asesorará a la Antai en materia de protección de datos personales, analizará los temas y casos que le sean presentados para consulta y desarrollará un reglamento.

Angélica Maytín, jefa de la Antai, recordó que en el gobierno pasado se usaron bases de datos con información de los ciudadanos para la campaña política. “Ese tipo de cosas no debe ocurrir afirmó.

El Tribunal Electoral (TE) habilitó 10 días adicionales al calendario que había programado para que los partidos políticos en formación puedan sumar nuevos adherentes a sus filas.

Con esta medida se recompensan los días que él TE determinó el cierre de sus oficinas  con motivo de las fiestas nacionales y  los días feriados. En este sentido, mediante Decreto 6 del 27 de junio de 2016 establece que  han sido habilitados, para la inscripción de adherentes de los  partidos políticos en formación, los días 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16 de julio de 2016.

Durante estos días, las inscripciones de adherentes se harán en un  horario de 7:30 a.m. a 3:30 p. m.

Él TE estableció 4 meses para la inscripción de adherentes para los partidos políticos en formación, en puestos estacionarios, periodo establecido para estas inscripciones era del 1 de marzo al 30 de junio de 2016, de conformidad con el numeral 1 del artículo 58 del Código Electoral. 

Luis Cucalón, exadministrador de la Autoridad Nacional de Ingresos, fue citado la mañana de este jueves 7 de julio a rendir indagatoria por la Fiscalía Novena de Circuito Anticorrupción.

Debido al estado de salud de Cucalón la indagatoria fue trasladada al hospital de Punta Pacífica.

La fiscal novena anticorrupción, Johaira González, programó la indagatoria a Cucalón, a quien se le formularon cargos por el supuesto delito contra la administración pública, (abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos), según denuncia presentada por Publio Cortés, directo general de Ingresos. 

A Cucalón se le acusa por decretar una medida cautelar de secuestro sobre las cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, de la empresa Digicel Panamá S.A. y de haber girado notas a los diferentes bancos para que se le diera trámite al secuestro decretado, a pesar de que existía una acción de amparo de garantías constitucionales presentada por la firma Fábrega, Molino & Mulino, la cual fue admitida y notificada a Cucalón. 

González dijo que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en la Nota No.DSAN-1155, de 6 de mayo de 2014, dirigida a Cucalón, le informó que el artículo No. 3 de la Ley No. 26, de 29 de enero de 1996, por la cual se creó el ente regulador de los servicios públicos, establece que la administración de los concesionarios de servicios públicos no está sujeta a ninguna medida cautelar.