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El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, reveló que no ha ordenado realizar una auditoría al despacho de la jueza cuarta penal, Yoideth Chirú, investigada por la Fiscalía Auxiliar a raíz de un controversial fallo donde ordenó la liberación de 25 personas investigadas por supuesto narcotráfico.

No obstante, el magistrado presidente de la Corte explicó que esto no significa que los superiores jerárquicos del Juzgado Cuarto el Segundo Tribunal de Justicia  adopten la decisión “que consideren la mejor”.

En un cuestionario que respondió a este medio, Ayú Prado aseguró que respeta la independencia judicial de todos los magistrados y jueces, y que por eso no se inmiscuye en las decisiones de primera instancia y en los recursos de apelación que deben interponerse en el plazo y en la forma convenida en la ley.

Lo que sí reiteró es que informó sobre este caso al Ministerio Público (MP), fundamentándose en los artículos 1992, 1996 y 1997 del Libro III del Código Judicial, que se refieren a la obligación de todo servidor público o administrador de justicia de denunciar un delito cuando tengan conocimiento del mismo.

Ayú Prado solicitó que el MP respete “la presunción de inocencia, la reserva del sumario, el debido proceso y el derecho a la defensa, entre otras muchas garantías fundamentales contempladas claramente en la Constitución Política, en los convenios internacionales y en la ley”.

Igualmente, detalló que le envió copia a la persona que está siendo mencionada en la nota dirigida al Ministerio Público, como una forma de transparencia y rendición de cuentas.

Sobre el hecho de que por qué no dio copia del documento a los medios de comunicación, el presidente de la CSJ alegó que “ello podría poner en peligro la presunción de inocencia, la reserva del sumario, el debido proceso y el derecho a la defensa, entre otras garantías fundamentales”.

LA PESQUISA

El fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, abrió una investigación contra la jueza Chirú, luego de que Ayú Prado remitiera al Ministerio Público la solicitud de investigar la liberación de 25 presuntos narcotraficantes detenidos en la denominada Operación Taipei.

En este caso, el fiscal de Drogas, Markel Mora, remitió una carta a Ayú Prado en donde le revela la existencia de una serie de irregularidades en la tramitación de la notificación del citado fallo a ese despacho judicial.

En la sentencia del pasado 28 de junio, la jueza Yoideth Chirú estimó que la Fiscalía de Drogas incurrió en una equivocación procesal al momento de solicitar autorización a la Sala Penal de la Corte para escuchas telefónicas en este proceso. Argumentó que la certificación no reunía los requisitos de una resolución debidamente motivada (con argumentos que validen la diligencia).

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz solicitó al pleno que se evalué si es viable que se le separe de la investigación que se le adelanta al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, por supuestamente haberse beneficiado de los dineros de Cobranzas del Istmo, S.A., considerando que fue parte de la comisión que aprobó los requisitos previos para que la recaudadora de impuestos fuera contratada por el Gobierno Nacional.

COBRANZAS EN LA CORTE

Los magistrados Abel Zamorano y Harry Díaz están a cargo del caso

En mayo de 2015, La Fiscalia Anticorrupción compulsó copias del expediente por delitos contra la administración en las gestiones de CISA.

En septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia admite investigar a Ricardo Martinelli, por este caso.

En una solicitud de impedimiento presentada ayer 13 de julio de 2016, Díaz hace referencias a extractos de una publicación del día anterior de La Estrella de Panamá en los que se que cuestiona el papel del magistrado en el proceso contra el expresidente, y en las que se que advierte que el juez debe declararse impedido para actuar en el caso.

Sin embargo, en el documento, Díaz nunca reconoce un conflicto de intereses. Por el contrario, asegura que cuando fue designado juez de garantías del proceso nunca percibió como un impedimiento legal sus actuaciones como servidor público del Ministerio de Economía y Finanzas.

‘Desde mi punto de vista, no se materializa ninguna de las causales de impedimento del artículo 53 del Código de Procedimiento Penal', que establece que el juez de garantías debería declararse impedido cuando exista parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre alguna de las partes.

El referido artículo señala que puede ser una causa de impedimento haber participado durante la formación del acto que originó la investigación. En este punto, Díaz hace un alto para revisar sus funciones pasadas, asegura que el equipo evaluador del que formó parte debía examinar únicamente si los interesados cumplían o no con la presentación de la documentación mínima exigida para su posible contratación.

En el documento planteó que hay tres fases en la contratación de la empresa: la precalificatoria (comisión evaluadora), la contractual con la Dirección General de Ingresos, y la post contractual o ejecutoria del contrato. ‘Mi participación fue en la precalificadora y los hechos por los cuales se investiga a la empresa ocurren en la ejecución del contrato'… ‘No tengo impedimento, ni interés particular en los procesos seguidos al diputado Ricardo Martinelli', añade el juez.

Concluye la nota señalando que con el fin de preservar la transparencia, objetividad e imparcialidad que deben imperar en la administración de justicia, ‘solicito que se examine lo expuesto y se determine lo concerniente a su inhabilitación para continuar en el proceso como juez de garantías de esta causa, en un término de dos días'.

En el 2010, Cobranzas del Istmo fue contratada para recuperar impuestos morosos. Cuatro años después, una auditoría revelaría una lesión patrimonial de $29 millones producto de las comisiones que se ganó la empresa.

Cristóbal Salerno, propietario de la empresa y antiguo socio del exdirector de ingresos, Luis Cucalón, reveló que hubo funcionarios que se vieron beneficiados con las comisiones que ganó la empresa. Ricardo Martinelli recibió $2.4 millones y el exdirector de Ingresos Luis Cucalón otros $6.8 millones, señala un documento legal al que tuvo acceso este medio.

Las declaraciones de Salerno dieron paso a la apertura de un proceso al expresidente en la Corte Suprema, por delito contra la administración pública, en perjuicio del MEF.

En mayo de 2015, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción compulsó copias del expediente a la Corte. En septiembre de 2015 la causa fue admitida por la Corte Suprema, y se nombró a Abel Zamorano como fiscal de la causa y a Harry Díaz, como juez de garantías.

El proceso estuvo estancado hasta febrero de 2016, cuando se rechazó un recurso de la defensa que pedía anular la admisión de la denuncia. En este proceso, Abel Zamorano funge como magistrado fiscal.

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LUIS CUCALÓN

Corte admite amparo de garantías

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo de garantías al exdirector de ingresos, Luis Cucalón, en el que solicita se revoque la prórroga de cuatro meses que se le concedió a la Fiscalía Primera Anticorrupción para continuar las investigaciones por las supuestas irregularidades en el cobro de comisiones de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.

La resolución del 22 de junio del presente año revoca una decisión del Segundo Tribunal de Justicia que señaló que no procedía el amparo de garantías.

La decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia suspende todas las pruebas y actuaciones de la funcionaria de instrucción a partir del 29 de julio de 2015.

Cucalón es el único detenido preventivamente en el caso de Cobranzas de Istmo, una empresa que fue contratada para recuperar impuestos morosos.

El Juzgado Primero de lo Penal fijó para el 12 de septiembre la audiencia preliminar de este proceso, en el que, además, de Cucalón está vinculado el propietario de la empresa Cristóbal Salerno y la gerente Magaly Ramos.

A Cucalón se le acusa de haber obtenido $6.8 millones de la recaudadora.

Un jurado de conciencia declaró culpable al único imputado en el asesinato del abogadoJuan Ramón Messina, hecho ocurrido el 23 de septiembre de 2013, en el restaurante Donde Rolando, ubicado en el sector de Paraíso, San Miguelito.

Se trata de Joel Aguilar, para quien el fiscal segundo superior Luis Martínez había solicitado su condena, al considerar que se acreditó su participación en el crimen.

Los miembros del jurado de conciencia deliberaron durante dos horas y anunciaron su decisión a las 11:05 p.m. del miércoles 13 de julio de 2016.

El juicio, que empezó en horas de la tarde del miércoles, fue presidido por la magistrada María Luisa Vigil.

Un testigo protegido dijo haber estado en el restaurante al momento de los disparos y aseguró que pudo ver al imputado cuando accionó el arma de fuego.

Al juicio también compareció como testigo Katiuska Ramos, esposa de Messina, quien se encontraba a su lado cuando se produjeron los disparos.

Luego de la decisión del jurado ahora corresponde que el Segundo Tribunal de Justicia fije la pena.

El Colegio de Abogados analizará hoy un proyecto de revisión de las tarifas en las prácticas de profesionales de este gremio.

Los honorarios de los abogados que no habían sido revisados durante los últimos 25 años, están todavía abiertas a modificaciones para aumento o disminución durante el día de hoy. Este sería el segundo y último llamado que el colegio hace a su membresía con este fin..

‘Se trata de darle relevancia a la labor técnica jurídica y contemplar los momentos importantes que vive el país en atención al desarrollo de cada rama del derecho', explicó Juan Carlos Araúz, vicepresidented el Colegio Nacional de Abogados.

EN SEGUNDO LLAMADO

El borrador que se expondrá en asamblea hoy, detalla aumentos entre el 25% a 500%.

Ejemplo para la solicitud de visa de turista el costo actual es de $500 y con las nuevas tarifas aumentaría a $1,500. Respecto a procedimientos en la jurisdicción electoral el aumento es de 400%. En el caso de trámites para alcalde pasaría de $500 a $1,500..

En el caso de visas para reagrupación familiar el aumento es del 200%. Lo mismo para caso de visas de ‘razones religiosas', a otras ramas legales se le asignan precio base.

Sobre los evidentes aumentos en 71 servicios legales, Araúz explicó, ‘algunas tarifas actuales son de una época en la cual el desarrollo de cada área legal en particular no se encontraba descrito como hoy día'.

‘Los aumentos se han hecho en atención al requerimiento de formación técnica especializada, en la que el abogado se ha desarrollado académicamente acorde a lo que el cliente en particular requiere por lo que debe hacerse un reconocimiento a la preparación y experiencia profesional', enfatizó Araúz.

El sistema de la tarifa va en atención al tiempo que el profesional ha dedicado a capacitarse.

Es un borrador que requiere del consenso de la asamblea general, inclusive podría haber debate para aumentar o bajar los montos presentados por la junta directiva.

Yanibel Ábrego, segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional, y su antecesor Raúl Hernández, ambos diputados de Cambio Democrático (CD), enfrentan un proceso de revocatoria de mandato.

El fiscal del colectivo, Tomás Martinelli, inició la investigación disciplinaria por aceptar cargos en la Junta Directiva de la Asamblea en los años 2015 y 2016.

Mientras dure el proceso disciplinario a ambos diputados, que han desafiado la línea del partido, ‘se les suspenderán los derechos contenidos en los artículos 12 y 13 del Título I, Capítulo 4 para impedir que interfieran en las investigaciones', señala la resolución emitida en una resolución.

Las decisiones de la Fiscalía durante la investigación serán recurribles ante el Tribunal de Honor y Disciplina del partido, sigue señalando la tercera resolución del fiscal.

La fiscalía tiene en su poder las acatas del 1 de julio de 2015 cuando se eligió a Hernández como vicepresidente y en julio de 2016, cuando se dio la recién elección de Ábrego en el cargo.

‘La actuación de estos diputados del partido CD es gravísimo y contribuye actos de indisciplina partidaria, que acreditarse las pruebas correspondientes, serían violaciones por comisión del capítulo 4 del título I en concordancia en el Título III, capítulo 3 de los estatutos del partido', señala en su tercer punto la resolución de CD.

El diputado Hernández no le teme a las actuaciones emprendidas por el fiscal del partido.

‘El fiscal no tiene ninguna prueba', insiste el diputado de CD, quien por medio de sus abogados acudió al partido, el viernes, para conocer el expediente y, según dijo, ‘no existe físicamente una fiscalía'.

La investigación emprendida por la fiscalía, contra los dos diputados de CD, no es la única, porque ellos están envueltos en otra investigación por no apoyar al diputado Fernando Carrillo, quien era el candidato de la bancada.

Las actuaciones del fiscal del partido ‘son una cortina de humo', insiste el diputado Hernández, que está a la espera de la renovación de la junta directiva suspendida hace varios meses, por la comisión de elecciones dirigida por Alma Cortés, fiel a Ricardo Martinelli.