La Fiscalía Cuarta Anticorrupción solicitó al Órgano Judicial abrir causa criminal contra 39 personas, entre ellos, 23 exfuncionarios y 16 empresarios, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (peculado y corrupción de servidores públicos) en la investigación relacionada con la compra de bolsas de comida, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) entre 2012 y 2014.
En la vista fiscal, del 5 de julio pasado, la fiscalRuth Morcillo pide un sobreseimiento provisional para otras 23 personas investigadas en este proceso.
La fiscalía pide abrir causa criminal contra el exjefe del antiguo PAN Rafael Guardia Jaén, yAdolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, contra quien, además, emitió una orden de detención preventiva a través de Interpol.
De Obarrio salió del país el 25 de diciembre de 2014, y no hay registro migratorio de que haya regresado. Entre los empresarios se pide llamar a juicio a Roberto Carretero, Juan Carlos Marciaga y Carlos Araúz, quienes fueron beneficiados con $16 millones en contratos de bolsas de comida, casi la mitad de la presunta lesión patrimonial al Estado, estimada en $33.2 millones.
DESCIFRAN TRAMA DE CORRUPCIÓN
"Rafael Guardia Jaén recibía beneficios mediante cheques y efectivo, por su gestión como director ejecutivo del Programa de Ayuda Nacional (PAN), por adjudicar órdenes de compra para la compra de bolsas de comida a los empresarios Juan Carlos Marciaga, Roberto Carretero, Carlos Araúz y Roberto Pérez”.
Las bolsas de comida fueron compradas por el PAN en $24.99, pero su precio real era de $10.49.
Lo anterior es una de las conclusiones a la que llegó la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, en su vista fiscal emitida el 5 de julio de 2016, en la que sustenta la presunta comisión de delitos contra la administración pública (peculado y corrupción de servidores públicos) por parte de exfuncionarios y empresarios en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en las órdenes para la compra de bolsas de comida, a través del extinto PAN entre 2012 y 2014.
En su análisis jurídico del proceso, la fiscal Ruth Morcillo pide al juzgado decimoquinto penal abrir causa criminal por la supuesta comisión de delitos de peculado contra 23 exfuncionarios del antiguo PAN, Ministerio de la Presidencia y la Contraloría, además, contra 16 empresarios acusados supuestamente de la comisión del delito de corrupción de servidores públicos (ver cuadro).
La fiscalía resalta la trama de corrupción que quedó al descubierto en este proceso entre Carretero, Araúz, Marciaga y Pérez con Guardia Jaén y Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.
Carretero, Araúz y Marciaga, quienes gozan de medida cautelar de impedimento de salida del país, manejaron entre todos ellos $16 millones en órdenes para la compra de estas mercancías; es decir, casi la mitad del total de la lesión patrimonial que se le habría causado al Estado en este proceso, calculada en $33.2 millones, según una auditoría que hizo la Contraloría.
Destaca la fiscal como prueba fundamental del caso para sustentación de la supuesta comisión del delito de corrupción, “los cheques que corroboran el acuerdo ilícito entre Rafael Guardia Jaén y los proveedores de las bolsas de comida”.
Precisa que Guardia Jaén recibió de la empresa Daire PTY, perteneciente a Roberto Pérez, en las cuentas bancarias de sus sociedades, la suma de $933 mil en concepto de supuestas “coimas”, solamente entre los meses de enero a marzo de 2014. También consta un cheque a nombre de Esperanza Juárez, esposa de Guardia Jaén, por la suma de $42 mil en enero de 2014.
Del proveedor Roberto Carretero, el exjefe del antiguo PAN habría recibido solamente de enero a junio de 2014 la suma de $2 millones 53 mil en concepto de supuestas “coimas”. En diciembre de 2013, Guardia Jaén habría recibido otras coimas por $595 mil de parte de Carretero.
También detalla que el exdirector del PAN, único detenido en este caso, recibió presuntas coimas de Araúz por $750 mil por la adjudicación de órdenes de compra de bolsas de comida.
En tanto, la fiscal indica que Marciaga le entregó a Guardia Jaén dinero en efectivo por la adjudicación de las órdenes de compra, lo que se corrobora con las declaraciones que dio a la fiscalía el propio Guardia Jaén.
Guardia Jaén declaró que Marciaga se apersonaba a su despacho con instrucciones que le daba Chichi De Obarrio con respecto a quién beneficiar con las órdenes de compra.
Confesó también que recibía el 10% en concepto de “coimas” de las órdenes de compra que asignaba para las bolsas de comida y que luego él tenía que repartir con Marciaga y Pérez.
La fiscalía destaca en su informe que algunos empresarios confesaron que le entregaban dinero en efectivo y en cheques a Guardia Jaén, como supuesto apoyo a la campaña política, pero los depósitos fueron hechos directamente a las sociedades vinculadas al exdirector del PAN.
A mediados de mayo de 2015, Carretero, Araúz y Marciaga pusieron a disposición del Ministerio Público parte de algunos dineros que obtuvieron de los contratos.
Carretero entregó $1.5 millones; Araúz devolvió $2.5 millones y Marciaga depósito dos cheques, primero uno por $2 millones y luego otro por $500 mil.
Sin embargo, un informe de la Contraloría precisó que Carretero recibió $3.5 millones en órdenes de compra para bolsas de comida; Araúz $6.7 millones y Marciaga $6.8 millones.
LA CONEXIÓN
Guardia Jaén declaró a la fiscalía que “cada vez que las bodegas” del PAN se quedaban sin mercancía –bolsas de comida– tenía que comunicarle a Chichi De Obarrio “para que diera la instrucción a quién tenía que comprarle las bolsas de comida”.
Guardia Jaén contó que estos tres empresarios tenían más de 16 sociedades distintas inscritas en el PAN y ellos, Marciaga, Araúz y Carretero, “se intercambiaban las empresas, por ejemplo, Marciaga tenía más de 16 empresas, de las cuales él escogía cuál participaría en los diferentes actos”.
Queda señalado en la vista fiscal que también en la entrega de las bolsas de comida hubo irregularidades. Destaca una declaración de Juan Carlos Asprilla, almacenista del PAN, quien indicó que Guardia Jaén autorizó a Edwin Serracín -jefe de Almacén- para entregar las mercancías en la bodega y no en el almacén del PAN, y que las actas de entrega de mercancías venían llenas desde la dirección ejecutiva y en el almacén solo se firmaba el acta sin saber si llegaba o no la mercancía a la bodega.
PIDEN ARRESTO DE CHICHI DE OBARRIO
La fiscalía señala a Chichi De Obarrio como el presunto autor de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.
Lo vincula a los supuestos ilícitos luego de las declaraciones de Guardia Jaén, quien indicó que De Obarrio le daba instrucciones sobre a quién otorgar los contratos y además, de que tenía lazos comerciales con los proveedores que se beneficiaron con la mayor parte de las compras.
En cuanto a De Obarrio, a quien Migración reporta como última fecha de salida el 25 de diciembre de 2014, con destino a Estados Unidos, la fiscalía giró el 1 de julio pasado a la Dirección de Investigación Judicial oficio para que gestione ante la Interpol la detención preventiva del exfuncionario. En dicho oficio también se giró igual medida para el empresario Roberto Pérez, supuestamente radicado en La Habana, Cuba.
DIPUTADOS EN LÍO
En la vista fiscal se destaca que Guardia Jaén identificó que unas 10 sociedades que obtuvieron contratos ya venían recomendadas por diputados de la Asamblea Nacional y que el proceso para adjudicarle las compras era distinto al que se hacía con el resto de las empresas.
En virtud de estos señalamientos, la fiscalía compulsó copias de ese sumario a la Corte Suprema de Justicia con el fin de que investigue la posible comisión de algún delito en que hayan podido incurrir los diputados.
Por disposición constitucional, los diputados de la Asamblea Nacional son investigados por la Corte Suprema de Justicia.
DEFENSORES
Víctor Orobio, defensor de Guardia Jaén, señaló que su cliente es el que más elementos probatorios proporcionó en esta investigación y, sin embargo, la fiscalía lo mantiene detenido y a los otros acusados los dejó en libertad con medidas cautelares.
Orobio dijo estar “decepcionado y frustrado” con la actuación del Ministerio Público en este proceso, ya que ha perdido la oportunidad de “cerrarle las filas a los que verdaderamente le roban el dinero al pueblo”.
Rolando Rodríguez, defensor de Marciaga, indicó que en el expediente está comprobado que las contrataciones que hizo su cliente con el extinto PAN se dieron con el procedimiento debido.
Se llamó a Edna Ramos, defensora de Chichi De Obarrio, quien dijo que estaba en una reunión. Los defensores de Araúz y Carretero no pudieron ser ubicados.
