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El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, reconoció la mañana de este miércoles 3 de agosto que los nombramientos para el sistema penal acusatorio (SPA) no se hicieron siguiendo las normas de la ley de la Carrera Judicial.

Ayú Prado explicó que esos nombramientos no se pudieron hacer debido a que para la Carrera Judicial no fueron asignados recursos. “Por lo cual, no pudimos nombrar a nadie” en los cargos, añadió.

Al ser consultado sobre si no se pudo buscar otro mecanismo para cumplir con esa norma, Ayú Prado respondió que se utilizó el procedimiento usado en 2012 y 2015.

Tras esa explicación, Ayú Prado recordó que todos los funcionarios que no lograron sus puestos por concurso deben estar pendientes cuando se realicen.

“Si el SPA tuviera que iniciarse mañana estaríamos en un predicamento, afortunadamente, para el 2 de septiembre ya está todo marchando”, dijo.

El magistrado añadió que ya se está trabajando en la adecuación de los locales, el cableado y el mobiliario lo está entregando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En cuanto al presupuesto para el SPA, Ayú Prado reveló que mediante un traslado interinstitucional de partida se lograron 9.5 millones de dólares, de los 20 millones que se estaban pidiendo.

Por ello, dijo que se espera la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para que se apruebe el traslado interinstitucional de partida.

El magistrado Harry Díaz ha pedido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reconsidere su decisión de rechazar la apertura de un proceso administrativo disciplinario contra Vielza Díaz, secretaria administrativa de este órgano, y de cualquier otra persona que resulte responsable de faltas contenidas en la Ley de la Carrera Judicial.

El 12 de mayo de 2016, el Pleno de la Corte ‘rechazó de plano por prescrita' el inicio del proceso administrativo contra la funcionaria.

En la resolución, los magistrados también rechazaron compulsar copias del expediente al Ministerio Público para investigar la posible comisión de delitos contra la administración pública, en su modalidad de peculado; fraude en actos de contratación pública o falsedad ideológica. Denegó, además, la suspensión de la funcionaria.

Díaz alegó que la seguridad jurídica del sistema debe primar por encima de la formalidad procesal. Esto considerando que entre las razones para rechazar la apertura de la causa está que las denuncias por faltas disciplinarias deben interponerse de forma oral y bajo los rigores de la declaración jurada.

El magistrado explicó que la queja guarda relación con un informe técnico suscrito por la secretaría administrativa de la Corte, y la directora de servicios comunes, Arelys Caballini, con el visto bueno de Alejandro Moncada Luna, expresidente del Órgano Judicial, para seleccionar al contratista Cemi Group.

La empresa se encargó de la rehabilitación y equipamiento del edificio 351, que alberga los juzgados de familia, por un monto de $2.4 millones, suma que fue aumentada hasta $2.9 millones.

El contrato se otorgó posterior a la aprobación del Consejo Económico Nacional, que se basó en el informe técnico que establecía ‘la especialidad, exclusividad y urgencia de contratar' a la empresa alegando que había construido varios proyectos, y se caracterizaba por entregarlos en menor tiempo de lo establecido y sin perder la calidad.

El informe carece de veracidad considerando que la empresa inició operaciones en 2012, sustenta Díaz.

‘Existen pruebas contundentes de falsedad ideológica que llevó a una contratación directa que comprometió los intereses de la Corte Suprema de Justicia y en la que se omitió el procedimiento legal establecido para contratación pública', aseguró el magistrado Harry Díaz en el recurso presentado ayer ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El grupo de abogados querellantes de las víctimas y afectados por el consumo masivo de medicinas contaminadas con dietilenglicol presentará hoy, lunes, una apelación ante el Segundo Tribunal de Justicia contra el fallo del pasado viernes que absolvió de culpa a exfuncionarios que tenían altos cargos en la Caja de Seguro Social (CSS) al momento en que ocurrió el envenenamiento en 2006.

Antonio Vargas, quien representó a los sobrevivientes aglutinados en el Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, calificó como “ridículo” el fallo emitido por los magistrados del Segundo Tribunal, ya que exoneró de responsabilidad al exdirector de la CSS René Luciani; a Linda Thomas, exjefa del Laboratorio de Producción de Medicamentos, y al exjefe de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, Pablo Solís.

Vargas sostuvo que estas personas tenían cargos de responsabilidad directa sobre la gestión de compra de la materia prima con la que se elaboraron las medicinas.

También alegó que de forma incomprensible se le dio un veredicto absolutorio a Teófilo Gateno, persona que financió la compra del tóxico a la empresa Medicom, proceso en el cual afirmó que hubo una gran cantidad de irregularidades.

De igual manera, dijo discrepar con la pena de 12 meses de prisión dictada a Edward Enrique Taylor, exfuncionario del Departamento de Control de Calidad de la CSS; Miguel Algandona, exanalista de laboratorio; Nereida Quintero, exdirectora de Abastos de la CSS, y a Marta Cristelly, que laboró como directora de Abastos.

Vargas agregó que no comparte la opinión del Segundo Tribunal de que no entrará a debatir la responsabilidad civil de los exfuncionarios de la CSS en el caso de cuatro querellas que presentaron los afectados, en las que se exigía el pago de 6 millones de dólares en compensación por los daños causados.

Por su parte, Rolando Rodríguez Chong, quien también actuó como querellante, explicó que todos los abogados representantes de las víctimas y afectados por el tóxico llegaron a un consenso para presentar una apelación, una vez conocido el fallo que fue avalado por los magistrados Luis Mario Carrasco, Adolfo Mejía y María de Lourdes Estrada.

Manifestó que en el fallo hay sentencias inexplicables, como el hecho de que Ángel De La Cruz, dueño de Medicom, fue condenado a cinco años de prisión y estuvo seis bajo detención preventiva.

Recordó que se trató de un hecho que generó más de 100 muertes y ocasionó graves daños a cientos de personas, muchas de las cuales han quedado incapacitadas para trabajar.

Mientras que Gabriel Pascual, vocero del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, adujo que el fallo no les deja otra salida que realizar acciones de protestas en las calles, además de acudir a la justicia internacional.

Indicó que el fallo es un claro ejemplo de que la administración de justicia se encuentra en una aguda crisis, toda vez que un proceso con 10 años de investigación y más de 300 tomos de diligencia queda con sanciones “ridículas”, en las que los responsables eluden toda responsabilidad con las víctimas que ingirieron el veneno.

El Colegio Nacional de Abogados, acompañado del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz y el procurador de la Administración Rigoberto González, acudió a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional para quejarse por el bajo presupuesto que se le otorgó al Ministerio Público y al Órgano Judicial.

La preocupación de los juristas es que la baja designación presupuestaria afecta la implementación de la Carrera Judicial y el Sistema Penal Acusatorio (SPA), que el 2 de septiembre, se debe poner en marcha en todo el país.

Pero más allá de las consecuencias por el bajo presupuesto, el Ejecutivo estaría violando la Constitución Política. El artículo 214 de la Carta Magna señala en su segundo párrafo ‘los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en su conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del gobierno central'.

José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que esta norma constitucional nunca se cumple. Incluso, analiza, si se cumpliera sería un eufemismo porque el Gobierno no incluye los aportes del Canal de Panamá como parte de los ingresos del gobierno central.

El magistrado Díaz considera que no debería ser el 2%, sino el 3 o 4% de los ingresos del Gobierno.

Para Álvarez y el magistrado Díaz también está en juego la independencia del Órgano Judicial. ‘No solo debemos mejorar el presupuesto , sino que para la independencia del Órgano Judicial se requiere una independencia financiera'.

El magistrado alegoóque para la Carrera Judicial se requiere como mínimo $10 millones, pero lo óptimo es $14 millones. Díaz dijo que el Órgano Judicial solicitó $270 millones y el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó $160 millones.

Entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial el presupuesto aprobado por el MEF asciende a unos $305 millones, cuando habían solicitado $450 millones, informó Álvarez.

A juicio del dirigente de los abogados, el Órgano Judicial no tiene porque estar ‘mendigando' fondos para su funcionamiento porque el Gobierno está obligado a garantizar su presupuesto.

El pasado martes, el MEF otorgó al Órgano Judicial $9.5 millones, a través de una traslado de partida interinstitucional, que serán utilizados en la implementación del SPA en el primer distrito judicial.

¿INJERENCIA?

La participación del magistrado Díaz causa suspicacia entre algunos juristas. El abogado Ángel Álvarez denunció que el magistrado Díaz no puede participar en este tipo de actos porque el Código Judicial lo prohibe.

Hace referencia al artículo 49 del Código Judicial que señala que el personal del Órgano Judicial dirigir a los funcionarios felicitaciones o censura de sus actos, entre otras acciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó un crédito extraordinario de $9.5 millones al Órgano Judicial para la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) que entrará a regir en todo el país a partir del próximo 2 de septiembre.

COMUNICADO

‘A esta suma queda pendiente un monto de $10.5 millones que falta por aprobar

ÓRGANO JUDICIAL

Según un comunicado de la Corte Suprema, ‘con este traslado se arrancará con lo necesario para la implementación del nuevo sistema de corte acusatorio, como es el pago del recurso humano, alquileres inmobiliarios, equipo y capacitación'.

A esta suma queda pendiente un monto de $10.5 millones que deberá ser aprobado a través de un crédito adicional o un traslado de partida interinstitucional para lo que haga falta para la entrada de este sistema.

La nota de prensa agrega que se continúa con las gestiones con la gerencia del Banco Nacional de Panamá, para la recuperación de $3.5 a $5 millones, contenidos en certificados de garantías (fianzas civiles y fianzas penales) que no han sido reclamados por sus titulares.

Una vez culminada esta etapa se procederá con el depósito de estos fondos al Tesoro Nacional, para que sean asignados a la institución a través de un crédito adicional para ser destinados a la implementación de la Carrera Judicial.

El Órgano Judicial solicitó un crédito extraordinario de $30 millones de los cuales $20 eran para el SPA y $10 millones para la aplicación de la Carrera Judicial.