Afinan estrategias para enfrentar el SPA
A menos de un mes de que entre en vigencia el sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial de Panamá, zona en la que se genera el 50% de los expedientes judiciales del país, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) afinan sus estrategias para hacerle frente al nuevo modelo con un denominador común: el poco presupuesto.
Por ejemplo, el Imelcf, que tendrá un peso considerable una vez entre a regir el nuevo procedimiento penal, requiere de 300 peritos, pero solo ha podido contratar a 150.
El Ministerio Público, en tanto, postergó sus contrataciones para 2017.
BALANCE
Un informe del Órgano Judicial revela que desde la implementación en 2011 delsistema penal acusatorio (SPA) en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé se han realizado 60 mil 794 audiencias, con un promedio de duración de 32 minutos cada una.
El documento detalla, además, que en el Segundo Distrito Judicial, que comprende las provincias de Coclé y Veraguas, en las que el SPA entró en vigencia en el año 2011, se han efectuado 37 mil 471 audiencias.
Mientras que en el Cuarto Distrito Judicial, que abarca las provincias de Herrera y Los Santos, donde el sistema opera desde 2012, se han dado 20 mil 89 actos.
Finalmente, en el Tercer Distrito Judicial –Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Bugle–, donde el SPA está vigente desde 2015, se han ejecutado 3 mil 234 diligencias.
El Segundo Distrito Judicial –Cocle y Veraguas– es el que hasta ahora ha demostrado mayor velocidad en la ejecución de sus audiencias, con un promedio de 30 minutos cada una. En el Cuarto Distrito Judicial –Herrera y Los Santos– el promedio es de 56 minutos; y en el tercero –Chiriquí, Bocas y la comarca Ngäbe Buglé– de 32.
Asimismo, el análisis estadístico detalla que el tiempo de respuesta con el SPA se redujo en 86% en comparación con el sistema inquisitivo. En el nuevo modelo penal, tramitar un expediente demora unos 86.4 días, mientras que en el sistema inquisitivo alcanza los 278.4 días.
FALTAN RECURSOS
A pesar de la efectividad de la técnica, voces ligadas a los asuntos de justicia en el país aseguran que su aplicación en el Primer Distrito Judicial –Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las comarcas Guna Yala, Madugandí y Emberá–, podría estar en riesgo debido a la falta de presupuesto, causa que se ha sustentado desde hace varios meses.
Debido a la falta de dinero, por ejemplo, está en vilo la contratación de 300 peritos requeridos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), para que se hagan cargo de diversas áreas. Sin embargo, hasta esta fecha, la entidad solo ha podido contratar a 150 expertos.
Humberto Mas, director del Imelcf, lo dijo una vez más, a menos de un mes de que el sistema comience a operar: “El personal es insuficiente para atender la gran demanda de experticias que generará el SPA en el Primer Distrito Judicial”.
El funcionario recordó que el Imelcf solicitó un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de $7 millones para el nombramiento de peritos, y para la compra de equipos, pero solo le asignaron $3.5 millones.
El director del Imelcf adelantó que esta situación generará un déficit de peritos, ya que solo podrán contratar a 192, quienes deberán laborar en turnos rotativos, ya que el SPA funciona las 24 horas del día.
Precisó que de los $3.5 millones que se les entregó, $2.1 millones fueron usados para la compra de equipos y el resto se invierte en el nombramiento de nuevo personal. “Esta situación hace muy difícil prestar un servicio de calidad, debido a las exigencias a las que el personal estará sometido y a que el trabajo requiere ser exacto, y no cometer errores en los procesos judiciales”, añadió Mas.
Pero el Imelcf no es el único que enfrenta problemas de dinero para la implementación del sistema penal acusatorio. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, se ha quejado reiteradas veces de que los fondos del Órgano Judicial son insuficientes para la operación del modelo a partir del próximo 2 de septiembre.
Ayú Prado aseguró, a través de un comunicado divulgado recientemente por la Corte, que no fue sino hasta el pasado 27 de julio cuando el MEF les trasladó una partida de $9.5 millones para iniciar el proceso de nombramiento del personal.
El MEF sugirió a los magistrados de la Corte que continúen con las diligencias para recuperar $3.5 millones en concepto de certificados de garantías (por fianzas civiles y penales) que no han sido reclamados por su titulares, tras ser depositados en la cuenta del Tesoro Nacional. De acuerdo con el MEF, este dinero sería destinado para el SPA.
En el mismo comunicado de la CSJ, Ayú Prado detalló que entre enero de 2015 y julio de 2016 “no se había recibido dinero alguno para el sistema penal acusatorio.
SIN CARRERA JUDICIAL
Y no todo se circunscribe al aspecto económico.
Sectores de la sociedad civil han cuestionado en los últimos días el sistema utilizado por el Órgano Judicial para nombrar al personal, sin la debida realización de concursos, como lo exige la ley de carrera judicial.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, criticó el hecho de que los nombramientos de todo el personal que laborará haya recaído solo en los magistrados de la Corte, sin que hubiese un mecanismo para asegurar la transparencia.
Calificó esta situación de “escandalosa”, y argumentó que los cargos para este nuevo modelo penal no deben ser para personal de confianza de los magistrados, sino para personas “con competencia y ejecutoria” .
De acuerdo con su criterio, el presidente de la CSJ violó la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, que creó la carrera judicial, y nunca tuvo voluntad política para implementarla.
Además del presupuesto, y de las supuestas violaciones en los nombramientos, otras voces de la sociedad civil plantearon que el sistema acusatorio entrará en vigencia en la capital y sus alrededores con déficit en la capacitación de los funcionarios recién nombrados, y con poca infraestructura.
Annette Planells, del Movimiento Independiente, opinó que es “inadmisible” que el Órgano Judicial utilice la falta de recursos para no cumplir con la ley de carrera judicial, que debería regular los nombramientos en el SPA.
Planells también manifestó que si bien el MEF le recortó el presupuesto al Órgano Judicial para 2016, era responsabilidad directa de la Corte la distribución de estos fondos.
Fuentes judiciales aseguraron que el Ejecutivo asignó $10 millones para implementar la carrera judicial, pero los fondos fueron transferidos para cubrir los gastos de la planilla del SPA con el aval de Ayú Prado.
No obstante, en un comunicado divulgado el 4 de este mes, la Corte afirmó que el MEF no otorgó créditos extraordinarios al Órgano Judicial “y no asignó presupuesto para la carrera judicial, por lo tanto no es cierto que se otorgaron $10 millones para la aplicación de la carrera judicial”.
El comunicado no hizo referencia al nombramiento del personal sin tener en cuenta lo que dice la norma.
En este escenario, la Comisión de Estado por la Justicia envió una carta a Ayú Prado, en la que le pidió explicar estos nombramientos. Se desconoce si el presidente de la Corte respondió.
MINISTERIO PÚBLICO
Otra entidad que se prepara para la entrada en vigencia del SPA es el Ministerio Público (MP).
La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, solicitó el pasado 26 de julio al MEF $5 millones adicionales para implementar el sistema.
Aprovechó para recordar que ni el Órgano Judicial ni el Imelfc ni el Ministerio
Público “tienen los recursos al ciento por ciento”. El MP solicitó $177 millones para operar este año, pero el MEF le otorgó 118.3 millones.
Ante esa realidad, Delia De Castro, Coordinadora General de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del Ministerio Público, reveló que hizo una redistribución del personal, con miras a hacerle frente al SPA.
Explicó que de septiembre a diciembre de este año seguirán con la misma cantidad de funcionarios, pero el grueso del personal nuevo deberá entrar el próximo año y para ello utilizarán el presupuesto de 2017.
Precisó que requerirán la mayoría del personal nuevo tres o cuatro meses después de que entre en vigencia el sistema acusatorio, ya que en ese lapso es que concluye la fase de investigación de los procesos, lo cual ha quedado demostrado con la implementación del SPA en las provincias del interior.
Con el SPA, la atención de los casos será 24 horas al día, 7 días de la semana.
De Castro agregó que las fiscalías y personarías tendrán tres turnos de trabajo: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; de 4:00 p.m. a 12:00 a.m.; y de 12:00 a.m. a 8:00 a.m.
En cuanto a la Fiscalía Auxiliar, De Castro explicó que esta trabajará en la atención primaria; es decir, seguirá recibiendo las denuncias y también trabajarán con otra sección denominada Decisión y Litigación Temprana, a la que irán los expedientes en los que sea imposible encontrar responsables.
“Por la experiencia en los otros distritos judiciales del interior del país, se dan muchos acuerdos de pena [y] conciliación entre las partes en materia de este tipo de ilícitos”, agregó la funcionaria judicial.
PAÍSES NOS MIRAN
Mientras tanto, los embajadores de Estados Unidos, John Feeley; de Chile, Francisco Cruz; y de Canadá, Anna-Karine Asselin, abogaron para que las autoridades judiciales informen a la ciudadanía sobre la manera como funciona este modelo.
Feeley, por ejemplo, recordó que en Estados Unidos, donde el SPA funciona desde inicios de la República –al igual que en Canadá–, la instrucción se da desde el sistema educativo, en el que se informa sobre cuáles son los derechos de los ciudadanos en caso de ser detenidos por alguna causa.
Abogados del país, frente al modelo
Juan Manuel Díaz C. / Eduardo Mendoza | 08 ago 2016 – 00:05h
¿Cómo asumen los abogados del país el reto de estrenar un nuevo sistema de justicia?
Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), opinó que la implementación del sistema penal acusatorio (SPA) puede generar “cierta insatisfacción” en la comunidad, por el hecho de que no ha existido una divulgación adecuada de los aspectos que lo componen.
El abogado recordó que el ciudadano está acostumbrado a que en un proceso judicial, si hay culpables, hay una pena de prisión. Sin embargo, con el SPA, una sanción penal no necesariamente implica ir a la cárcel.
Sugirió que se divulgue sobre los acuerdos a los que se puede llegar con este modelo. A su juicio, algunos abogados litigantes “no tienen una preparación adecuada de las técnicas de litigación con el nuevo sistema”.
Recordó que con el SPA, el juez de garantías puede reemplazar a un abogado de una causa si detecta que este desconoce el procedimiento. Esto, dijo, obligará a los abogados a instruirse, ya que el sistema, además, hace mucho énfasis en la oralidad.
Por su parte, Carlos Vásquez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que con el nuevo sistema penal acusatorio es necesaria una transformación del pensamiento jurídico y práctico de los operadores judiciales, de los agentes del Ministerio Público y de la propia ciudadanía.
Añadió que los ciudadanos van a tener que convertirse “en un colaborador inmediato” en el perfeccionamiento de las investigaciones.
Vásquez planteó que el gran protagonista en este proceso –que entrará a regir en el Primer Distrito Judicial a partir del próximo 2 de septiembre– será el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues en esta entidad se sustentará una buena parte de las investigaciones.
“El compromiso con la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio será de quienes estarán como agentes de instrucción, los fiscales, personeros, el procurador, los jueces de garantías, los defensores de las víctimas”, agregó.
Sugirió que este personal debe “prepararse y actualizarse”, porque el modelo exige “un completo dominio de la materia”.
El Primer Distrito Judicial, que comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan, maneja el 50% de los expedientes judiciales en el país.