La Comisión de Estado Por la Justicia, por intermedio de su coordinador, el procurador de la Administración Rigoberto González, volvió a pedirle explicación al presidente de laCorte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, sobre los criterios que usó para el nombramiento de los 931 funcionarios que formarán parte del sistema penal acusatorio (SPA) en el primer distrito judicial.
Esto, luego de que Ayú Prado ignorara la primera carta que le envió la comisión el 3 de agosto pasado, en la que se le consultó sobre las controvertidas designaciones.
“Ha transcurrido un tiempo razonable sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta a esta”, dice la nueva misiva de la comisión, que ha criticado el hecho de que no se tomara en cuenta la carrera judicial para contratar a los funcionarios del SPA.
“El nombramiento de todas las personas que han de ocupar cargos en el Órgano Judicial debe hacerse de acuerdo con las ejecutorias y méritos que estas acrediten (…)”, precisa la nota enviada a Ayú Prado.
El grupo espera que el magistrado atienda su consulta, tomando en cuenta que el Órgano Judicial forma parte de él.
La Comisión de Estado por la Justicia se reunirá el próximo viernes con representantes del Ejecutivo, quienes les detallarán el presupuesto asignado para la implementación del SPA y la carrera judicial.
CUENTA REGRESIVA PARA EL SPA
Empieza la cuenta regresiva. En 10 días entrará en vigencia el sistema penal acusatorio (SPA) en el primer distrito judicial del país [Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan], y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), J osé Ayú Prado, aún no responde a la consulta que le hizo la Comisión de Estado por la Justicia sobre los criterios que usó para la escogencia y nombramiento de los 931 funcionarios que formarán parte del SPA en esta zona del país.
Por tal razón, la Comisión aprobó volver a enviar la solicitud al presidente de la CSJ. La tarea está a cargo del procurador de la Administración Rigoberto González, quien es el coordinador de este grupo.
En la petición, la agrupación -integrada por organizaciones de la sociedad civil y de representantes de los tres poderes del Estado– exigen explicaciones a Ayú Prado sobre “cuál fue el sustento legal que se siguió para no hacer estos nombramientos de acuerdo con lo previsto en la ley de Carrera Judicial”.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y presidente del Consejo Judicial, dijo que la inquietud de reenviar la petición a la CSJ se debe a que el presidente de esa corporación “aparentemente no está muy comprometido con la Comisión, a la cual pertenece”.
Opinó que este tema es de suma importancia para la administración de justicia, sobre todo cuando se habla de que no se tienen los recursos necesarios para poner a funcionar de manera óptima el sistema acusatorio.
Al referirse a los nombramientos de los funcionarios que formarán parte del nuevo modelo penal, Ayú Prado admitió que las designaciones se hicieron sin cumplir la ley de Carrera Judicial por falta de dinero.
Pero el hecho de que los nombramientos del SPA sean interinos, no solo inquieta a la sociedad civil, y a la Comisión de Estado por la Justicia, sino a los propios funcionarios del Órgano Judicial que deben laborar en puestos intermedios [directores de oficina judicial, coordinadores de trámite, auxiliares de sala, secretarias, recepcionistas y personal de oficina] en el nuevo sistema.
Trabajadores del Órgano Judicial consultados al respecto por este medio, y que pidieron la reserva de su identidad, dicen, por ejemplo, que si no se tienen los recursos económicos suficientes para un funcionamiento óptimo del SPA se pondrían en riesgo sus posiciones permanentes en el judicial, ya que están dejando sus vacantes actuales para irse a puestos interinos.
En los acuerdos 397, 398 y 399 del 27 de julio pasado, emitidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, se determina el nombramiento de 931 funcionarios que laboran en el SPA en el primer distrito judicial.
En estos decretos se incluyó la designación de magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, jueces, defensores públicos y directores de oficinas, por ejemplo. Sin embargo, estos nombramientos fueron hechos fuera de la Ley 53 de 2015 de Carrera Judicial, lo que les da un carácter de interinidad.
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifiesta que este escenario “es totalmente irregular” y le quita legitimidad al trabajo que realicen funcionarios que no respondan a la carrera judicial.
La activista piensa que el Órgano Judicial debió gestionar a tiempo los fondos para su puesta en marcha.
Este diario buscó una reacción del presidente de la CSJ. Relaciones Públicas de la CSJ envió la siguiente respuesta: “La Presidencia de la Corte, en cumplimiento de lo que señala la Constitución y la ley, responde o canaliza toda petición escrita que se reciba, dentro del plazo correspondiente”.
LA TECNOLOGÍA
Aparte del recurso humano que laborará en el SPA, otro aspecto importante para la ejecución de este nuevo mecanismo judicial, es el tecnológico.
Al respecto, Irvin Halman, administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), contó a La Prensa que en el primer distrito judicial habrá 35 salas de audiencia.
Explicó que se les autorizó un traslado de partida de $10 millones para la instalación de equipos. Meses atrás informó que habían recibido $800 mil, por lo que el monto destinado para servidores, cámaras, micrófonos y softwares que se pondrá en las salas de audiencia es de $10.8 millones en este 2016.
Añadió que en las áreas de difícil acceso [comarcas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan], los equipos electrónicos se alimentarán de paneles solares y baterías.
Desde que entró a operar el SPA en las primeras áreas del país en 2011 hasta la fecha se han invertido cerca de $40 millones en plataforma tecnológica, de acuerdo con la AIG.
‘SISTEMA OBSOLETO’
Pero, mientras las autoridades se preparan y la expectativa de la población crece, hay voces que consideran que este sistema es “inaplazable”.
Al menos así lo considera el ministro de Gobierno Milton Henríquez, quien es uno de los que piensa que el sistema inquisitivo que aún impera en el primer circuito judicial, “atenta contra los derechos humanos de los privados de libertad”.
Henríquez compartió algunos datos que revelan realidades del actual sistema. Dijo, por ejemplo, que la lentitud con que se tramitan los procesos judiciales en el sistema inquisitivo provoca que un fiscal tenga hasta 800 expedientes en su despacho y que el 60% de los detenidos esté sin condena.
Explicó que cada año, los expedientes se acumulan en las fiscalías y personerías hasta en un 50%. “Así es imposible que un sistema funcione de manera expedita”, planteó.
Recalcó que en las cárceles del país en este momento existen 17 mil 500 detenidos, lo cual hace “muy difícil tener un control exacto de cada interno” al sistema penitenciario.
Contó que existen 190 internos de los que no se tiene certeza de su condición jurídica, cuando han cumplido las dos terceras partes de su pena.
“Tenemos un sistema colapsado y una penetración del crimen organizado en otros estamentos de seguridad y ello se produce por la existencia de un sistema de administración de justicia que no funciona”, enfatizó.
DESDE EL MP
En el Ministerio Público (MP), en tanto, son conscientes de las limitaciones económicas con las que arrancarán, pero de acuerdo con el secretario general de esta institución, Rolando Rodríguez, están en capacidad de afrontar el reto.
El funcionario reconoció “que es necesaria una dosificación de los recursos humanos y económicos para sacarle el mejor provecho a esta nueva estructura de administración de justicia”.
Mientras que Delia De Castro, coordinadora general de la Oficina de Implementación del SPA del MP, asegura que con la entrada en vigencia de este engranaje, 21 fiscalías de Descarga se encargarán de las investigaciones relacionadas con el sistema inquisitivo, además de dos personerías.
El desglose es el siguiente: en el distrito de Panamá se establecerán cinco de estas fiscalías que tratarán casos comunes, y otras dos para culminar los procesos de familia bajo las reglas del inquisitivo. En Panamá Oeste operarán dos fiscalías que verán delitos comunes, mientras que otra se encargará de los expedientes de familia.
En Colón se tendrá una fiscalía para temas de familia y otra para delitos comunes. Lo mismo ocurrirá en la jurisdicción de San Miguelito.
En Darién, en tanto, se asignó una Fiscalía de Descarga para resolver los expedientes de familia y delitos comunes bajo el viejo sistema judicial penal.
Ayer, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, en compañía de funcionarios del Ministerio Público, cerró la campaña de divulgación sobre el SPA en Panamá Oeste. El acto se llevó a cabo en la sede del MP en La Chorrera.
Allí adelantó que el próximo 5 de septiembre acudirá a la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a sustentar el presupuesto de su institución para 2017. Solicitará $170 millones, entre los cuales se incluirán los fondos para la operación del SPA.
De acuerdo con lo que dijo De Castro, necesitarán contratar 162 funcionarios para el sistema penal acusatorio.
