Después de dos años y cuatro meses de transcurridas las elecciones generales de 2014, la jueza Primera Penal Electoral del Segundo Distrito Judicial, Íngrid Murgas Torraza, condenó a tres años de prisión e inhabilitó para ejercer cargos públicos por igual periodo al excandidato a diputado del partido Cambio Democrático (CD) Heriberto Yunito Vega y a su candidato a suplente Ramón Saavedra, por la comisión de los delitos de “compra de votos y uso de recursos del Estado en actividades proselitistas”.
El caso de Vega, quien fue aspirante a diputado en 2014 por el circuito 6-2 (Los Pozos, Parita y Pesé), provincia de Herrera, se convierte en el segundo de alto perfil en el que se logra una condena por el uso de recursos estatales con fines proselitistas.
La primera sanción se dio en abril pasado, cuando se multó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 meses a la exrepresentante del corregimiento El Bebedero, distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, Nidia Cureña, quien también es miembro de CD.
El fallo que dictaminó la condena de Vega, quien se convirtió en un joven millonario a sus 32 años, y se adjudicó cerca de $23 millones en contratos con el Estado bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), no determina que la pena sea conmutable por días multas, por lo que la defensa estudia apelar la sentencia.
La decisión de inhabilitación deja a Vega y a su excompañero de fórmula Saavedra fuera del radar de los comicios generales de 2019.
Según el fallo, al que tuvo acceso este medio, la decisión de Murgas Torraza se basa en que existen “elementos probatorios” del delito.
Por ejemplo, la jueza destacó el testimonio de Margarita Sánchez, quien se identificó como la encargada de cuidar a las hijas de Vega, quien dejó al descubierto la entrega de “bolsas de comida” por parte del exrepresentante y excandidato Saavedra: “Yo sé que Ramón Saavedra daba bolsas de comida, pero a mí nunca me dieron nada…”.
Al ser consultada por el cheque de mil dólares que le giró Saavedra agregó que “bueno, ese cheque me lo dio Ramón Saavedra de la junta comunal para que se lo cambiara y así utilizarlo para gastos de la junta comunal, porque yo les regresé todo el dinero y no me dieron nada a mí”.
Ante esto, Murgas Torraza plantea que “se evidencia la conexión entre ambos sujetos , para usar fondos asignados de la junta comunal , atendiendo a sus intereses, ya que no existe la explicación lógica para sustentar el motivo de la emisión del cheque por parte de Ramón Saavedra a la trabajadora doméstica de Heriberto Vega”.
En el expediente también se resalta la declaración de Saavedra, quien expresó que “…es cierto todo lo daba el Gobierno Central a mi junta comunal y lo repartía como junta comunal, bicicletas, juguetes y en algunos casos coincidíamos con Yunito porque él me aportaba con su gestión personal…”.
Sin embargo, Vega, en parte de sus declaraciones, señaló que: “Yo no recibí nada, ya que como le dije anteriormente yo no era funcionario público y al no ser funcionario público no me entregaron nada directamente, yo no era representante, alcalde o diputado, así que yo no recibí nada de parte del PAN, para hacer entregas”.
Durante la campaña pasada, en una publicación de La Prensa se aprecia al excandidato de CD entregando a electores obsequios y cajas con rótulos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), entidad que es señalada como el foco de corrupción en el gobierno pasado.
Incluso, en el gobierno pasado Vega hizo alarde de que Martinelli lo quería como a uno de sus hijos.
Esa amistad llevó a Vega a posicionarse como uno de los miembro de CD con más contratos en ese gobierno, pues ser amigo del expresidente le permitió abrirse paso a jugosas contrataciones con el Estado.
Vega obtuvo, por ejemplo, mediante las empresas Inversiones Cincuentenario, Corporación Volcano y Suplidora Osman, cerca de 24 contratos por $13.3 millones. Mientras que con las empresas Constructora Brithany, 3D&L y HD2L consiguió al menos otros 112 convenios por $10 millones.
En total, el excandidato logró $23 millones en contratos con el Estado.
El año pasado las tres primeras empresas antes mencionadas, que ejecutaban en su mayoría los acuerdos con el desaparecido PAN, ahora Dirección de Asistencia Social, fueron inhabilitadas por 15 años por incumplir contratos con esta entidad.
ANALIZAN APELACIÓN
Pese a los señalamientos, ayer, Marilín Melgar, defensa de Vega, se notificó de la sentencia ante el fiscal electoral de las provincias centrales, Juan Jesús Pinzón.
Melgar dijo que analizará el fallo para decidir si apelan. Ya que, tras su notificación, tiene tres días para hacerlo.
Vega perdió en las elecciones de mayo de 2014 ante el actual diputado del Partido Panameñista José Luis Popi Varela, quien fue el que lo denunció en la esfera electoral y en el Ministerio Público.
A diferencia de Vega, su exsuplente Saavedra, a quien la jueza también encontró culpable de usar recursos del Estado para favorecer su candidatura, la defensa notificó su apelación.
EL PROCESO
A Pinzón le corresponderá remitir el caso de Vega y Saavedra a los magistrados del Tribunal Electoral, que según lo establece la ley deben emitir un concepto, ya sea confirmando la condena o rechazándola.
La condena de Vega y Saavedra demuestra, a juicio de miembros dirigentes de los diferentes sectores del país, un “ejemplo” para los próximos comicios a los candidatos que buscan utilizar fondos y recursos públicos para política.
El exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado dijo que “el hecho de que haya habido una condena es bueno, porque le comunica a la sociedad que no es aceptable que se cometan faltas y queden impunes…”.
Para el diputado panameñista Adolfo Valderrama, “es un ejemplo claro de que el Estado siempre gana… sin duda este tipo de fallos debe blindar futuras elecciones de políticos que crean que pueden abusar del Estado para ganar una elección”.
Lorena González, del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, señaló que “es aplaudible, porque toda persona que busque un cargo público electoral debe ganárselo sin compra de votos, ni uso de recursos del Estado”.
Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano, indicó que “después de dos años hay una conclusión sobre el uso de los fondos públicos”. Pidió que se investiguen otros casos pendientes por uso de fondos estatales
POLÍTICOS IMPUNES POR USO DE RECURSOS DEL ESTADO
El Tribunal Electoral (TE) anuló en 2014 las elecciones de varios circuitos al comprobar que los candidatos a diputados utilizaron recursos millonarios del Estado para hacer campaña política. Los procesos seguidos por la supuesta comisión de estos delitos fueron archivados mientras que otros corren el peligro de prescribir.
A Rogelio Baruco, candidato de Cambio Democrático (CD) en el circuito 4-1 (David, Chiriquí), se le comprobó que usó $1 millón 198 mil de fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). Su caso sigue sin resolverse en la Fiscalía Electoral.
También el TE anuló la elección de Miguel Fanovich, del Molirena, como diputado del 4-1, quien canalizó fondos de entidades públicas por $3 millones 453 mil 225 para beneficiar a sus electores. En la nueva elección Fanovich volvió a correr y ganó, pero el proceso aún no ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El caso de Porfirio Ellis, cuya elección como diputado del circuito 9.1 en Santiago fue anulada por el TE, tampoco ha sido resuelto en la esfera de la Fiscalía Electoral a pesar de que el TE comprobó que benefició a sus electores con $900 mil de recursos estatales.
En agosto pasado la CSJ archivó el expediente seguido al diputado Carlos Afú, a quien el TE le comprobó el uso de $4.1 millones de fondos estatales en su campaña. Tampoco prosperó el caso del diputado Héctor Aparicio, del circuito 9.2 (La Mesa y Soná), quien según auditoría del TE usó $8 millones de fondos estatales en su campaña. Al diputado Manuel Cohen del circuito 6-1 Chitré el TE demostró que recibió al menos $18 millones del extinto PAN. Su caso no ha sido resuelto.
El expediente de Manolo Ruiz, excandidato a diputado por el circuito 4-5 (Boquete), quien fue acusado de usar $2 millones de fondos municipales en campaña, tampoco ha prosperado.
Sobre Ana Giselle Rosas de Vallarino, excandidata del circuito 4.6 (Tolé, Remedios), el TE señaló que recibió $104 mil en becas escolares.
La CSJ también investiga por la supuesta comisión del delito de peculado a los diputados de CD Sergio Gálvez y Vidal García, señalados por la entrega de bolsas de comida a sus electores en la pasada campaña electoral.
