Admiten pruebas contra expresidente Ricardo Martinelli

Una asistencia judicial solicitada a las autoridades brasileñas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Oydén Ortega en funciones de fiscal, fue admitida como prueba en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuesto peculado en la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Ortega pidió a Brasil verificar las compras hechas por la empresa Lerkshore International Limited proveedora del PAN a la brasileña Prativita Nutricionales Ltda., por $15 millones 573 mil, en comida deshidratada.

Las autoridades brasileñas remitieron a Ortega copia de los órdenes de compra y cheques con los que se realizaron los pagos.

Los documentos fueron admitidos por el magistrado Jerónimo Mejía en funciones de juez de garantías. Mejía también rechazó una petición de la defensa de Martinelli para que ordenara el cierre de la fase de investigación a su cliente, así como una solicitud para que se desestimaran las pruebas aportadas a través de la asistencia judicial. 

MARTINELLI, UN NUEVO REVÉS EN LA CORTE

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, rechazó una moción de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para que se declarara concluido el periodo de investigación al exmandatario, en el proceso que se le sigue en esa corporación por la supuesta comisión del delito de peculado en el otorgamiento de contratos para la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Ayer, durante una audiencia de control solicitada por el fiscal del proceso, Oydén Ortega, a fin de validar pruebas obtenidas a través de una asistencia judicial a Brasil, Sidney Sittón, del equipo de juristas que defiende a Martinelli, pidió a Mejía declarar concluido el periodo de investigación.

Sittón explicó que en otro proceso seguido a Martinelli la Corte dio como válido pasar de la fase de investigación a una audiencia de acusación, sin concretar el acto de imputación (en el proceso que se le sigue al también diputado del Parlamento Centroamericano por el supuesto espionaje a al menos 150 personas).

Para Sittón, en el caso antes mencionado el fiscal de la causa tomó como fecha de inicio de la investigación el momento en que se acogió la denuncia y no desde al acto de imputación, tal como lo establece el artículo 291 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, la petición fue rechazada por Mejía con el argumento de que Sittón no presentó documento alguno sobre la decisión de la Corte que citó.

Mejía también rechazó una solicitud de la defensa de Martinelli para que se dejara sin efecto la asistencia judicial obtenida en Brasil.

Durante su intervención, Sittón alegó que el fiscal Ortega se había excedido en el término que dispone el Código Procesal Penal  

para pedir la audiencia de control y poner las pruebas en conocimiento del juez de garantías y la defensa.

En este punto, alertó que en el artículo 317 de la mencionada ley se precisa que “el fiscal deberá someter a control del juez de garantías las diligencias como operaciones encubiertas, incautación de datos y entrega vigilada en plazo no mayor de 10 días”.

Alegó que la fiscalía recibió la asistencia judicial de Brasil, que detalla los contratos suscritos entre la empresa Lerkshore International Limited –propiedad de Rubén De Ycaza– y la brasileña Prativita Nutricionales Ltda., por la suma de $15 millones 573 mil, para el suministro de comida deshidratada, mucho antes de solicitar la audiencia de control y por ello violó el artículo 371 del Código Procesal Penal.

Pero Mejía sustentó que en este caso la fiscalía no tenía necesidad de someter a una audiencia de control la solicitud de información hecha a Brasil y negó la solicitud de Sittón.

A su salida de la audiencia, el jurista reiteró que existe “una clara manipulación judicial en los casos de Ricardo Martinelli”.

Por este caso, el Juzgado Decimoquinto Penal llamó a juicio a De Ycaza; al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, y al exjefe de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti. También se ordenó la conducción de Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado de Martinelli.

Custodios carcelarios serán de carrera

Con la entrada en vigencia, en septiembre del próximo año, de la recién sancionada ley que crea la carrera penitenciaria, el Gobierno deberá preparar cerca de mil 200 custodios que se encargarán de la seguridad interna y externa de los 22 centros penitenciarios del país.

La nueva norma intenta bajar el hacinamiento, rehabilitar y reinsertar a los privados de libertad en la vida en sociedad, tener personal profesional y capacitado y reducir los niveles de corrupción en los centros penitenciarios del país.

La viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, explicó que el cuerpo de custodios del sistema penitenciario está compuesto, en promedio, de 1 vigilante por cada 20 reos. “Tenemos una necesidad muy grande”, dijo.

Recientemente, la Academia de Formación Penitenciaria graduó 97 custodios. La carrera penitenciaria busca sacar de las cárceles a la Policía Nacional y que sean los custodios los encargados de la seguridad.

La ley también otorga más derechos y obligaciones a los reclusos, a la vez que implementa funciones para los vigilantes.

El proyecto enfrentó varios retos desde que se planteó su creación en 2003, cuando se puso en marcha la Ley 55 de 2003 que regula el sistema penitenciario. Ayer, 13 años después, el presidente Juan Carlos Varela sancionó la Ley 42 de 2016 que crea la carrera penitenciaria, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial.

CARRERA PENITENCIARIA ARRANCARÁ EN UN AÑO

Un año tendrá el Ministerio de Gobierno (Mingob) y la Dirección General del Sistema Penitenciario para poner en marcha el proceso de la carrera penitenciaria.

La norma, que fue sancionada ayer por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, empezará a regir en su totalidad a partir de septiembre de 2017.

La promulgación de esta ley en Gaceta Oficial no incluirá los 138 artículos originales del proyecto, sino los 15 autorizados por la Asamblea Nacional y la propia Presidencia.

Por ejemplo, regirá el artículo que trata sobre el cumplimiento de la privación de libertad en centros penitenciarios o centros de transición que, entre otras cosas, señala que “los adolescentes estarán en pabellones separados en un centro penitenciario o de transición hasta una vez cumplan los 18 años de edad para que continúen cumpliendo la sanción de prisión hasta que cumplan los 25 años de edad” .

Agrega que “los pabellones deben contar con condiciones terapéuticas adecuadas para el seguimiento del proceso de resocialización”.

También se deja por sentado la creación del Centro de Estudio Interdisciplinarios, ente semiautónomo que estará adscrito al Mingob, y que buscará promover y garantizar el desarrollo de los programas y proyectos dirigidos a iniciativas de autogestión con la finalidad de conservar, mejorar y fortalecer en forma general los centros de cumplimiento y custodia.

De igual forma, empiezan a regir 15 obligaciones para los reos, entre ellas el “asistir a la escuela del centro penitenciario y concluir su educación elemental si no lo han hecho”.

Igualmente, establece que la seguridad penitenciaria queda en manos de los custodios.  

“El cuerpo de custodios penitenciario será el encargado de velar por la seguridad del perímetro exterior del centro , así como de la custodia y vigilancia de los privados (…)”. Para el traslado de los reos se apoyarán con la Policía Nacional.

En cuanto a los temas del ajuste salarial de los custodios, la formación del personal y las causales de destitución de los funcionarios, temas comprendidos en los 111 artículos restantes, estos serán evaluados el próximo año para determinar su entrada en vigencia.

La viceministra de Gobierno manifestó que en enero de 2017 se graduarán los primeros custodios con la ley de carrera penitenciaria.

El cuerpo de custodios del sistema penitenciario está compuesto actualmente por unas 900 personas para una población de 17 mil detenidos. Es decir, 1 vigilante por cada 20 reos. “Se necesitan 2 mil 200 custodios. Tenemos una necesidad muy grande”, señaló Romero.

Los estándares internacionales advierten de que lo óptimo es 1 custodio para cada 6 privados de libertad.

Respecto a las equiparaciones salariales, la viceministra dijo que se busca aumentar de$690 a $800.

Por su parte, el presidente Varela manifestó que la ley le dará las herramientas a los custodios para ejercer su trabajo. “Hemos sancionado una ley moderna, ágil, justa, y respetuosa de la dignidad humana y de los derechos de los privados de libertad.

Buscamos que las cárceles y centros de internos dejen de ser escuelas y universidades del crimen, y pasen a ser instituciones de resocialización”, acotó.

Harry Díaz es denunciado por supuesto ejercicio ilegal de la abogacía

Los abogados Ángel Álvarez y  Paulo Vega presentaron este martes 13 de septiembre una denuncia contra el magistrado Harry Díaz, por posible ejercicio ilegal de la abogacía.

Álvarez  y Vega sustentan su denuncia en que Díaz fue sorprendido en las oficinas de Grupo Wisa, propiedad de Abdul Waked, el pasado 5 de  mayo, horas después de conocerse que Estados Unidos incluyó  a Waked, su hijo y otros familiares, en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. Con los Waked fueron listadas 68 sociedades panameñas.

Las oficinas de Wisa están en el piso 11 de laTorre Generalli, en Avenida Samuel Lewis. Díaz fue grabado saliendo de dichas oficinas, por el reportero reportero gráfico Mauricio Valenzuela, quien había acudido al lugar a tomar fotos tras enterarse de los señalamientos contra los Waked.

“Logró captar el momento en que el señor magistrado salía solo y sin acompañamiento de ningún escolta, de las referidas oficinas del grupo empresarial señalado por elDepartamento del Tesoro de Estados Unidos en la misma mañana”, señala la denuncia presentada por Álvarez y Vega.

Poco después, Díaz explicó que estaba en esas oficinas como parte  de una investigación sobre unas contrataciones en el Órgano Judicial. Posteriormente, presentó una “queja administrativa disciplinaria” contra Vielza Ríos, secretaria administrativa de la Corte Suprema de Justicia. La queja fue rechazada por el pleno de la Corte,  el 12 de mayo.

En la denuncia se alega que cuando ocurrieron los hechos, Díaz no había sido autorizado para realizar investigaciones sobre ninguna falta administrativa, un requisito previsto en el artículo 206 de la Constitución.

Díaz explicó en su momento que en las oficinas de Wisa se reunión con Juan Luis Correa, “a quien presuntamente le une un vínculo familiar”. El magistrado señala que buscó a Correa,  “por la relación que él tuvo con [el diario] La Estrella de Panamá”.

Los denunciantes han solicitado que Correa sea llamado como testigo. También piden que Vielza Ríos participe del proceso “en su calidad de víctima o afectada”.

Ángel Álvarez actúa como abogado de varias víctimas de la interceptación ilegal de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en el gobierno de  Ricardo Martinelli (2009-2014). Díaz actúa como magistrado fiscal. En varias oportunidades, Álvarez ha cuestionado las actuaciones de Díaz, dentro del proceso por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad de las comunicaciones y derecho a la intimidad. Por este caso, la Corte solicitó la extradición de Martinelli, quien abandonó Panamá desde el 28 de enero de 2015.

La denuncia contra Díaz fue presenta en la Asamblea Nacional, a quien corresponde investigar a los magistrados, sean principales o suplentes.

Mejía fija audiencia de control a Martinelli

Jerónimo Mejía, magistrado juez de garantías del proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de comida deshidratada, fijó para mañana 15 de septiembre de 2016 una audiencia de control posterior contra el expresidente de la República y actual diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli Berrocal,

El llamado a audiencia de control se produce por solicitud del magistrado fiscal Oydén Ortega, con el fin de decidir la legalización de una asistencia judicial internacional en el proceso penal contra el expresidente.

La audiencia se realizará a las 2:00 p.m. en el salón del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Martinelli está siendo investigado por irregularidades en la compra de $44.9 millones en comida deshidratada a la empresa Lerkshore International, con fondos del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Este caso es apenas una de las doce investigaciones que se le siguen a Martinelli desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Antes de convocar la audiencia de control, Ortega había solicitado la imputación de cargos al expresidente Martinelli.

Sin embargo, para lograrlo se requiere la presencia de Martinelli, radicado en Miami, Estados Unidos, desde enero de 2015.

La administración de justicia admitió esta investigación por supuesta comisión de delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, desde el 28 de enero de 2015.

La participación de la CSJ en el caso se debe a que el exmandatario es diputado del Parlamento Centroamericano desde el 1 de julio de 2014.

Por este mismo caso, el Ministerio Público abrió una investigación a varios otros exfuncionarios del mandato de Martinelli: el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, el exjefe de Nutrición del PAN Ángel Famiglietti, el ex secretario privado de Martinelli, Adolfo De Obarrio, la exministra de Educación Lucy Molinar, el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Susana de Varela (Desarrollo Social) y el empresario Rubén de Icaza. Molinar, Suárez, de Varela y Fábrega fueron sobreseídos.

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PROCESO JUDICIAL

El caso de la comida deshidratada se inició en 2015

El CNA pide al Gobierno defender la soberanía jurídica

La reunión que sostuvieron ayer representantes del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y funcionarios del Estado, a propósito de la inclusión del Grupo Wisa en la ‘Lista Clinton', culminó con un mensaje muy claro: el Gobierno continuará haciendo esfuerzos para mitigar el impacto económico y laboral que representa el señalamiento sancionatorio de Estados Unidos, y las partes afectadas podrán establecer acercamientos con las autoridades correspondientes en busca de asesoría.

Abdul Waked, principal accionista del Grupo Wisa, fue incluido en mayo en esa lista sancionatoria, que elabora la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro. Recientemente, Waked acudió al CNA para explicar que, en su caso, el Gobierno de Estados Unidos no ha aportado las pruebas que lo incriminan por lo que se merma su derecho a una justa defensa.

Ese fue uno de los principales temas que trataron los miembros del CNA con varios funcionarios del Estado, en la cita que se había pactado con antelación, para hablar de asuntos varios.

‘Al CNA le preocupa que el señor Waked tenga la sensación de abandono o inactividad por parte del Estado. En ese sentido, recordamos a los presentes que existe un problema primario y una derivación del mismo. La inclusión de Waked en la ‘Lista Clinton' es el principal, y no se ha encontrado una fórmula para sacarlo de la lista. Es posible que lo que esté en el escenario sean soluciones para mitigar los efectos de esta causa, pero se debe atacar el problema central', indicó Juan Carlos Araúz, vicepresidente del grupo.

La Cancillería explicó, por su parte, que desde el Gobierno se han gestionado esfuerzos en la asesoría y confección de dos fideicomisos, el de Soho Mall y el de los almacenes Felix B. Maduro, ambos del Grupo Wisa, cuyo principal objetivo es salvaguardar los empleos.

La figura jurídica despojó a Waked de todas sus acciones y permitió que un administrador temporal estuviera al frente de los activos para que las empresas continuaran operando.

En el encuentro, que tuvo una duración de una hora y media, participaron por parte del CNA, el presidente y vicepresidente del gremio, José Alberto Álvarez y Juan Carlos Araúz, respectivamente, y los abogados Herberg Young, Rodnie Méndez, Raúl Araúz y Santander Tristán.

La canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo, se acompañó de un equipo conocedor del caso, integrado por el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena; Iván Zarak, viceministro de Economía y Finanzas; Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia y Farah Urrutia, asesora legal de la Cancillería.

‘El CNA planteó sus preocupaciones sobre la defensa de la soberanía en materia jurídica. Según el artículo 17 de la Constitución, el Estado tiene que defender vida, honra y bienes de los nacionales, y la inclusión de Waked en la OFAC vulnera el tratamiento de relaciones de respeto entre ambas naciones', relató Araúz sobre la discusión durante el encuentro.

En la mesa, agregó, ‘se expusieron las preocupaciones que esgrimió Waked en el Colegio la semana pasada, con especial énfasis en el rol que ha jugado el Gobierno al respecto'.

Los funcionarios precisaron los pasos que ha efectuado el gobierno desde el día que se conoció la inclusión del empresario en la denominada ‘Lista Clinton', el pasado 5 de mayo.

Como pate de la estrategia oficial, se destacó la negociación de los contratos de fideicomiso, que involucró horas de trabajo de los funcionarios en busca de fórmulas viables.

‘Otro de los esfuerzos que mencionaron los funcionarios fueron las reuniones diplomáticas que ha sostenido el Gobierno, tanto en la embajada de Panamá en Washington y aquí, con la embajada de Estados Unidos', mencionó Araúz.

En la charla se trató además la preocupación de los accionistas de Balboa Bank, entidad que también fue señalada por la OFAC, que piden la intervención de la Cancillería para agilizar su situación.

‘Estos afectados necesitan sentir que el Estado va a responder por ellos', puntualizó el jurista.

Augusto Arosemena, ministro del MICI y el viceministro del MEF, se comprometieron a recibir a representantes de los grupos afectados porque, según señalaron, van a continuar los esfuerzos para encontrar una solución a la situación que ha generado en el país la inclusión de las empresas panameñas en lista de la OFAC.

También acordaron con el CNA dar seguimiento a las gestiones ya realizadas, con las que han mantenido ‘cierta prudencia' y reserva mediática .

Farah Urrutia hizo énfasis en que la Cancillería ha dado apoyo a panameños que tienen problemas judiciales en el extranjero y mencionó entre ellos el caso de la joven Vanesa Rodríguez, asesinada por un militar norteamericano recientemente condenado a 30 años de prisión en su país.

Según Araúz, los funcionarios justificaron que inicialmente su esfuerzo se concentró en minimizar el impacto en el despido de la fuerza de trabajo.

‘El esfuerzo primordial debe centrarse en esclarecer las bases del señalamiento o sospechas para analizar la legitimidad de la misma o perderla. Ya que la visión del afectado es que esa sanción es su principal espada de Damocles. Hay que unir esfuerzos para atacar el problema de raíz', concluyó .

En horas de la tarde, la Cancillería envió un comunicado de tres párrafos en el que daba cuenta del encuentro. La nota reitera que la administración ‘continuará actuando como facilitador entre las empresas vinculadas y el Gobierno estadounidense para lograr acercamientos entre las partes y proteger hasta donde sea posible las plazas de trabajo de estas compañías y minimizar el impacto económico de la situación'.

Primera audiencia de ‘Cobranzas’

Hoy, una audiencia preliminar determinará si existen los elementos para llamar a juicio a los imputados en una lesión patrimonial que alcanza los $29.5 millones y que supuestamente se produjo mediante el pago irregular de comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, SA, encargada entre 2010 y 2014 de recuperar los impuestos morosos.

Por delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado, estarán en el banquillo de los acusados Luis Enrique Cucalón, exdirector de Ingresos; Cristóbal Salerno y Magaly Ramos, propietario y gerente de la empresa, respectivamente.

La parte acusadora estará representada por la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling. El juez de la causa será Rolando Vallespi.

CNA acude a audiencia con Isabel Saint Malo para tratar caso Waked

A la sede de la Cancillería de la República de Panamá acudieron juristas que pertenecen al Colegio Nacional de Abogados (CNA) para reunirse en una audiencia con la vicepresidenta y canciller Isabel Saint Malo de Alvarado, para tratar el caso Waked.

José Alberto Álvarez, presidente del CNA manifestó que el gobierno panameño debe hacer más, en torno a la defensa de empresas y ciudadanos nacionales, perjudicados por la inclusión de la Lista Clinton.

El presidente del CNA considera que el gobierno panameño debe hacer mayores gestiones, como lo hacen otros países que apoyan a sus ciudadanos incluidos en la denominada lista Clinton.

“Nosotros no estamos aquí para defender de manera personal a las empresas o ciudadanos, sino para que se le exija al gobierno de los Estados Unidos, en este caso al Órgano Ejecutivo que entregue, aporte las evidencias para que el señor Waked, las empresas y en el caso del Balboa Bank sean excluidos de la lista o si tienes pruebas que las presenten”, enfatizó Álvarez antes de entrar a la audiencia con la canciller panameña.

El empresario panameño de origen libanés Abdul Waked es acusado de supuesto lavado de dinero y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo la prohibición expresa de negociar con él a todos las empresa  y ciudadanos de ese país. Hasta este momento no se ha presentado ninguna prueba en su contra.

Ayú Prado pudo haber viajado con viáticos de la Corte

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz envió una carta a su colega y presidente encargado de este órgano del Estado, Hernán De León, para que investigue si el presidente de esta institución, José Ayú Prado, quien viajó al Vaticano y España, recibió el 30% de viáticos que se entrega a los magistrados cada vez que realizan un viaje, independientemente de si este es sufragado por quien invita.

Ayú Prado solicitó licencia con sueldo para participar en el foro sobre justicia coordinado por la Organización de Estados Americanos y por el Instituto de Diálogo Interreligioso de Buenos Aires, que trata el tema ‘América en diálogo-nuestra casa común'.

La petición de Ayú Prado levantó críticas por los constantes viajes que realizan los magistrados y los supuestos beneficios que generan para el Órgano Judicial.

HARRY DÍAZ – MAGISTRADO DE LA CORTE

‘Cualquier viaje que realiza un magistrado, atrasa los procesos'

La nota del magistrado Díaz acentúa aún más las ácidas relaciones que mantiene con su colega Ayú Prado. Desde enero, cuando éste último fue reelecto como presidente de la Corte Suprema, ambos se distanciaron.

En la misiva de tres páginas, Díaz reclama a sus colegas la poca atención que se ha prestado al tema de los viajes y la necesidad de limitar las salidas al exterior ante las carencias presupuestarias que enfrenta la institución.

Le recuerda a Ayú Prado de las múltiples veces que se ha ausentado del Pleno por aceptar viajes de cortesía de los que todavía espera que ‘señale expresamente cuáles han sido los beneficios'.

Díaz menciona en la carta que las salidas de Ayú Prado son anunciadas prácticamente un día antes de que ocurran. A su juicio, agrega, los viajes deben ser aprobados antes de que se realicen y no después.

Díaz también se queja en la carta del reducido número de temas agendados en las sesiones plenarias cuando el presidente se encuentra de viaje.

Por ejemplo, cita la nota: ‘en la sesión de ayer solo había un tema judicial y no administrativo, siendo la respuesta de la secretaria general que muchos casos estaban relacionados al magistrado Ayú Prado, razón por la que no estaban incluidos en agenda.

Díaz también hizo referencia a los $10 millones que estaban destinados para la implementación de la Carrera Judicial, pero que, en su lugar, Ayú Prado los desvió para nombramientos interinos para el Sistema Penal Acusatorio sin cumplir con los procedimientos que señala la Carrera Judicial.

‘Cualquier viaje que haga un magistrado atrasa los procesos porque el suplente no puede firmar por el principal lo que éste ya decidió en el Pleno', señala Díaz.

El magistrado propone que ningún magistrado en un mismo año realice más de cinco viajes o esté fuera del país por más de quince días hábiles y cualquier exceso lo utilicen en sus vacaciones para hacer viajes.

‘Caso Waked, el peor atentado contra la justicia panameña’

‘El caso Waked no es solo una condena sin juicio y una muerte financiera para el increpado, sino un intervencionismo de Estados Unidos (en Panamá) sin necesidad de gastar un solo tiro', dijo José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), después de sostener una reunión con Abdul Waked y su equipo de asesores legales, este jueves, en la sede gremial.

Abdul Waked fue señalado hace cuatro meses por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo sospechas de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Álvarez, acompañado de otros miembros de la directiva del CNA, solicitará este lunes 12 de septiembre a la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo , que interceda por la vía diplomática para que el Gobierno de Estados Unidos aporte las pruebas por las que señala a Waked, dueño de un conglomerado de empresas que emplea a más de cuatro mil personas.

Álvarez calificó la actuación norteamericana como intervencionista y una violación de la soberanía panameña: ‘Esto ya es intolerable y el CNA va a tener una actitud firme, porque hoy es Waked, pero quién sabe quién sea mañana. Como los Panamá Papers no tuvieron tanto efecto, luego puede ser otro bufete de abogados u otra empresa la que se vea afectada', manifestó enérgico Álvarez.

Sereno, firme y observador, Abdul Waked, dueño de uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, acudió al Colegio Nacional de Abogados para explicar la asfixia económica que viven sus compañías y la forma en que, desde mayo, el señalamiento norteamericano le ha obligado a firmar varios fideicomisos para salvar los empleos y evitar masivos despidos.

Ebrahim Asvat, asesor legal de Waked, explicó que hasta la fecha, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se ha rehusado a proveer información. ‘Aportan artículos de prensa y de Internet, que es información pública. Igualmente, en los documentos del expediente administrativo, está tachada parte de la información, no dejan posibilidad para una defensa porque no se sabe cuáles son los cargos. Es lamentable que en los Estados Unidos exista esa arbitrariedad y esa manera de actuar, siendo un país donde se respeta el derecho y reconocimiento del debido proceso', indicó.

Álvarez calificó de intolerable la postura del Gobierno panameño, que ha dado muy vaga respuesta ante el impacto que ha tenido el caso en la economía nacional.

‘Nuestro Gobierno ha actuado con absoluta debilidad en este caso. Requerimos de una actitud más enérgica. No estamos diciendo que lo defiendan (a Waked), sino que hagan lo necesario para que el Gobierno de Estados Unidos entregue las pruebas. En un caso en que abiertamente se viola el más sagrado de los principios jurídicos, nuestro Gobierno actúa indolente, no hace nada', sentenció el líder de los abogados.

¿Qué puede hacer la canciller para que Estados Unidos presente las pruebas?, preguntó este diario a Juan Carlos Araúz, vicepresidente del CNA.

Es un tema de intereses, respondió, ‘depende del trato que Panamá recibe en relación a las actividades que Estados Unidos tenga sobre nuestro país en materia comercial y política. Si Panamá no inicia una tarea en que se haga sentir como importante frente a los intereses de otro país, siempre pasaremos como episodios sin relevancia. Por lo tanto, en política internacional, Panamá tiene que comenzar a hacer sentir que su opinión cuenta para ese país y que tenga que ser escuchado'. Araúz recordó que Panamá se caracteriza por mantener una posición complaciente ante las exigencias extranjeras, pero ‘ha demostrado muy poca capacidad de pedir, en nombre propio, que se resuelvan sus intereses'.

‘SI DEBO ALGO, LO PAGO'

‘Si he cometido algún error estoy dispuesto a pagarlo. Que me metan preso si quieren. Estoy dispuesto a ir donde ellos (los norteamericanos) quieran. Hasta el día de hoy no se nos ha acusado de nada', dijo Abdul Waked ayer durante una rueda de prensa.

Es la segunda vez, desde el pasado mayo, cuando fue incluido en la ‘Lista Clinton', que se dirige a los medios. Ayer, defendió su posición como ciudadano panameño ante una acusación sin pruebas.

Abdul Waked se sinceró con los medios y endilgó a su competencia la asfixia económica por la que atraviesan sus empresas.

‘Nuestra competencia está trabajando bien', dijo. Al instante añadió: ‘Yo había mandado un mensaje y sabían que iba a ganar la licitación, y no es que sería así por algún negociado, yo iba a apostar y ellos (la competencia) sabían que yo iba a apostar', habló con firmeza el empresario sobre el sector de tiendas libres de impuestos del que ha sido forzadamente retirado.

INTERESES OCULTOS

El empresario enviaba un mensaje claro al Gobierno, a quien solicitó su intervención para evitar que en el próximo mes de octubre participe en la nueva licitación de las tiendas duty free del aeropuerto.

‘Hay intereses atrás. Nosotros no podemos decir o acusar a nadie. Pero viene la licitación de las tiendas libres de impuestos del Aeropuerto Internacional de Tocumen y nosotros no podemos participar. Lo único que hace el Gobierno es adelantar la licitación (para el próximo mes), aunque nuestra concesión vence en diciembre de 2017. Si el Gobierno y sus ministros están dispuestos a defender a los nacionales, pueden ayudar en el proceso para que podamos participar. Nosotros empleamos a 700 personas. No pedimos favores, solo trato justo. Por todas partes tratamos de llegar al Gobierno para sentarnos a dialogar, pero hasta ahora no hemos podido hacerlo con ningún funcionario. Parece que tenemos lepra, nadie quiere acercarse a nosotros', declaró.

FELIX Y SOHO

Waked fue narrando una a una la situación de sus empresas. Se quejó de que le jugaron ‘chueco' con el trato que alcanzó con las tiendas Felix B. Maduro que cedió a un administrador bajo la figura de un fideicomiso.

‘Felix la habíamos comprado hace un año, pagamos mucho dinero por eso. El Gobierno se pregunta de dónde saqué para hacer Soho y Felix… todo ese dinero se lo debemos a los bancos, $420 millones. Ellos creían que yo estaba… (financiando el proyecto) con mi capital, pero fueron trece bancos los que pusieron el capital. Ellos van a empezar a vender Soho, un proyecto que nos costó siete años construir, 24 horas al día, sacrificando a la familia y fines de semana, y mire los resultados', se quejó Waked.

‘Entregué la compañía a unos administradores y a la semana la estaban vendiendo. Ese no fue el trato que hubo con los administradores, quedamos que esperaríamos 18 meses para que sucedieran dos cosas: o salimos de la Lista Clinton o vendíamos, porque quiero pagar la liquidación de los empleados', precisó.

El centro comercial Soho mall -otro de los bienes de Waked- prácticamente murió en la cuna.

Inaugurado hace solo un año, el proyecto contemplaba dos torres de oficinas: la Torre Sur, de 36 pisos, y la Torre Norte, con 22, además del área de tiendas, que cada día se ve más desolado, con más de quince empresas ya cerradas y el anuncio de que otras tantas correrán la misma suerte.

‘En Soho, nos han ahorcado, están cerrando 15 o 20 locales y van a cerrar más. Las tiendas de marcas estadounidenses no pueden importar mercancía, entonces no pueden vender si no tienen mercancía, registran pérdida y cierran los locales comerciales. Tenemos cuatro meses, hasta hoy, en esta situación y estamos completamente asfixiados', confesó.

‘¿Qué pueden hacer con un local por el que tienen que pagar renta y planilla y no venden?', cierran, se responde a sí mismo el empresario.

El centro comercial también fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense, que otorgó una licencia para operar hasta el 6 de enero próximo y Waked cedió sus acciones a un fideicomiso para que se encargue de la administración.

‘NO VENDO LOS PERIÓDICOS'

El Grupo Editorial El Siglo y La Estrella no está a la venta. Waked lo dejó claro en forma contundente: ‘Yo vendo un hijo, es mi único hijo, y no vendo los periódicos. Eso que lo entienda todo el mundo en Panamá, nunca venderé los periódicos; si tengo que cerrarlos, los cierro y los empleados tendrán que defenderlos', aseveró.

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DATOS DEL ‘CASO WAKED'

El 5 de mayo, la OFAC incluyó a Abdul Waked en la ‘Lista Clinton'

– La OFAC otorgó licencia tipo 4B a varias empresas de Waked como Soho Mall, Felix B. Maduro, los periódicos ‘El Siglo' y ‘La Estrella de Panamá', La Riviera, La Hora, entre otros.

– El 25 de agosto, la defensa del empresario en Estados Unidos interpuso un recurso ante la Corte para forzar a la OFAC a presentar las pruebas que motivaron el ingreso del empresario a la ‘Lista Clinton'.

Ayú Prado: ‘El viaje está justificado’

El presidente de la Corte Suprema de JusticiaJosé Ayú Prado, defendió su licencia con sueldo para viajar al Vaticano y participar en el foro sobre justicia coordinado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por el Instituto de Diálogo Interreligioso de Buenos Aires (IDI) sobre el tema: “América en Diálogo-Nuestra Casa Común”.

 “Se trató de un foro jurídico. Por eso estaba presente, por ejemplo, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Roberto de Figueiredo Caldas. Además, el viaje está justificado porque la OEAme invitó”, justificó en conversación con este periódico.

Su viaje al Vaticano fue cuestionado por el magistrado Harry Díaz en una carta, al señalar que estos viajes ‘no representan beneficio alguno para la administración de justicia’…Estoy algo confundido con esa nota, porque yo no estaba en Panamá para recibirla. Quizá el título del encuentro [Primer encuentro del Diálogo intercultural e interreligioso] confundió al colega de la Corte Suprema, pero se trató de un foro jurídico.

Las personas están un poco inquietas porque uno viaja, pero yo no puedo irme de viaje y regresar con una bolsa de dinero bajo el brazo, diciendo esto es lo que conseguí afuera: estas cosas no funcionan así.

¿Y el viaje a España?

Recibí una invitación de la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, para dar una conferencia y tendré varias reuniones que servirán a Panamá para implementar la carrera judicial, la digitalización de archivos y la lucha anticorrupción.

En este caso, además, el viaje lo paga la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).

Los auditores de la Contraloría General están revisando la partida presupuestaria de 2015 correspondiente a viajes y viáticos. Y yo hace cuatro meses que tengo un equipo de auditores dentro de la Corte Suprema investigando toda la partida presupuestaria, que también incluye los viajes al interior, así como los viajes de los funcionarios judiciales y administrativos.

¿Le parecería bien que se implantara un reglamento que someta a aprobación previa los viajes de los magistrados?

Cada vez que he puesto en la agenda del pleno este tema, nunca se llega a discutir.

¿Por qué?

Pregúntele a los otros ocho, yo no soy el único.

Algunos sectores de la sociedad criticaron que usted “actuó al margen de la ley” en los nombramientos de funcionarios para el sistema penal acusatorio (SPA).

Estamos muy preocupados en la obtención del recurso para lograr conseguir el mejor personal. Si queremos obtener una carrera judicial que supere lo anterior, tiene que ser un personal muy técnico y para ello hay que darle un incentivo salarial, pero también de instalaciones.

La partida presupuestaria que se nos asigna está dentro de la ley de los presupuestos generales del Estado. Para tomar esa partida y usarla en otro rubro, si no consigo el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la comisión de Presupuesto de la Asamblea, es un delito de malversación. En este caso, nosotros solicitamos tres cosas: crédito adicional, traslado de partida interno, y traslado de partida entre instituciones. No nos funcionó ninguna de las tres.

Pero el año pasado, el MEF le aprobó una partida de $10 millones para implementar la carrera judicial.

Eso es mentira, eso está en la imaginación de alguien. Lo que ocurrió es que el ministro del MEF [Dulcidio De La Guardia] fue a una reunión del pleno de la Corte y prometió $10 millones para la carrera judicial.

Ese incremento del presupuesto no ha sido concretado. El SPA se ha implementado, pese a los insuficientes recursos que nos dieron. Yo pedí $22 millones para la carrera judicial y no nos dieron ni un solo recurso.

¿Entonces cómo puedo contratarlos?

En mayo, la Corte pidió la extradición de Martinelli.

¿En qué situación se encuentra esta petición?

En ese expediente yo estoy impedido, porque se acumuló a otro que yo trabajé como procurador.

Usted fue una de las personas interceptadas por el expresidente Ricardo Martinelli.  ¿Le asusta el contenido de las conversaciones que puedan estar en su poder?

Mi número particular está en la huella digital de las máquinas. El fiscal auxiliar de la República logró recuperar unos extractos, pero se escuchan de manera intermitente y no los puede usar como prueba.

Son dos conversaciones privadas con mi esposa y no hay nada relevante. Según el testigo protegido que declaró, se intentó hacer más grabaciones, pero no pudieron técnicamente. Básicamente, porque mi teléfono se dañó.

¿Usted quiere ser reelegido como presidente del Corte?

Yo no le he pedido el voto a nadie. Nunca quise ser reelegido, fue una sorpresa.