En una reunión este miércoles, 21 de septiembre, con el Colegio Nacional de Abogados, la procuradora, Kenia Porcell, mantuvo su discurso: Panamá no ha negado información a Brasil sobre cuentas relacionadas con sociedades de la transnacional brasileña Norberto Odebrecht, S.A.
Sin embargo, los documentos revelados por los fiscales de Brasil sostienen lo contrario. De hecho, la información que Panamá envió a Brasil es exactamente igual a la que los fiscales de ese país habían enviado previamente al Ministerio Público local para investigar.
MÁS DUDAS QUE EXPLICACIONES
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, luego de una reunión sostenida ayer con la procuradora, Kenia Porcell, aseguró que la solicitud de colaboración judicial realizada por fiscales brasileños en el caso Lava Jato no estaba amparada por el tratado bilateral suscrito entre ambos países, sino en el marco de la convención para la lucha contra la corrupción.
Pero tal afirmación es inexacta. La asistencia formulada por los fiscales brasileños a Panamá se hizo bajo el amparo legal no solo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sino de dos convenciones más. Además, la solicitud de asistencia menciona específicamente el tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal firmado entre Panamá y Brasil (ver facsímil), anexado a la legislación local mediante la ley 5, del 4 de enero de 2008.
Tras la reunión, a la que también asistieron el secretario de la institución, Rolando Rodríguez, y el subsecretario, David Díaz, Álvarez declaró que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción obliga al Estado requirente (Brasil) a especificar exactamente lo que se quiere y no hacer lo que denominó fishing expedition, término utilizado en la jerga legal para buscar pruebas sin tener certeza de la existencia de estas.
Pero los fiscales brasileños fueron muy específicos y están actuando con posterioridad a una confesión detallada por parte de un alto ejecutivo de Petrobras, en la que admitió que recibió el pago de coimas mediante dinero que provenía de la cuenta de Constructora Internacional del Sur, en el banco panameño Credicorp.
En otras palabras, tienen certeza de que la cuenta fue utilizada con fines ilícitos y por ende saben que la información solicitada será de vital utilidad para esclarecer el origen y destino de los fondos que pasaron por la cuenta del banco panameño.
En concreto, pidieron a Panamá identificar las cuentas bancarias que enviaron o recibieron depósitos para o desde cuentas relacionadas a las sociedades Quinus Services y Constructora Internacional del Sur, y que esta comisión fuera compartida con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), solicitándole su colaboración para identificar las operaciones sospechosas y las cuentas.
También pidieron bloquear los valores en las cuentas identificadas y su repatriación; copias de documentos de aperturas de cuentas bancarias; copia de los extractos de cuentas y los documentos que sustentan las transferencias de valores mayores de 20 mil dólares, desde su apertura hasta el día de la solicitud, incluyendo datos de origen y destino de los valores a fin de posibilitar su trazabilidad; copias de documentos relativos a la cuenta archivados en el banco, tales como informes de conversaciones y visitas a clientes, y formularios de cumplimiento y “conozca a su cliente”. Además, pidieron que tan pronto fuera obtenida la información se remitieran a Brasil, incluso de manera parcial por haber personas detenidas.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) dijo –refiriéndose al llamadofishing expedition– que la procuradora ha sido muy consciente de la protección de la confidencialidad y sobre algo fundamental: que las autoridades brasileñas le especifiquen cuál es el tema y a quién ellos están investigando”. “Esto no es tirar una red y me dan todo, y [luego] lo hago público todo porque se pueden ver involucradas personas que no tienen nada que ver con un acto de corrupción, ya que la petición hecha por los fiscales brasileños es como para llenar cientos de tomos de todos los cheques emitidos por la empresa Norberto Odebrecht en Panamá”, acotó.
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Pero la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 31, relativo al embargo preventivo, incautación y decomiso, precisa que cuando el producto del delito “se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación”.
El mismo artículo remata así: “A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario”.
Además, el artículo añade más abajo que “los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otros procesos” y que “las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe”.
CONFLICTO
El abogado panameño dijo que la procuradora Porcell ha estado esperando la visita de los fiscales brasileños para que expliquen lo que necesitan de Panamá y que Panamá no se está negando a brindar la información solicitada.
Añadió que se ha creado una imagen de que Panamá no ha querido colaborar en este caso, pero Panamá ha cumplido con lo que se le ha pedido, explicó.
Esta afirmación de Álvarez es rechazada de antemano por los fiscales brasileños. De hecho, los signatarios de la rogatoria expresaron su malestar al haber descubierto que la documentación requerida “ya había sido provista”, de manera que quedó sin justificación “el largo tiempo que pasó hasta que fue enviada a Brasil”.
JUGANDO ‘PING-PONG’
En efecto, lo que Panamá envió a Brasil como respuesta a su rogatoria fue la misma información que los fiscales federales habían remitido previamente a Panamá para que, precisamente, se investigara (ver facsímiles inferiores).
Lo único que podría ser considerado como nuevo en la respuesta de Panamá es la descripción parcial de tres transacciones con la sociedad Smith Nash Engineerig Company (S&N) y de cuatro con Golac Projects & Constructions, a favor de Constructora Internacional del Sur, S.A.
No obstante, si se mira el diagrama superior (Así viajó el dinero) se observa que los fiscales brasileños estaban al tanto de al menos 9 transferencias de S&N a favor de Constructora Internacional del Sur –por 8.3 millones de dólares– y de 11 transferencias más de Golac a la misma sociedad, por 38.8 millones de dólares. Es decir, que es posible que los fiscales de Brasil también estuvieran en posesión de la “nueva” información parcial que había enviado Panamá.
Además, en el mismo diagrama se podrá observar que todas las sociedades están vinculadas a Constructora Norberto Odebrecht, S.A., y Odebrecht Serviços no Exterior Ltd., las cuales eran alimentadas con dineros de la estatal Petrobras mediante cárteles, licitaciones arregladas y sobrecostos. El dinero mal habido recalaba tanto a la empresa como a exdirectivos de Petrobras, como Paulo Roberto Costa, beneficiario final de la sociedad Quinus.
Es así entonces como los fiscales de Brasil ruegan el auxilio de las autoridades locales “para obtener la identificación de los titulares de cuentas que figuraron como origen/destino de valores transferidos por las cuentas controladas por Paulo Roberto Costa y sus [dos] yernos”.
De ahí que los fiscales en Brasil tengan indicios de que “todas las cuentas del anexo 1 (de Quinus y Constructora Internacional del Sur, esta última en el Credicorp Bank) han sido y están siendo usadas para la práctica de corrupción, lavado de dinero y organización criminal”.
El presidente del CNA agregó que las autoridades brasileñas tampoco han hecho un señalamiento contra ninguna persona en Panamá, contra quien se pudiera adelantar una investigación judicial.
Sin embargo, a pesar de las pruebas enviadas por los fiscales del país sureño, el Ministerio Público en Panamá no ha abierto una investigación formal a fin de determinar si hubo o no lavado de activos en el sistema bancario panameño, tal como lo creen los fiscales brasileños, y después de una condena en firme del expresidente del conglomerado brasileño Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión por este mismo caso, pero quien se ha acogido a un programa para delatar a sus cómplices. Tampoco ha hecho nada con dos informes de operaciones sospechosas de cuentas de Constructora Internacional del Sur en la banca local.
