Varela le responde a Martinelli

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se desvinculó de la investigación que la Corte Suprema de Justicia le adelanta a Ricardo Martinelli, expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano.

Eso está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, señaló Varela a la pregunta de los periodistas, debido a que Martinelli lo señala de estar detrás del proceso.

‘Hay gente que, lastimosamente, son muy valientes para violar la ley y después se asustan cuando les toca enfrentarla. Hay que ser al revés', aseguró el presidente Varela, antes de advertir que los actos de corrupción cometidos en el pasado son un ‘mensaje' para los actuales funcionarios, puesto que ‘los actos de cada uno lo acompañan para el resto la vida'.

Por otra parte, Transparencia Internacional (TI) calificó ayer como alentadora la noticia de que el Gobierno de Panamá haya pedido a Estados Unidos que extradite a Martinelli para ser procesado por escuchas ilegales y otros delitos de corrupción relacionados.

‘El pedido de extradición por parte de las autoridades panameñas es una noticia sumamente positiva, y muestra que incluso los expresidentes pueden ser convocados a responder por sus actos', observó el presidente del TI, José Ugaz.

TI expresó en un comunicad de prensa su preocupación ante la posibilidad de que la Corte impulse solamente los cargos por escuchas telefónicas ilegales y otros delitos de corrupción relacionados por los cuales ya ha sido imputado.

Este lunes, la Cancillería panameña solicitó a los Estados Unidos la extradición de Martinelli.

Defensa de Martinelli recurrirá ante la OEA

Los querellantes del caso de las escuchas telefónicas toman con cautela que ya esté en manos de las autoridades de Estados Unidos el documento mediante el cual se solicita a través de las vías diplomáticas, la extradición del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, mientras que su defensa dice que lo llevará a instancias internacionales.

Rogelio Cruz, de la defensa, insiste en que uno de los errores de la documentación presentada está en que su cliente nunca fue imputado.

A juicio de la defensa del expresidente, todas estas son acciones que atentan contra los derechos humanos y la justicia panameña, lo que les da razones para acudir a instancias internacionales para pedir ‘la nulidad de esta solicitud de extradición'.

‘Una vez que sean agotados todos los recursos en la jurisdicción local, recurriremos al Sistema Interamericano de Justicia de la Organización de Estados Americanos (OEA)', advirtió Cruz.

En tanto, Balbina Herrera, a nombre de los querellantes en el proceso dice que en algún

‘LA PETICIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUE ORDENÓ LA EXTRADICIÓN EN DICIEMBRE PASADO, CUMPLÍA CON TODAS LAS FORMALIDADES',

ISABEL DE SAINT MALO

CANCILLER

momento Martinelli tendrá que venir a Panamá a enfrentar a la justicia. Lamentó que la mayoría de los afectados no hayan tenido la paciencia para seguir en el proceso y que de 150 afectados, solo quedan seis.

Otra que reaccionó fue Marta Linares de Martinelli, quien salió en defensa de su esposo argumentando que en Estados Unidos ‘las escuchas telefónicas no son delito' y que no será enviado de vuelta a Panamá como pidió la Cancillería .

Al respecto, el abogado Ernesto Cedeño explicó que la Ley 75 de 1904, que aprobó la convención de extradición entre Panamá y los Estados Unidos, no tiene en la lista de los delitos por los cuales se puede extraditar a una persona, la interceptación de comunicaciones razón por la que dificulta que se pueda concretar.

Mientras que Herrera alega que en este caso hubo violación elemental de los derechos por lo que esperan que los Estados Unidos acceda a la solicitud del gobierno panameño.

Además hay que definir si luego de esta solicitud, Martinelli tiene capacidad de movilización o tiene algún tipo de restricción. Esto lo debe informar la Cancillería de la República en la solicitud que envió al departamento de Estado de los Estados Unidos.

EL CASO

El expresidente Martinelli, ha sido declarado en rebeldía por no asistir a las citaciones para las audiencias. El magistrado fiscal Harry Díaz presentó el escrito de acusación, en el que pidió e 21 años de prisión para Martinelli.

Díaz pidió la detención provisional de Martinelli desde el 21 de diciembre, luego que éste no se presentó a la audiencia el 11 de este mismo mes.

La actual petición de extradición se hizo en base al Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, vigente desde el 8 de mayo de 1905, y la Convención Multilateral de Extradición, vigente desde el 13 de diciembre de 1938.

El magistrado Mejía hizo la salvedad de que los cuatro delitos por los que se requiere a Martinelli no han prescrito y están vigentes

Juzgado declara legal allanamiento a las oficinas de la firma Mossack Fonseca

El Juzgado Décimo Séptimo Especial declaró legal el allanamiento que efectuó el 13 de abril la Fiscalía Segunda Especializada contra el Crimen Organizado a las oficinas de Mossack Fonseca, para asegurar los archivos virtuales de la firma de abogados.

El allanamiento se efectuó en busca de datos sobre el posible uso de la firma para"encubrir o promover actividades ilícitas", luego de que se divulgara una investigación periodística global que habría dejado al descubierto supuestas prácticas irregulares de sociedades offshore a través del bufete.

Guillermina McDonald, abogada de Mossack Fonseca, presentara un incidente de controversia en el que alegó que “en la orden de allanamiento se violentaba la inviolabilidad del domicilio, la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones y correspondencia” de la firma.

El Juzgado declaró "no probado" el incidente planteado por McDonald, según un boletín de la Procuraduría General de la Nación.

El fiscal Javier Caraballo condujo el allanamiento, que se produjo el 13 y 14 de abril pasado; duró 27 horas ininterrumpidas.

Caraballo dijo que el caso todavía está en el periodo de investigación. Si la defensa apela, el recurso deberá ser resuelto por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Extradición de Ricardo Martinelli necesita recursos

Las gestiones del Gobierno de Panamá para efectuar la extradición del expresidente Ricardo Martinelli no deben concluir con la simple entrega de la solicitud de extradición a las autoridades estadounidenses, sino por el contrario, el Estado panameño tendrá que hacer una asignación sustancial de recursos para acompañar este proceso.

Entendamos mejor los pasos siguientes:

1. La solicitud panameña está actualmente en manos del Departamento de Estado, que es el equivalente a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. La evaluación que se haga en esta entidad cumple con un aspecto de análisis de la formalidad de los documentos que Panamá ha enviado, verificándose si estos cumplen con los requisitos de las leyes estadounidenses, y si no existen razones de seguridad nacional de Estados Unidos, o de su política exterior, para evitar la extradición de Ricardo Martinelli.

El Departamento de Estado puede solicitarle a Panamá la ampliación de los documentos enviados, o remitirlos al Departamento de Justicia para que continúe con el proceso.Panamá puede revocar el pasaporte diplomático de la persona solicitada en extradición para evitar que abandone la jurisdicción de Estados Unidos.

2. El Departamento de Justicia es el equivalente a nuestro Ministerio Público. Allí la Oficina de Asuntos Internacionales realiza una nueva evaluación del expediente, y se verifica que la persona solicitada no sea parte de una investigación penal en Estados Unidos, ya sea una investigación activa con un encausamiento sellado, o incluso como testigo protegido que esté colaborando en alguna causa criminal. De no formar parte de proceso criminal alguno, el expediente es asignado a una Fiscalía Federal del sur de Florida, donde se presume tiene su domicilio el extraditable.

3. En esta etapa empiezan las oportunidades de defensa de Martinelli. Seguramente sus abogados y cabilderos están investigando y analizando todos los posibles ángulos para su defensa. Sería muy extenso analizar todos los posibles argumentos, pero creo que las líneas de argumentación principales serían dos:

a) El argumento de la persecución política. Ante el juez federal estadounidense que conocerá su extradición, los abogados de Martinelli deben generar dudas y cuestionamientos razonables acerca de la naturaleza de los delitos por los que es supuestamente perseguido. Seguramente, se presentarán informes y peritajes de diversos expertos que intentarán calificar al gobierno de Juan Carlos Varela como otro régimen autoritario latinoamericano que persigue a sus enemigos políticos. Aunque la principal responsabilidad de construir y articular el contraargumento recae sobre la fiscalía estadounidense, el Gobierno de Panamá puede colaborar identificando presuntas víctimas de los abusos del gobierno anterior y encontrando expertos internacionales que validen la naturaleza del gobierno que presidía Ricardo Martinelli, en comparación con el actual.

b) El argumento de los tribunales manipulables o de la justicia dudosa. En la doctrina anglosajona a este argumento se le denomina como el de “kangaroo court”, que se refiere a un sistema de justicia poco confiable y muy arbitrario. Aquí, nuevamente el Gobierno de Panamá va a tener que colaborar ayudando a encontrar los expertos nacionales e internacionales que ayuden a ilustrar el razonamiento de que la justicia panameña es confiable.

Sobre el tema de esta extradición se han difundido muchas medias verdades. Aunque la principal fuente jurídica es el Tratado de Extradición de 1904, existe una multiplicidad de tratados multilaterales a nivel interamericano y de Naciones Unidas que han ampliado el rango de delitos sujetos a la extradición.

El concepto principal es que la conducta investigada sea delito en los dos países. La intervención telefónica ilegal es delito en Panamá y en Estados Unidos. Basta recordar el caso Watergate que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon.

Mientras transcurran las semanas y meses que tomará esta extradición, la Corte Suprema de Justicia debe agilizar los otros expedientes para poder presentar solicitudes adicionales de extradición que permitan favorecer el caso panameño. Es clave comprender que cuando se concede la extradición por un delito, o por una lista de delitos, la persona solo puede ser juzgada por estos casos. Hipotéticamente, de concederse esta extradición de Ricardo Martinelli, solo se le podría juzgar por el caso de los pinchazos.

Según el artículo 495 del Código Procesal Penal, se necesita que en la Corte Suprema de Panamá, seis de nueve magistrados dictaminen la culpabilidad de un diputado para poderlo condenar a una pena de prisión. De lo contrario, la persona queda exonerada de cualquier responsabilidad penal, y no se le podrá juzgar por ningún otro delito. De allí la importancia de que la Corte Suprema de Justicia acelere el paso para poder incluir otros crímenes en el proceso de extradición.

Con la política exterior actual de Estados Unidos, no es de interés del presidente Barack Obama, ni del secretario de Estado John Kerry, impedir la extradición de Martinelli. En cuanto a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, debemos recordar que ella llevó adelante el caso FIFA, y por lo tanto es sumamente sensible a los temas de corrupción internacional. Sin embargo, el Estado panameño, sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe ser sumamente vigilante.

La extradición de Ricardo Martinelli ya no es únicamente un asunto del magistrado Harry Díaz, sino que ya adquirió el nivel de asunto de Estado, y como tal debe ser enfrentado con todos los recursos económicos necesarios. Aunque en Florida el juicio que se desarrolle sea sobre la extradición de una persona, allí se juzgará a las instituciones panameñas.

EE.UU. debe definir sobre la extradición de Martinelli

Cumple nada al pueblo y lo engaña con otros temas' (sic), así respondió el expresidente Ricardo Martinelli a través de su cuenta en Twitter a la noticia de la solicitud oficial de su extradición por medio de la entrega de la documentación al Departamento de Estado estadounidense.

Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, ‘por conducto de la Embajada de Panamá en Washington D.C., se oficializó ante el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América la solicitud de arresto provisional con fines de extradición y solicitud de extradición del ciudadano Ricardo Martinelli Berrocal'.

Ante el inminente inicio del proceso, la cúpula de Cambio Democrático (CD) convocó una conferencia de prensa en la que rechazó la medida, considerándola ‘improcedente' y una acción que ‘reitera las violaciones a las leyes panameñas, el derecho internacional y los derechos humanos'.

La defensa del exmandatario denunció que las acciones del Estado panameño ‘dejan en evidencia el matiz político del caso y el interés político del gobierno del presidente Juan Carlos Varela'.

‘VARELA INSISTE EN SOMETERNOS AL RIDÍCULO INTERNACIONAL CON ESTAS ACCIONES',

LUIS EDUARDO CAMACHO

CAMBIO DEMOCRÁTICO

Las acusaciones, incesantes, apuntaron contra la gestión administrativa de la Cancillería panameña, acusándola de generar ‘el ridículo internacional', con la remisión de dicha solicitud que, según los letrados, ‘es incapaz de resistir el más mínimo análisis jurídico, y que a su vez deja a la luz pública la incapacidad y desconocimiento de las autoridades panameñas de los procedimientos jurídicos que revisten un Estado de Derecho'.

‘Es un caso político', agregó Rómulo Roux, quien también cuestionó al Ejecutivo. ‘No entiendo cómo pretenden solicitar su extradición si en ese caso no había imputación y, por lo tanto no puede haber acusación', señaló el secretario general de CD.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Martinelli es solicitado para que comparezca personalmente al proceso que se le sigue por la interceptación de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, mientras era gobernante.

El expresidente está fuera del país desde el 28 de enero de 2015. El magistrado Jerónimo

‘NO PUEDE SER QUE ESTÉ RIÉNDOSE DE NOSOTROS EN MIAMI. EL PEDIDO ES UN AVANCE',

BALBINA HERRERA

VÍCTIMA DE ESCUCHAS

Mejía, en funciones como juez de garantías, lo declaró ‘en rebeldía'.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, que investiga a Martinelli por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, acusa al exgobernante por los delitos ‘contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y peculado'.

El caso se refiere a que Martinelli habría ordenado la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unas 150 personas, entre empresarios, activistas sociales y periodistas críticos con su gobierno.

Siendo éste uno de los siete casos en los que se vincula a Martinelli con actos de corrupción, aunque parezca un escándalo, el asunto de espiar a terceros ‘no es un caso judicial de peso', advierte Ceciclio Simons, exdiplomático y experto en relaciones internacionales.

Simons añade que es ‘extraño' que se haya tomado el caso más débil de todos en contra de Martinelli, por lo que ‘puede ser fácilmente justificado como persecución política y se puede caer en Estados Unidos'.

El exdiplomático considera que pasados meses de la salida del expresidente del país, ‘no hay voluntad real de llevarlo ante la justicia por los cargos de corrupción con los que se le ha vinculado, usando el caso más débil y que puede caerse' y señalarse como persecución

‘EL RECORRIDO JUDICIAL DE EXTRADICIÓN QUE LLEVARÁ EL TRÁMITE EN ESTADOS UNIDOS TOMARÁ AÑOS',

JUAN CARLOS ARAÚZ

ABOGADO

política y no un tema judicial, insistió.

Pero si se da la extradición, advierte el analista, ‘por un solo caso se tiene muchas dificultades para poder tramitar otros'.

El abogado Ernesto Cedeño coincide con Simons y advierte que si el expresidente es extraditado a Panamá ‘no podrá ser juzgado por ningún otro delito ocurrido antes de su regreso'.

En el camino de la ‘posible extradición', Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio de Abogados, aclara que el proceso ‘tomaría años, pues pasaría por trámites judiciales y distintas instancias en Estados Unidos', una demora que, contrario a desistir, ‘debe motivar al Estado panameño para reiterar el propósito de la petición'.

Una petición de extradición de un ciudadano extranjero residente en Estados Unidos y buscado en su país se tramita entre los Departamentos de Estado y de Justicia, y cuando concluye la revisión del caso es el titular de Exteriores estadounidense, John Kerry, quien toma la decisión final, señaló la agencia EFE .

De este asunto el Departamento de Estado estadounidense aún no habla y evita comentar porque se trata de un trámite ‘confidencial',

Según la agencia, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, no quiso confirmar siquiera si ‘han recibido la petición presentada por el Ejecutivo panameño a través de su embajada en Washington'.

Órgano Judicial aclara incidente con magistrada de Tribunal Superior

El Órgano Judicial aclaró hoy mediante un comunicado que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia no fue herida con un arma de fuego y que el incidente que ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche de este martes, fue una "intención de robo".

En el comunicado, se señala que luego de que la magistrada presidiera una audiencia con jurado de conciencia, por el delito de homicidio, se trasladó de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a su residencia en Parque Lefevre.

Al llegar a su casa, fue inteceptada por un sujeto con aparente intención para robarle su vehículo, pero "no hubo arma de fuego, ni detonaciones y tampoco detenidos".

En el robo la magistrada sufrió una leve herida, la cual fue atendida por personal del Sistema 911.

Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público y Criminalística se presentaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Según el Órgano Judicial, las magistradas del Tribunal Superior de Justicia de descongestión penal, cuando concluyen las audiencias, deben ser escoltadas a su residencia. Sin embargo, en el día de ayer,  la magistrada prefirió irse sola a su casa, considerando que la audiencia había concluido relativamente temprano.

Las averiguaciones se adelantarán de conformidad con el Código Procesal Penal, lo que implica una reserva de datos y detalles que deben manejar los organismos de investigación y el Ministerio Público.

Martinelli, a pasos de ser extraditado

La Cancillería de la República de Panamá confirmó a La Estrella de Panamá que la Corte Suprema de Justicia remitió el afidávit por el caso de extradición del expresidente Ricardo Martinelli, el pasado viernes 23 de septiembre.

Con este documento en mano, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores

RICARDO MARTINELLI

Fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014.

Salió de Panamá el 28 de enero de 2015 y reside actualmente en Miami, Estados Unidos.

La extradición de Martinelli fue pedida el pasado 21 de diciembre, por el caso de los pinchazos telefónicos.

pueden avanzar con el trámite correspondiente a la solicitud de extradición de Martinelli, ante las autoridades de los Estados Unidos.

Sin embargo, la Cancillería de la República de Panamá, a través de su departamento de prensa, comunicó que no emitiría opinión sobre el tema.

Completados los requisitos formales, entre ellos el afidávit, le corresponde a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores dar los pasos oficiales para hacer llegar el documento a las autoridades correspondientes de los Estados Unidos.

PROCESO DE SOLICITUD

El procedimiento establece que la documentación, incluyendo el afidávit, debe ser entregada a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, para que los funcionarios de la sede diplomática lo envíen a la embajada panameña en Washington y desde allí, los funcionarios panameños harán entrega al Departamento de Estado norteamericano.

Desde la semana pasada, personal de la Corte Suprema de Justicia estuvo en el proceso de traducción del contenido para dar curso inmediato a la Cancillería panameña, quienes recibieron la documentación hace cuatro días.

Según se informó, el mismo miércoles 19 de septiembre, el despacho del magistrado Díaz entregó la declaración jurada que contiene el resumen de la acusación del fiscal en palabras sencillas para que puedan ser traducidas sin dificultad al inglés.

TRÁMITE DIPLOMÁTICO

Recibida la documentación respectiva, se espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá proceda con el proceso de solicitud de extradición de Ricardo Martinelli, ante el gobierno de Estados Unidos en cuestión de horas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó el pasado 4 de agosto a la Corte Suprema de Justicia, la necesidad de inclusión del affidávit, tras informar que es un documento que usualmente solicita el gobierno de los Estados Unidos para constatar que se trata de ‘una investigación judicial formal y que no la motivan factores políticos', por tratarse de una persona que ocupó el cargo más importante en la estructura del Estado panameño.

La extradición de Martinelli fue pedida debido a que el 21 de diciembre, el pleno de la Corte ordenó su detención provisional para que enfrente el caso de los pinchazos telefónicos.

El affidavit fue elaborado por el magistrado fiscal Harry Díaz, que entregó el documento a Jerónimo Mejía, quien funge como juez de gaantías en este proceso.

POSIBLE EXTRADICIÓN

El ex-presidente Ricardo Martinelli Berocal salió de Panamá el pasado 28 de enero de 2015 y reside actualmente en Miami, Estados Unidos.

Mantiene varios procesos penales en Panamá, los cuales los lleva la Corte Suprema de Justicia en base al Sistema Penal Acusatorio (SPA), pero en este caso la solicitud corresponde al proceso por pinchazos telefónicos.

Desde su salida de Panamá, el expresidente se ha dedicado a cuestionar la gestión del presidente, Juan Carlos Varela por vía Twitter e incluso ha adelantado en varias ocasiones que regresará a Panamá, pero sus abogados le recomiendan que no lo haga.

Cancillería recibe ‘affidavit’ de la Corte Suprema de Justicia

La Cancillería confirmó ayer que recibió del magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el proceso sobre los pinchazos, el affidavit que contiene un resumen del expedientedel proceso, seguido al expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia.

El affidavit, que fue elaborado por el fiscal de la causa, el magistrado Harry Díaz, era el último paso legal que faltaba para que la Cancillería remita a Estados Unidos el pedido de extradición del expresidente Martinelli.

Fuentes de la Cancillería confirmaron que daban las últimas revisiones al documento antes de darle el trámite ante las autoridades estadounidense, país donde los abogados de Martinelli han reportado que reside.

Martinelli se encuentra fuera de Panamá desde el 28 de enero de 2015.

En el pedido de extradición que el magistrado Mejía remitió, en mayo pasado, a la Cancillería se indica que “se tiene conocimiento” de que Martinelli “se encuentra en la siguiente dirección: 2025 Brickell Ave, 1901 Miami, Florida, Estados Unidos de América”.

Entre los documentos del affidavit, el magistrado Díaz adjuntó una declaración jurada suya, en la que asegura que existen pruebas que supuestamente vinculan a Martinelli con la interceptación de comunicaciones, que presuntamente fue llevada a cabo para beneficio personal, usando recursos públicos tales como el Consejo Nacional de Seguridad y un equipo de interceptaciones telefónicas comprado durante el pasado gobierno.

El fiscal acusa a Martinelli de la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y peculado.

El 4 de agosto pasado, la Cancillería pidió al magistrado Mejía la redacción de un resumen en lenguaje sencillo del proceso seguido a Martinelli, antes de remitir la documentación a Estados Unidos.

El pleno de la Corte Suprema facultó, el 15 de septiembre de 2016, al magistrado fiscal para que le diera respuesta al pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores. Díaz informó que lo entregó el 23 de este mes.

Requisitos para aspirar a magistrado del Tribunal Electoral

La Asamblea Nacional aprobó ayer lunes la resolución en la cual se establece el proceso y los requisitos. De esta manera se inició el proceso de elección de la persona que remplazará a Erasmo Pinilla, cuyo periodo concluye el 31 de diciembre.

La persona que resulte electa será nombrada para un periodo de diez años en el cargo.

Estos son los requisitos que debe presentar ante la Secretaría General de la Asamblea, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 P.M., los que tienen aspiraciones de ser magistrado del TE, una vez se publique la resolución en un medio de comunicación social.

  • Hoja de vida.
  • Certificado de nacimiento.
  • Copia autenticada de cédula de identidad personal.
  • Declaración jurada en la que conste que no tiene antecedentes personales y que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 203 de la Constitución Política.
  • Certificados y diplomas de estudios realizados. Las copias de diplomas que confieren títulos universitarios deberán estar acompañadas por el original debidamente autenticado para su cotejo al momento de recibo de los documentos. El original será devuelto al candidato inmediatamente recibidos dichos documentos.
  • Copia del Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en el que conste que es abogado idóneo.
  • Resolución del Órgano Ejecutivo que lo declara idóneo para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

El nuevo magistrado del TE ocupará el cargo desde enero de 2017 hasta diciembre de 2026 y tendrá un salario de $6,000 y $4,000 de gastos de representación.

Tribunal Electoral revela cambios al ‘Código Electoral’

Los magistrados del Tribunal Electoral solicitaron a la Asamblea Nacional que respeten el principio de transparencia que buscan las reformas al ‘Código Electoral’ para las elecciones del 2019 La Prensa/Roberto Cisneros.

El Tribunal Electoral (TE) plantea que en caso de la nulidad de una candidatura o la inhabilitación de un candidato proclamado ganador en cualquier tipo de elección no se celebren nuevos comicios y se proclame como vencedor al segundo candidato más votado.

Lo anterior forma parte de los ajustes que propone el TE al proyecto de ley 292 de reformas electorales, que fueron presentados ante la comisión legislativa de Gobierno, que discute el tema.

La propuesta cambiaría las reglas de la ley electoral, ya que en las elecciones de 2014, los candidatos cuya proclamación fue anulada en varios circuitos electorales volvieron a correr en una segunda elección.

De igual manera, las modificaciones propuestas plantean que las tarifas de la propaganda electoral ya no serían negociadas por el TE con los respectivos proveedores, como se establecía en el proyecto 292, sino que las radioemisoras y televisoras otorgarían a los candidatos un beneficio único, igual y lineal de 30% sobre las tarifas de compras regulares.

Los magistrados también sugieren que con el financiamiento estatal cada partido político seleccione, de manera exclusiva, una agencia de publicidad para beneficio de sus candidatos y candidatas.

El presidente de la comisión de Gobierno, Quibian Panay, aseguró que ya existe un paquete de propuestas de los diputados, que será discutido en la próxima sesión prevista para este miércoles 28 de septiembre.

En tanto, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, aseguró que habrá que ver “si [los diputados] son capaces de pensar en el país y no en sus privilegios partidistas y personales” con las reformas electorales.

TE PIDE AJUSTES AL PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL

El Tribunal Electoral (TE)  tiró sus cartas en cuanto a los ajustes que propondrá para el proyecto de ley 292 de reformas al Código Electoral, que reposa en la Asamblea Nacional desde enero de 2016.

En el inicio de la discusión del primer debate de este proyecto, el pasado miércoles, los magistrados del TE presentaron a la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional un paquete de modificaciones al documento original, que se basa en algunas recomendaciones de diversos sectores políticos y de la sociedad civil.

El proyecto 292 estaba congelado desde marzo pasado, cuando hubo un intento por iniciar la discusión, que no prosperó debido a la falta de consenso entre las bancadas de los partidos políticos en el Legislativo.

Aunque en el bloque de modificaciones que presentó el TE no se sugiere ajustes en los temas que los diputados objetan como la equidad de género, el impedimento de que corran para más de un cargo de elección popular ni el monto para el tope del financiamiento privado, el organismo electoral sí recomienda cambios importantes a la ley electoral.

REGISTROS DE GASTOS

Dentro de las propuestas hechas por el TE figuran cambios a los artículos 190-G y 190-H, que establecen la obligación de los candidatos a entregar informes mensuales de ingresos y gastos sobre las contribuciones privadas que reciban para el financiamiento de las actividades autorizadas.

Se incluye como ajuste la entrega de los informes mensuales de ingresos y gastos indicados para el período de las primarias.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN CASO DE EMPATES

De igual manera, los magistrados del TE recomiendan que en los casos en que haya que repetir elecciones por empate se fije un nuevo monto de subsidio, ya que para estos casos en el proyecto 292 no se ha previsto financiamiento público y por lo tanto no podría haber propaganda en las nuevas elecciones, dado que la nueva premisa del sistema electoral es que la propaganda electoral se financie con recursos del Estado.

Para hacer frente a esta situación, se sugiere que se permita a los candidatos que dentro de su tope al gasto de campaña puedan sufragar gastos de propaganda.

Para ello, se propone añadir una frase al artículo 190-L, de modo que cuando hubiere que repetir la elección el nuevo tope será el cincuenta por ciento (50%) del tope anterior; y el periodo para la aplicación de los topes será el de la campaña prevista para la nueva elección.

Solamente en este caso podrán financiarse gastos de propaganda con recursos privados, pero siempre dentro del tope indicado.

INHABILITACIÓN POR IMPUGNACIONES

Otra recomendación es la modificación del artículo 190-O, para que una vez decretada la nulidad de una candidatura o la inhabilitación de un candidato o candidata proclamado ganador, con fundamento en los artículos 190-G, 190-H y 190-M –sobre prohibiciones a los candidatos– no se celebren nuevas elecciones.

En este caso, se proclamará al siguiente candidato o candidata más votado, de conformidad con lo previsto en el artículo 342 del Código Electoral, relativo a la declaratoria de nulidad de cualquier tipo de elección, según las causales, como por ejemplo la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la Constitución Política y en el referido código.

En el evento de que el inhabilitado haya sido responsable y llegado a ejercer el cargo, su suplente asumirá el cargo, salvo que también esté inhabilitado, en cuyo caso se decretará la vacante del cargo y se proclamará al siguiente candidato o candidata más votado conforme lo previsto en el citado artículo 342; sin perjuicio de la obligación de devolver los salarios percibidos por parte de los que hayan ejercido el cargo, por conllevar su proclamación un vicio de nulidad absoluta.

TARIFAS Y MEDIOS

Las tarifas de la propaganda electoral ya no serían negociadas por el TE con los respectivos proveedores.

Se propone que las radioemisoras y televisoras otorguen a todos los candidatos y candidatas un beneficio único, igual y lineal de 30% sobre las tarifas de compras regulares publicadas en la página web de cada medio al 31 de diciembre del año anterior a su aplicación.

También se proponen otros cambios en temas de propaganda electoral para los medios de difusión, identificados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 198-D (canales de televisión abiertos y cerrados, por satélite o microondas; emisoras de radio, prensa escrita, internet, redes sociales y cine; centros de llamadas a través de telefonía fija o celular y las demás formas de hacer propaganda, entre otras, volantes, vallas, afiches y artículos promocionales).

En estos casos, solo podrá ser contratada con cargo al financiamiento público preelectoral para circunscripciones de más de cinco mil electores.

En las circunscripciones menores de cinco mil electores, los candidatos y candidatas podrán usar su financiamiento privado para costear propaganda dentro del tope respectivo. Los otros tipos de propaganda podrán ser cubiertos con el financiamiento privado, dentro del tope del respectivo candidato o candidata.

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBLIGATORIA

Otra de las propuestas es que cada partido político seleccione, de manera exclusiva, una agencia de publicidad para beneficio de sus candidatos y candidatas.

Los partidos que hayan formalizado una alianza electoral, podrán seleccionar la misma agencia.

De igual manera, los candidatos de libre postulación, en circunscripciones mayores de cinco mil electores, también quedan obligados a contratar una agencia de publicidad para pautar propaganda con el financiamiento público del que dispongan.

Los contratos de publicidad serán suscritos por las respectivas agencias con cada medio.

ESPERAN PROPUESTAS

El magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery indicó que las propuestas buscan transparencia y “que con el grueso del dinero legal en campaña tenga que rendirse cuentas al Tribunal Electoral”.

“Si es financiamiento privado, los candidatos tienen que entregar mensualmente un informe de cuánto recibieron y en qué lo gastaron, y el financiamiento público se propone manejarlo a través de las agencias de publicidad”, señaló.

Manifestó que estas agencias, sabiendo que hay prohibiciones con relación al uso de ese dinero, se van a ver obligadas a respetar estas prohibiciones. “El que tenga, por ejemplo, la intención de hacer una campaña sucia a través de ese mecanismo, se expone claramente a que se le identifique y se le sancione”, señaló.

Consideró que con voluntad debe haber tiempo para aprobar este proyecto de reformas con los ajustes respectivos.

“Esperamos que el documento que se apruebe recoja el espíritu de los principios reguladores que inspiran estas reformas. Las propuestas de ajustes al proyecto de reformas nuestras las conocemos y con esas no estamos preocupados, habrá que escuchar las propuestas de modificación de parte de los diputados, que entendemos responden a consensos”, destacó.

Sostuvo que los diputados presentarán una propuesta para fijar un nuevo monto en el tope del financiamiento privado, y enfatizó que aunque la desconoce, mientras se fije un tope y este sea razonable, el Tribunal no tendrá ninguna objeción.

En tanto, el magistrado Heriberto Araúz indicó que hay mucha expectativa por conocer cómo quedará finalmente el proyecto.

“El proyecto 292 no es un proyecto para el Tribunal Electoral, es para que el país tenga una mejor democracia. Reconocemos la facultad de la Asamblea de legislar, pero esperamos que la Asamblea respete esta propuesta en su integridad, bajo el principio de asegurar la equidad en la campaña política, mayor participación y transparencia y rendición de cuentas”, precisó.

Propuestas de bancadas, en secreto

Gustavo A. Aparicio O. | 26 sep 2016 – 00:05h

Contrario al Tribunal Electoral (TE), que reveló sus propuestas de modificaciones al proyecto de reformas electorales, los diputados de las diversas bancadas políticas de la Asamblea Nacional mantienen aún en secreto y bajo hermetismo los cambios que propondrán a la iniciativa. A pesar de que el primer debate de este proyecto, que se dio el miércoles pasado, se habría originado tras un aparente consenso entre las bancadas, el presidente de la Comisión de Gobierno, Quibian Panay, manifestó que aún hay conversaciones para afinar las propuestas de modificación que presentarán las distintas facciones políticas. “Ya hay un paquete de propuestas que se presentó durante el proceso de consultas, y hay algunas de los diputados que están en proceso de redacción y de revisión, que serán discutidas en la próxima sesión de este miércoles 28 de septiembre”, precisó Panay. Detalló que hay temas del proyecto en los que aún se conversa y que algunos diputados cuestionan, como el mecanismo de equidad de género, el monto de tope del financiamiento privado, el impedimento para correr a más de un cargo de elección popular, entre otros puntos. Ante la demora de los diputados en hacer públicas sus propuestas de reformas al citado proyecto, Carlos Gasnell, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, indicó que habrá muchos diputados que seguirán sin entender que sus privilegios y vicios del sistema que afectan la calidad de nuestra democracia deben desaparecer y dar paso a reglas del juego que garanticen mayor transparencia, confianza y equidad en la contienda electoral. “Habrá otros que estén dispuestos a aceptar que la ciudadanía cada vez es más intolerante a la corrupción y el clientelismo y sus abusos asociados. Habrá que conciliar posiciones con estos diputados. La Asamblea retomó las reformas electorales. Veamos si son capaces de pensar en el país y no en sus privilegios partidistas y personales”, enfatizó.
El proyecto fue producto de un año de consenso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.