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Alfredo Juncá, un exasesor de la Asamblea Nacional y el partido Panameñista será el nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE).

Le toca a Juncá remplazar a Erasmo Pinilla como magistrado del TE.

El nuevo magistrado del TE logró el voto  de 40 diputados, pues para ser magistrado necesitaba 36 votos.

La designación de Juncá será por diez años.

Juncá fue postulado por el partido Panameñista, pero además recibió el apoyo de los diputados de Cambio Democ´rático, lo que le permitió alcanzar la cifra necesaria para convertirse en magistrado.

Según el conteo oficial, Juncá logró el apoyo de cuarenta diputados, mientras que Yara Campo, su principal contendora recibió el apoyo de 25 diputados del Partido Revolucionario Democ´ratico (PRD) y el de la diputada independiente, Ana Matilde Gómez.

Además de Juncá y Campo, Arturo Vallarino participó en la elección y recibió solo el voto de tres de sus copartidarios, uno su hermana, Marylin Vallarino y su cuñado, Héctor Aparicio.

Se espera que el magistrado electo tome posesión del cargo mañana miércoles.

Ismael Gordón Guerrel

 

Después de un viaje de tres días, hoy, 30 de diciembre, regresan al país las delegaciones del Ministerio Público (MP) de Panamá que viajaron a la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, y a Ecuador, para recabar información sobre el caso Odebrecht.

La dos grupos de fiscales, encabezados por el subsecretario general, David Díaz, partieron la mañana del martes 27 de diciembre, para tratar los casos relacionados específicamente con los presuntos delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y delitos financieros del ‘caso Odebrecht y caso Fifa’ en Estados Unidos, y del ‘Caso PetroEcuador’ en ese país suramericano.

Kenia Porcell, procuradora general de la Nación, señaló que los fiscales ‘traen información valiosa, la cual deberá ser traducida para continuar con las investigaciones’.

‘Los resultados han sido muy positivos, traen muy buena información que nosotros luego vamos a procesar, pero lo importante es que el trabajo se está haciendo’, afirmó Porcell.

La máxima autoridad del Ministerio Público (MP) reconoció que este año ha sido de grandes retos, y que en 2017 se realizarán rotaciones para fortalecer las áreas que lo necesiten.

REACCIONES

Sobre el caso Odebrecht en Panamá, son varios los sectores que se pronuncian para expresar su preocupación por las complejas implicaciones de las denuncias contra la empresa brasileña, a nivel económico, político y judicial.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá, Saúl Méndez, considera que los proyectos que están en ejecución deben terminarse, pero ‘la empresa y los corruptos del gobierno deben enfrentar sus problemas jurídicos y atender las sanciones penales que correspondan en esa materia’, dijo.

Además, coincidiendo con otros líderes de opinión, Méndez sostiene que la constructora debe resarcir al Estado los ‘recursos robados, pero no se pueden tomar decisiones a la ligera y hay que estudiar cada caso puntualmente y ver las implicaciones de cada proyecto’.

‘EL COMUNICADO DEL EJECUTIVO EN EL CASO DE CORRUPCIÓN DE ODEBRECHT SE ENTROMETE EN LAS FUNCIONES INDEPENDIENTES DEL ÓRGANO JUDICIAL, CUANDO LO INSTA A ACTUAR CON FIRMEZA Y CELERIDAD’,

ERNESTO CEDEÑO

ABOGADO

Sobre el caso del desarrollo del proyecto hidroeléctrico Chan II, el Ejecutivo señaló que se tomarán ‘las acciones necesarias’, sin especificar cuáles, para cancelar el contrato de asociación con el grupo Odebrecht sin costo al Estado, que recuperará la concesión.

Sin embargo, Méndez defiende que, sobre este punto, se debe ser muy cauteloso, ya que hay contratos y medidas legales que hay que agotar y evitar dar matices políticos proponiendo ‘supuestas medidas rápidas’.

Méndez advierte que de expulsarse la empresa Odebrecht, para próximos proyectos, ‘vendrán otras empresas que deben garantizar las plazas de trabajo para los panameños’.

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño apunta que, con el comunicado emitido este martes, la actual administración ‘se blinda de futuras investigaciones sobre las obras en ejecución con Odebrecht’, ya que exige informes de cada entidad, sobre su cumplimiento de los términos contratados, que deberán ser avalados por la Contraloría General de la República. O sea, ‘la Contraloría expedirá una especie de finiquito de las obras y las cuentas que haría difícil que en el día de mañana se cuestionen los contratos ejecutados en el ámbito procesal’, precisa Cedeño.

Agrega el abogado que ‘el Ejecutivo rechaza los hechos de corrupción, pero no pretende inhabilitar a la empresa para futuras contrataciones con el Estado’.

DESDE LA UP

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, confía en la estructura judicial y administrativa del Estado panameño para hacer las investigaciones del supuesto pago de $59 millones en sobornos a funcionarios panameños, por parte de Odebrecht, según revelación del Departamento de Justicia de EE.UU..

Flores se pronunció después de que Alfredo Oranges, Olimpo Sáez y Vitelio De Gracia le solicitaran, el pasado 27 de diciembre, convocar al Consejo Académico y al Consejo General Universitario para que se exija la suspensión y cancelación inmediata de los contratos de Odebrecht.

‘Nuestra administración, en los tres meses que tiene al frente de esta institución, ha hecho esfuerzos importantes por rescatar el papel histórico de la Universidad de ser centro de debate de los problemas nacionales’, señaló Flores, quien agregó que , más que solicitar la nulidad o no de un contrato, el rol de la Universidad de Panamá es el de generar debates, foros, mesas redondas y conversatorios para orientar a la población.

Ana María Pinilla V.

La falta de recursos económicos limitó las capacidades de investigación del Ministerio Público durante 2016, un año marcado por los casos de ‘alto perfil’ contra empresarios, políticos y exfuncionarios, y la implementación de un nuevo sistema de justicia, el Sistema Penal Acusatorio (SPA), que prometía reducir el tiempo judicial de los casos y lograr un mayor número de condenas. No obstante, la institución encargada de administrar justicia no se ha ganado la entera confianza de los ciudadanos.

‘CREO QUE ABUSÓ (DE LAS MEDIDAS CAUTELARES) AL PUNTO QUE EL ÓRGANO JUDICIAL CAMBIÓ VARIAS DE LAS DETENCIONES PREVENTIVAS’,

ERNESTO CEDEÑO

ABOGADO

Desde 1990, cuando se reinstauró el sistema democrático en el país, el reto más difícil de los fiscales ha sido desarrollar investigaciones robustas y condenatorias. Pero, ‘prevalece el problema de la falta de un presupuesto adecuado para contar con una justicia independiente, pronta y de calidad’, señaló Carlos Lee, miembro de la Comisión de Justicia y Paz.

Lee considera que la administración de Kenia Porcell tiene la voluntad de investigar los casos, pero no dispone de los expertos para atender procesos complejos.

Juan Carlos Araúz, del Colegio Nacional de Abogados (CNA), considera que el personal que compone el MP es de gran valor para el desarrollo de las funciones constitucionales y legales, pero la falta de recursos limita las capacidades de la institución. ‘El año que se va queda como un periodo de tiempo donde la justicia sufrió la ausencia de recursos’, añade Araúz.

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, solicitó para la vigencia fiscal 2016 un presupuesto equivalente a $177. 8 millones , de los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $118. 3 millones. Mientras que para la vigencia fiscal 2017, el MP estimó un presupuesto de $152. 3 millones, una vez más, el MEF, bajó las aspiraciones del Ministerio Público y recomendó $106.5 millones.

Este año, la gran novedad en el área judicial fue la implementación del SPA en el Primer Circuito Judicial (última fase para completar la aplicación del sistema en todo el país), desde el 2 de septiembre de 2016.

Precisamente, la implementación del sistema dejó en evidencia las carencias de la institución encargada de administrar justicia. La puesta en vigencia del sistema mejoró la actuación del MP en los casos nuevos. Sin embargo, afectó la evolución de los procesos bajo el sistema inquisitivo, reflexionó Lee. ‘Hay un número alto de procesos del sistema inquisitivo que aún no se han concluido’, dijo el abogado.

El sistema inquisitivo prácticamente colapsó con la implementación del SPA. El exfiscal Roberto Moreno Obando denunció en septiembre de 2015 que los despachos del edificio Ecuador (que alberga las fiscalías del sistema mixto) están cerrados y ‘nadie sabe nada’. Las tres fiscalías de descarga, añadió, ‘están llenas de cajetas de expedientes; es un caos’, apunta Moreno.

La transición entre ambos sistemas puso en evidencia la falta de personal, concluye Araúz.

‘Al poner en ejecución el SPA descuidaron los casos del sistema mixto’, recalca Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin).

Planells. al igual que Lee y Araúz, considera que la institución está trabajando con muchas limitaciones de presupuesto y de personal calificado.

‘AL INICIAR EL SPA LOS CASOS BAJO EL SISTEMA INQUISITIVO SUFRIERON LA CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS, EN LAS FISCALÍAS’,

JUAN C. ARAÚZ

COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS

El MP, por su parte, señaló que se han trazado varias estrategias para agilizar y organizar la tramitación de los expedientes del sistema inquisitivo mixto, que van desde la actualización del sistema de registro, hasta la creación mediante Resolución No.76 del 23 de septiembre de 2016 de la figura de fiscales adjuntos, indicó la Coordinadora de las Fiscalías de Circuito de Descarga, Katya Meléndez.

Entre otros avances, las fiscal Meléndez explicó que se han priorizado aquellos expedientes en los cuales existen personas imputadas y con órdenes de detención. Hasta el 24 de noviembre, había un total de 281 personas detenidas, de las cuales a 47 se les otorgó una medida cautelar diferente y otras 35 fueron puestas a órdenes del Órgano Judicial, quedando 199 personas detenidas a órdenes del MP.

En el mes de noviembre, habían programadas 280 audiencias, mientras que en el mes de diciembre se mantienen calendadas unas 215 audiencias, las cuales son atendidas por el equipo de fiscales adjuntos, explicó la institución.

En cuanto al SPA, las estadísticas indican que en el Primer Circuito Judicial, donde se reporta casi el 50% de los casos, se han atendido 2,472. Se han logrado 217 condenas (199 hombres y 19 mujeres). El SPA es un modelo que ofrece grandes ventajas, opina Araúz.

Entre los temas más cuestionados de la administración de Kenia Porcell está la imposición ‘desmedida’ de medidas cautelares.

El abogado Ernesto Cedeño señaló que la labor del MP no se compadece, en algunas causas, con lo que dice el derecho con relación a la imposición de medidas cautelares. ‘Creo que abusó, hasta el punto que el Órgano Judicial le cambió varias de las medidas de detención preventiva que impuso’, agregó el abogado.

‘ENTRE LAS FORTALEZAS DEL MP ESTÁ LA VOLUNTAD DE LOS FUNCIONARIOS DE INVESTIGAR Y LA GRAN DEBILIDAD ES LA FALTA DE PRESUPUESTO’,

CARLOS LEE

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA

En cuanto al trabajo de la institución, Cedeño no lo considera malo, aunque algunas de las investigaciones ‘no han estado a la altura’, como el caso de los Papeles de Panamá, cita.

El abogado recomienda a la institución terminar los casos dentro del término que establece el Código Judicial y que las investigaciones tengan una mayor profundidad. ‘Creo que el mismo MP debe autorregularse para depurar el rezago administrativo dentro de las fiscalías’, continúa Cedeño. Aun así, el abogado dice que la institución ha hecho cosas importantes, ‘pero debe esforzarse más’, concluye.

En una reciente entrevista con un canal de televisión local, la procuradora reconoció que el MP no actúa al ritmo que muchos quisieran, lo que no significa que no se esté investigando.

Porcell también se quejó de la falta de presupuesto y tecnología en la institución que dirige, pero que, según dijo, ‘cuenta con personal que se esfuerza y responde a la sociedad panameña’.

El desarrollo de los procesos anticorrupción es uno de los logros de la administración de Porcell, a decir de los especialistas consultados para esta nota.

Hasta 2015, la institución había cautelado $120 millones por casos anticorrupción.

Panamá tiene la tasa de privados de libertad per cápita más alta de Latinoamérica (261 por cada 100 mil habitantes), después de Cuba y El Salvador. Los detenidos pueden esperar más de un año por un juicio, por las ineficiencias del sistema legal, con protocolos inquisitorios escritos, según publicó el año pasado Americas Quarterly, de la reputada Universidad Johns Hopkins, de EE.UU..

Hasta noviembre de este año, habían 1,416 privados de libertad a órdenes del MP, aunque, según el sistema penitenciario, acoge una población de 16,634 personas.

Marlene Testa

Mediante un comunicado que circula por las redes sociales de los hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares se pronunciaron ante el escándalo de soborno de la empresa Odebrecht.

En el comunicado rechazan que hayan recibido coima por parte de la empresa constructora e indica que se reservará el derecho de llevar a las instancias jurídicas a los responsables de la cual llamó una campaña mediática en su contra.

Los hijos del expresidente indicaron que respaldarán las “ investigaciones que se han anunciado sobre los supuestos hechos” y espera que las autoridades del Ministerio Público actúen en razón de la búsqueda de la verdad.

“Todas las acciones que ejerzamos en el ejercicio de nuestros derechos, se realizarán a través de nuestros abogados en las respectivas instancias legales no en los medios de comunicación. Respetamos y defendemos la libertad de expresión pero no podemos permitir que por intereses particulares nuestra honra sea mancillada”, añadió.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht repartió en Panamá $59 millones en coima a políticos y exfuncionarios para hacerse de obras de infraestructuras públicas y aún no se conoce todos los nombres de las personas que recibieron los sobornos.

 

Redacción Digital La Estrella

Un delator ha señalado ayer a uno de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli como la persona que recibió unos 6 millones de dólares de los 59 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado a funcionarios panameños. La noticia fue publicada por el diario brasileño Estadao, que cita una delación premiada de un exejecutivo de Odebrecht que vino varias veces a Panamá: Luiz Eduardo Soares, un operador financiero de Odebrecht. El testigo dijo que se destinaron 30 millones de dólares a dos sociedades: Pachira y Mengil. Los pagos fueron solicitados por el exsuperintendente de Odebrecht en Panamá André Rabello. Estas sociedades fueron creadas en Belice por la firma panameña Alemán, Cordero, Galindo y Lee, y luego redomiciliadas en Panamá. El bufete aclaró que desconocía los señalamientos del delator Soares, pero reveló que “estas sociedades fueron solicitadas por un cliente institucional, en este caso, por la Banca Privada de Andorra, Casa Matriz, en Andorra, quien a su vez se la suministró a sus clientes, quienes son los responsables de los actos que haga la sociedad”. La firma legal panameña dijo que su política “es renunciar como agentes residentes y suspender cualquier servicio cuando se dan señalamientos de sociedades que están involucradas en cualquier tipo de actividades ilícitas. Esta renuncia se está formalizando en estos momentos”.

Rolando Rodríguez B., Luis BurónBarahona,