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El fiscal Harry Díaz mostrará en la audiencia intermedia las pruebas que guarda en contra del expresidente Ricardo Martinelli por el caso de las escuchas telefónicas ilegales, fraude y malversación de fondos públicos.

No obstante, la audiencia por el caso contra el expresidente Martinelli, contemplada para hoy en el Segundo Tribunal de Justicia, podría suspenderse si el Pleno de la Corte Suprema de Justicia recibe una notificación por escrito del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en la que conste el trámite de renuncia del acusado como diputado de este organismo. De no ser así, se dará continuidad a la diligencia.

Unos días después de que el Pleno de la Corte negara la solicitud de cambio de medida cautelar, Martinelli renunció a su condición de diputado del Parlacen, una estrategia a la que apostó su defensa con la intención de remitir el caso al Juzgado Décimo Sexto de Circuito Penal.

LA INTERMEDIA

Es el momento en que se muestra la artillería de cada lado, se validan o anulan las pruebas que serán empleadas en el juicio oral, en la parte final del proceso.

DECLARACIÓN JURADA DE ISMAEL PITTÍ

Ismael Pittí era parte del equipo de funcionarios que escucharon de forma ilegal a cientos de ciudadanos. Esta es su declaración:

‘Desde el 2012 a mayo de 2014 trabajé como analista en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), inicialmente asignado al departamento técnico dedicado a conocer los eventos o información relacionados al orden público del país. Mientras trabajaba ahí, Rony Rodríguez, director de inteligencia conocido en el CSN con el seudónimo de Didier inició una nueva unidad conocida como Servicios Especiales.

Yo me sumé a esa unidad por invitación de Rony, quien una mañana me llamó para que William Pittí y mi persona lo recogiéramos en la Presidencia después de haberse reunido con el presidente Ricardo Martinelli. En el camino, Rodríguez me dijo que el presidente Martinelli le había pedido que formara un equipo en el que ya participaban Rony Rodríguez y William Pittí, pero necesitaban a uno más de confianza, y que yo había sido seleccionado. Rodríguez dijo que las funciones del grupo iban a ser confidenciales, y serían dirigidas directamente por el presidente Martinelli y a él se le harían los reportes.

Dada la confidencialidad de ese grupo, solo nos referíamos al presidente como ‘el jefe’, o RM.

El sistema se usó para violar la intimidad de los ciudadanos. Se conocía información muy privada de blancos que nada tenían que ver con una amenaza a la seguridad nacional. Más bien, respondía a órdenes de Martinelli a través de Rony Rodríguez, quien invariablemente decía: ‘el ‘jefe’ quiere que interceptemos el teléfono de tal o cual’. Toda la información se enviaba directamente al jefe, según Rony Rodríguez, sin la participación de ningún funcionario del CSN.

Así se le entregaba un reporte y a veces un audio, pero personalmente, al presidente. Cuando el presidente salía del país, los informes se guardaban hasta que regresara a Panamá.

Los informes que entregábamos al Presidente se imprimían distinto a los que se hacían mediante una orden de la dirección de inteligencia del CSN, conocidos como los análisis de gobernabilidad.

También, cuando obteníamos un audio particularmente sensacional, ‘el jefe’ nos pedía que lo subiéramos a YouTube. William Pittó lo editaba y lo convertía en video y así se subía de una computadora de un internet café para evitar que se pudiera rastrear el IP de la computadora.

Martinelli era quien determinaba los blancos a intervenir. El sistema se usaba para espiar a gente del Partido Panameñista, del Revolucionario Democrático, miembros del Tribunal Electoral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, gente de las pasadas administraciones, ejecutivos de negocios, competidores de Martinelli, activistas, ciudadanos norteamericanos, diplomáticos, y amigos íntimos de Martinelli’.

En este caso habría un querellante autónomo, Rosendo Rivera, y otros seis que se han adherido a la Fiscalía; es decir, que dependen de las acciones del fiscal Díaz. Por otra parte se sitúa la defensa de Martinelli, y como intermediario en este cruce de evidencias, actuaría el juez de garantías, Jerónimo Mejía.

Rivera tendría contemplados 75 testigos como parte de sus pruebas: el de Jimmy Papadimitriu, el testigo protegido 8430145, Elvin Ortiz, Julio Palacios y Gustavo Pérez. Estas personas señalaron que William Pitty y Rony Rodríguez (exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, con paradero desconocido) respondían y entregaban directamente informes a Martinelli.

El querellante solicitó ocho años de pena para Martinelli. Estos testigos, de ser aprobados, tendrían que declarar durante el juicio oral, para el cual se fijaría fecha en esta audiencia.

Estando las partes presentes, describe el abogado Rodolfo Pinzón, representante de Balbina Herrera, el juez preguntaría si tienen solicitudes que hacer, y cada uno de los intervinientes podría hacer uso de la palabra.

‘La defensa puede pedir que excluyan pruebas alegando que fueron levantadas al margen de la ley’, por ejemplo, reseña Pinzón.

Luego que se resuelven las nulidades, el juez conminaría al fiscal para que sustente la acusación. El fiscal introduciría las pruebas y se correría traslado a los defensores y querellantes para que las objeten. Por ejemplo, ‘algunas son repetitivas, otras inconducentes, es decir, que no están relacionadas con el delito que se juzga. Se da una confrontación entre los querellantes y la defensa’, añade Pinzón.

La defensa podría tratar de anular el proceso.

Saldría a la luz el inevitable debate sobre el tema de la imputación vs. la acusación. ‘La defensa trataría de anular el proceso en base a la no imputación con la presencia del diputado Ricardo Martinelli, porque consideran que la aprehensión de su cliente no fue legal’, adelantó Nicomedes Castillo, del bufete Carreira Pitty, en representación del político Juan Carlos Navarro.

A juzgar por el comportamiento de la defensa en la Corte norteamericana, los abogados de Martinelli buscarían desacreditar la declaración jurada de Ismael Pittí, uno de los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional que apunta directamente al expresidente como el autor de los pinchazos y quien recibía la información recolectada.

La defensa ha alegado que los cargos por intervención telefónica en contra de su cliente carecen de mérito y que, en el mejor de los casos, han sido nutridos por especulaciones y por una aparente prueba, la delación Pittí, que se basa en una creencia y no forma parte del expediente en Panamá.

Es en la etapa intermedia cuando ‘empieza el tema de las objeciones. La defensa podrá objetar la acusación por tecnicismos, o extracciones de la misma. También podrán proponer conciliaciones o acuerdos de pena, la mediación o conciliación’, explicó Castillo.

Otra opción, menos probable, podría ser proponer acuerdos bajo convenciones probatorias. Según Castillo, es un tema poco ventilado que ocurre cuando la fiscalía y la defensa del imputado acuerdan dar por sentados ciertos hechos y simplifican la audiencia.

Algo importante es que el fiscal no está obligado a revelar las pruebas si el defensor no las solicita. ‘Son los abogados de Martinelli quienes deben pedir el descubrimiento de las pruebas. De lo contrario, el fiscal las puede guardar y mostrar la sorpresa en el juicio’, indicó Castillo. Estas pruebas también podrían ser objetadas por la defensa.

Es en este momento cuando se evaluarán si son permitidas las revelaciones de los testigos protegidos, y si comparecerán en el juicio oral final en forma descubierta o cubierta. Cuando la defensa presente sus pruebas, también los querellantes podrían objetarlas.

REPORTE DE LA PN SOBRE UN DVD

La Policía analizó un DVD proporcionado por un testigo protegido. En él, había 40 minutos de grabación con una imagen distorsionada de una persona no identificada cuya voz, aunque también distorsionada, se comprendía. Decía lo siguiente: ‘Hola estoy haciendo este video porque he sido amenazado y perseguido, estoy asustado por lo que pueda pasar con mi vida y la de mi familia. Todo porque sé de primera mano acerca d ellos trabajos sucios que hicieron en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en la última administración. Por eso hago este video, para que lo envíe a la gente correspondiente para que efectúen un reporte sobre la violación a la privacidad de varios individuos’.

Continúa el reporte policial: ‘Este equipo estaba instalado por los israelíes en el edificio 150, último piso, con el permiso del CSN. No conozco el monto que se pagó, pero escuché que fueron millones’.

Según el testimonio de esta persona, el equipo se utilizaba ilegalmente para espiar, pues carecía de cualquier resolución que pudiera justificar la interpretación de la llamada para fines de seguridad nacional.

La tecnología permitía acceder al teléfono, copiaba todo el directorio, incluido si el nombre tenía alguna foto, todo lo que el teléfono le enseñaba al usuario también lo veía el equipo que lo espiaba; la localización, los mensajes de correos configurados en el teléfono, aunque no tenía acceso a todos los adjuntos, pero sí era capaz de interceptar los mensajes instantáneos de WhatsApp y Blackberry. El sistema podía entrar a las fotos del celular, el registro de llamadas entrantes y salientes, así como la duración de las mismas. Podía escuchar el audio ambiente en el que estaba el blanco; sin embargo, se dejó de escuchar el audio ambiente porque en una ocasión, cuando escuchaban un teléfono, éste se apagó, y dejaron de hacerlo.

Adelita Coriat

Los abogados de Ricardo Martinelli se presentaron ayer en horas de la mañana a la Secretaría de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para comunicar, a través de una nota simple firmada por el expresidente, sobre su decisión de renunciar de forma inmediata e irrevocable a su condición de diputado de este organismo.

A juzgar por la redacción del aviso, Martinelli tenía planeado este paso desde que estaba recluido en la Prisión Federal de Miami, Florida, Estados Unidos, donde pasó un año detenido a la espera de ser extraditado a Panamá (junio 2017 – junio 2018). La nota de un párrafo, sin fecha, describe en los primeros renglones las generales del diputado; luego dice que está ‘actualmente detenido en el centro de detención federal’.

La defensa del expresidente parece haber apostado que a su llegada a Panamá, el pleno de la Corte Suprema de Justicia consideraría a favor de su cliente el tiempo que estuvo detenido en Estados Unidos como parte del proceso que se le sigue en Panamá. Pero no fue así. El 19 de junio pasado, los 9 magistrados, de forma unánime, negaron a Martinelli un cambio de medida distinta a la detención preventiva.

Lo que siguió, según se rumora, es que Martinelli se enfadó con sus abogados al punto que, según algunos allegados, ‘al día siguiente, no quiso recibirlos en el penal de ‘El Renacer’, donde se encuentra detenido desde el 11 de junio cuando culminó el proceso de extradición’.

La defensa insiste que este es un proceso político, de persecución en contra de su cliente y que se le quiere condenar lo antes posible para inhabilitarlo políticamente. De ahí la estrategia de que al renunciar a su condición de diputado, el caso cambie de techo judicial para evitar una condena que podría superar los cinco años de prisión y dejarlo fuera del próximo torneo electoral en mayo de 2019.

La constitución panameña inhabilita al cargo de alcalde o diputado a quienes hayan sido condenados por delito doloso con pena de prisión de cinco años o más mediante sentencia ejecutoriada por un tribunal de justicia.

El 15 de agosto próximo, inicia el periodo de postulaciones para los cargos de alcalde, representante y diputado en el partido Cambio Democrático, del cual Martinelli es fundador.

Hasta no ser condenado formalmente, el exgobernante puede postularse a cualquiera de estos puestos y revestirse de fuero electoral, lo que atrasaría el proceso de investigación en su contra hasta que el Tribunal Electoral, a petición del Ministerio Público, deje sin efecto esta condición.

EN EL PARLACEN

El diputado Juan Pablo García Farinoni, que se encuentra en Guatemala, dijo a La Estrella de Panamá , que la renuncia de Martinelli fue presentada por Ricardo Hernández, diputado del CD en el Parlacen, en el departamento de correspondencia que sella el papel con el timbre de la junta directiva.

No obstante, añadió que la agenda de la ‘Junta Directiva se planteó desde el jueves, de tal forma que podría ser revisada en el renglón de ‘puntos varios’ para verificar que cumpla con los requisitos de forma. La persona que trajo la nota debe tener un poder de Martinelli o una autorización del mismo’, un tema que evalúa la asesoría legal del Parlamento. ‘No le puedo decir con certeza si el caso entra a la Plenaria (del miércoles) ya que en la Junta Directiva hay más de una veintena de puntos en agenda y vamos por la mitad’, indicó García Farinoni.

En Plenaria, hasta el momento, ‘el caso de Martinelli no está contemplado’ porque antes deben conocerlo en Junta Directiva, agregó García Farinoni.

Una vez que sea de entendimiento de la Plenaria, el diputado explicó que se emite un acta en la que se dispone que fue de conocimiento de los diputados y que, por voluntad de parte, se solicita una petición secretarial en la que conste su renuncia. ‘En caso de que sea utilizada fuera de Guatemala, los abogados deberán hacer el trámite correspondiente para que tenga uso jurídico en Panamá’, acotó el diputado.

Según explica Dorindo Cortéz, también diputado del Parlacen, ‘este organismo no exige ningún formalismo en cuanto a sellos o autenticaciones de la Cancillería o de la prisión cuando se presenta la renuncia’.

En el caso de los expresidentes, se trata de un anuncio que se presenta a la Junta Directiva, y esta, a su vez, la ventila en la Asamblea Plenaria que tiene programado reunirse del 27 al 29 de junio. ‘Nosotros recibimos la renuncia del expresidente Mauricio Funes, de El Salvador, cuando yo era vicepresidente del Parlacen, y esa nota era simple, sin ningún apostillado, aunque él no estaba detenido a diferencia del expresidente de Panamá. Mi visión jurídica es que no cambia en nada si está o no en libertad, ya que no hay una exigencia en el Parlamento sobre este tipo de situaciones’, añadió Cortéz.

El diputado añade que es a partir de que la carta se haya presentado en la Plenario cuando la renuncia queda consignada en acta. ‘Es cuando surte efecto la renuncia y no antes. En este sentido es posible que la Junta Directiva del Parlacen opte por incluir la renuncia en la Plenaria de este miércoles. De no ser así, entraría en la sesión de agosto, ya que en el mes de julio no sesiona este parlamento’, aclaró el diputado Cortéz.

La jugada de los abogados de Martinelli tiene la intención de que el caso pase a la justicia ordinaria, a un juez de circuito penal, y que su cliente se desprenda de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, algunos querellantes opinan que remitir el caso al juzgado XVI, como lo ha solicitado Martinelli en una nota enviada al presidente de la Corte, es un asunto diametralmente opuesto.

Rosendo Rivera, querellante autónomo, indicó que no es factible esta petición ya que el caso que se sigue en este juzgado contra los dos exdirectores del Consejo de Seguridad, Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, se encuentra en otra fase distinta. ‘Ellos ya han sido indagados y llamados a juicio. En cambio, Martinelli fue declarado en rebeldía por la CSJ y se le acusa de tres delitos más que el resto de los imputados’, dijo Rivera.

El próximo 25 de junio se tiene programada la audiencia intermedia del caso contra Martinelli por los pinchazos telefónicos ilegales. Pero, de presentar ante la Corte su renuncia al Parlacen, se podría invocar la falta de competencia de este órgano y remitir la carpetilla al Registro Único de Entradas del Órgano Judicial para que se asigne por sorteo electrónico a un juzgado competente.

Adelita Coriat

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en votación unánime, negó al expresidente Ricardo Martinelli el cambio de medida cautelar de detención preventiva a casa por cárcel, como había solicitado su defensa.

La decisión se produjo tras evaluar dos puntos claves: el estado de salud del expresidente y la solicitud de la defensa de abonar al proceso que se le sigue el año que permaneció en la prisión Federal de Miami, Florida, a la espera de su extradición.

Sobre el primer punto, el magistrado Luis Mario Carrasco explicó que durante su intervención, la defensa solo hizo alusión una vez al estado de salud de su cliente. El pleno analizó los informes proporcionados por la defensa en los que los médicos determinaron que el exgobernante podía continuar su tratamiento de forma ambulatoria.

Con respecto al segundo punto, el pleno decidió que el tiempo de detención del expresidente debe iniciar a partir de la fecha en que fue puesto a órdenes de las instancias panameñas, el pasado 11 de junio.

Carrasco señaló que no es posible aplicar al plazo de detención local el tiempo que estuvo detenido en el extranjero. ‘La extradición y la detención provisional son dos institutos diferentes’, explicó. Añadió que patrocinar una interpretación contraria a la detención preventiva podría suponer que habría que liberar al extraditado tan pronto pisara el territorio nacional, contraviniendo las medidas impuestas por el pleno en junio de 2015.

No obstante, el pleno aclaró que no será indiferente, en caso de ser sentenciado el acusado. En este sentido, se le conmutará el tiempo que estuvo en prisión a la espera de la extradición.

La decisión se produjo tras un receso de más de cuatro horas.

LA AUDIENCIA

Acusado de cuatro cargos que acumulan 21 años de prisión (inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad, fraude, y malversación de fondos públicos), Martinelli tomó la palabra durante la audiencia y repitió en tres ocasiones que es inocente, que este es un caso ‘fabricado’ y que confía en la justicia panameña.

Durante la audiencia de control, celebrada este martes a las 10:22 a.m. en el salón del Segundo Tribunal del Órgano Judicial, se presentó esposado, vestido de jeans, camiseta roja de la selección nacional de fútbol con el número 11 en el pecho y zapatillas deportivas. Se le veía sereno el rostro, llevaba las manos juntas en alto en señal de victoria, mientras era alentado por aplausos de sus simpatizantes dentro y fuera de la sala.

El salón estaba repleto. Del lado izquierdo tomaron asiento familiares —entre ellos la ex primera dama, Marta Linares; su hija Carolina; sobrinos y su cuñada—, simpatizantes y varios diputados del partido Cambio Democrático, del cual es fundador. A la derecha, representantes de la prensa y familiares de las víctimas.

La defensa estaba situada frente a la Fiscalía, representada por el magistrado Harry Díaz, y los querellantes, más de una docena.

Dirigía la audiencia el magistrado Hernán De León acompañado por ocho colegas. Al iniciar la sesión, un grupo de víctimas, representadas por el abogado Ángel Álvarez, presentó recusación contra los magistrados Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta. No obstante, De León negó el recurso basado en el artículo 61 del Código Procesal Penal.

Seguidamente, se dio la palabra a la defensa, Carlos Carrillo, quien solicitó al tribunal cambiar la medida de detención preventiva por casa por cárcel. Entre las recomendaciones para que se concrete esta petición, la defensa propuso que su cliente sea custodiado por un agente del Servicio de Protección Institucional; el deber de presentarse periódicamente a una oficina judicial y la prohibición de abandonar el territorio nacional bajo la retención de su pasaporte.

Carrillo trajo a colación el debate sobre el año que ha permanecido Martinelli privado de libertad. Dijo que este tiempo debe ser interpretado a su favor. Citó también la condición médica de su cliente aduciendo hipertensión y arritmia cardiaca.

Sidney Sittón, uno de los seis abogados del expresidente, apeló a los derechos humanos de su cliente.

Recurrió a los documentos diplomáticos que acompañaron la extradición el pasado 11 de junio, en los que se hizo referencia a la regla de ‘especialidad’ y a la condición de salud de Martinelli. Alegó que de los cuatro cargos, solo uno tiene pena de 4 a 10 años de prisión.

Por otra parte, la Fiscalía objetó la solicitud de la defensa. ‘No existen circunstancias nuevas para que se admita el cambio de medida’, dijo el fiscal Díaz. Añadió que la defensa mezcló temas que no venían a lugar en una audiencia de esta naturaleza.

Después aclaró que el debate sobre imputación o acusación ha sido superado y citó fallos que han sentado precedentes. Reiteró que la Fiscalía no se ha opuesto a la revisión de salud del expresidente, pero recordó que los galenos de Medicatura Forense concluyeron que la condición del paciente es ‘estable’ y que podía continuar el tratamiento desde la cárcel.

‘No es la primera vez que la defensa trata de afectar el proceso señalando la salud de Martinelli. El año pasado se acercaron a la oficina para provocar una visita de este servidor a Miami, Florida, invocando un cáncer de próstata’, dijo Díaz. El encuentro no ocurrió porque una las condiciones que había puesto el fiscal incluía asistir acompañado de un querellante, pero la prisión no autorizó la visita. ‘No hubo tal cáncer’, acotó el fiscal.

Luego, miró a Martinelli a los ojos y señaló a la defensa de querer poner en entredicho el proceso vulnerando su integridad como fiscal: ‘Si alguien le ha recomendado (a Martinelli) que me puede comprar, es un mal asesor’, advirtió Díaz.

Sobre la conmutación de tiempo, Díaz señaló que mientras Martinelli estuvo preso en el extranjero, no era a órdenes del Órgano Judicial. ‘Se han levantado suficientes elementos en contra de Martinelli. Las Fiscalías Anticorrupción enviaron expedientes en los que al menos 49 personas identificaron mensajes personales’, concluyó el fiscal.

‘Estuve encerrado como un perro’

‘Éste, como otros casos, fue fabricado políticamente. Aquí lo que está en juego es la justicia, no Ricardo Martinelli’, expresó ante los presentes en el Salón del Segundo Tribunal de Justicia del Órgano Judicial el expresidente Ricardo Martinelli. El magistrado Hernán De León le otorgó la palabra. En veinte minutos, Martinelli intentó convencer a los jueces de que es inocente —lo declaró en tres ocasiones— y de su intención de enfrentar el proceso bajo el principio de especialidad.

‘He estado encerrado como un perro, sin poder salir o leer y me mantuve como un hombre que soy. Yo estuve un año preso, no entiendo cómo pueden decir que yo vine como reo rebelde, yo me podía haber quedado a pelear ahí’, afirmó.

Seguidamente, aseguró no saber quién dijo que padecía cáncer de próstata (cuando él mismo lo mencionó en la audiencia pasada), pues él pensaba que era así por su dificultad para orinar. Luego añadió que tiene un cáncer controlable, sin especificar de qué tipo.

Martinelli hilaba las frases y reiteró que se le han violado sus derechos, que lo han calumniado, por lo que ha demandado a medios de comunicación. Buscó probar su arraigo domiciliario: ‘Yo vivo en Altos del Golf, no tengo que esconderme’.

Más tarde, pidió consideración a los jueces: ‘Cuando me fui no sufría ningún achaque, ahora tengo cuatro stends’. Aseguró que no tiene ‘cuentas de banco ni tarjeta de crédito’, y que no sabe por qué dicen que ‘tiene y tiene’, pues no es así.

Con la mirada clavada en el Tribunal, expresó que no se le ha imputado. ‘Yo confío en la justicia de este país. Ahí veo al magistrado Oydén (Ortega), que me quería imputar, ahí veo a Zamorano (Abel), que también quería imputarme’, terminó.

Adelita Coriat

La propuesta de un Código Procesal Constitucional, que adelanta el Ejecutivo, será presentada ante la Asamblea Nacional el próximo mes de julio, cuando se inicie el quinto periodo ordinario de sesiones.

DOCUMENTOS

Propuestas de Código

Después se llevar a la Asamblea, el Código Procesal Constitucional será presentado el Código Contencioso Administrativo, que ya fue analizado por el Pacto de Estado por la Justicia.

El viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, indicó que el documento fue presentado hace unas semanas ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia para su evaluación y presentación de observaciones.

Sánchez dijo que los magistrados que participaron en la reunión aportaron observaciones y algunos, como el magistrado Harry Díaz, envió por escrito sus recomendaciones.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia tiene un representante en el Pacto de Estado por la Justicia, donde se presentó inicialmente la propuesta para su discusión, el viceministro dijo que era importante presentarlo ante el pleno de la Corte para conocer la opinión de todos los magistrados, especialmente si el documento contenía aspectos que no eran aplicables.

Los magistrados, dijo Sánchez, manifestaron inquietud por la reducción de los plazos de los procesos de administración de justicia.

La idea de la reunión con los magistrados, dijo el funcionario, era para que cuando el documento llegue a la Asamblea, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hayan hecho todas las observaciones y no que se hagan en los debates legislativos, que podría trancar la aprobación del proyecto.

Con la excepción de los magistrados José Ayú Prado y Ramón Fábrega, que no participaron en la reunión por contratiempos, el resto estuvo presente en la reunión.

La propuesta contempla un rediseño de la justicia constitucional, específicamente en las instituciones de garantía al regular íntegramente las acciones judiciales destinadas a la protección de los derechos fundamentales y de la Constitución Política.

De igual manera deroga los artículos relacionados a la acción de habeas data contenidos en la Ley 6 del 22 de enero de 2002 y la incorpora al Código Procesal Penal, en vista de que se trata de un derecho fundamental de las personas que podrán interponer sin mayores formalidades.

José Arcia

Luego de que médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyeran que el cuadro agudo que originó la hospitalización de Ricardo Martinelli en el Santo Tomás “está compensado”, y que por lo tanto su condición “es estable”, el traslado del exgobernante a la cárcel El Renacer es inminente.

Martinelli ‘está estable’, dicen forenses

Fuentes ligadas a este proceso confirmaron que, inclusive, los médicos que trataron a Martinelli en el Santo Tomás le dieron de alta en horas de la noche, luego de que concluyera la diligencia en la que el juez de garantías Jerónimo Mejía revisó los informes y testimonios médicos inherentes a la condición de salud del expresidente. Martinelli, quien es investigado por supuestamente espiar las comunicaciones de al menos 150 personas, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás la noche del pasado lunes, horas después de llegar al país, tras ser extraditado por el Gobierno de Estados Unidos.

Sus abogados alegan que su estado de salud no le permite estar en la cárcel.

Los tres médicos forenses que examinaron a Ricardo Martinelli en el Hospital Santa Tomás acudieron a la citación. LA PRENSA/Miguel López

Martinelli ‘está estable’, dicen forenses

Los tres médicos especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) que examinaron al expresidente Ricardo Martinelli en el  Hospital Santo Tomás informaron que la condición clínica del exgobernante “es estable”.

Sharlyn Silva y Ricaurte González, forenses, y Olga Alvarado, legalista, quienes examinaron a Martinelli la noche del pasado 12 de junio, explicaron que el cuadro agudo que originó la hospitalización está compensado.

Los médicos fueron entrevistados ayer por el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el caso que se le sigue al expresidente por espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas.

La diligencia, convocada a las 6:00 p.m. de ayer, empezó a las 6:57 p.m.

Dimas Guevara, en el Hospital Santo Tomás. Román Dibulet -MD

Informaron que en el expediente clínico del Santo Tomás constan los siguientes diagnósticos de Martinelli: crisis hipertensiva, fibrilación auricular paroxística, enfermedad coronaria, glaucoma, ansiedad, hernia ventral y prostatismo.

Ante las preguntas de Dimas Guevara, abogado de Martinelli, sobre diferentes interpretaciones de las patologías descritas, el equipo de doctores hizo hincapié en que no se les encomendó un diagnóstico del paciente sino una “evaluación médico legal”.

Juan Manuel Díaz, Olmedo Rodríguez