Listado de la categoría: Noticia

Los medios de comunicación y los gremios periodísticos panameños identifican el anteproyecto de ley 54 presentado en la Asamblea Nacional como un intento más para controlar y censurar sus contenidos.

El diputado Noriel Salerno del partido Cambio Democrático es el padre del anteproyecto que está en la agenda de los diputados y que pretende que los medios audiovisuales incluyan en la programación de anuncios un mensaje cultural o educativo por cada cinco anuncios comerciales. En la prensa escrita, se propone que se publiquen a diario al menos dos mensajes de este tipo en espacios dedicados a la publicidad. Las revistas mensuales o semanales también deberán hacerlo si éste proyecto lo sanciona el Ejecutivo, una vez supere el debate en la Asamblea Nacional. Salerno considera que los valores ciudadanos, “la base y el sustento necesario para que nuestra sociedad transite por caminos de paz, amor, respeto y tolerancia”, se han perdido, y cree que los medios deben contribuir de manera activa en su recuperación, con la directriz de las autoridades públicas, el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), entre otras.

El Fórum Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas y la Asociación Nacional de Radiodifusión emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación, por lo que consideran un nuevo intento de regular el contenido editorial de los medios. En el escrito divulgado recientemente identifican el repetido interés de los diferentes estamentos públicos en regular el espacio informativo de los medios. Estas iniciativas son cada vez es más frecuentes, sostienen, “porque a pesar de las reiteradas declaraciones de los gobernantes, incluyendo el Presidente de la República, de no afectar la libertad de expresión y de información, se sigue intentando aprobar leyes que atentan directamente contra esta libertades fundamentales”, se lee en la nota.

RECUENTO

Ante lo que consideran una “amenaza”, el sector reseña las diferentes propuestas con las que se ha querido reglamentar el contenido de la información. En primer lugar citan el proyecto para reglamentar el ejercicio del periodismo presentado ante la Asamblea por el diputado panameñista Juan Moya, suplente de Melitón Arrocha, que causó una gran polémica en la sociedad y no llegó a prosperar.

La segunda oportunidad fue el proyecto de reformas electorales, que aunque aún está en debate, en uno de sus artículos originales daba facultad al Tribunal Electoral para remover a su criterio y de forma inmediata cualquier propaganda política y sancionar incluso con el cierre al medio involucrado.

Los gremios tampoco vieron con buenos ojos el hecho de que se exceptuara el uso de los medios de comunicación estatales para estos fines, los cuales están permanentemente a disposición de los partidos políticos y del Tribunal Electoral. En este sentido, el Colegio Nacional de Periodistas, consideró que el punto es discriminatorio, porque mientras a los medios particulares se les restringe la propaganda electoral, a los estatales, no. A criterio de los periodistas, la prohibición debería incluir a todos los medios por igual.

Como tercer ejemplo citan el proyecto de ley sobre el “derecho al olvido” presentado por el diputado oficialista Melitón Arrocha. El cuarto ejemplo es el proyecto que buscaba regular los “anuncios clasificados” por “acoger ofertas de dudosa moral”, presentado por el diputado suplente Agustín Selhorn, de Cambio Democrático. Y la quinta iniciativa recayó en el mismo Ministerio de Gobierno, que a través de la llamada Dirección para la promoción de la Libertad de Expresión articulaba la ley 82 de 2013, sobre violencia de género o femicidio, en la que se contemplaban sanciones para los medios que incurrieran en discriminación u ofensa contra la mujer. El ex ministro Milton Henríquez, antes de abandonar el cargo para hacerse cargo de la embajada en España, presentó una modificación ante la Asamblea para evitar, dijo, que el Ejecutivo tuviera esa potestad.

SOBRE EL ANTEPROYECTO

El argumento del diputado Salerno para presentar el nuevo anteproyecto es que los esfuerzos que hacen las organizaciones cívicas y empresariales de la sociedad en general, no son suficientes para revertir los efectos nocivos de las malas prácticas que proliferan en el país. Y considera que la inclusión de “mensajes positivos” que resalten los valores que deben llegar a niños, juventud y adultos en los medios de comunicación harán reflexionar a la población sobre la importancia de reconducir a la sociedad por un mejor camino.

Los mensajes, propone, serán elaborados por los propios medios y deben ser de carácter educativo y cultural resaltando los valores ciudadanos. Comunicaciones que por el poder de los medios serán fundamentales para moldear las ideas e influir en la conducta de las personas, sostiene.

Las organizaciones de prensa local apuntan, sin embargo, a su derecho a determinar, cómo mejor parezca, la distribución y planificación de su espacio editorial y recordó a las autoridades que el país, por ser miembro de la Organización de Estados Americanos y suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe respetar incondicionalmente sus principios. Por tanto, debe defender la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, que es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.

Por lo expuesto, las organizaciones rechazan y condenan todo intento que busque limitar cualquier forma los derechos fundamentales para la sostenibilidad de la democracia, entre ellos, el de la libertad de expresión y la de estar informados.

PAUTAS

El documento de Salerno establece que los parámetros a aplicar en los distintos medios de radio y televisión se definirán en la inclusión dentro de la programación de anuncios publicitarios al menos un mensaje cultural o educativo por cada cinco anuncios.

Cada diario de circulación nacional, por su parte, insertará en cada edición al menos dos mensajes educativos, culturales o sobre materia electoral en espacios ubicados en secciones fijadas para anuncios publicitarios para garantizar que los mensajes sean percibidos por una gran cantidad de lectores.

Las revistas y demás publicaciones comerciales de circulación semanal o mensual, según la propuesta, publicarán al menos un anuncio de esta índoles en espacios visibles destinados para anuncios publicitarios.

El anteproyecto señala que la producción y extensión de estos anuncios estará a cargo de la creatividad de cada medio. No obstante, el Ministerio de Educación tendrá a su cargo la coordinación de las campañas y programas así como los contenidos que pueden generar los medios de comunicación de acuerdo a la época del año o sucesos que ameriten la divulgación. Sin embargo, la reglamentación de esta ley estará en manos del Ejecutivo a través de la ASEP.

El medio podrá apoyarse en distintas instituciones para este propósito, como lo son: Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, el servicio Estatal de Radio y Televisión, la Asociación Panameña de Radiodifusión, el Consejo de Rectores, y los clubes cívicos.

El proyecto fue propuesto en septiembre de 2016 y cuenta con ocho artículos. Esta pendiente de ser prohijado en la comisión de Comunicaciones y Transporte de la Asamblea y de ser así, pasará a los debates correspondientes.

Adelita Coriat

La Asamblea Nacional intenta, nuevamente, regular la actividad propia de los medios de comunicación.

El anteproyecto de ley 54, iniciativa presentada por el diputado de Cambio Democrático Noriel Salerno, busca establecer como una obligación la inserción de mensajes educativos y culturales en la programación diaria.

Tanto las emisoras de radio como la televisión tendrán que emitir mensajes educativos, culturales y de docencia electoral por cada cinco anuncios que sean difundidos durante la programación regular.

Además, dispone que los periódicos deben publicar en cada edición por lo menos dos mensajes del mismo tipo, mientras que las revistas semanales, quincenales o mensuales deberán hacer lo propio.

‘Estamos seguros de que esta iniciativa legislativa, si bien no resolverá el problema de la pérdida de valores que ha venido en aumento con el espacio de los años, será un paso fundamental, que contará con el respaldo de los medios de comunicación, los cuales desempeñan una labor prestante y positiva en el país’, manifestó Salerno, diputado proponente de la iniciativa.

RECHAZO

El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y la Asociación Panameña de Radiodifusión señalaron en un comunicado que esta nueva iniciativa se suma a otras que ‘han pretendido controlar la libertad de prensa en Panamá’.

Los gremios resaltaron que su preocupación es ‘cada vez mayor’ porque pese al compromiso de gobernantes de no afectar la libertad de expresión y de información, ‘se sigue intentando aprobar leyes que atentan directamente contra estas libertades fundamentales’.

En el comunicado los gremios recordaron que cerca de una media docena de proyectos han sido presentados ante la Asamblea Nacional con la idea de ‘controlar la libertad de prensa’ en el país.

El diputado del Partido Panameñista José Antonio Domínguez dice que con el proyecto no se está buscando regular a los medios de comunicación. ‘Los medios tiene un deber en la sociedad y algo deben prestarle en cuanto al servicio educativo. No es regular lo que van a presentar los medios’, aseguró el diputado oficialista.

Los contenidos y la extensión de los mensajes difundidos serán producidos por los propios medios de comunicación, detalla la propuesta.

Se dispone que será elaborado con la colaboración de las siguientes organizaciones: Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Servicio Estatal de Radio y Televisión, Asociación Panameña de Radiodifusión, el Consejo de Rectores de Panamá y los clubes cívicos.

Anteriormente, han presentado propuestas para regular a los medios Melitón Arrocha y Agustín Sellhorn.

En 2016, Arrocha presentó una iniciativa sobre el ‘derecho al olvido’. El diputado se vio obligado a retirarla.

En tanto, Sellhorn,, suplente de la diputada Marilyn Vallarino, ha buscado que se regule el contenido sexual en los clasificados.

Por su parte, el diputado panameñista Juan Moya propuso regular la profesión de los periodistas.

Ismael Gordón Guerrel

La Academia Panameña de Derecho Administrativo y Abogados presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley que busca dar estabilidad a los abogados que prestan servicios en las instituciones del sector público.

La iniciativa, que fue presentada ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, busca establecer los objetivos, requisitos de ingreso, incompatibilidades, las bases para determinar ascenso y promociones de las categorías, así como los términos para la remuneración de los profesionales del derecho que ejerzan en el Estado.

La iniciativa fue presentada por los abogados Carlos Vásquez y Alfonso Fraguela.

Fraguela, en conversación con La Estrella de Panamá explicó que la intención es mantener a los profesionales del derecho al margen de los cambios políticos, pues se trata de un personal técnico que brinda su servicio a las instituciones en las cuales trabajan de acuerdo al requerimiento jurídico y no a los cambios políticos.

Se establece en la propuesta, que consta de 17 artículos, que los abogados al servicio del Estado estarán sujetos a las normas legales de acuerdo a las funciones que realizan y al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Según explicó Fraguela, la propuesta establece que mientras los abogados estén al servicio del Estado, no podrán litigar ni ejercer privadamente en el área relacionada con sus funciones.

Actualmente en Panamá hay 22,684 idoneidades expedidas, cifra que va en aumento con la graduación de nuevos profesionales de los centros de estudios superiores de los cuales un porcentaje significativo presta servicios en el sector público.

La Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, luego de evaluar la iniciativa y establecer que cumple con los requisitos para convertirse en anteproyecto de ley, trasladó a los proponentes el documento para su revisión final y aprobación.

El anteproyecto de ley, que consta de 17 artículos, establece que los abogados al servicio del Estado, ya sea que laboren en los ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, municipios y sus dependencias, y en cualquier organismo estatal y las empresas en que el Estado es accionista, gozarán de estabilidad condicionada, únicamente a su competencia, lealtad y ética en el servicio.

Ismael Gordón Guerrel

El polémico proyecto de ley No. 245 volvió ayer al pleno de la Asamblea Nacional para ser discutido en segundo debate con el artículo 22 integro, a pesar de que varios sectores de la sociedad civil organizada, abogados y políticos abogan por eliminarlo o modificarlo.

Para hoy, se tiene previsto iniciar la discusión del documento en segundo debate.

El diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Quibian Panay, alega que se analizarán las modificaciones que se han presentado hasta el momento, especialmente las relacionadas con el artículo 22, donde se contempla el mecanismo para los acuerdos de pena entre el Ministerio Público y los involucrados en una causa penal.

Mientras que el presidente de la Asamblea, Rubén De León, dijo que en el segundo debate se permitirá la participación de todos los grupos interesados y se aceptará que cualquier diputado presente las modificaciones que estime convenientes.

Igualmente De León, indicó que el pleno legislativo se declarará en sesión permanente para discutir el 245.

La diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó o que presentará modificaciones al artículo 22, en vista de que sus propuestas no fueron introducidas al momento en se discutió en primer debate.

Rodríguez apuntó que por ‘ninguna circunstancia’ el polémico artículo debe dejar una ventana para que las personas que colaboran con la justicia queden impunes, como pretende el Ministerio Público.

Rodríguez, sin embargo, se mostró de acuerdo con la reducción de pena por la colaboración. ‘Bajo ninguna circunstancia se debe exonerar a Odebretch, deben formularles cargos, aunque reducidos, y debe pagar aunque sea la pena mínima, pero no puede salir por la puerta grande, sin ningún cargo, como si no hubiera hecho absolutamente nada’, sostuvo.

El artículo 22 establece los acuerdos de penas en el Sistema Penal Acusatorio y quienes se oponen a la medida alegan que la norma favorece la impunidad y busca beneficiar a directivos de la empresa Odebrecht.

El proyecto de ley No. 245 fue presentado en septiembre de 2015 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, sin embargo, en el documento original no se contemplaba los acuerdos de penas. La medida fue introducida el 4 de enero de 2017, cuando fue enviado a segundo debate.

José Arcia