Aprueban reformas a la Ley 82

Los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobaron, en primer debate, las reformas a la Ley 82 de 2013, que penaliza la violencia contra la mujer y tipifica el delito de femicidio.

La iniciativa fue presentada en enero pasado por el entonces ministro de Gobierno, Milton Henríquez, a raíz de la polémica por la potestad que la norma otorga a la entidad de sancionar a los medios de comunicación.

El artículo 70 de la Ley 82 establece que el Ministerio de Gobierno puede sancionar a los medios de comunicación con multa de $1,000 a $3,000 si se comprueba que han incurrido en discriminación o violencia contra las mujeres.

Con la reforma, el tema pasa a la esfera judicial. ‘Toda persona que se considere agraviada por las publicaciones de un medio de comunicación social que incurran en cualquier tipo de violencia contra la mujer (…) podrá demandar la respectiva responsabilidad civil, mediante un proceso sumario’, señala el artículo 4 de la propuesta.

La actual ministra de Gobierno, María Romero, acudió a la discusión del primer debate, en el cual aseguró que una entidad administrativa no debe tener la facultad de sancionar a los medios de comunicación, ya que esto podría dar lugar a que se interprete como una restricción o limitación a la libertad de expresión.

José Arcia

Valderrama rechaza amenazas de Martinelli

El diputado panameñista Adolfo Valderrama denunció ayer que el expresidente de la República Ricardo Martinelli está utilizando las redes sociales y los medios de comunicación para amenazarlo.

Valderrama compartió ayer a través de su cuenta de Twitter un mensaje del exmandatario en el que, según dijo, Martinelli utilizó palabras de ‘grueso calibre y amenazantes’ para referirse a él.

El diputado considera que estas amenazas se originan por las denuncias y cuestionamientos que ha hecho de los actos cometidos durante la gestión del expresidente Martinelli.

En su cuenta de la red social, el diputado Valderrama le envió a Martinelli un mensaje: ‘miedo sólo a Dios señor’, se mostró despreocupado y conminó al expresidente a regresar al país.

Redacción La Estrella de Panamá

La labor del diputado, distorsionada por el clientelismo

El peso político y de representación del Estado de los diputados es tal que, como ejemplo, tienen entre sus funciones constitucionales la potestad de declarar la guerra a otro país. Pero en el texto de la Carta Magna por ningún lado aparece que puedan distribuir a criterio donativos o subsidios, no importa cuan necesitada crean que esté su comunidad. La función del diputado se ha distorsionado producto de un populismo que ha hecho daño a la democracia, asevera el abogado Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

La función principal de los diputados es la de expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines estatales (Artículo 159). Este órgano estatal también tiene funciones administrativas (Artículo 161) y judiciales, como conocer las acusaciones contra el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Artículo 160).

¿Están cumpliendo los diputados con su función constitucional? El abogado Ernesto Cedeño considera que no. ‘No están cumpliendo a satisfacción con lo establecido en la Carta Magna. Algunos ni leyes proponen. No citan a los funcionarios más ineficientes para que rindan cuentas… Son una vergüenza como cuerpo colegiado’, alega el abogado.

Tras años de mantener esta práctica histórica, los miembros del órgano legislativo enfrentan ahora una tormenta mediática por el aparente uso indebido de las partidas que reciben del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y avala la Contraloría General para distribuir a su capricho cual ‘filantropía patrocinada’ que promueve el clientelismo electoral y les garantiza un futuro en el puesto con la complicidad de la gratitud inocente e ignorante del pueblo, indica Cedeño.

Crítico decidido de esa ‘mala práctica’, el abogado interpuso una demanda de inconstitucional al decreto 441-2016-DMySC de la Contraloría General que limita y regula los donativos y subsidios a los miembros de este órgano estatal.

Según lo aprobado en este decreto, los diputados podrían distribuir hasta $67.500 mil en donanciones. Los donativos y subsidios que otorgan los diputados se incluyen en el presupuesto de ‘inversión y funcionamiento’ de la Asamblea Nacional. La cantidad la establece el Órgano legislativo, la ajusta el MEF y pasa a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, para su ‘ajuste’, donde al final se decide el monto total.

CONSULTAS

La Procuradora General, Kenia Porcell, asegura que la naturaleza jurídica de este órgano no está destinada para estas actividades (entrega de subsidios y donativos).

La jefa del Ministerio Público pidió a la máxima magistratuta de justicia del país declarar inconstitucional la norma de la Contraloría General.

El procurador de la administración, Rigoberto González, respalda la tesis de Porcell y de Cedeño. ‘El manejo de donaciones por parte de los diputados es inconstitucional a todas luces, porque no hay una norma que faculte a la Asamblea para hacer donaciones ni manejar fondos’, aseguró González.

Carlos Lee, por su parte, señala que la función del diputado no tiene nada que ver con el trabajo en las comunidades.

La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que dirige Angélica Maytín, también considera que las donaciones se deben eliminar y no reglamentar, como hizo la Contraloría General. A través de un comunicado al país, la institución incluso advirtió que dentro de las funciones constitucionales de los miembros de cámara de diputados no está administrar recursos públicos.

La institución instó a la Asamblea Nacional a que desempeñe el papel que la Constitución Política le señala, tomando como referencia, la transparencia y el derecho a la Información pública.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), por otro lado, hizo un llamado a la conciencia del electorado para que con su voto responsable contribuyan a erradicar estas prácticas (subsidios y donaciones) que alimentan el pernicioso clientelismo político.

Hoy, la Corte Suprema de Justicia, en una reunión del pleno extraordinario, debe decidir si es inconstitucional esta práctica ‘aberrante y contra la naturaleza’, que aprobó la Contraloría General de la República, y que sirve para continuar con un marcado populismo, concluye Cedeño.

LA FUNCIÓN DE LA CORTE

La Corte, según el Artículo 155 de la Carta Magna, es el órgano que puede investigar y procesar a los miembros de la Asamblea Nacional, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo. La demanda interpuesta por Cedeño, tras ser admitida, fue sometida a consulta de la Procuraduría y se sabe que ya hay un proyecto de sentencia emitido por Harry Díaz y presentado en el pleno, donde recibió las observaciones de tres magistrados, entre ellos Cecilio Cedalisey Luis Ramón Fábrega.

EL DIPUTADO

Los diputados son elegidos por un periodo de cinco años, el mismo día que se celebra la elección de presidente y vicepresidente. Son 71 diputados que deben ser elegidos de acuerdo a la Ley. Para ser diputado se requiere ser panameño por nacimiento o por naturalización con quince años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalización y con al menos 21 años de edad.

Ningún diputado puede haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más.

‘Los diputados deben actuar en interés de la nación panameña y representan a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su circuito electoral en la Asamblea Nacional’, cita el Artículo 148 de la Carta Magna.

Los diputados y sus suplentes no podrán aceptar ningún empleo público remunerado mientras ejerzan el cargo. De hacerlo se produciría la vacante de su cargo. Se exceptúan los nombramientos para ministros, viceministros, y gerente de entidades autónomas y semiautónomas y agentes diplomáticos, cuya aceptación solo produce una vacante transitoria.

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

Otras funciones de los diputados

-Los diputados de la Asamblea Nacional juegan un papel importante en el juzgamiento del presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

-Entre sus funciones constitucionales está conocer las acusaciones o las denuncias que se presenten contra el jefe del Ejecutivo y contra los jueces de la Corte, y juzgarlos por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución o las leyes. Así lo establece el Artículo 160 de la Carta Magna.

-El más reciente juicio en la Asamblea lo protagonizó el exmagistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna, en 2014.

-El órgano estatal condenó a Moncada Luna a 60 meses (cinco años) de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, en un hecho sin precedente en la historia panameña.

-Esta fue la segunda vez que se juzgó a un magistrado, pero fue la primera en la que una figura del más alto nivel de la corporación de justicia fue llevada al banquillo de los acusados para ser juzgada con el Sistema Penal Acusatorio.

-Entre las funciones administrativas de la Asamblea está nombrar al contralor, conceder licencia al presidente, admitir o rechazar la renuncia del jefe del Ejecutivo o de su vicepresidente. También le corresponde, entre otros, aprobar los nombramientos de magistrados.

Marlene Testa

 

Sitton indentifica a los supuestos testaferros de Varela

El abogado Sidney Sitton solicitó al Ministerio Público (MP) que pida asistencia judicial internacional a Suiza, Brasil, Estados Unidos, China y Hong Kong para que se identifique a cerca de cuarenta personas naturales y jurídicas con cuentas o depósitos que habrían recibido dinero de la constructora brasileña Norberto Odebrecht para hacerlo llegar al hoy presidente Juan Carlos Varela cuando estaba en campaña.

El abogado busca determinar los movimientos financieros que la constructora brasileña intercambió con cuarenta personas naturales y jurídicas relacionadas con empresarios y políticos locales.

En una conversación con La Estrella de Panamá , Sitton explicó que en la lista que aportó al MP aparecen personas naturales y jurídicas que sirvieron como testaferros del presidente Juan Carlos Varela para que recibiera dinero de la constructora brasileña, entre ellos la Fundación Don James, Jaime y Michelle Lasso.

Las transferencias, según el abogado, se hicieron a través de tres bancos asiáticos. ‘Yo estoy indicando la sucursal de los bancos y las cuentas donde se recibieron las transferencias. Estoy aportando las coordenadas de estas relaciones’, indicó Sitton sobre la presunta vinculación del presidente Varela con la constructora brasileña, que confesó haber pagado sobornos en al menos doce países, incluido Panamá, para ganar contratos públicos millonarios.

El abogado panameño anunció que en el caso de que en Panamá no se preste atención a su solicitud, llevará sus reclamos ante instancias judiciales en Estados Unidos y a medios de comunicación internacionales.

Según Sitton, tiene el número de las transferencias que se realizaron desde Asia a esas cuentas. Sin embargo, esperará hasta que se admita la diligencia solicitada para aportarlas al expediente.

En ese documento también suministra los nombres de empresas en China que se dedican a la manufactura de productos promocionales que, sostiene, se encargaron de la fabricación de botellas y etiquetas de un ron centenario que produce la empresa familiar del presidente panameño.

‘En conclusión, tengo información de que en esas dos empresas, que son dos fábricas, se destinaron dineros recibidos en concepto de sobornos para fabricar botellas y etiquetas del ron que producen’ (los Varela), añadió Sitton, que también es abogado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, acérrimo opositor del gobierno de Varela y quien enfrenta varios procesos en la Corte Suprema de Justicia.

Sitton pidió al MP que dichas empresas informen si existen o han existido contratos de compraventa, permuta o cualquier tipo de transacción comercial o transferencia con las personas naturales o jurídicas señaladas en la solicitud de asistencia judicial.

La solicitud del abogado está sustentada en un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del 21 de diciembre de 2016, en el cual se establece que entre 2001 y 2016 Odebrecht, junto a sus conspiradores, acordaron proveer de manera corrupta cientos de millones de dólares en pagos para el beneficio de funcionarios y partidos políticos en al menos doce países para asegurarse ventajas impropias e influenciar para obtener contrataciones públicas.

El abogado Sitton pidió que en China se curse asistencias judiciales ante el Bank of China para que se indique si existen o han existido cuentas de ahorro, corriente, plazos fijos, cajillas de seguridad, títulos, valores o transferencias en donde los firmantes, beneficiarios finales, representantes legales o accionistas sean Benjamín Colamarco, Martín Torrijos Espino, Fundación Don James, Michelle y Jaime Lasso, Philip Gurian, Alberto Aristides Arosemena, Luis Manuel Hernández, Constructora Internacional del Sur, Olivio Rodríguez hijo, Juan Antonio y Margaritas Reategui Niño, María Mercedes Rabat de De Janon, Eduardo Bonilla, Advansys Group, Atom Travel, Bluesky Global, Inc, Brewter Oil, Corp, Burch Overseas Corporation, Kliddenford, S.A., Duna Trading Corp, Eco Sauber, Enviromental And Civil Technologic, Lashan Corporation, Ferness Investiments, S.A., Sarawak Corporation, Hando Securities, S.A., Progamsa Corporation, Pexo Corporation, Quinuis Servicies, Inmobiliaria Junavier, S.A., H. Daya International, Grees Invest Corp, S.A., Panaglobal Trading, Valmont Management, Milzart Overseas Holdings, Inc., Gulfstar Bussiness Corp, Greenridge Overseas, S.A., y Addington Ventures Limited.

La misma información fue solicitada al Postal Savings Bank of China, al Standard Chartered Bank Limited y al ente regulador de los bancos de Suiza, Estados Unidos y Brasil.

El jurista pidió que las asistencias judiciales contemplen copias de toda la documentación bancaria del cliente, desde la apertura de la cuenta hasta el presente.

Adicionalmente, pidió que las empresas entreguen los contratos, correos con clientes y conocimientos de embarques, así como los documentos de pago de mercancías despachados a Panamá.

También solicitó la aprehensión e incautación de los dineros, títulos, valores, bienes o activos depositados o administrados en los países señalados.

Este documento fue recibido en la Fiscalía Especial Anticorrupción, el 9 de marzo de 2017.

Este medio intentó, sin éxito, contactar con la Secretaría de Comunicación del Estado para conocer la versión oficial sobre la solicitud del abogado panameño.

ANTECEDENTE

Fonseca Mora, Varela y Odebrecht

El abogado Ramón Fonseca Mora, expresidente del Partido Panameñista, declaró que el presidente panameño —Juan Carlos Varela— le había confesado haber recibido dinero de la constructora brasileña Norberto Odebrecht durante su campaña electoral.

Las declaraciones de Fonseca Mora se dieron durante su comparecencia al Ministerio Público por un proceso de lavado de activos adelanta contra la firma de abogados Mossack Fonseca, por supuestamente haber sido parte de una estructura criminal para crear sociedades anónimas para ocultar bienes, en un caso vinculado a la operación Lava Jato, en Brasil, según explicó la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell.

El presidente Varela negó las acusaciones de Mossack Fonseca. Y como un símbolo de transparencia incluso levantó el velo de los donantes de su campaña.

El presidente Varela afirmó: ‘Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos’, y aseguró que ‘ni un dólar’ de esos recursos fue utilizado para su beneficio personal o el de su familia.

Según declaró el presidente, aún mantiene deudas de la campaña política que lo llevó al poder en 2014.

Fonseca Mora y su socio Jürgen Mossack permanecen en prisión preventiva por este caso. El abogado, sin embargo, afirmó posteriormente que no se retractaba de sus declaraciones.

Marlene Testa

 

El procurador tiene carta abierta para investigar a Porcell

El procurador de la Administración, Rigoberto González, está habilitado para iniciar una investigación contra la procuradora de la Nación, Kenia Porcell.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo, actuando como jueza de garantías en una audiencia de control, no admitió la solicitud de impedimento del procurador González para investigar a Porcell.

MOTIVO DE LA QUERELLA

Abogado que milita en Cambio Democrático denuncia a Kenia Porcell

La procuradora Porcell dijo en enero que había recibido la promesa verbal de Odebrecht de devolver los $59 millones.

El abogado Alejandro Pérez presentó una querella por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

A la Procuraduría de la Administración, por ley, le corresponde investigar a la procuradora de la Nación.

La controversia surge luego de que el abogado Alejandro Pérez presentara una querella contra Porcell ante la Procuraduría de la Administración por el supuesto delito de extralimitación de funciones, abuso de autoridad y contra la administración pública.

Pérez solicitó que el procurador González se declarara impedido para conocer la querella, en vista de la amistad manifiesta entre ambos funcionarios.

La solicitud de impedimento se fundamentó en que González fue secretario general de la Procuraduría de la Nación en el periodo de Ana Matilde Gómez, y Porcell era la subsecretaria.

La ahora procuradora renunció a su cargo en solidaridad con González, quien había presentado su renuncia para hacerle frente a una investigación en ese entonces.

Pérez pretendía que en vez del procurador González, la querella contra Porcell fuera atendida por un suplente.

González dijo a su salida de la audiencia que, en vista de que la magistrada Russo consideró que no hay razón para declararse impedido, realizará la investigación contra Porcell.

La denuncia de Pérez está relacionada con las declaraciones de Porcell el 12 de enero, cuando se refirió a ‘negociaciones’ con la empresa brasileña Odebrecht para que devolviera los $59 millones que había pagado en coimas entre 2010 y 2014.

Por ley, es función de la Procuraduría de la Administración investigar a la procuradora o procurador de la Nación.

‘Lo que reclamamos es que se realice una investigación con transparencia’, dijo Leonardo Paul, quien, al igual que Pérez, es parte del equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli.

Ambos abogados y el vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, asistieron a la audiencia de control.

A juicio de Camacho, González podría declararse impedido sin necesidad de solicitar a la Corte dirimir la controversia.

González dijo que hizo la solicitud a la Corte para que fuera un juez de garantías el que decidiera.

El abogado Paul aclaró que, aunque acatan la decisión de la magistrada Russo, dudan del procurador González porque ha hecho declaraciones a favor del trabajo que realiza Porcell.

José Arcia

Panameñismo y PRD se disputan control de la Asamblea

En cuatro meses, la Asamblea Nacional debe elegir su junta directiva para el periodo 2017-2018. Ante la atomización en el pleno legislativo y el panorama político rumbo al año electoral 2019, la situación se complica para todas las fuerzas del órgano más político del Estado.

Cada uno de los tres partidos mayoritarios (Panameñista, PRD y CD) busca el control de la Asamblea, pero ninguno por sí solo cuenta con la mayoría para imponer la junta directiva, lo cual los obliga a pactar entre sí. La disyuntiva se centra en quién pacta con quién, y el costo político que pudiera tener una alianza.

La directiva legislativa cobra gran importancia porque serán los dos años previos al próximo torneo electoral. El que controle la Asamblea tendría influencia sobre el torneo electoral de 2019, el Presupuesto General del Estado y el funcionamiento del gobierno.

Por el momento, la creación de comisiones de investigación se ha convertido en una herramienta de presión política entre perredistas y panameñistas.

El PRD propuso crear una comisión para investigar las obras de Odebrecht, lo cual podría afectar el mandato de Juan Carlos Varela. La comisión generó diferencias entre ambas fuerzas. En tanto, el presidente de la Asamblea creó una comisión para investigar el uso irregular de los fondos legislativos para contratar personal eventual.

POSIBLES ESCENARIOS

Las opciones no son muchas. El oficialismo solo tiene 16 diputados, pero ha mantenido el control del pleno integrado por 71. Ahora requiere el apoyo de los 26 diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Su otra opción está en los 25 de Cambio Democrático.

Por cuestión de estrategia política, a ninguno de los dos colectivos que dicen ser oposición les conviene aliarse al oficialismo y cargar con lo que consideran el lastre del gobierno, lo que los obliga a alejarse del panameñismo, pero están conscientes de lo que significaría estar lejos del presupuesto o los beneficios de estar cerca del gobierno.

DISTANCIAMIENTO POLÍTICO

Tras la elección de la directiva del PRD en octubre, una de las promesas de su nuevo líder, Pedro Miguel González, fue consolidar al partido como grupo opositor.

Rubén De León, actual presidente de la Asamblea y miembro del PRD, en declaraciones a La Estrella de Panamá dijo que no son aliados del panameñismo, solo pactaron para mantener la gobernabilidad legislativa. Y dice que hay que entender que la Asamblea es un escenario de ‘conciliación política’.

A pesar de esta opinión, el distanciamiento entre ambos partidos aumenta. Como nuevo punto de discordia, el miércoles último, entre perredistas y panameñistas se empezó a considerar la propuesta de una resolución, avalada por algunos miembros del PRD, que pretendían investigar, sin excepción, todas las obras de Odebrecht en este país.

La iniciativa, que no obtuvo el aval de diputados del panameñismo y el CD, no fue discutida ( ver nota relacionada). Diferencias como estas apuntan a que el distanciamiento seguirá creciendo.

De León dice que todavía es muy temprano para pensar en la nueva directiva y que cualquier decisión la tomará la dirigencia del partido en acuerdo con la bancada.

Sin embargo, insiste en que si el mandato del electorado es que sean oposición, así lo será, aunque está seguro de que no serán un obstáculo para el funcionamiento de la Asamblea ni del Estado.

Sobre la denuncia que presentó CD contra el presidente Juan Carlos Varela, respondió que todavía la Comisión de Credenciales no la ha considerado. Sin embargo, está seguro de que no generará un inconveniente clima de inestabilidad en el país.

CD, LA OTRA OPCIÓN

Los 25 diputados del CD se mantienen fraccionados en al menos dos grupos, aunque no dejan de ser una opción. Aunque se les señala por ser parte de los actos de corrupción cometidos en el gobierno de Ricardo Martinelli.

Los panameñistas tienen en contra que Martinelli los expulsó del pasado gobierno. Mientras que los pupilos del expresidente del CD los señalan por haber desatado una persecución judicial que todavía no culmina.

En tanto, los perredistas culpan a Martinelli de haber sembrado el divisionismo en el colectivo que inspiró Omar Torrijos, además de que se impuso como meta ‘destruirlos’.

Ante todo este escenario y los hechos que parecen distanciarlos, cobra vigencia la máxima que dice que en política o entre políticos, todo es posible.

CASO DE CORRUPCIÓN

Asamblea, sin consenso para crear comisión

-La propuesta de crear una comisión legislativa para investigar los casos de corrupción durante los tres últimos gobiernos no ha sido aprobada. La iniciativa fue presentaba en el pleno de este jueves y en el momento en que la subsecretaria leía el contenido de la resolución y mencionaba los casos concretos, ocurridos durante el pasado gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) como Riegos de Tonosí, Ciudad de las Artes, Ciudad Deportiva, Centro de Convenciones, la venta de los corredores y la autopista Arraiján – La Chorrera, el diputado Manuel Cohen, del partido Cambio Democrático, solicitó un receso.

-Minutos seguidos, el diputado perredista Pedro Miguel González pidió que el pleno se declarara en sesión permanente para agotar la discusión de la resolución, que fue aprobada por el pleno. No hubo consenso sobre el periodo que debía incluir. Al culminar las cuatro horas reglamentarias del pleno y con la declaración del receso, los diputados no volvieron. Será hasta el próximo lunes cuando vean el tema.

-La comisión que investigará los actos de corrupción, que incluye también los proyectos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht estará conformada por once diputados y será presidida por el perredista Elías Castillo. Como vicepresidente estará el panameñista Luis Eduardo Quirós y de secretario, el diputado Rony Araúz, de Cambio Democrático.

-La comisión deberá rendir un informe al pleno de la Asamblea Nacional en un plazo de noventa días, a partir de su conformación. Este periodo puede ser prorrogable por la misma cantidad de tiempo.

-La Asamblea Nacional se compromete a destinar los fondos necesarios para el trabajo de la comisión.

-El presidente de la Asamblea Nación, Rubén De León, por su parte, anunció la creación de otra comisión para analizar el tema de los subsidios que otorgan los diputados, luego del escándalos sobre uso ilegal de esos fondos. Esta comisión la integrarán los diputados Juan Carlos Arango, Leandro Ávila y Yanibel Ábrego.

-De León dijo que, además, se contratará una firma externa para auditar el uso de los fondos. Mientras, se suspenden los donativos y las contrataciones de personal interino.

 

Carlos Anel Cordero

Abogados solicitan al MP que investigue el uso de fondos de la Asamblea

Abogados penalistas piden al Ministerio Público investigar denuncias por el mal uso de los fondos de la Asamblea.

Guadalupe León B.

La Asociación de Abogados Penalistas acudieron esta mañana ante la Procuraduría General de la Nación para que abran una investigación por los usos irregulares de los fondos de la Asamblea Nacional de Diputados.

Según los abogados en este caso no solo se mencionan a diputados, sino también a personas particulares que no tienen ese cargo y por ende deben de ser investigadas. Los juristas sugirieron que estas personas puedan llegar a un acuerdo de cooperación para que den a conocer quienes los mandaban hacer estos cheques y se quedaban con el dinero.

Este sistema utilizado por los diputados no es nuevo. En diferentes ocasiones la Asamblea ha sido cuestionada por estos fondos que en muchas ocasiones el dinero no llega al 100 por ciento a las personas, aseguraron los juristas.

Mas temprano el presidente del Órgano Legislativo, Rubén De León, dio a conocer la creación de una comisión especial para investigar los contratos de servicios profesional y donaciones que se han gestionado a través de la Asamblea.

También se ordenó suspender todos los donativos que realiza a través del Legislativo hasta que la comisión nombrada rinda el informe de la investigación, la cual tiene plazo de un mes.

La nueva comisión está integrada por los diputados Leandro ´Ávila, Yanibeth Ábrego y Juan Carlos Arango.

Guadalupe León B.

 

 

Crean comisión para investigar el uso irregular de fondos de la Asamblea

La Asamblea Nacional de Diputados creará una comisión para investigar los contratos de servicios profesionales y donativos que gestiona este órgano del Estado a través de los diputados.

En reiteradas ocasiones la Asamblea Nacional ha sido cuestionada por el uso ilegal de estos fondos, los cuales muchas veces estos donativos y contratos de servicios profesionales nunca son pagados al cien por ciento a sus supuestos destinatarios

De acuerdo al diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, la comisión estará integrada por los diputados Yanibel Ábrego, Juan Carlos Arango y Leandro Ávila, quienes tendrán un mes para realizar las investigaciones y de acuerdo a lo que arrojan se realizarás las denuncias.

Además solicitará a la Contraloría General de la República para que realice una auditoría.

También se ordenó que a partir de hoy se suspendan todos los donativos que realiza la Asamblea y también la firma de cualquier contrato de servicios profesionales hasta que la comisión nombrada rinda el informe de su investigacion.

De León quien defendió las donaciones, alegando que estas son permitidas, expresó que para que esto se elimine se debe proponer una reforma de Ley Presupuestaria donde no se permita al Órgano Legislativo hacer estas donaciones.

Guadalupe León B.

 

MP investiga a Cumberbatch por peculado

El Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio contra el alcalde de San Miguelito, Gerald Cumberbatch, luego de las denuncias públicas hechas por el periodista Jean Marcel Chéry.

La información fue dada por el propio Chéry, quien presentó, este miércoles en el Ministerio Público, la denuncia en contra del alcalde por el supuesto delito de peculado.

Los funcionarios del Ministerio Público, dijo Chéry, solicitaron que en vez de presentar la denuncia acudiera a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción a rendir una declaración jurada.

Chéry, en compañía del abogado Rubén Castrejo, se presentó al Ministerio Público para concretar lo que había anunciado en los medios de comunicación.

El periodista explicó que formó parte del equipo de campaña de Cumberbatch y fue testigo de una ‘serie de irregularidades’, como la recepción de artículos del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Además, partidas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que fueron entregadas a Cumberbatch a través de la junta comunal de El Real, provincia de Darién, a los que se suman materiales de construcción del Ministerio de Obras Públicas.

El periodista Chéry calcula que Cumberbatch recibió unos $500,000 en recursos del PAN, bajo la administración de Rafael Guardia.

Cumberbatch pertenece al partido Cambio Democrático que gobernó el pasado quinquenio (2009-2014) y del que, actualmente, algunos altos funcionarios están bajo procesos por peculado.

Chéry explicó que esperó dos años para presentar la denuncia porque hasta ahora las autoridades le suministraron la documentación. Dijo que aún espera más documentación que entregará a las autoridades.

Según Cumberbatch, se trata de un ‘acto de maldad’ y dijo que no tiene temor.

José Arcia

 

Propuesta de diputados provinciales genera debate entre fuerzas políticas

La iniciativa de establecer diputados provinciales en lugar de circuitales empieza a generar debate y posiciones a favor y en contra, a pesar de que aún no ha sido presentada en blanco y negro ante el pleno de la Asamblea Nacional.

La Estrella de Panamá consultó a distintos ciudadanos sus posiciones al respecto. Algunos apoyan la medida y otros consideran que, en vez de provinciales, deben ser nacionales, pero coinciden en que cualquier cambio ayudará a ‘rescatar y elevar el debate’ en la Asamblea.

El veterano político Menalco Solís dijo que los diputados provinciales tienen ventajas y desventajas, pero está a favor de la propuesta.

‘El diputado provincial separa del cordón umbilical del circuito, del núcleo pequeño de la comunidad, y lo obliga a tener una visión más integral, lo que se acerca más a los intereses del país’, dice Solís.

Esta realidad, considera Solís, se convierte en una desventaja porque ‘divorcia’ al diputado de las necesidades de la comunidad, ‘y no me refiero a que deben resolverlo con ayuda económica, sino conocer las realidades de las comunidades y gestionar ante las instituciones estatales la solución’.

Las candidaturas para diputados provinciales indiscutiblemente, subraya Solís, va a requerir personas con mejor preparación académica y política. También es cierto que se solucionaría, en gran medida, el tema del clientelismo político porque debe conquistar el voto de muchas más personas y la ‘masa crítica’ sería más amplia.

‘LA CORRUPCIÓN HA HECHO UN GRAN DAÑO AL PAÍS Y LA ASAMBLEA ES EL ÓRGANO MÁS AFECTADO’,

JESÚS ‘MACO’ ROSAS

POLÍTICO

Jesús ‘Maco’ Rosas, otro veterano político, se muestra a favor de la propuesta. ‘Es una medida saludable que está enfocada en tener alternativas que han dado mejores resultados’, dijo.

Para Rosas, es necesaria una reforma en ese sentido porque la Asamblea es el órgano del Estado más importante de la democracia. ‘La corrupción ha hecho un gran daño al país y la Asamblea es el órgano más afectado’, recalcó.

Rosas dijo que no solo se deben hacer reformas para elegir diputados provinciales, sino condicionar el sistema que permita elegir las mejores propuestas.

Por su parte, el diputado Elías Castillo y el dirigente de la sociedad civil organizada Roberto Troncoso se inclinan más por elegir diputados nacionales y no provinciales.

‘Yo me inclino más en contar con diputados nacionales porque eso fortalecería a la Asamblea’, afirmó Castillo, quien agregó que la idea es que la Asamblea esté conformada por diputados circuitales y nacionales.

Se puede pensar en una cifra de diez diputados nacionales que serían elegidos de una lista cerrada por partidos políticos y así estos tendrán que postular a sus mejores líderes.

Troncoso, en tanto, recordó que en las dos últimas mesas de las reformas electorales, la sociedad civil ha propuesto la figura de los diputados nacionales. El abogado dijo que la propuesta consiste en quitarle un diputado a los circuitos plurinominales para que sean nacionales y, paulatinamente, ir eliminando los diputados por circuito.

‘Se busca elevar el nivel de debate de la Asamblea y de los candidatos’ y, por ende, la producción, dijo Troncoso.

El abogado añade que los diputados nacionales han sido establecidos en otros países y el cambio ha dado buenos resultados.

La propuesta de diputados provinciales es una iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, quien informó a La Estrella de Panamá que será presentada en los próximos días con la finalidad de que se incluya en el quinto bloque de las reformas electorales. De aprobarse, empezarían a regir en el proceso electoral de 2019.

José Arcia