MP establece que Mossack Fonseca ayudó a ocultar dinero

‘Tenemos un caso sólido’, aseguró ayer en rueda de prensa Rómulo Bethancourt, fiscal superior Contra el Crimen Organizado, sobre el caso abierto para determinar la participación de una firma de abogados panameña en la investigación por corrupción sistémica denominado ‘Lava Jato’ que se inició en Brasil.

Con ayuda de las autoridades de ese país y según pesquisas que empezaron el 30 de enero de 2016, el Ministerio Público detectó dos cuentas bancarias en el sistema financiero panameño relacionadas directamente con las actividades en Brasil de una firma panameña que vendía productos financieros para ocultar dinero y sus titulares.

Sin mencionar el nombre de la compañía, ‘para respetar el secreto del sumario’, Bethancourt indicó que una de ellas pertenecía a la representante de la firma en Brasil, y la otra a los fundadores y principales dueños del bufete, a quienes se investiga por supuesto blanqueo de capitales.

Según la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado, de la primera cuenta se hacían transferencias regulares a la cuenta de los dueños de la firma.

Aunque no se reveló las cantidades que se movieron en esas cuentas, el fiscal sostuvo: ‘estaban relacionadas con el pago hecho a la firma por prestar asesoría para ocultar dineros’. ‘La firma cobraba por haber creado una sociedad y brindar una asesoría que permitía a los clientes evitar ser conocidos, o que se conociera de dónde procedían sus capitales’. precisó el fiscal a la prensa.

Para probar en los tribunales que estas sociedades anónimas se hicieron con el propósito de ocultar dineros ilícitos y no como productos lícitos, el fiscal sostiene que cuentan con comunicaciones, declaraciones e indicios que sustentan la investigación. Y añade que el delito de blanqueo de capitales no requiere de una prueba de dolo directo. ‘Nosotros no tenemos que tomarle una foto a alguien cometiendo el delito, sino que se basa en indicios’, dijo Bethancourt .

Existen elementos vinculantes que presentan contradicciones entre las partes, también cuentan con elementos financieros y otros que permiten determinar que hay una organización estructurada, acotó.

La Fiscalía de Brasil acusó a María Mercedes Riaño, representante en ese país de la firma panameña Mossack Fonseca, de destruir y ocultar documentos de sus clientes entre los que estaban algunos implicados en el caso ‘Lava Jato’. Las autoridades de ese país guardan varias interceptaciones telefónicas de la firma panameña, que, según los brasileños, creó varias sociedades que servían para lavar dinero.

MF RESPONDE

Durante la rueda de prensa, de la cuenta de Twitter de Ramón Fonseca, detenido en la Policía Nacional, brotaban mensajes como palomitas de maíz. Los tuits criticaban la labor de la Fiscalía: ‘Parece que el MP está tratando de justificar lo injustificable. Ojalá que RFM pueda hablar pronto’, se leía en uno de ellos. También preguntaba si uno de los pagos que señaló la fiscalía fueron por la compra de las sociedades anónimas y las anualidades que debía pagar el cliente por el servicio. La cuenta parece manejarla una tercera persona que alerta que una vez liberen a Ramón Fonseca ‘dará declaraciones sobre su caso y Odebrecht’.

La Fiscalía indicó que no ha confiscado el dinero de las cuentas porque fue cerrada por sus dueños cuando se hizo público que se iniciaba una investigación fuera de Panamá. Lo que es cierto, dicen los fiscales, ‘es que el dinero entró en Panamá y es el eje cardinal ‘. ‘Hemos podido comprobar el ingreso de fondos al sistema panameño, basta con ese elemento para tener las herramientas fundamentales del delito de blanqueo de capitales que es autónomo’, sostuvo Bethancourt.

La cuenta perteneciente a los socios de la firma, según los fiscales, se abrió en 1998, mientras que la que debe ser de Riaño (que empezó a trabajar en la firma en 1999) funcionó de 2000 a 2005.

 

Adelita Coriat

Asamblea rechaza proyecto encaminado a regular los medios

El presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, Héctor Valdés Carrasquilla, informó ayer que el proyecto de ley 465 será devuelto al pleno para que el diputado proponente, Noriel Salerno, solicite su retiro.

HÉCTOR CARRASQUILLA

DIPUTADO

Se trata del documento que proponía que los medios de comunicación realizaran un presunto aporte al rescate de los valores ciudadanos, educativos y culturales, a través de sus pantallas y páginas, pero que fue considerado por los propietarios de los medios y profesionales de la comunicación como una amenaza a la libertad de expresión.

Según establecían los artículos 2,4 y 5 de la propuesta, los contenidos serían producidos por los mismos medios de comunicación con la colaboración del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, la Autoridad de los Servicios Públicos, el Servicio Estatal de Radio y Televisión, la Asociación Panameña de Radiodifusión, el Consejo de Rectores de Panamá y los Clubes Cívicos.

‘Ha ganado la libertad de expresión, la Asamblea siempre ha sido y será respetuosa de los medios, pero ellos también deben entender que el rol de los parlamentarios es debatir cualquier tema que llegue a este órgano del Estado, aunque no sea el más popular’, dijo Carrasquilla sobre la iniciativa legislativa.

En respuesta al proyecto, presentado en febrero, los medios panameños enarbolaron una campaña de rechazo que llamó la atención de la Sociedad Interamericana de prensa (SIP), que lo consideró ‘una intromisión’.

En una nota de prensa que recogieron diversos medios internacionales, la SIP indicó que ningún mensaje podía ser impuesto por un ente gubernamental sin riesgo de convertirse en una herramienta de propaganda.

Para Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá, ‘el paso dado por la Asamblea es afortunado, pero sigue siendo inaceptable que cada seis meses el país viva un nuevo intento de regular a los medios de comunicación. Espero que esta sea la última vez y que el compromiso con la libertad de expresión sea permanente’.

La propuesta de Salerno se sumó a otros cuatro proyectos de ley encaminados a ejercer algún tipo de control sobre los medios de comunicación, según identificaron y denunciaron el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión, entre otros gremios. Entre todos sacaron adelante la campaña #TuLibertad, en defensa del derecho a la información independiente.

Ana María Pinilla V.

Magistrados tendrán que enfrentar nueva demanda penal

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado, Hernán De León y José Luis Fábrega enfrentan una nueva causa penal por supuesto ‘abuso de autoridad, infracción de deberes de los funcionarios públicos y usurpación de funciones’.

La denuncia, presentada ayer ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, incluye una solicitud de separación del cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los tres jueces, según el recurso legal, rehúsan aplicar la Ley 53 de 2015 que regula la Carrera Judicial.

Magaly Castillo y Rafael Candanedo, quienes firmaron la denuncia, advirtieron que los tres magistrados han ignorado su deber legal e imponiendo su voluntad sobre la ley dirigieron la convocatoria, entrevistaron, seleccionaron y nombraron de forma ilegal e inconstitucional a cerca de seiscientos funcionarios.

Ante esta acción, Castillo y Candanedo solicitan a la autoridad competente, en este caso la Asamblea Nacional, la suspensión del cargo de los tres magistrados mientras transcurra la investigación, ante el peligro de pérdida o destrucción de evidencias.

REPERCUSIÓN LEGAL

‘Estos casi seiscientos nombramientos arbitrarios tienen graves consecuencias porque con ello se compromete la independencia funcional de los magistrados y jueces a cargo de los tribunales y juzgados para los que trabajan funcionarios designados por magistrados integrantes de la Sala Cuarta de Negocios Generales’, se establece en la denuncia.

El documento añade que ‘sobre todo porque el personal de apoyo judicial se integra de subalternos de la Sala Cuarta de Negocios Generales y en su actuar deben naturalmente reportar a quien funge como autoridad nominadora, con lo cual se resquebraja y debilita aún más nuestra institucionalidad’, señala el documento recibido en el Legislativo y que debe ser remitido a la Comisión de Credenciales, presidida por el diputado Jorge Alberto Rosas, para su respectivo trámite.

Los denunciantes añaden que la Sala Cuarta de Negocios Generales termina dictando órdenes al personal que debería ser subalterno y de apoyo de los jueces y magistrados a cargo de los tribunales y juzgados de todo el país. Ello sin olvidar que además ‘esta conducta antijurídica es una clara intromisión en los despachos y funciones que los magistrados y jueces deben realizar con independencia judicial’.

Castillo y Candanedo resaltan que la ‘independencia Judicial es una condición fundamental para el ejercicio de la judicatura’.

CARRERA JUDICIAL

La lucha empezó en 2005 por declaraciones de Adán Arnulfo Arjona

La Ley de Carrera Judicial se aprobó en 2015 luego de varios años de lucha de diversos sectores.

Los magistrados nombraron a los funcionarios alegando que no había dinero.

Consideran los denunciantes y así lo dejaron plasmado en la denuncia, que si los jueces no son independientes, no podrán resolver de acuerdo a la Constitución y la Ley, sino que estarán sometidos a razonamientos y circunstancias que no deben ser causantes de la decisión judicial, como el miedo a la represalia o a perder el empleo.

Castillo dijo que no tienen confianza en una investigación que los diputados vayan a realizar a los magistrados, pero acudieron a la Asamblea por ser éste el Órgano al que constitucionalmente le corresponde tal función.

La Ley de Carrera Judicial fue aprobada en septiembre de 2015.

Los nombramientos de la Carrera Judicial, según el magistrado presidente de la Corte, Ayú Prado, se decidieron por la falta de presupuesto para la implementación de la Carrera Judicial.

Los magistrados Harry Díaz y Ayú Prado se han enfrentado por la implementación de la Carrera Judicial, al punto que el primero acusó al segundo de no querer implementar la norma legal.

Varela hablará con Trump el tema de seguridad y no de Martinelli

El presidente Juan Carlos Varela, afirmó que no hablará del expresidente, Ricardo Martinelli (2009-2014) en la reunión que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sino que tratarán los temas de seguridad, economía y la lucha contra el narcotráfico. Martinelli, quien es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) reside en Miami y actualmente está siendo requerido por la justicia panameña para que comparezca por el caso de los pinchazos telefónicos ilegales que se dieron durante su administración contra periodistas, políticos y hasta un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “Estamos muy cerca de un país que es un productor de drogas y a la vez tenemos (en Panamá) un sistema logístico impresionante con puertos, aeropuertos, y es lógico acercar esos dos temas” en la reunión con Trump, indicó Varela en una entrevista en Telemetro. El  19 de marzo el ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, viajó a EE.UU. para reunirse con funcionarios del gobierno de Trump y con congresistas del país norteamericano. Antes Varela había anunciado que Bethancourt y la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, viajarían a Estados Unidos antes que él lo haga para atender una invitación de Trump. El  19 de febrero, Varela, sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump durante la cual ambos mandatarios repasaron asuntos como la seguridad regional, el flujo comercial y situaciones políticas hemisféricas. El 20 de enero de 2017, Donald Trump, tomó posesión oficialmente de la presidencia de Estados Unido.

Redacción Digital La Estrella

 

Pleito entre Mossack Fonseca y Fondo Elliot, a audiencia

Mossack Fonseca (MF) y NML Capital Ltd. unidad del fondo de inversión Elliot Management, propiedad del magnate Paul Singer, están a punto de llegar a un acuerdo en los tribunales del estado de Nevada, Estados Unidos.

La disputa entre Singer y la filial del Grupo Mossack Fonseca gira en torno a la denuncia del primero contra el segundo, al que identifica como una ‘organización delictiva’ por su supuesta participación en la constitución de vehículos corporativos en el estado de Nevada. Dichas empresas supuestamente se utilizaron en la famosa ‘Ruta K’ (Kirshner) del dinero producto de actos de corrupción en Argentina durante el gobierno de Néstor Kirshner.

Después de tres años de innumerables acciones legales interpuestas por ambas partes, el pleito podría concluir por mutuo acuerdo.

Según una fuente que solicitó mantener su identidad en secreto y que participó en las negociaciones, ‘se concilió un acuerdo por un monto aproximado de $100 mil, una suma muy inferior a la solicitada por el querellante. Los demandantes exigieron en un principio un millón de dólares a cambio de retirar la demanda’.

Los socios de Mossack Fonseca, ‘en medio de la crisis de los Panama Papers, desecharon la oferta, alegaron que no tenían un real’, dice el informante. Incluso añade que Ramón Fonseca, uno de los socios, al rechazar la oferta, ‘estaba dispuesto a asumir cualquier consecuencia que acarreara la decisión’.

‘El abogado de la contraparte, Dennis Hranitzky, contactó al abogado de Mossack Fonseca y le dijo que con 500 mil dólares daba por cerrado el caso’, apunta la fuente, pero los socios no se movieron del primer mosaico. Luego, añade, ‘bajó a la mitad la oferta, propusieron abandonar las acusaciones por 250 mil dólares. La firma hizo una contraoferta por 25 mil dólares, o de lo contrario irían a una nueva audiencia. La contraparte puso una nueva cifra: 225 mil dólares. La última propuesta fue de aproximadamente 100 mil dólares’, añade el informante, que dice desconocer si se aceptó, porque se salió del caso.

La audiencia, programada para el 22 de marzo, tiene como propósito anular la ‘subpoena’ (citación) de petición de eliminar aseguramientos y ordenar cumplimiento de peticiones.

ANTECEDENTES

En 2014, Singer demandó a la firma panameña aduciendo que actuó con mala fe al ocultar documentos que podrían ayudar a ubicar millones de dólares desviados por el entonces gobierno de Néstor Kirchner (al menos 65) y entregar evidencia falsa a NML que el Fondo Elliot quería recuperar, por ser el mayor tenedor de los bonos que la administración argentina se declaró impedida de cumplir, cuando, en cambio, renegoció la deuda con sus tenedores. Agotada la investigación, se demostró que la filial de la firma en Nevada no estaba involucrada en las sociedades en cuestión.

Este diario contactó a Sara Montenegro para corroborar los datos obtenidos, quien señaló ‘una serie de eventos desafortunados’ que desembocaron en ‘la construcción de una película de ficción’.

Según Montenegro, ‘todo empezó con la constitución de dos compañías a solicitud de un estudio uruguayo, Eyden y Huston, a las que se prestó servicios secretariales a través de una sociedad de nombre Aldyne que actuaba como director ( manager ) en aproximadamente 153 compañías de la jurisdicción de Nevada.

El estudio uruguayo instruyó designar como socio ( member ) a una sociedad fiduciaria regulada en Suiza, de nombre Helvetic Grupo, desconocida para MF, pero frecuentemente utilizada, al parecer, en el cono sur. Según el estudio uruguayo, las acciones de estas dos sociedades se mantenían en un fideicomiso administrado por dicha empresa fiduciaria, la cual, sospechaban los fiscales argentinos, había sido igualmente utilizada en la ‘Ruta K’.

Las sociedades en cuestión tenían jurisdicción en la oficina de Nevada MF Corporate Services comandada por Patricia Amunategui, una persona de entera confianza de los socios principales y familia política de Ramón Fonseca.

LA INVESTIGACIÓN

No obstante, la firma reconoce que cometió un error ‘inocente’ al poner las sociedades anónimas bajo un solo ‘manager’. En total, existían 150 sociedades de todas partes del mundo bajo el administrador de Aldayn.

El caso se remonta al momento en que Lázaro Baéz, uno de los estrechos colaboradores de Néstor Kirchner, logró tercerizar dinero a través de una casa de valores utilizando una cuenta ‘escrow ‘ de Helvetic Group que pertenecía a Néstor Ramos, un fiduciario del cono sur que daba servicio a muchos proveedores.

Todo se descubre cuando el fiscal argentino José María Campagnoli comenzó a investigar el caso. A través de una búsqueda, ubicó las sociedades Eyden y Huston. Se entera en el registro mercantil que dichas sociedades declararon como ‘member’ a Helvetic Group. Automáticamente, las incluye en la ‘Ruta K’ y el informe es utilizado por Paul Singer y su grupo para investigar qué otras sociedades en el estado de Nevada tenían conexión con Aldyne. Allí se descubren las 123 sociedades incorporadas por la filial del grupo MF, y se involucran en el caso sin fundamento razonable, a juicio de la defensa de Mossack Fonseca.

LAS SOCIEDADES

Se sospechaba que las 123 sociedades en Nevada, controladas por Aldyne Ltd., administradora de las empresas armadas por Mossack Fonseca en Nevada, se habrían utilizado para lavar dinero proveniente de la corrupción durante el periodo de Kirchner. Algunas de ellas estarían vinculadas a Lázaro Báez, ahora detenido.

Acto seguido, a las oficinas de MF en Nevada arribó una citación para recabar información sobre activos de potencial embargo, en la cual solicitaban todos los documentos que hubiera en la oficina de Nevada sobre las 123 sociedades, que luego se limitó a diez, según precisó Montenegro. No obstante, la firma estaba obligada, por ley, a notificar a los clientes sobre la acción que ejerció NML.

La información que respondió el despacho de Nevada fue bastante limitada, pues solo accedía a los documentos formales. Los datos sobre los beneficiarios finales se encontraban en el Sistema Central Informático (CIS) con sede en Panamá.

La firma se encontraba en una encrucijada legal. El demandante pedía revelar todas las sociedades anónimas del despacho, información que se haría pública una vez llegase a manos del juez y comprometería a la firma con sus clientes y uno de los inversionistas más poderosos del mundo les acusaba de esconder evidencias, obstruir la justicia, entregar documentos falsos y actuar de mala fe.

NML también acusaba a la firma de otorgar un falso testimonio con respecto a la relación entre la sede en Panamá y la de Nevada.

Paul Singer se basó en los correos internos de la firma para demandar por obstrucción a la justicia, mientras que MF alegaba que habían sido obtenidos de una forma ilegítima y no reconocía su contenido. ‘NML hacía alusión al ocultamiento de información que era de clientes que no tenían nada que ver en el caso’, dice Montenegro.

Una vez el gobierno argentino pagó 2.3 billones a NML por los bonos reclamados, Mossack Fonseca esperaba que el caso siguiera la suerte de lo principal aprovechando el acuerdo entre el gobierno argentino y el fondo Elliot Management.

Al preguntarle a Montenegro sobre el alcance de su participación en este caso, respondió que era parte de sus funciones en la empresa como representante para temas legales. ‘Nunca vendí, constituí ni asesoré a ninguna de estas sociedades, ni realizaba diligencias oscuras o sospechosas como lo han dejado ver algunas declaraciones tendenciosas de terceros. Mi función dentro del Grupo era la de cualquier abogado que ejerce su profesión en el mejor interés de su representado’, concluyó Montenegro.

PAUL SINGER

El especialista en fondos

-Paul Singer, según la revista Forbes , fundó el Fondo Elliott Management en 1977 con 1.3 billones de dólares. La revista califica a Singer como uno de los hombres más exitosos cuando se trata de inversiones multimillonarias en fondos bursátiles.

-Fue uno de los donadores en la campaña política estadounidense a los candidatos del Partido Republicano. Según la mencionada publicación, donó $10 millones a las figuras de este colectivo.

-En 2016, Forbes calculó la fortuna de Singer en $2.2 billones. Se especializa en adquirir deuda en dificultades de adquisición.

-Singer es conocido por ser un pionero en el negocio de la compra de bonos soberanos baratos, y luego ir tras los países de deudas pendientes de pago.

Adelita Coriat

Exigen a diputados respetar proyecto

Miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) solicitaron a los diputados de la Asamblea Nacional que mantengan las propuestas sugeridas dentro del proyecto de ley 292, de reformas electorales, que buscan fijar un tope a las donaciones privadas, revelar la identidad de los donantes de las campañas y establecer medidas para erradicar la práctica del clientelismo político. El pedido de la CNRE, que elaboró e incluyó dentro del proyecto 292 las propuestas mencionadas, se da tras el posible inicio hoy en la Asamblea Nacional del quinto y último bloque de los artículos de la iniciativa que abarca los temas más polémicos de las reformas. Los activistas plantean que ante la coyuntura de descrédito público en que se encuentra la Asamblea Nacional por los escándalos de las donaciones y los contratos profesionales, los diputados deben aprobar reformas “más rígidas y profundas” en el proyecto 292. La sociedad civil aboga por que se rebaje el tope de las donaciones privadas, fijado en el primer debate en $5 por elector, y además que se establezcan sanciones como la inhabilitación de los candidatos que entreguen dádivas, regalos, dineros u otros bienes materiales a los electores durante la próxima campaña electoral.

Gustavo A. Aparicio O.

Zamorano pide a Ayú audiencia para Ricardo Martinelli

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Abel Zamorano, en su papel de fiscal, solicitó audiencia de imputación de cargos para el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, en una investigación en su contra por los 353 indultos otorgados en 2014.

La solicitud de Zamorano fue presentada el 16 de marzo de 2017, a través de una carta enviada al presidente de la CSJ, José Ayú Prado.

La máxima magistratura de justicia del país dio a conocer la petición del magistrado fiscal de este caso mediante un comunicado difundido a través de su página web, y en el que adjunta la carta enviada a Ayú Prado.

En ella se lee: ‘nuestra petición tiene su basamento jurídico en el Artículo 280 del Código Procesal Penal, el cual se refiere a la formulación de imputación a través de audiencia ante el juez de garantías’.

‘Debido a que es un hecho público y notorio que el investigado está fuera del país, le solicitamos respetuosamente efectuar todas las gestiones y diligencias necesarias a fin de que efectivamente se ponga en conocimiento del mismo la fecha y hora de la audiencia’.

Martinelli salió del país en enero de 2015 a una reunión en el Parlacen, en Guatemala, donde, según dijo, denunciaría supuestas violaciones a los derechos humanos. El diputado del Parlacen no regresó a Panamá y hoy se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos.

Los indultos a los que se refiere este caso fueron otorgados a través de 18 decretos ejecutivos, que fueron publicados en Gaceta Oficial el 25 y 30 de junio de 2014, a finales de su mandato presidencial.

Los indultos fueron anulados por su sucesor y exvicepresidente de su gobierno, Juan Carlos Varela, mediante el Decreto Ejecutivo 472 del 14 de agosto de 2014, por ser ilegales.

Este proceso llegó a la Corte en septiembre de 2014, por conducto de la Procuraduría General de la Nación, y fue admitido el 2 de julio de 2015, aunque el proceso se inició formalmente el 29 de abril de 2016.

En este proceso, al expresidente Martinelli se le acusa de la comisión de un presunto delito contra la administración pública.

Además de esta causa, el expresidente enfrenta nueve procesos más, por las irregularidades en la compra de comida deshidratada, por los pinchazos telefónicos, por el cobro ilegal de comisiones de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.,y por manipular las acciones de la compañía minera Petaquilla usando una cuenta bancaria de la casa de valores Financial Pacific, entre otros.

 

Redacción La Estrella de Panamá

El SPA regirá en justicia electoral

Los mecanismos legales del Sistema Penal Acusatorio (SPA) también serán aplicados en la esfera electoral.

Así está contemplado en el cuarto bloque del paquete de reformas electorales, aprobado este jueves en segundo debate por la Asamblea Nacional.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Quibian Panay, dijo que es necesario aprobar el SPA porque existía un limbo jurídico ya que la ley electoral, en materia procesal, se basaba en el Libro Tercero del Código Judicial, que fue derogado.

El cuarto bloque, que comprende 41 artículos, contempla el aumento de los periodos de prescripción en los procesos penales electorales, la incorporación de la doble instancia, las impugnaciones de las postulaciones, las inhabilitaciones, la creación de juzgados electorales.

De esta manera, a los diputados solo les queda el último y el más polémico bloque, donde se discutirá lo relacionado con el tope de las donaciones privadas a las campañas, financiamiento público de las pautas en campaña electoral, transparencia y equidad de género.

El magistrado Eduardo Valdés Escoffery sostuvo que los cambios aprobados fueron consensuados.

José Arcia

 

Cedeño: ‘Rubén De León debió separarse del cargo’

El abogado Ernesto Cedeño alega que el diputado Rubén De León debió separarse del cargo de presidente de la Asamblea para que la comisión que investigará las irregularidades en las donaciones y contratos otorgados por los diputados logre esclarecer realmente cómo han actuado en esa materia.

Cedeño presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra De León por omisión en el cargo, en torno a las irregularidades en los donativos realizados por algunos diputados.

Por otro lado el jurista dijo que en su opinión, la comisión que se instaló el martes para investigar las obras de macroinfraestructura de los tres últimos gobiernos no tiene mayor validez, pues es la Contraloría General de la República la que debe realizar las investigaciones de rigor.

Cedeño anticipó que la comisión legislativa no sancionará a ningún diputado, ya que estos fueron los que cometieron actos irregulares.

El jurista agregó que es totalmente falso el planteamiento de que la crisis que vive actualmente la Asamblea por el mal manejo de las donaciones es una ‘cortina de humo’ orquestada desde

El Palacio de las Garzas para desviar la atención por el escándalo de Odebrecht .

INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA

El abogado pide a la Corte que investigue a los diputados

Considera que el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, debe separarse del cargo para que lo investiguen.

La denuncia penal del abogado es por el uso irregular de fondos públicos que se destinan a las donaciones que hacen los diputados.

‘Lo de Odebrecht no será olvidado por los panameños. En junio se conocerá la verdad’, indicó Cedeño.

Otro de los puntos que recalcó el abogado es que la investigación que realice el Ministerio Público no debe esperar a que la Contraloría entregue el resultado de las auditorías.

Las polémicas donaciones eran ofrecidas por asistentes de los diputados a personas que solo recibían el 5% del total de los cheques que se aprobaban en la institución para tales. El tema es analizado por una comisión de auditores de la Contraloría.

Francisco Rodríguez Morán

 

Diputados discuten los ‘temas espinosos’ de la reforma electoral

Los diputados tienen previsto, o por lo menos eso han dicho, aprobar las reformas electorales en las diez sesiones del pleno que quedan del mes de marzo.

La discusión de los últimos tres bloques de los cinco en los que se segmentó el tema se inició ayer martes. El debate continuó en la Asamblea Nacional, durante la sesión de ayer.

Al retomar el debate, se inició la discusión de los temas considerados como ‘más polémicos’.

En el tercer bloque se incluyen las candidaturas, postulaciones y proclamaciones, las primarias de los colectivos políticos, postulaciones a diversos cargos por partido, asamblea constituyente paralela, diputados del Parlamento Centroamericano, boletas de votación y la votación.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha propuesto realizar, en un solo día, las primarias de los partidos políticos.

DIPUTADO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO

El diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Quibian Panay, informó que el tema se discutió el lunes con los magistrados del Tribunal Electoral, quienes asistieron al pleno para el debate de las reformas, y se mostraron a favor de la iniciativa.

En el cuarto y quinto bloque están temas como el tope de financiamiento privado a las candidaturas, fuero electoral, equidad de género y posiblemente se incluya el voto ‘en plancha’.

Entre la aprobación del primer bloque, el 21 de febrero, y el segundo bloque, el 7 de marzo, se desarrollaron tres sesiones del pleno, a pesar de que se trataba de los temas menos conflictivos.

El primer bloque era el relacionado con aspectos ge nerales, las candidaturas independientes y el voto adelantado de panameños residentes en el extranjero. En el segundo bloque se aprobó lo relacionado con los debates presidenciales y las encuestas.

El paquete de reformas contempla que las empresas encuestadoras de opinión pública deberán pagar una fianza de garantía y los debates se amplían para los cargos de elección, como diputados, alcaldes y representantes.

Los diputados de la Asamblea Nacional retomaron el debate de las reformas electorales después de varias sesiones cargadas de incidentes, como la conformación de una comisión para investigar los proyectos de infraestructura pública durante los últimos tres gobiernos y otra comisión para investigar las donaciones que otorgan los diputados y que han sido cuestionadas durante estas dos semanas.

El paquete de reformas electorales, que define las reglas de las elecciones generales de 2019, fue presentado en enero de 2016 ante el pleno de la Asamblea, por parte de los magistrados del Tribunal Electoral.

Desde entonces se han dado diversos y acalorados debates y pugnas por las modificaciones que han introducido los diputados, a pesar de que las reformas pasaron por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde está incluida la sociedad civil organizada y los partidos políticos.

La Comisión de Reformas, por ejemplo, aprobó un tope de financiamiento privado de 50 centésimos por cada elector y los diputados lo aumentaron a $5.

José Arcia