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La decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia de no investigar a trece diputados por anomalías en el manejo de los fondos estatales no sorprendió a la sociedad. Por unanimidad, los magistrados de la Corte Suprema decidieron no admitir la denuncia, reservándose todos –a excepción del ponente, según informó la oficina de comunicación del Órgano Judicial. Las magistrados hicieron uso de su derecho de acompañar el voto con una explicación o razonamiento, dependiendo de los aportes brindados al proyecto. Los abogados Freddy Pittí y Carlos Herrera Morán, denunciantes en la causa, solicitaron al pleno de la Corte Suprema que requiera a la Contraloría General de la República información para establecer el uso irregular de fondos públicos asignados a la Asamblea Nacional.

OTRA VÍA PARA DENUNCIAR

A Pittí le preocupa la decisión porque no se conocerá en qué se usaron los dineros destinados a la Asamblea Nacional. ‘La Corte sigue enviando un mensaje de impunidad’, reclama el denunciante, quien pertenece a la agrupación Juntos Decidimos. Sin embargo, Pittí asegura que las acciones ciudadanas se redoblarán y se solicitará eliminar del presupuesto de la Asamblea el renglón de subsidios y donaciones, ‘porque no es función de los diputados’. Ernesto Cedeño, quien en primera instancia presentó una denuncia contra el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Rubén De León, opinó que presentar una denuncia contra un diputado es ‘complicado’ por la prueba idónea, que no es solicitada en la Constitución. Cedeño ha dicho que no descansará y una vez se publique el fallo por la denuncia contra De León, emprenderá nuevas acciones. Aunque fueron dos denuncias por temas similares, se diferencian en que la denuncia de Cedeño la Corte Suprema no la admitió aduciendo falta de la prueba idónea y en la de Pittí, no se informó la causa.

La reunión extraordinaria del pleno que se había pedido para esta causa se había solicitado y convocado el miércoles 12 próximo pasado. Esta sesión era para atender la admisión o no de la denuncia presentada por Carlos Herrera Morán, en representación de Freddy Pittí, por la posible comisión del delito contra la administración pública, contra trece miembros principales de la Asamblea Nacional. Presentes en esta reunión extraordinaria del pleno estuvieron todos los magistrados titulares, excepto Luis Mario Carrasco (suplente del magistrado Jerónimo Mejía), Wilfredo Sáez Fernández (suplente del magistrado Harry Díaz) y Efrén Tello Cubilla (suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega).

La denuncia le fue repartida al magistrado Fábrega y el proyecto fue sustentado por el magistrado Tello.

El artículo 488 del Código Procesal Penal establece en su último párrafo que el pleno de la Corte tendrá diez días para analizar las denuncias presentadas contra los diputados.

Los diputados denunciados son: Rubén De León Sánchez, Adolfo Valderrama Rodríguez, Katleen Levy García, Alfredo Pérez, Miguel Salas, Carlos Afú, Elías Castillo, Juan Manuel Poveda, Crescencia Prado, Dalia M. Bernal, Juan Carlos Arango, Mario Miller y Benicio Robinson.

Anteriormente, la Corte Suprema de Justicia se había negado a admitir una denuncia presentada por el abogado Ernesto Cedeño contra el diputado De León, por los supuestos delitos de manejo irregular de las partidas del Órgano Legislativo.

Ismael Gordón Guerrel

 

Los diputados de la Asamblea Nacional están exigiendo al Ejecutivo que presente un nuevo proyecto de ley sobre contratación pública. El diputado Adolfo Valderrama, del partido Panameñista, informó que no discutirán el documento que fue devuelto a la Asamblea Nacional, luego del veto parcial del presidente de la República, Juan Carlos Varela. ‘No podemos discutir un proyecto vetado porque solo iríamos a debatir los artículos vetados por el presidente’, indicó el diputado Valderrama. Entonces, añade, no se podrá discutir, por ejemplo, que las empresas involucradas en actos de corrupción puedan continuar o no licitando con el Estado.Por ello el Ejecutivo debe presentar un nuevo proyecto, dijo Valderrama. El proyecto de ley 305, que modifica el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, fue aprobado en tercer debate en abril de 2016. Dos meses después, en junio, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, vetó ocho artículos y fue devuelto a la Asamblea. Para esa fecha, aún no se había dado a conocer el pago de $59 millones en concepto de sobornos que desembolsó la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios panameños entre 2010 y 2014. Sin embargo, ya se conocía el escándalo de corrupción en el que había incurrido la constructora en otros países. El diputado considera que estos temas deben ser discutido y para ello, a su juicio, el Ejecutivo debe presentar un nuevo proyecto.

‘No vale la pena discutir sobre las objeciones que hizo el Ejecutivo’, recalca el diputado oficialista. Uno de los aspectos que se debe analizar es el relacionado con las licitaciones públicas que no está dentro del veto del presidente Varela, dijo Valderrama. La Asamblea Nacional podría presentar un proyecto nuevo, pero la idea es que sea el Ejecutivo el que lo haga, continuó Valderrama. Para la diputada independiente Ana Matilde Gómez, el proyecto, luego del veto presidencial, simplemente ‘quedó engavetado’. A juicio de Gómez, la Asamblea Nacional perdió una ‘linda oportunidad’ en discutir el proyecto de ley que presentó para modificar la Ley de Contrataciones Públicas. ‘Lo aguantaron hasta presentar el del Gobierno para luego resistirse hacer los verdaderos cambios que se necesitan y, ahora, a dos años y medio de Gobierno de estar usando las mismas reglas (del gobierno pasado) salgan con que van a presentar un nuevo proyecto’, se quejó la diputada Gómez. Durante la administración gubernamental de Ricardo Martinelli se le hicieron nueve reformas a la Ley de Contrataciones Públicas. La acción fue cuestionada por diversos sectores, incluyendo el ahora gobernante partido Panameñista, al alegar que los cambios hacían más permisibles actos de corrupción en las contrataciones con el Estado.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó que el proyecto de ley ha sido postergado a lo largo de todo este periodo. Al mismo tiempo, hace un llamado para que sea retomado, pero como un nuevo proyecto. ‘Sobre esta normativa, reiteramos la necesidad de incluir instrumentos de inhabilitación a empresas que hayan sido condenadas local o internacionalmente por delitos de blanqueo de capitales o corrupción’, señala el gremio empresarial.

José Arcia

El Tribunal Electoral (TE) pedirá a la Asamblea Nacional devolver a segundo debate el proyecto de ley 292, que reforma el Código Electoral. La razón es que el proyecto de ley que reforma el Código Electoral, aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional, la noche del martes 4 de abril, tiene entre 27 y 29 inconsistencias. Los magistrados del TE analizaron el martes y el miércoles el texto único y encontraron estas anomalías, lo que generó preocupación. Eduardo Valdés Escoffery, magistrado primer vicepresidente del Tribunal Electoral y presidente del Programa General de Elecciones, explicó a La Estrella de Panamá que pedirán a los diputados que se devuelva a segundo debate el proyecto ‘por todas las inconsistencias encontradas’. Los diputados presentaron decenas de modificaciones al proyecto de ley durante el último día de discusión del documento. Al momento de votar para aprobar o rechazar los artículos, solo se mencionó quién lo propuso y qué artículo modificaba, pero no el texto objeto del cambio. Al tener el texto consolidado y analizar lo aprobado, se han detectado las incongruencias. El diputado José Luis Varela, quien es el presidente del partido Panameñista, en recientes declaraciones a La Estrella de Panamá no descartó la posibilidad de que el proyecto fuera devuelto a segundo debate, para tratar temas técnicos y no de fondo. El proyecto de ley 292 está en el orden del día para la discusión del tercer debate, pero su consideración se ha dilatado. Las reformas al Código Electoral están en la Asamblea Nacional desde enero de 2016, pero la falta de consenso ha impedido que pase del segundo debate. Luis Barría, diputado y miembro de la Comisión de Gobierno, cree que hay un avance en la legislación. El diputado destacó que actualmente en diversos puntos del país hay vallas publicitarias anunciado candidaturas, pero en las reformas se estableció la dos meses para la propaganda electoral. ‘Con el nuevo Código, se reduce a dos meses previo a la elección, por lo que la ciudadanía puede tener tranquilidad’, señaló el diputado. Por otro lado, según lo aprobado, se estableció que los partidos políticos que participen en las elecciones de mayo de 2019 recibirán el millonario subsidio electoral en enero de ese año. En el proyecto de ley 292, los diputados acordaron que los candidatos de libre postulación recibirán el 3.5% del subsidio electoral y el 96.5% será para los partidos.. Cálculos del TE establecen que el subsidio electoral para el quinquenio 2019-2024 será de $100 millones. Lo aprobado en la Asamblea establece que $50 millones serán distribuidos antes de las elecciones. Según estimaciones de este medio, los cinco partidos legalmente constituidos se repartirán $36 millones. A los independientes les tocarán $1.8 millones.

Ismael Gordón Guerrel

 

El proyecto de ley 292, que reforma el Código Electoral, deberá esperar hasta la próxima semana para su tercer debate. Luego de una acelerada jornada en la que se aprobaron más de un centenar de modificaciones y sendas reconsideraciones, los técnicos de estilo de la Asamblea Nacional están en una compleja etapa de redacción del confuso texto único. El tercer debate del proyector será después de Semana Santa, porque luego de que se tenga el texto final, los técnicos de cada partido político representado en los diputados, y los magistrados del Tribunal Electoral analizarán el proyecto de ley que dictará las reglas para las elecciones de mayo de 2019. El diputado José Luis Varela, del Partido Panameñista, está seguro de que la discusión se hará después de la Semana Santa. ‘En mi opinión personal, entre el 70% al 80%, se deberá bajar el proyecto a segundo debate para cambios técnicos y no de fondo’, señaló el diputado oficialista. En el tercer debate no se pueden hacer modificaciones a los artículos, sino más bien se tiene que hablar de la conveniencia o inconveniencia del proyecto, aprobarlo o rechazarlo. El proyecto de ley fue presentado en la Asamblea Nacional por el Tribunal Electoral en enero de 2016, luego de un año de debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, pero no fue hasta este año que se logró el consenso político entre los diputados para avanzar en la discusión. El proyecto de ley contempla topes a las campañas políticas por parte de donantes privados. Entre los cambios, se estableció un tope de $10 millones en la donación privada que serán utilizados para los gastos de campaña presidencial, mientras que en las campañas para diputados se fijó un tope de $300 mil, porque se reduce a dos meses la campaña electoral. El financiamiento público será estrictamente para la publicidad durante la campaña electoral. El Estado aportará $50 millones en subsidio electoral. Uno de los temas más difíciles de consensuar fue el referente a la fianza de impugnación. Luego de varias discusiones, se fijó en $2 mil para el que impugne el triunfo de un representante, $10 mil para el caso de un alcalde, $25 mil para diputado y $50 mil para presidente de la República. El tema que no logró consenso fue el referente a la paridad de género. No se llegó al requerimiento de los grupos femeninos que pedían 50-50% en las postulaciones (hombres y mujeres), y la norma se mantiene como está. Para evitar que haya un solo donante que aporte la mayor cantidad de dinero a una sola campaña presidencial, se fijó un máximo de 3% que puede aportar una persona. Lo aprobado en segundo debate no es del agrado de diversos sectores y el presidente de la Asamblea, Rubén De León, lo reconoció. ‘Se ha logrado un avance significativo. Quizá no son las reformas que muchos esperaban, pero hay avances’, dijo De León el pasado martes, cuando se aprobó en segundo debate. El politólogo Richard Morales asegura que los diputados ‘han deformado completamente la intención del proyecto de promover la equidad; han hecho que la contienda sea más desigual y excluyente’. Con el tope de financiamiento a las campañas en $10 millones para presidente y $300 mil para diputados, los diputados ‘han legalizado el clientelismo’, sostiene Morales, porque con esos topes se confirma que las campañas electorales ‘son clientelistas y que vale más el dinero que el debate de ideas’.‘El proyecto es una burla a los ciudadanos y le quieren cerrar la puerta a nuevos actores políticos’, dijo.

Ismael Gordón Guerrel

 

La Fiscalía Anticorrupción  informó a los fiscales que investigan los llamados “papeles de Panamá”, reunidos esta semana en La Haya, que la justicia panameña no entregará documentos del despacho Mossack Fonseca cuando solo se investigue fraude fiscal, ya que ese delito no está recogido en su legislación. Ese fue uno de los asuntos que discutieron en la ciudad holandesa autoridades judiciales de quince países europeos, que intercambiaron información sobre las investigaciones abiertas por los presuntos delitos desvelados en esos documentos, informaron a Efe fuentes jurídicas. Los papeles de Panamá originaron un escándalo en abril de 2016 tras la filtración del supuesto uso de sociedades anónimas creadas por el bufete Mossack & Fonseca para el ocultamiento en 21 paraísos fiscales de fortunas obtenidas de forma irregular y la evasión fiscal de políticos y otros personajes de decenas de países de todo el mundo. Al encuentro de La Haya, que se celebró el martes y miércoles bajo la organización de la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust), asistió la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, y el fiscal encargado del caso en ese país.
Los fiscales trasladaron al Ministerio Público de los países a los que afectan las filtraciones que la justicia panameña colaborará brindándoles la información incautada en el registro que se hizo al despacho, pero siempre que a las personas o empresas investigadas se les imputen delitos más allá del fraude fiscal. Así, les explicaron que mandarán la información que los distintos países requieran vía comisión rogatoria si se investigan también otros delitos como falsedad, fraude, estafa, corrupción o incluso de enriquecimiento ilícito. Las autoridades judiciales tendrán que detallar a Panamá, caso por caso, los indicios contra las personas o sociedades de las que pidan información y, una vez la justicia del país centroamericano estudie la petición, decidirá si accede a entregar la documentación original del despacho. Esa información de los servidores de Mossack Fonseca, indicaron las fuentes, es clave para poder abrir un procedimiento contra cualquier implicado, ya que no se puede certificar el origen de los documentos publicados por los medios de comunicación hace un año, cuando estalló el escándalo, y por ello no son válidos como prueba. Al encuentro organizado por Eurojust acudieron representantes de Alemania, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido, así como de Estados Unidos.

 

EFE