Presidenciables chocan con el muro de la Reforma Electoral

A dos años del proceso electoral, los partidos políticos están en el proceso de poner en marcha su engranaje interno con miras a lograr el anhelo de todos: conquistar la silla presidencial en el proceso electoral del 2019.

Sin embargo, la recién aprobada reforma electoral que hoy debe ser sancionada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se convierte en un muro u obstáculo que deben sortear quienes aspiren a correr en las elecciones del 2019.

Ahora corresponderá a los magistrados del Tribunal Electoral reglamentar la norma para que se determine cómo es su aplicación.

DATOS DE LA REFORMA

El presidente sancionará la nueva ley

Según la norma aprobada solo se podrá hacer campaña 60 días antes de la elección y 45 días antes de las primarias.

Antes de la reforma, las personas podían hacer campaña durante los cinco años, no había restricción.

La Asamblea Nacional estableció un periodo fijo para desarrollar las elecciones primarias de cada partido y las elecciones generales.

Según la norma aprobada, solo se podrá hacer campaña desde 60 días antes de la elección general y 45 días antes de las primarias.

Antes de la reforma, las personas podían hacer campaña durante los cinco años que separaban una elección de la otra. Actualmente, muchos de los candidatos presidenciales tienen vayas publicitarias, cuñas, realizan proselitismo político y recorren el país para buscar el voto, ya sea para las primarias o para las elecciones de mayo de 2019.

El Tribunal Electoral tiene que reglamentar este tema, así como los demás que introduce la reforma electoral. Tendrán que sortear para que no se contradiga con la Constitución y genere una demanda de inconstitucionalidad por evitar los encuentros de cada panameño que está establecido en las garantías fundamentales de los ciudadanos.

El artículo 38 de la Constitución establece que los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos.

Los magistrados del Tribunal Electoral defendieron, durante el debate del proyecto de ley, que la reducción del tiempo de campaña baja el costo del proceso electoral.

Antes del anuncio del presidente de la República de que sancionará las reformas, los magistrados conversaron con el mandatario.

En el encuentro estuvieron los tres magistrados del TE —Heriberto Araúz, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá—, quienes recomendaron al presidente Varela sancionar el proyecto de ley, pues consideran que logró el mayor avance de los últimos veinte años.

También argumentaron que el Plan General de Elecciones (Plagel) ya está en marcha y no sería prudente vetar el proyecto de ley.

Los magistrados ya han manifestado la intención de presentar otro proyecto de ley para mejorar lo pendiente de la Reforma Electoral.

Según el TE, son diez puntos pendientes, entre ellos reducir el financiamiento privado a la campaña de los diputados.

A LA CAZA DE ADHERENTES

Los partidos políticos legalmente constituidos y en formación salieron este fin de semana a la caza de nuevos adherentes.

Cambio Democrático (CD), el Partido Panameñista y el Frente Amplio por la Democracia desplegaron en todo el país sus libros para captar nuevos adherentes, sobre todo jóvenes.

En el caso de los partidos en formación como el FAD, asegura el 4% de las personas. Las nuevas reglas reducen a la mitad, pero el partido se quiere asegurar que al momento de la depuración tiene las firmas suficientes.

Ismael Gordón Guerrel

 

Oposición se prepara para ‘tomarse’ la Asamblea Nacional

El ala opositora de la Asamblea Nacional, conformada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), se prepara para arrebatarle el control de la junta directiva de este Órgano del Estado al Partido Panameñista.

El PRD intenta a linear a sus 26 diputados para que el 1 de julio, cuando se elige a la nueva junta directiva de la Asamblea, voten en bloque por el candidato que postule el partido.

Para lograr el triunfo, necesitan el apoyo de al menos once diputados de otras bancadas, para llegar a la cifra de 36, que les permitiría imponerse y controlar la directiva por el próximo año e incluso llegar a una alianza por los dos años que quedan para concluir el actual periodo constitucional.

ELECCIÓN EL 1 DE JULIO

La Asamblea Nacional debe elegir su nueva junta directiva

Los diputados que resulten electos tendrán el control de la Asamblea por un año.

Las bancadas de oposición aspiran a quedarse con la directiva por los próximos dos años.

El PRD cuenta con una bancada de 26 diputados, mientras que el CD, el otro partido opositor en la Asamblea Nacional, cuenta con 25 curules, pero existen diferencias internas en cada uno de estos grupos, las cuales los mantiene fraccionados.

Ambos grupos tratan de consolidarse y presentar una propuesta unificada el 1 de julio, pero a la vez cada uno tiene sus propias aspiraciones de quedarse con la presidencia de la Asamblea Nacional.

En estos momentos, el pleno de la Asamblea Nacional se encuentra en receso hasta el 30 de junio, periodo que aprovechan los diputados de todas las bancadas para realizar reuniones con miras a trazar la hoja de ruta y diseñar las estrategias con el propósito de imponerse al oficialismo en la fecha de la elección de la nueva directiva, el 1 de julio.

IMPORTANCIA DEL CARGO

El presidente de la Asamblea Nacional no solo tiene la facultad de presidir y dirigir el debate en el pleno legislativo. También le corresponde autorizar los gastos y nombrar el personal de acuerdo con la Ley de Carrera Legislativa y el Reglamento de la Asamblea Nacional, así como definir las partidas, coordinar y organizar el manejo administrativo de la institución. Todo ello hace el cargo más atractivo.

Como miembro de la junta directiva, el presidente debe preparar el orden del día que define la prelación que tendrán los proyectos de ley que se discutirán en el pleno.

PRD RECLAMA ‘GOLPE DE TIMÓN’

El PRD se reunió ayer con el objetivo de afinar y definir la agenda que terminará el 1 de julio con la elección del diputado que reemplazará a Rubén De León, quien ha estado en la presidencia de la Asamblea por dos periodos consecutivos, los últimos dos años.

De los 26 diputados que conforman la bancada del PRD, sólo asistieron 10 a la reunión.

El presidente, Benicio Robinson, y el secretario general, Pedro Miguel González, estuvieron presentes en el encuentro.

‘La primera alianza que se debe consolidad es la de oposición’, asegura el diputado Crispiano Adames, jefe de la bancada del PRD.

El PRD intenta dar un golpe de timón en la Asamblea Nacional y en esa jugada ya mira hacia la bancada de CD.

Pedro Miguel González, máximo dirigente del grupo opositor, hasta el momento ha sido aliado del panameñismo en pos de concretar su liderazgo, también ha afirmado que lucharán por mantener la presidencia de la Asamblea Nacional, aunque tengan que unirse a los diputados del CD.

‘Vamos a hacer todo lo posible para lograr una mayoría el 1 de julio’, señaló, y a la vez destacó que para lograr ese objetivo necesitan por lo menos 11 votos de CD.

EL CD A LA ESPERA

La bancada de CD no ha empezado las reuniones internas, pero ya se menciona como candidatos a Rony Araúz, Yanibel Ábrego y Carlos Afú.

La diputada Dana Castañeda, coordinadora de la bancada de CD, asegura que la presidencia de la Asamblea debe ser dirigida por un diputado de su bancada.

‘Una alianza el 1 de julio entre el PRD y el CD es posible’, asegura la diputada Castañeda, quien destaca que es el clamor de la bancada.

En 2014, los diputados de CD en pleno apoyaron la postulación de Adolfo Valderrama. En 2015, la bancada de CD se fraccionó y junto a una alianza con el panameñismo y el PRD, llevaron a la presidencia a De León.

Eso demuestra que CD ha aportado sus votos para llegar a la presidencia de la Asamblea.

Desde la bancada de CD argumentan que son ellos los que deben ir a la cabeza de la junta directiva. ‘Vamos a buscar los votos y eso excluye la posibilidad de un acuerdo con el PRD’, asegura Castañeda, porque la otra opción es aliarse al panameñismo, pero siempre y cuando acepten que CD vaya a la cabeza.

LA POSTURA PANAMEÑISTA

El diputado Luis Eduardo Quirós, actual vicepresidente de la Asamblea Nacional, prevé que la junta directiva que se conformará a partir del 1 de julio, estará conformada por las tres corrientes.

En las últimas tres juntas directivas, las tres fuerzas han estado presentes.

Quirós sostiene que hay varios aspirantes y que todavía queda más de un mes para llegar un acuerdo con las fuerzas internas, a fin de definir la nueva directiva.

 

 

Ismael Gordón Guerrel

Filtración a bufete se planificó’

El bufete Mossack Fonseca afirma tener la ‘certeza’ de que fue víctima de un ‘robo de información muy profesional y bien planificado’ entre 2014 y 2016, y aseguró que conoce en qué país está el servidor y el autor del hackeo .

‘OTRO EQUIPO DE ABOGADOS YA INTERPUSO UNA DEMANDA CIVIL, PARALELA A LA PENAL’,

ELÍAS SOLANO

ABOGADO

El abogado Elías Solano declaró a Efe que la investigación ‘realizada por un profesional del Ministerio Público demuestra contundentemente que el delito, inequívocamente, se ejecutó desde fuera del país’ para sustraer 11.5 millones de documentos y ello consta en el expediente.

Solano agregó que la investigación judicial está suspendida, a petición de la Fiscalía, ‘en espera de la asistencia judicial solicitada a varios países para corroborar la información’ recogida por las autoridades panameñas y que ‘finalmente se pueda formular cargos a la persona o personas que ejecutaron esta operación planificada’.

El letrado recordó que la denuncia del robo se puso antes de estallar el escándalo de los papeles de Panamá, el 3 de abril de 2016.

Afirmó que le pidió al Ministerio Público, infructuosamente, que citara a unos periodistas extranjeros que estaban en el país en esos días para que explicaran.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Mossack Fonseca dice que tiene identificado autor de sustracción de papeles

 El bufete Mossack Fonseca, centro del escándalo global de los papeles de Panamá, tiene la “certeza” que fue víctima de un “robo de información muy profesional y bien planificado” entre 2014 y 2016, y aseguró que ya “consta” el país en donde está el servidor y el autor del “hackeo”.

El abogado panameño que denunció en marzo del año pasado el “hackeo” a la base de datos de Mossack Fonseca, Elías Solano, declaró a Efe que la investigación “realizada por un profesional del Ministerio Público demuestra contundentemente que el delito, inequívocamente, se ejecutó desde fuera del país” para sustraer 11,5 millones de documentos y ello consta en el expediente.

Acotó que la investigación judicial está suspendida, a petición de la Fiscalía, “en espera de la asistencia judicial solicitada a varios países para corroborar la información” recogida por las autoridades panameñas y “finalmente se pueda formular cargos a la persona o personas que ejecutaron esta operación planificada”.

El letrado recordó que la denuncia del robo la puso antes de estallar el escándalo de los papeles de Panamá, el 3 de abril de 2016.

También que le pidió al Ministerio Público, infructuosamente, que citara a unos periodistas extranjeros que estaban en el país en esos días para que “por lo menos” explicaran cómo habían obtenido información de su archivo confidencial.

“Las alarmas se encendieron cuando nuestros clientes nos llamaron para pedirnos orientación sobre información que les pedían sobre documentos reservados que solo eran de conocimiento nuestro”, dijo.

El abogado prefirió no identificar los países de donde se espera respuestas “para no contaminar la investigación”, y detalló que en uno de ellos se ubicó el servidor desde donde se inició la sustracción y en los otros se corroborará como los IP (identidad de los equipos usados) pasaron por esas jurisdicciones.

Según Solano, otro equipo de abogados ya interpuso una demanda civil, que corre paralela a la penal que él presentó, en el que los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora piden un resarcimiento económico “por todo el daño causado al bufete y a sus empleados”.

Aunque se abstuvo en precisar la cuantía, acotó que comprende una suma que cubriría todas las afectaciones “hasta el día de hoy”, mientras que en la esfera penal “aspiramos que se haga justicia y paguen con todo el peso de la ley”.

Solano añadió que “también está descartado, por la investigación del ingeniero del Ministerio Público, que la sustracción se hizo sin participación de personal de la oficina”, y aseguró que “está identificado que el autor intelectual no está en Panamá”.

La sustracción se hacía “en horas de la noche, en días de fiestas, en fines de semana largos y en cantidades que no alteraban el flujo normal de manera de no saturar el ancho de banda y el funcionamiento de la oficina”, relató.

No obstante, sostuvo que “siempre Mossack Fonseca ha contado con una red de protección ante ciberataques de lo más elevada”, sostuvo.

El letrado dijo que los que tomaron la información de los servidores “sabían exactamente lo que estaban buscando” y, desde su perspectiva, tras un año de estallado el caso y sus consecuencias para Panamá, “es evidente que es parte de un complot internacional para obligar al país” a aceptar las reglas de una organización “que ahora ya llegó a pedir que se considere delito penal la evasión fiscal”.

Al respecto de las consecuencias de la revelación de estos documentos, que afectan sociedades anónimas en 21 paraísos fiscales, defendió a sus clientes, pese a estar encausados en el escándalo Lava Jato de corrupción en Brasil, porque “siempre han cumplido con las reglas establecidas y la debida diligencia y ahora, en ese proceso, están aportando las pruebas que lo corroboran”.

“Los clientes son bancos y otros bufetes, ellos son los que tienen que explicar por qué los usuarios finales de esas sociedades anónimas, fundaciones sin fines de lucro e instrumentos de planificación financiera” le dieron el uso por los que se les investiga.

Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora están desde el pasado abril en libertad bajo fianza por su presunta implicación en el caso de corrupción brasileño.

EFE

 

Interpol Francia dice que le toca a Panamá aclarar la ‘alerta roja’

La Interpol, sede en París, remitió ayer a la agencia de prensa Efe a las autoridades panameñas, como las únicas con potestad para ‘hacer comentarios sobre personas específicas’, al respecto de la supuesta ‘notificación de alerta roja’ para la detención del expresidente panameño Ricardo Martinelli.

Mientras que en Panamá crece el escepticismo entre sectores políticos y de la sociedad civil ante la posibilidad de que en esta ocasión se concrete la supuesta orden de arresto y de que el expresidente panameño Martinelli sea entregado a las autoridades panameñas para que enfrente los casos que mantiene pendiente por los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia por los denominados ‘pinchazos telefónicos’ o violación a la comunicación privada de políticos, empresarios, particulares y periodistas, cometidos durante su mandato sin que mediara orden judicial, como lo establece la ley.

Ayer mismo, se divulgó un video del comisionado Marcos Córdoba, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quien asegura que la ‘notificación roja está vigente’.

Según explicó el funcionario de la DIJ, se trata solamente de un requerimiento que hizo la Secretaría de la Interpol a la Corte Suprema y la Cancillería panameña, que le solicita información con respecto a la solicitud de extradición que realizó el Gobierno panameño.

La notificación o alerta roja es una solicitud de detención provisional de una persona con miras a su extradición, publicada por la Secretaría General (ubicada en Lyon), a petición de un país sobre la base de una orden de detención nacional en vigor, señaló la agencia Efe en una nota publicada ayer.

En una respuesta escrita a preguntas de la agencia noticiosa, Interpol dijo que la información que sus 190 Estados miembros le transmiten ‘sigue siendo propiedad del país miembro que la ha comunicado’, por lo que no puede comentarla ‘salvo en circunstancias excepcionales y con autorización previa’.

ALERTA ROJA DE INTERPOL

Este lunes se informó de una supuesta alerta roja contra Ricardo Martinelli

La sede de Interpol en Francia dice que le corresponde a Panamá confirmar la orden.

En Panamá, el comisionado Marcos Córdoba, de la DIJ, insiste en que existe la alerta roja.

En este caso, explicó el abogado Edgardo Molino Mola, exmagistrado de la Corte, este trámite no es inmediato. Además, recordó que Estados Unidos, donde se encuentra Martinelli, no es un Estado miembro de la Interpol, por lo que en este caso se requiere que este organismo solicite la cooperación de las autoridades de Miami, para lo cual un juez debe emitir una orden.

Interpol recordó, según citó el cable de Efe, que los países miembros pueden optar por publicar una versión abreviada de la notificación roja en su sitio web, si así lo desean.

La misma nota de la agencia española, añadió, ‘si no se publica una notificación roja puede deberse a que no se ha solicitado o emitido ninguna notificación de este tipo sobre esa persona o a que el país solicitante ha pedido que no se haga pública’, aclaró.

En tanto, el diputado Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático, mostró sus dudas de que se concrete la extradición, al considerar que Martinelli ‘está aliado con algunos sectores de Estados Unidos’, a lo cual sumó el poder económico que tiene, aunque no pierde la esperanza de que se concrete la detención.

Alma Cortés, del equipo de asesores legales de Martinelli, alega que ‘desconocen’ y ‘dudan’ que exista tal orden o alerta roja contra el exmandatario.

Martinelli salió de Panamá en enero de 2015 y desde entonces ha fijado su residencia en Miami, Estados Unidos. En Panamá, se han iniciado una decena de procesos criminales en su contra, los cuales adelanta la Corte.

El proceso por el cual se estaría solicitando la alerta roja es el que corresponde a la violación de las comunicaciones de al menos un centenar de ciudadanos.

 

 

Carlos Anel Cordero

Interpol aprueba búsqueda y captura de Martinelli

La Policía Internacional (Interpol) con sede en Francia admitió una alerta roja para localizar y detener al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, por el caso de las interceptaciones telefónicas efectuadas a periodistas, políticos, dirigentes sindicales, abogados, gremios educativos y grupos de la sociedad civil y médicos durante su administración.

La información fue confirmada a este medio el 22 de mayo por el departamento de comunicación de los estamentos policiales. Tras admitir la alerta, la Interpol debe proceder con la búsqueda y captura del expresidente.

La medida de Interpol responde a una solicitud del magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, fechada el 28 de junio de 2016, quien declaró en rebeldía al expresidente por no haberse presentado a una audiencia el 11 de diciembre de 2015, para decidir el futuro de este caso. Posteriormente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizó la detención preventiva del expresidente, el 21 de diciembre de 2015.

LA ORDEN

Un documento que se filtró a los medios de comunicación y que hace referencia a la notificación de la alerta roja indica que se trata de la orden A-3657-2017, solicitada por Panamá, para resolver el expediente 2016/44347. La notificación tiene fecha del 21 de abril de 2017; sin embargo, un mes después Martinelli no aparece en la página digital de la Interpol entre los más buscados. Según este documento, Martinelli está ‘prófugo’ y debe enfrentar un proceso penal.

Los supuestos delitos que sustentan esta notificación son ‘contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad (interceptación de comunicaciones sin autorización judicial) y contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad (seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial)’.

También, por ‘delito contra la administración pública en diferentes formas de peculado (peculado por sustracción o malversación) y delito contra la administración pública en diferentes modalidades de peculado (peculado de uso)’.

Actualmente, el expresidente enfrenta cerca de una decena de procesos penales por corrupción. Entre ellos: las irregularidades en la compra de la comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN); por la presunta extorsión a la empresa italiana Impregilo; compra de granos a través del PAN; presunto cobro ilegal de coimas por la tercerización del cobro de impuestos morosos; por la supuesta manipulación de las acciones de la Minera Petaquilla utilizando cuentas de la casa de valores Financial Pacific; supuesto peculado en un préstamo otorgado por la Caja de Ahorros para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, los indultos, entre otros.

EL CASO

La investigación por los pinchazos telefónicos fue admitida el 8 de junio de 2015. En agosto de 2015, el magistrado fiscal Harry Díaz inició formalmente el proceso de investigación.

El 9 de octubre, Díaz presentó acusación contra Martinelli como autor de los delitos descritos en los artículos 167 y 168 del Código Penal, así como los delitos de diferentes formas de peculado contempladas en los artículos 338 y 341 del mismo Código.

El caso se estructura bajo el argumento de que desde la sede del Consejo de Seguridad Nacional, en Ancón, en un edificio en Quarry Heights, los funcionarios realizaban interceptaciones telefónicas sin los protocolos correspondientes, a periodistas, políticos, dirigentes sindicales, abogados, educadores, grupos de la sociedad civil y médicos.

Las interceptaciones telefónicas se dieron por órdenes del entonces presidente Martinelli (2009 – 2014), según la investigación que adelanta la Corte.

MODUS OPERANDI

Los funcionarios del Consejo de Seguridad trasladaban las grabaciones de las interceptaciones telefónicas a celulares y teléfonos fijos a la Presidencia en sobres amarillos. Estos actos demostraban una constante violación a la intimidad y derechos humanos de los panameños, plantea la investigación.

De acuerdo con datos recabados , los funcionarios realizaban las interceptaciones telefónicas con recursos estatales.

REACCIONES

‘Varela no aguantó la andanada de palo que le dieron por sus declaraciones y ahora desvían atención atacando al hombre que le quita el sueño’, comentó Martinelli en su cuenta de Twitter , en donde es muy activo, después de conocer la noticia.

Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente, negó la emisión de una ‘alerta roja’. A través de su cuenta de Twitter @camachocastro, Camacho señaló: ‘El presidente Varela y sus organismos de sapería le faltan el respeto a los medios y a la opinión pública; Nunca se ha pedido una alerta roja’.

Marta de Martinelli, esposa del expresidente, también se pronunció en la misma red social a través de @martamartinelli: ‘Alerta de Interpol x pinchazos y solicitud de extradición fue solicitada hace alrededor de 2 años. Entonces cuál es lo nuevo en esta noticia?’.

La ex primera dama también dijo que ‘cada vez que Varela tiene escándalos hacen refritos de noticias. Es noticia vieja! (…)’.

El abogado Miguel Antonio Bernal, por su parte, usó la misma herramienta tecnológica para referirse al caso, ‘Santa Isabel: Cuánta gente cae en la distracción de lo de Martinelli y la Interpol!!’, comentó en @MiguelABernalV.

La Interpol debe encargarse de ubicar y detener al expresidente. De lograrse, la Cancillería debe tramitar la extradición del político panameño.

LA EXTRADICIÓN

Martinelli también enfrenta una solicitud de extradición. El juez de garantías aplicó la solicitud de extradición del expresidente mediante el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, firmado el 25 de mayo de 1904, y la Convención Multilateral de Extradición firmada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, de la que ambos países son parte.

Se pide, a quien corresponda, se ubique a Martinelli en la calle 2025 Brickell Ave., Miami, Florida, Estados Unidos.

Martinelli salió de Panamá en enero de 2015, cuando explicó que haría una gira internacional para denunciar una supuesta persecución judicial de la cual se sentía víctima. En ese momento fue a Guatemala, donde participó en una sesión del Parlamento Centroamericano, luego viajó a Miami, donde reside desde entonces.

DESARROLLO DEL EXPEDIENTE

La causa contra Ricardo Martinelli se inició el 8 de junio de 2015

28 DE ENERO 2015

Ricardo Martinelli salió de Panamá. Ese mismo día, el pleno de la Corte decidió investigarlo por el caso de los ‘‘pinchazos”.

3 DE FEBRERO 2015

El Ministerio Público envía a la Corte cinco querellas contra Martinelli relacionadas con las escuchas telefónicas.

Marlene Testa

 

TE actualizará el Padrón Electoral para las próximas elecciones

El Tribunal Electoral (TE) activó su programa de Actualización y Depuración del Registro Electoral con miras a las elecciones de mayo de 2019.

La entidad busca que todos los panameños habilitados para ejercer el sufragio el 5 de mayo de 2019 aparezcan correctamente en el padrón de las mesas del centro de votación más cercano a su residencia, dentro del corregimiento donde reside.

En en ese proceso se compulsan las acciones para adicionar al Padrón Electoral a los menores de edad que lleguen a la mayoría de edad hasta el día antes de las elecciones, lo mismo que garantizar el derecho de los ciudadanos a impugnar el Padrón Electoral Preliminar, de conformidad con los procedimientos legales.

VOTO EN EL EXTRANJERO

Para facilitar este derecho a los ciudadanos panameños en el extranjero se habilitará a partir del próximo mes de junio, para mayor información, la página web del Registro de Electores Residentes en el Extranjero (RERE) del Tribunal Electoral  http://www.rere.pa/ o el correo electrónico votoenelextranjero@tribunal-electoral.gob.pa.

Otra de las tareas es que se realizará es la depuración de los nombres de las personas que han fallecido, los inhabilitados por sentencia ejecutoriada por los Juzgados Penales Electorales y los que hayan renunciado a la nacionalidad panameña cumpliendo con las normas.

“Para esta titánica misión el Tribunal Electoral, desplegará funcionarios por todo el país desde el mes de junio de 2017 es decir, un año antes del cierre del Registro Electoral, el 30 de abril de 2018”, detalló la institución en un comunicado.

Se contempla de igual manera  promover con la empresa privada, el sector público y los gremios, para que sirvan de canal con sus empleados, funcionarios y afiliados, respectivamente, a fin de hacerles llegar el servicio del programa verifícaTE.

Otro de los objetivos de este plan, es canalizar la reducción de ciudadanos que aparecen sin imagen en la base de datos, a medida que los ciudadanos realicen los trámites correspondientes en el TE, o puedan ser localizados por la institución.

Si algún ciudadano que viva en el exterior del país y quiera votar en las elecciones generales, pueden optar por mantener su residencia electoral en Panamá, y viajar para las elecciones y  ejercer su voto presencialmente para todos los cargos de elección.

Por otro lado los panameños en el extranjero que no quieran o no puedan viajar a Panamá, pueden optar por inscribirse en el Registro de Electores Residentes en el Extranjero (RERE), siguiendo los trámites de solicitudes de inclusión aprobados para tal fin, lo cual les permitirá votar únicamente para presidente y de forma indirecta para el PARLACEN.

Ismael Gordón Guerrel

 

Manjarrez demanda a magistrados de la Corte

Marco Antonio Manjarrez presentó una denuncia en la Asamblea Nacional contra los magistrados Hernán De León, José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, integrantes de la Sala Cuarta de Negocios.

Manajarrez, quien purgó condena de más de doce años en el Centro Penitenciario La Joyita por el homicidio del sacerdote Jorge Altafulla, asegura que de manera ‘inexcusable’, los magistrados de la Sala Cuarta han tardado en la expedición del certificado de abogado.

‘LA OMISIÓN INEXCUSABLE DE LA SALA CUARTA EN LA EXPEDICIÓN DE MI CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CUMPLIMOS CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, ME HA OBLIGADO A DENUNCIAR EL CASO EN INSTANCIAS INTERNACIONALES’,

MARCO MANJARREZ

DEMANDANTE

Durante el encierro, Majarrez estudió y culminó estudios de licenciatura en derecho y realizó el curso de ética que imparte la Escuela Judicial para obtener su idoneidad como jurista.

El afectado remitió una carta al presidente de la Comisión de Credenciales, Jorge Alberto Rosas.

En el documento entregado en la Asamblea Nacional, se le recuerda al diputado Rosas, miembro del Partido Panameñista, que se presentó una denuncia por el caso.

La falta de respuesta por parte de la Corte generó que el caso se eleve a las esferas internaciones.

Manjarrez entregó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) un documento en el que detalla la falta de respuesta de la Caja.

Jean Michel Arrighi, director de Asuntos Jurídicos de la OEA, quien estuvo en el Colegio de Abogados de Panamá, recibió la carta de manos de Manjarrez.

‘La omisión inexcusable de la Sala Cuarta en la expedición de mi certificado de idoneidad, cumplimos con todos los requisitos legales, me ha obligado a denunciar el caso en instancias internacionales’, detalló.

La actuación de los magistrados de la Corte, según Manajarez, es la conducta que lleva a los ciudadanos a perder la confianza en los servidores públicos y en las instituciones que representan.

El demandante lleva más de un año y tres meses esperando que la Sala Cuarta de la Corte expida el certificado de idoneidad para ejercer la profesión de abogado.

Ismael Gordón Guerrel

 

Querellan a diputados por el caso Moncada

El abogado Gonzalo Moncada presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una denuncia penal contra los diputados Rony Araúz y Crescencia Prado, por supuestas infracciones de los deberes de funcionario público.

Los diputados son los jueces de cumplimiento en el proceso seguido al exmagistrado Alejandro Moncada Luna.

El defensor indicó que de los tres jueces de cumplimiento, solo Jorge Iván Arrocha ha tenido la voluntad de realizar la audiencia del exmagistrado de la Corte.

El jurista aseguró que hace más de un año y medio solicitó una audiencia de control para revisar el estado de salud del exmagistrado, y aún no se lleva a cabo, pese a que el Sistema Penal Acusatorio (SPA) establece un término de 48 horas para celebrar la misma.

El exmagistrado Moncada Luna fue condenado, en marzo de 2015, a sesenta meses de prisión, después de habérsele declarado culpable del delito de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos.

En ese momento, Alejandro Moncada Luna fue separado del cargo de magistrado de la Corte Suprema y se le confiscaron dos apartamentos, uno en Coco del Mar y otro en el sector de Obarrio, en la ciudad capital, valorados en $2 millones.

Los diputados y jueces de cumplimiento deben evaluar el estado de salud de Moncada Luna, así como las condiciones del penal, a fin de establecer si amerita que se le cambie la medida de detención por un depósito domiciliario u hospitalario, como solicita su defensa, pero hasta ahora no lo han hecho.

La audiencia de Moncada Luna ha sido postergada en tres ocasiones, la primera, el 7 de marzo de 2016; luego, el 28 de marzo de 2017; y una tercera, el 25 de abril 2017. Moncada Luna fue designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia el 1 de enero de 2010. La designación la hizo el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Francisco Rodríguez Morán

 

Sarasqueta insiste en que Martinelli puede ser su ‘vice’

Rodrigo Sarasqueta, precandidato presidencial por el partido Cambio Democrático, recientemente estremeció las bases internas del partido con una nota remitida al Tribunal Electoral (TE) para conocer si el exmandatario Ricardo Martinelli, en autoexilio en Miami, puede ser su compañero de fórmula, en calidad de vicepresidente, para los comicios de mayo de 2019.

Contrario a lo que el mismo político (Sarasqueta) esperaba, la principal reacción negativa provino de los otros precandidatos (Rómulo Roux y José Raúl Mulino, principalmente), quienes se quejaron ante el propio Martinelli por la ‘acción deshonesta’ protagonizada por Sarasqueta.

Martinelli, por su cuenta de Twitter aseguró que no tenía las intenciones de participar como candidato a vicepresidente.

No obstante, Sarasqueta, abogado especialista en Derecho Constitucional, mantiene su requerimiento ante el TE porque dice estar seguro de que no existe ningún obstáculo legal que impida que Martinelli pueda correr por la vicepresidencia.

‘Están desesperados porque les robé el mandado’, aseguró Sarasqueta.

Por otro lado, Sarasqueta piensa que, en un país tan pequeño como Panamá, ‘es un pecado’ que haya tantos miembros en la Asamblea Nacional. ‘Con la mitad, unos 36 legisladores, es más que suficiente’, manifiesta, no sin antes indicar que los diputados deben ser escogidos por provincia ‘para extirpar el clientelismo vulgar y el populismo exagerado’.

Redacción La Estrella de Panamá