Juez Mejía espera informe médico para reanudar audiencia

El magistrado Jerónimo Mejía, quien actúa como juez de garantías, reanudará la audiencia contra el expresidente Ricardo Martinelli una vez reciba el informe médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de los doctores que lo atienden en el Hospital Santo Tomás, tras sufrir una crisis de hipertensión, el lunes.

La abogada de la defensa, Holanda Polo, quien habló por primera vez durante todo el proceso que se inició el pasado 11 de junio, responsabilizó a Mejía de la salud de su cliente, ya que, según ella, el juez ‘lo agota’ y, sin querer, comete una tentativa de homicidio. ‘El tribunal lo somete a extensas audiencias, alto estrés. La certificación está ahí y se está cometiendo, sin querer, un homicidio en grado de tentativa, porque sabe el estado de salud en que se encuentra Martinelli’, manifestó la abogada al juez en la sala de audiencia.

A la salida, Polo indicó a los medios que hoy presentará una querella en contra del magistrado Mejía por tentativa de homicidio, por atentar contra la vida de Martinelli, y por delito contra la libertad individual, que dice que ningún detenido puede ser sometido a torturas psicológicas, delito que tiene pena de cinco a ocho años.

MITCHELL DOENS
ACUSADOR

‘La gente que aparece señalándolo, algunos de su círculo cero y otras personas de su gabinete (causan en Martinelli preocupación). Está viendo la causa perdida’

Hoy se espera que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determine si mantiene la competencia del caso. La defensa de Martinelli presentó un amparo de garantías que pretende trasladar el caso a un juez de circuito, argumentando que Martinelli ya no es diputado del Parlamento Centroamericano. Al no tener esa condición especial, sus abogados alegan que debe ser juzgado por la justicia ordinaria.

La de este martes fue la audiencia más breve que ha presidido el magistrado Mejía en este proceso. Solo duró 14 minutos y se realizó en ausencia del acusado, quien se encontraba internado en el Hospital Santo Tomás desde la noche anterior.

El lunes, cerca de las diez de la noche, cuando culminó la audiencia en la que el fiscal acusó al expresidente de cuatro cargos y pidió una pena de 21 años, Martinelli sufrió otra crisis hipertensiva y —según su abogada— tuvo que ser trasladado en camilla desde la Corte hasta el nosocomio, donde pasó la noche en cuidados semiintensivos.

El Sistema Penitenciario envió una nota a la Secretaría de la Corte en la mañana de ayer para notificarle sobre la situación del reo.

El fiscal Harry Díaz solicitó al juez que el exgobernante fuera evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para acreditar su estado de salud y reprogramar la audiencia.

Díaz se quejó de que la audiencia ha sido dilatada en múltiples ocasiones, por los abundantes recursos que interpone la defensa de Martinelli o por su estado de salud.

La defensa contestó a la Fiscalía que entre los documentos que se habían aportado al juez en horas de la mañana había un informe de cardiología en el que se constata que su cliente ha sido sometido a procesos extensos.

‘Tenemos a una persona enferma. Que en Estados Unidos estaba bien, (pero) ahí no tenía este estrés, no tenía este ritmo, ahí tenía compañeros’, dijo Polo en la audiencia.

Mitchell Doens, del grupo acusador, expresó que Martinelli se ha dado cuenta de su situación. ‘La gente que aparece señalándolo, algunos de su círculo cero y otras personas de su gabinete’, causan en Martinelli preocupación. ‘Está viendo la causa perdida’, consideró Doens, ‘(su estado salud) se agrega como un elemento más que se debe tomar en cuenta en el proceso, porque hay que evitar que le pase algo, y ser pacientes’.

‘No obstante, en algún momento regresará frente al juez. El expediente es fuerte y los testigos… eso es lo que lo tiene así. Ayer, por primera vez, él escuchó los argumentos probatorios que hay en su contra, eso fue lo que lo descompensó’, añadió Doens.

Sobre la decisión que debe adoptar el Pleno hoy, Doens dijo que es un tema ventilado y que es muy difícil que los magistrados cambien de opinión. ‘No debió haberse admitido el recurso. Usted se imagina que la Corte es la que acepta la acusación, nombra al juez de garantías y al fiscal, que diga ahora que no tiene competencia, no es lógico. No veo qué argumentos se pueden utilizar para decir que no tienen competencia’, puntualizó.

 

Adelita Coriat

Acusadores mostrarán pruebas contra Martinelli

El fiscal Harry Díaz ha acumulado testimonios y documentos que le servirán para probar los cuatro delitos por los que acusa al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos delitos de fraude en varias formas y por pinchazos telefónicos, seguimientos y vigilancias sin autorización judicial.

En la audiencia de hoy, Díaz deberá leer la acusación frente al exmandatario y mostrar a las partes las pruebas para sustentarla.

Así ha reunido el testimonio de gran parte de las víctimas, que aunque no se han constituido como querellantes, serán las voces que respaldarán la teoría acusadora de que durante el gobierno de Martinelli, se les violó su intimidad y, en ocasiones, estas conversaciones fueron divulgadas en las redes sociales.

Entre los testimonios que han citado tanto Díaz como el querellante autónomo Rosendo Rivera como acusadores, se encuentran dos expresidentes de la República Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares; el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro y el actual presidente Juan Carlos Varela, así como su hermano y diputado José Luis ‘Popi’ Varela.

Además de estas personas, el fiscal también tiene en la lista a reconocidos empresarios como Stanley Motta, dueño de la empresa de aviación Copa y Televisora Nacional TVN, así como al gerente general de ésta empresa Luis Mouynes. Los mencionados se encuentran entre 70 víctimas entre las que también se incluye a Erasmo Pinilla, entonces magistrado del Tribunal Electoral, a Genaro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, así como a periodistas, políticos y el alcalde capitalino José Blandón.

Con estos testimonios se pretende probar que se desarrollaron actividades de inteligencia que implicaron la interceptación de sus comunicaciones privadas por telefonía y por WhatsApp, correos electrónicos y con la utilización de artificios técnicos de escucha que permitieron la grabación de sus conversaciones, ya fuera de temas políticos, su vida íntima o agenda de trabajo de la persona en mención.

El fiscal también cuenta con las versiones de algunos miembros del entonces gabinete de Martinelli, como por ejemplo sus dos exministros de la Presidencia (Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu y Roberto Henríquez), quienes se han desvinculado de las actividades del Consejo de Seguridad Nacional y aseguran que las relaciones entre Martinelli y este organismo se daban de manera directa y sin su intervención.

Díaz solicitará que se cite también a José Muñoz Molina, copartidario y amigo de Martinelli, para probar que el acusado se reunió con el diputado Yassir Purcait en su despacho, donde le presentó una serie de videos que evidenciaban interceptaciones de comunicaciones ilícitas.

Tanto la Fiscalía como Rivera han afinado detalles para introducir nuevos elementos convincentes sobre los hechos que acusan a Martinelli y para evitar duplicidades.

En este sentido, se han arropado de varios testimonios, tanto de exfuncionarios del Consejo de Seguridad, así como de los detectives policiales a quienes encomendaron realizar las inspecciones oculares de los equipos tecnológicos hallados en el edificio 150 de Quarry Heights, donde se ubica el Consejo de Seguridad.

No obstante, dos de los testigos Rony Rodríguez (jefe de inteligencia del Consejo) y William Pittí, exfuncionario del Consejo que solicita la Fiscalía no han sido localizados.

La idea de los acusadores es acreditar que se conocía la existencia de un equipo para realizar escuchas telefónicas a políticos y los seguimientos que se hacían de forma ilegal.

Se han contemplado aproximadamente quince testimonios de funcionarios del Consejo como parte de estas pruebas. Con sus declaraciones, el fiscal pretende probar que Martinelli era el autor de los hechos y que existía un modus operandi para tal fin.

Entre los testigos también están Gustavo Pérez, Alejandro Garuz y Jaime Moltó, exdirectores del Consejo.

Al primero, porque dijo que Rony Rodríguez tenía órdenes de trabajar con la presidencia de la República.

A Jimmy Papadimitriu, entonces ministro de la Presidencia, lo sentarán en el estrado para que ratifique que la política de seguridad del Estado era responsabilidad del presidente, y que no existe acta o reunión en la que él haya participado como ministro, ya que todas las reuniones eran en el Consejo de Seguridad.

Otro testimonio clave de la parte acusadora se recarga en Júbilo Graell, un exfuncionario del Consejo que señaló a Rodríguez como instructor de vigilancia y seguimiento a ciertos objetivos que interesaban al Presidente, y que él lo llevaba todas las mañanas a la Presidencia a entregar un sobre amarillo.

PRUEBAS DE LOS DELITOS

La parte acusadora ha recopilado testimonios y documentación

72

Testimonios citarán los querellantes y la Fiscalía

46

Documentos que contienen diligencias de inspección ocular, contratos, notas, además de dos pruebas periciales.

Este funcionario del Consejo también atestiguó que fue él quien trasladó un rack que se usaba para los servidores desde la sede del edificio en Ancón hasta el Súper 99 en Monte Oscuro, donde se encuentran las oficinas centrales del negocio del expresidente.

No obstante, la parte acusadora no cuenta con los softwares que se utilizaron para el espionaje del que se acusa a Martinelli. Cuentan con la documentación que contiene el contrato que se hizo entre el Estado y las empresas proveedoras de los equipos, mas no con el equipo en sí.

En cuanto a la documentación que mostrarán los acusadores, se cuentan más de 48 elementos que consisten en actas de inspección ocular a diferentes lugares, como residencias, oficinas, el hotel donde se hospedaron los proveedores del equipo, los autos de la Sala Penal que confirman que los números pinchados no contaban con una autorización judicial, copia de contratos y otros cuadernillos con las inspecciones oculares que guardan reserva por disposición de la Sala Segunda Penal en cuanto a su contenido, evitando de esta manera su publicidad para no revictimizar a los afectados.

Entre las pruebas periciales que recolectaron los acusadores hay diligencias realizadas a un disco duro en el que se encontró el correo desde el cual se enviaba información de los casos solicitados.

El perito Luis Rivera, del Instituto de Medicina Legal, hablará de los hallazgos en las computadoras y explicará las diligencias de inspección ocular efectuadas a los tanques de Balboa, punto donde se encontraba el enlace de Internet de banda ancha que era utilizada.

La acusación penal contra Ricardo Martinelli

Entre los años 2012 hasta mediados de mayo de 2014, en la planta alta del edificio 150, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad Nacional, en Quarry Heights, Ancón, funcionarios de esta institución, por órdenes del entonces presidente, Ricardo Martinelli, realizaron interceptaciones ilícitas de comunicaciones de un número plural de ciudadanos.

Las escuchas se hacían a los correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audio ambiente, grabación de conversaciones confidenciales y personales de activistas y líderes políticos, dirigentes sindicales, de gremios educativos, grupos de la sociedad civil, abogados, médicos. Los actos implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos. Para estas acciones, se utilizaron equipos, personal del Consejo de Seguridad y dineros provenientes del Estado.

Con este objetivo, se estableció, por parte del entonces presidente, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado a través del cual se daban instrucciones para que los funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de sus actividades y que no contaban con una orden judicial, realizaran intervenciones de las comunicaciones en distintas modalidades, por ejemplo, vigilancia y seguimiento de personas a quienes se les denominaba ‘objetivos’. Estos blancos podían ser de grupos políticos, económicos, cívicos y gremiales, haciendo extensiva esta violación de los derechos humanos, en algunos casos, a las familias o amistades del individuo que estaba siendo vigilado. Para la realización de estos ilícitos, Martinelli suministró los equipos, recursos y personal necesario.

Los hechos descritos constituyen los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad (artículos 167 y 168 del Código Penal), delitos contra la administración pública, en diferentes formas de peculado (artículos 338 y 341 del Código Penal).

 

Adelita Coriat

Ministerio de Gobierno busca modificar ley sobre justicia de paz

El Ministerio de Gobierno iniciará el 19 de julio próximo un proceso de consultas sobre posibles modificaciones a la Ley 16 del 17 de junio de 2016, mediante el cual se establece la Justicia Comunitaria de Paz. La medida busca fortalecer las bondades de este nuevo sistema de justicia administrativa.

Luego de realizar las evaluaciones sobre el proceso de implementación y funcionamiento de las nuevas Casas de Justicia Comunitaria de Paz, el Ministerio de Gobierno, en base a los resultados, se prepara para comenzar un periodo de consultas con el principal propósito de elaborar un proyecto de Ley consensuado para fortalecer la Ley de Justicia de Paz, el cual será llevado a la Asamblea Nacional para su discusión, señala un comunicado de la entidad.

El Ministerio de Gobierno creará una mesa de consultas integrada por las instituciones públicas, municipales y organizaciones de la sociedad civil y está recibiendo sugerencia sobre la consulta al correo drac@mingob.onmicrosoft.com.

 

José Arcia

 

Decisión del Pleno es clave en el proceso contra Martinelli

El lunes será una fecha importante para la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, procesado por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, así como fraude en varias modalidades.

El Amparo presentado por sus abogados ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pretende quitarle al juez de garantías Jerónimo Mejía, la competencia del caso. Ese mismo día se dará continuidad a la audiencia intermedia contra el expresidente que entra en la fase de acusación.

En audiencia previa del 26 de junio, el juez negó a la defensa el recurso que pretendía extraer de esa jurisdicción el caso de su cliente, alegando que había perdido el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano.

En aquella ocasión, el juez dijo: “No puede dejarse, que la voluntad de una persona distorsione el sistema. De ahí que existen límites sustanciales a la pretensión tales como debido proceso, derechos de la víctima, justicia en plazo razonable y derechos de la víctima que impiden que la Corte pierda competencia”. Por lo cual, el magistrado de garantías negó la pretensión declinatoria de competencia solicitada por la defensa y declaró que mantiene, retiene, y no pierde competencia, ni el magistrado ni el Pleno de la Corte por una pérdida del cargo de diputado.

No obstante, la defensa insistió en este recurso. Cuando se admite un Amparo, se hace en sala unitaria. Pero cuando no es así, el ponente debe llevar el proyecto al Pleno para que este tome una decisión. Ayer se conoció que el magistrado Oyden Ortega llevó el Amparo al Pleno. Lo que según fuentes judiciales, es indicativo de que “no estaban admitiendo el amparo, es decir, que esta presentando un proyecto de no admisión”.

Si se toma la decisión de declinar la competencia, debe haber una comunicación inmediata a la audiencia que impartirá el lunes el juez de garantías. Si el lunes no se admite el amparo, “los magistrados no verán el fondo de la competencia, pero si se llega a admitirse, tienen que decidir sobre el fondo de la competencia”, indicó la fuente.

La defensa de Martinelli ha circulado una nota del Parlacen en la que certifica formalmente la renuncia del expresidente a este organismo regional. Lo que pretenden los abogados es que el caso baje al juzgado XVI, Enrique Pérez, quien ya tiene conocimiento del caso de pinchazos que involucra a exdirectores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz a espera de audiencia en septiembre próximo.

La defensa de Martinelli alega que el día que presentaron recurso contra el magistrado Mejía para declinar competencia, ninguna de las partes, querellantes o Fiscalía, se opuso a que el caso fuera remitido al juzgado en mención.

Sin embargo, Rosendo Rivera, querellante autónomo expresó a La Estrella de Panamá que el expresidente no puede ser quien escoja a su juzgador. “Martinelli escogió la competencia de su caso al hacerse diputado del Parlacen, no renunció en tiempo oportuno tratando de buscar en la Corte salvación a sus problemas, así que la Corte ejecuta un acto de investigación y debe haber un término para que la persona pueda renunciar a una prerrogativa. No se puede dejar alegremente a una persona la decisión de quién lo juzga, sino que es la ley, no es un derecho del imputado”, dijo el querellante.

 

Adelita Coriat

Abogado presume que lo persigue el Consejo de Seguridad

‘Tengo miedo de que me vayan a matar’, así reaccionó el abogado Luis Alberto Levin Montero en un breve comunicado que hizo llegar en horas de la tarde de ayer a La Estrella de Panamá .

El 27 de junio pasado, Levin Montero interpuso una denuncia penal en la que señala que funcionarios de la actual administración de gobierno ‘han montado una estructura para beneficiarse de contratos con el gobierno usando su influencia y su cargo’.

En el comunicado, Levin Montero señala que ayer a las 3:00 p.m. se presentaron a su residencia dos sujetos. ‘Presumo son del Consejo de Seguridad’, indica.

En la breve comunicación, Levin Montero no informó si las dos personas tuvieron acceso a su residencia o intercambiaron palabras con él u otra persona en el lugar.

Por medio de dicha nota, el abogado asegura que ‘se trató de un acto de intimidación por haber denunciado un posible caso de corrupción que vincularía al secretario del presidente Varela, Raúl Sandoval’.

INDIGNACIÓN

En el segundo párrafo del comunicado, que no tiene más de diez líneas, el abogado afirmó: ‘Esto es totalmente reprochable porque lo que yo hice está dentro de los deberes ciudadanos’.

Según el escrito que se recibió a través de mensajería instantánea y que firma el abogado Luis Alberto Levin Montero, lo que recibe por su actuación ‘son represalias’.

Añade el abogado que ‘no puede ser que se haya puesto en conocimiento posibles actos de corrupción’ y es a él a quien se ‘persigue’.

‘Tengo miedo de que me vayan a matar’, reconoció Levin Montero en el texto electrónico.

El abogado solicitó en la denuncia presentada el 27 de junio ante el Ministerio Público que se investigue la adquisición de propiedades en el exclusivo proyecto La Mare, en Punta Barco.

La información recabada por el denunciante apuntaba a que Raúl Sandoval había adquirido una propiedad en ese exclusivo proyecto.

A estas supuestas compras se suman dos carros Mercedes Benz valorados en $150 mil cada uno y un apartamento en Punta Pacífica valorado en $1 millón.

Sandoval, por su parte, ha reclamado que es objeto de ataques con motivaciones mediáticas que se hacen eco de una denuncia temeraria.

El funcionario añadió que en su momento ejercerá su derecho a defenderse legalmente ante las insinuaciones ‘sin fundamento’ del denunciante y de quienes mediaticen un tema basado en calumnias.

Según Sandoval, los bienes de su propiedad están sustentados en créditos bancarios con sus respectivos plazo de pago a 20 y 30 años y fueron adquiridos durante su trayectoria laboral tanto en el sector privado como en el público.

En la denuncia Levin Montero menciona a Rafael Flores, también secretario privado del presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Rafael Flores niega hechos denunciados

‘Es completamente falso que haya adquirido a mi nombre o por interpuestas personas una casa o mansión de playa’, aclaró ayer Rafael Flores, uno de los secretarios privados del presidente la República, Juan Carlos Varela.

Según informó Flores a través de un comunicado, las afirmaciones del denunciante que lo señalan son ‘calumniosas’.

El funcionario puntualizó que se trata de ‘publicaciones falsas, sembradas, con motivaciones mediáticas y políticas’.

El secretario privado del Presidente, que enfrenta una denuncia en el Ministerio Público, adelantó en el comunicado que acudirá voluntariamente ‘a dejar evidencias de calumnias y falsedades de las que soy objeto en una denuncia temeraria, cuyos autores sabrán asumir los efectos de sus acciones’.

Marlene Testa

Juez de Garantías niega recursos de nulidad absoluta a defensa de Martinelli

Durante la audiencia de acusación de este miércoles, contra el expresidente Ricado Martinelli, el juez de garantías Jerónimo Mejía negó 3 recursos de nulidad absoluta presentados por la defensa del exmandatario el pasado jueves.
El juez también emitió su postura sobre la moción efectuada por el diputado José Luis Popi Varela y de Yasir Purcait para convertirse en querellantes.

En este sentido, dijo que en ambos casos los mencionados no presentaron una acusación autónoma o se adhirieron a la causa del fiscal por lo tanto no podrían constituirse como querellantes en esta fase del proceso que se le sigue al expresidente.

Desde su extradición de los Estados Unidos, Ricardo Martinelli se enfrenta a la justicia panameña por la presunta comisión de  los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad,  a los que se suman los delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado por sustracción y malversación y contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, durante su mandato (2009-2014).

El Juez de garantías negó las 6 mociones de nulidad presentadas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, no obstante, admitió la apelación que anunció la defensa sobre el recurso de doble juzgamiento.

Dicha apelación será analizada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. El juez declaró un receso hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana. Con esto, estableció como concluida la fase de alegaciones previas de la audiencia intermedia en el proceso que se le sigue al exmandatario.

 

Adelita Coriat

Alianza opositora pone en jaque al Ejecutivo

La alianza legislativa entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) dio su fruto y arrebató al ala oficialista el control del Órgano Legislativo en el último año de mandato del presidente Juan Carlos Varela.

‘ESTOY SEGURO DE QUE PUDIÉRAMOS LLEGAR A ENTENDIMIENTOS SOBRE TEMAS NACIONALES DE GRAN INTERÉS, SIEMPRE QUE CESE EL ACOSO CONTRA ÉSTE ÓRGANO DEL ESTADO’,

PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ

DIPUTADO PRD

Con una amplia mayoría de 50 votos a favor, la diputada Yanibel Ábrego (CD) fue reelecta como presidenta de la Asamblea Nacional, mientras que con número igual resultaron electos los diputados Leandro Ávila y Carlos Motta, ambos del PRD, como primer y segundo vicepresidente, respectivamente. Así, se instaló en la mañana de ayer, la junta directiva del quinto periodo anual de sesiones ordinarias del Órgano Legislativo.

Para presidir la Asamblea, el oficialista Partido Panameñista postuló al diputado aliado Juan Carlos Arango, del Partido Popular, pero solo consiguió los 17 votos de los panameñistas.

Al momento de postular a integrantes del partido gobernante para el cargo de vicepresidentes, el panameñismo no presentó a nadie.

Los acercamientos iniciados hace un mes de parte del partido gobernante con el resto de las bancadas para lograr la mayoría fueron infructuosos.

El dominio de la oposición en éste órgano resulta crucial en un año preelectoral que se conjuga con varias tareas trascendentales que dependen de la Asamblea: aprobación de una dispensa de $300 millones que solicitará el Órgano Ejecutivo para balancear los gastos del gobierno; la aprobación de la designación del Ejecutivo de dos candidatos al cargo de la máxima magistratura de la Corte Suprema de Justicia que ya en el pasado le ha costado al gobierno un rechazo que concluyó con la crisis del enfrentamiento institucional.

Además, la aprobación —respondiendo a un llamado del Ejecutivo— de una asamblea constituyente en el siguiente periodo gubernamental; el nombramiento de un magistrado del Tribunal de Cuentas; la designación de al menos dos directivos del Canal de Panamá; el acogimiento de una ley que penalice la evasión fiscal, como requisito de las instituciones financieras internacionales para desvincular a Panamá de las listas negras que califican al país como un paraíso fiscal.

Topos son puntos álgidos que permitirían a la alianza sacar adelante varios proyectos sin la venia del oficialismo, aunque se trate de promesas de campaña angulares del presidente Juan Carlos Varela.

REFORMAS

Pedro Miguel González (PRD), encargado de sustentar la postulación de la diputada Ábrego a la Presidencia, adelantó que la ‘holgada’ mayoría parlamentaria le permitiría a la oposición aprobar un conjunto de reformas constitucionales antes de que el Ejecutivo concrete la introducción de una quinta papeleta, en las próximas elecciones generales de mayo de 2019.

La idea causó el rechazo del diputado panameñista José Luis Varela, quien sucedió en la palabra a González. Sin querer pronunciar el nombre de su colega perredista, Varela dijo que el cambio a la Carta Magna debe salir del pueblo, y no de una Asamblea cuestionada por el uso de dineros del Estado.

‘Así como en el 2004 reformamos la Constitución en virtud de los enfrentamientos entre la Asamblea y el Ejecutivo, pudiéramos dejarle un legado a las futuras generaciones para que nunca más una Asamblea nombre a recomendados del Ejecutivo, como ocurrió con el actual contralor Federico Humbert, convertido en la punta de lanza para desprestigiar a éste Órgano del Estado para tratar de llegar a una mayoría oficialista. Hoy fracasa el intento del señor Varela’, manifestó González.

Luego añadió que ante la necesidad de reformar la ley del tope fiscal, ‘nosotros tenemos que actuar con gran responsabilidad porque cualquier error que cometamos en el debate de una ley que modifique esta Ley, pudiera representar un castigo para la economía y todos sus actores’.

González justificó el actual acuerdo legislativo rememorando experiencias previas. Se refirió al llamado pacto Meta, cuando durante la administración de Mireya Moscoso, su colectivo hizo un trato con uno de los enemigos más acérrimos, el Partido Popular. Sin ir más lejos, al principio de la actual administración gubernamental, el PRD había demostrado una inclinación por las decisiones del oficialismo que respondían a un ‘acuerdo de gobernabilidad’.

Sin embargo, cuatro años más tarde, el anterior trato parece haber culminado con un ácido reclamo: ‘Que no se utilice el poder público del Ejecutivo con ofrecimientos a los diputados para garantizar resultados. Que no sean ni los chantajes ni ofrecimientos, los que garanticen el resultado en la Asamblea’, dijo González al finalizar su intervención.

REACCIÓN DE VARELA

‘SERÍA UN ERROR GARRAFAL USAR A LA ASAMBLEA PORQUE LE DEBEN UNA BOMBA AL CONTRALOR Y VAN A PONER A ESTE FUNCIONARIO CONTRA LA PARED POR EL SOLO HECHO DE INVESTIGAR’,

JOSÉ LUIS VARELA

DIPUTADO PANAMEÑISTA

José Luis Varela, presidente del panameñismo, encargado de postular a Arango, puso en la mesa tres puntos principales para lograr un acuerdo con los demás colectivos. El primero consistía en aprobar una dispensa fiscal que permita al gobierno culminar proyectos y que el país pueda seguir su ritmo económico sin estancar la economía. Una segunda condición para lograr la alianza consistía en una agenda que diera lugar a la designación de un fiscal electoral y al menos dos miembros de la directiva del Canal de Panamá.

‘Como tercer punto, buscábamos limar las diferencias que hemos tenido para que las Comisiones pudiesen ser representadas porcentualmente por bancada, pero lastimosamente no se logró por la desconfianza de las partes’, indicó Varela.

Luego Varela se refirió a las amenazas que denuncian sus colegas respecto a la labor del contralor y el uso de partidas. ‘Quieren ganar la Asamblea para afrontar a un contralor que está haciendo su trabajo, y eso es un gran error. Estaríamos cometiendo un error pensando que lo que está haciendo el contralor es para pasar la factura política’, dijo.

El oficialismo teme que exista una agenda oscura que permita a la oposición un juicio contra el presidente de la República o contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía. ‘Sería un error querer controlar la Asamblea para amenazar a un magistrado de la Corte o al presidente de la República.

‘Un ‘grupito’ ya le puso una denuncia al presidente de la República aduciendo que está entorpeciendo la función del Estado’, advirtió Varela.

El triunfo de la oposición no amilanó a los diputados que dicen sentirse amenazados por las acciones que puedan surgir en su contra a raíz de las investigaciones que realiza la Contraloría por el uso de la partida 080. El contralor Federico Humbert, quien no asistió al acto de ayer, ya efectuó la primera denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra el diputado Aris de Icaza (CD), por presuntas irregularidades en el manejo del fondo de su partida.

La alianza entre ambos partidos permitirá dominar las comisiones de Presupuesto y de Credenciales, esta última sumamente filosa, tomando en cuenta que en otro estrado, en el Órgano Judicial, se sigue un proceso por supuestas escuchas telefónicas ilegales al expresidente Ricardo Martinelli, líder fundador de CD, quien se encuentra privado de libertad en el centro penitenciario El Renacer.

Designación de magistrados será consensuada con mayoría

LOS NÚMEROS

Votación del inicio del quinto periodo de sesiones ordinarias

YANIBEL ÁBREGO

Fue reelecta presidenta de la Asamblea Nacional con 50 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones

LEANDRO ÁVILA

Fue electo como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con 50 votos a favor, 17 abstenciones y uno en contra

CARLOS MOTTA

Electo como segundo vicepresidente de la Asamblea, con 51 votos a favor, 16 abstenciones y uno en contra.

El presidente Juan Carlos Varela, a su salida de la Asamblea Nacional, indicó que ‘muy pronto’ dará a conocer los nombres de los dos reemplazos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que debieron ocupar el cargo en enero pasado. ‘Es importante consensuar con la mayoría legislativa la designación de los dos magistrados de la Corte’, dijo Varela. El mandatario confirmó que los candidatos provendrán de la lista de veinte que sugirió el Pacto de Estado Por la Justicia, después de haber realizado una serie de extensas entrevistas a los aspirantes.

En enero pasado, se venció el periodo de los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía (éste último, juez de garantías en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas escuchas telefónicas ilegales).

La pelea entre el Legislativo y el Ejecutivo tuvo su origen en el rechazo de dos candidatas que envió el presidente, pero que el pleno Legislativo rechazó en febrero pasado.

Ahora, el nombramiento de ambos debe meditarlo con lupa. Primero, porque a juicio de la diputada Ana Matilde Gómez, sería arriesgado relevar a Mejía cuando se realizan las audiencias intermedias en el proceso del exmandatario Martinelli. Un acto que podría interpretarse como una intervención política en un proceso judicial.

Recientemente, se publicó una nota con una conversación escrita entre el diputado Miguel Fanovich (CD) y el expresidente Ricardo Martinelli, en la que el último le solicitaba al diputado ‘juzgar a Mejía y tomarse la Asamblea’. Días después de que los abogados de Martinelli negaran la veracidad del escrito, el diputado Fanovich dijo ayer a La Estrella de Panamá que prefiere no hablar de ese papel, aunque admitió que hubo un intercambio escrito entre ambos dirigentes políticos.

‘Ese papel que se me entregó, lo que decía era que no se le estaba dando la comida (a Martinelli). Yo conversé directamente con él, ya yo he dicho que no voy a hablar del tema. Lo importante es que se haga una justicia independiente’, dijo el diputado.

 

Adelita Coriat

Zamorano evalúa recusación contra magistrado Mejía

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita una solicitud de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli contra Jerónimo Mejía, juez de garantías en el proceso por las intercepciones telefónicas entre 2009 y 2014.

Se trata de una recusación contra el magistrado que será conocida por Abel Zamorano, señaló el Órgano Judicial, a través de su cuenta de Twitter. Zamorano debe determinar si existen o no méritos para que se separe al juez del proceso.

El documento fue presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho hijo. La defensa pide que el magistrado se abstenga de actuar en la fase intermedia del proceso como juez de garantías argumentando que ya Mejía ‘prejuzgó’ en otros casos y actuó como juez durante la fase de investigación .

Según Juan Carlos Araúz, abogado especialista en derecho penal, en esta fase del proceso la defensa tiene la oportunidad para presentar su inconformidad y recibir una respuesta de la Corte.

La solicitud de la defensa del exmandatario no paraliza la audiencia programada para este lunes, explicó el abogado Rosendo Rivera.

De acuerdo con el magistrado juez de garantías, en la audiencia del lunes debe intervenir el fiscal de la causa, Harry Díaz, y los querellantes para responder a una serie de incidentes de nulidad que presentaron los abogados del expresidente.

En caso de que se considere que existe una causa que impide que el magistrado de garantías continúe con el proceso, otro magistrado debe asumir ese puesto.

Sin embargo, a los otros ocho magistrados también podría aplicárseles el mismo principio que a Mejía, considerando que han sido parte de decisiones como la imposición de medida cautelar en el proceso del expresidente, explicó Rivera.

La defensa de Martinelli también presentó un amparo de garantías contra una resolución de Mejía de negar la declinación de competencia en este caso. Este recurso será conocido por el magistrado Oydén Ortega, informó el Órgano Judicial.

El pasado lunes, Mejía sustentó que, independientemente de que Martinelli haya renunciado o no al Parlacen, el pleno de la Corte Suprema de Justicia mantiene la competencia para continuar con su juzgamiento por supuestas escuchas telefónicas.

No obstante, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, con fecha del 2 de febrero de 2012, señala que ‘la jurisprudencia internacional vertida por los Tribunales Internacionales, tanto jurisdiccionales como arbitrales, ha recogido el principio de la superioridad de los tratados sobre el derecho interno’.

De acuerdo con el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, los diputados ante el Parlamento Centroamericano se acogen a ‘las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales’. ‘En los demás países centroamericanos, de las inmunidades y privilegios que para los Agentes Diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Redacción La Estrella de Panamá

Defensa sufre nuevo revés, juez rechaza objeción

El juez de garantías Jerónimo Mejía, durante la audiencia de acusación en contra del expresidente Ricardo Martinelli, celebrada ayer en el Órgano Judicial, rechazó el incidente de objeción presentado por la defensa del exgobernante el 19 de octubre de 2015. En dicho recurso, los abogados pretendían que se declare nula la acusación efectuada por el fiscal Harry Díaz, arguyendo que su cliente no había sido imputado y que el fiscal se había saltado un paso vital en el proceso que garantizaba el debido proceso en el caso.

Como si se tratara de una cátedra de derecho, el juez de garantías, después de haber escuchado los planteamientos de los querellantes y de los apoderados de Martinelli, sustentó con detalle el criterio que lo llevó a tomar dicha decisión.

ÁLVAREZ SE RETIRA DEL CASO ‘PINCHAZOS’

El abogado Ángel Álvarez, representante de cinco víctimas, abandonó el recinto cuando el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, respondía a la defensa de Ricardo Martinelli la objeción a la acusación efectuada por el fiscal Harry Díaz.

El juez le dijo de frente al abogado que si se quería interrogar a testigos y aportar pruebas, tenía que constituirse en querellante.

Álvarez no se sumó a la querella del fiscal ni tampoco se convirtió en querellante autónomo, pero representaba a la diputada Zulay Rodríguez y a su esposo, Álvaro Testa; al exdiputado Yassir Purcait; al abogado Miguel Antonio Bernal y a la dirigente magisterial Yadira Pino, como víctimas de los pinchazos telefónicos.

El jurista había planteado más temprano su criterio. Uno similar al de la defensa del expresidente, que consistía en que había que imputar a Ricardo Martinelli antes de acusarlo.

No es la primera vez que Álvarez esgrime su posición. Desde el inicio del caso manifestó su desacuerdo con la posición de la fiscalía, por eso no se adhirió.

Álvarez sostuvo durante la audiencia que no cabía la nulidad planteada por la defensa de Martinelli. ‘No comparto la opinión de que debamos omitir la imputación. Este no es un proceso especial, el Código Procesal Penal habla de los procedimientos especiales, que son donde se juzga a diputados y presidentes. Este precedente, de la no imputación, abrigaría la posibilidad de que el día de mañana cualquier magistrado sea sacado de su cargo con una imputación’, indicó.

‘Sé que el fiscal cree que soy su enemigo —dijo Álvarez— pero no lo soy’, remató.

Antes de escuchar la decisión del juez, Álvarez insistió a la prensa en que se debía fijar un plazo para completar cualquier evidencia de los querellantes y defensores, y después retornar a la audiencia de acusación.

Alegaba que el día de mañana, cuando cambiase la composición de la Corte Suprema de Justicia, el caso podría ser revisado y caer en anulación por la omisión de los pasos en el proceso.

A muchos querellantes les causó suspicacia la posición de Álvarez, ya que su postura beneficiaba a la defensa del expresidente. Incluso lo llegaron a etiquetar como ‘el caballo de Troya’ de la defensa.

Yassir Purcait, una de las víctimas que se hacía representar por Álvarez, le quitó el poder y dijo sentirse decepcionado de su actuación.

La decisión de Mejía descartó así uno de los argumentos principales de los abogados del exmandatario, que incluso había sido empleado como una herramienta por la defensa en la Corte del Distrito Sur de la Florida para evitar la extradición de su cliente a Panamá.

En la audiencia celebrada ayer, Sidney Sittón expuso que la defensa no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa a falta de una imputación contra su cliente. Comparó el caso de su cliente con el juicio de Nüremberg de 1945, en el cual se le dio derecho a que contaran con una imputación, a los nazis capturados por delitos de lesa humanidad y crímenes atroces.

En el referido caso de Nüremberg, no existían precedentes similares en toda la historia del enjuiciamiento universal, el juicio sentó jurisprudencia y los sindicados fueron condenados.

La respuesta que dictó el juez de garantías a Sitton fue contundente. Inició por decir que la objeción de la defensa debía efectuarse en la fase de alegaciones previas de la audiencia, y no diez días después de que el fiscal presentara el escrito de acusación, como lo hizo la defensa. ‘El incumplimiento de alguno de estos procesos trae consecuencias jurídicas’, manifestó Mejía.

Después hizo una vasta comparación entre un proceso ordinario y el de un diputado, la condición que adquirió el exgobernante en el Parlamento Centroamericano y que mantenía cuando se inició el proceso.

En el caso de los procesos contra diputados —precisó el juez después de haber explicado la forma en que se realiza una imputación en casos ordinarios—, la imputación ocurre cuando el fiscal estima que existen suficientes elementos que vinculan al diputado al delito. Es decir, cuando existe una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización.

La única manera de saber eso es si alguien ha realizado una investigación previa. ‘Al diputado lo imputa el querellante, no tiene que ser en una audiencia de imputación. ¿Dónde está escrito que no puede hacerse de otra forma?’, preguntó el juez a los presentes en el salón del Segundo Tribunal de Justicia del Órgano Judicial, donde se realizó la diligencia.

Mientras Mejía esgrimía su posición, Martinelli hacía algunas anotaciones en una libreta, una costumbre que ha adoptado en casi todas las audiencias.

Así continuó el juez su planteamiento y añadió que la imputación también es sinónimo del conocimiento de los elementos que se puedan atribuir en contra de una persona, y que los abogados del expresidente tuvieron pleno acceso a la carpetilla donde se acumulaban las pruebas y debieron haberle informado. ‘No me pueden decir que Ricardo Martinelli no sabía lo que estaba pasando porque los abogados estarían en problemas serios de ética’, enfatizó el juez.

Mejía especificó que en la misma audiencia de acusación es posible efectuar la imputación, ésta última ocurre cuando se acredita el hecho punible.

Al finalizar la audiencia, La Estrella de Panamá conversó con Sittón sobre la decisión del juez. ‘Cuando escucho al magistrado Mejía decir esto, me parece que estoy en Universal Studios viendo al payaso ‘Krusty’ (de la serie de los Simpson), ahí es donde me sentí cuando escuché esa explicación’.

CONTINÚA FASE DE ALEGACIONES PREVIAS

En el día de hoy continúa la fase de alegaciones previas de la audiencia de acusación.

Podrían presentarse, por parte de la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli, nuevos impedimentos, recusaciones o nulidades.

También tocará el turno a los querellantes y a la fiscalía responder a los mismos o presentar los propios.

Una vez superada esta etapa, se leerá la acusación al exmandatario. Enseguida se realizará una valoración de la misma. Los defensores podrán valorar si no está bien formulada y, en todo caso, solicitar al magistrado que corrija o aclare el tema en cuestión.

Después se analizarán las pruebas de cada parte. Por parte de la Fiscalía y del querellante autónomo Rosendo Rivera, se tiene contemplado someter 75 testimonios, más de una veintena de documentos complementarios, que deberán probar la vinculación del exmandatario a las escuchas telefónicas, interceptación de correos electrónicos y seguimientos. El fiscal también tendrá la tarea de probar el fraude y la malversación de fondos que se le endilgan al acusado.

El sistema empleado para las escuchas tuvo un costo de $13.4 millones y se adquirió de la empresa M.L.M. bajo el contrato ‘equipo, instalación, entrenamiento y mantenimiento del equipo tecnológico y de seguridad’, que fue justificado como una compra para ‘necesidades de interés social y mejorar la calidad de vida de personas necesitadas’.

El abogado exclamó que no se puede tratar de vender la idea de omitir un paso tan importante para la defensa, como es la imputación, y que le conculque el derecho que le asiste desde ese momento para ejercer su defensa y recabar los elementos de convicción.

EL LIBRO DE MARTINELLI

La audiencia de acusación se inició a las 9:45 de la mañana de ayer. El exmandatario fue trasladado a tiempo a las instalaciones del Órgano Judicial. Por el pasillo hacia el salón, custodiado por tres guardias, vociferaba, como lo ha hecho en ocasiones anteriores frente a la prensa, que se le están violando sus derechos.

En sus manos cargaba el libro La Primera Guerra Mundial contada para escépticos , de Juan Eslava Galán. La obra hace referencia a la guerra que se peleaba desde las trincheras. Tal vez, como se visualiza a sí mismo, en su propia batalla, desde El Renacer.

En la obra, el novelista hace eco de las operaciones militares, la crudeza de la guerra y de los errores de unos generales que no parecían entender que no se podían usar estrategias antiguas con armas modernas.

A Martinelli se le veía el rostro mucho más tranquilo que el lunes en la tarde, cuando constantemente se agarraba con las palmas la frente y la cabeza mostrando su malestar. Ese día, cuando se le permitió hacer uso de la palabra, dijo sentirse muy mal, con muchos dolores.

Ayer, Martinelli se refugiaba en sus anotaciones. De vez en cuando escuchaba la voz de la abogada sentada a su derecha, que le hablaba al oído. Acudió vestido con un saco azul, jeans y una camisa polo. Su rostro se nota más delgado en comparación a los años en que gobernó el país (2009-2014). Ayer el juez no le dio la palabra, como lo hizo en las audiencias anteriores en las que ha esbozado que todo se trata de una persecución política.

Su esposa Marta, su hija, sus hermanas, y demás familiares, lo acompañaron durante toda la audiencia. También lo hicieron prominentes figuras de su partido, los diputados Miguel Fanovich y Carlos ‘Tito’ Afú, entre otros.

FISCAL Y QUERELLANTES

Después de que la defensa solicitó la nulidad de la acusación, el fiscal tomó la palabra y miró a la defensa. Les dijo a los abogados que tienen reticencia a acatar los fallos de la Corte. Explicó que una acusación conlleva más garantías para el procesado que una imputación. Recordó a los defensores del procesado que anteriormente ellos han recurrido a normas que avalan la acusación.

Artículos que tratan sobre el tiempo de investigación con que cuenta el fiscal para recabar las pruebas y la sumatoria de elementos recolectados para hacer una acusación. Además, recordó que este ha sido un tema superado, ya que cuando se presenta una querella, se da por admitida una imputación en casos especiales, como el que se atiende en contra del acusado por supuestos pinchazos telefónicos y dos delitos de fraude.

‘CUANDO ESCUCHO AL MAGISTRADO JERÓNIMO MEJÍA ME PARECE QUE ESTOY EN UNIVERSAL STUDIOS VIENDO AL PAYASO ‘KRUSTY’ (DE LA SERIE DE LOS SIMPSON), AHÍ ES DONDE ME SENTÍ CUANDO ESCUCHÉ ESA EXPLICACIÓN’.

SIDNEY SITTÓN

ABOGADO RICARDO MARTINELLI

Enseguida el juez otorgó la palabra a los abogados de los querellantes. La mayoría coincidió en que lo presentado por los abogados de la defensa de Martinelli consistía en dilatar el proceso. Incluso solicitaron al juez que llame al orden a los abogados de la defensa para poder avanzar en el proceso que ha estado estancado en la salud del exmandatario, cuando debiera discutirse la evaluación de pruebas.

Rodolfo Pinzón, abogado de Balbina Herrera; Nicomedes Castillo, defensor de Juan Carlos Navarro; Carlos Herrera, abogado de Mauro Zúñiga; David Cuevas, en representación de Rosendo Rivera; Michell Doens en representación propia; y Johann Jaramillo, abogado de Rubén Polanco, solicitaron que se rechace el incidente presentado por Sitton.

 

Adelita Coriat

Defensa de Martinelli optimista de que probará inocencia en caso de escuchas

La defensa de Ricardo Martinelli se mostró hoy optimista de que probará la inocencia del expresidente panameño en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014), que este miércoles continúa en la fase intermedia o audiencia de acusación.

“Vamos a defender a Ricardo Martinelli en derecho y nosotros estamos muy optimistas en este sentido, con todas las circunstancias que ustedes conocen” de supuestas violaciones al debido proceso, “va a quedar muy en claro que las acusaciones que se le han hecho son sin fundamento”, dijo el abogado Carlos Carrillo a los periodistas a su llegada a la sede de la Corte Suprema.

El equipo de defensa seguirá presentado recursos contra la decisión del martes del juez de Garantías, Jerónimo Mejía, de que el caso sigue siendo competencia del máximo tribunal del país pese a la renuncia de Martinelli a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Martinelli presentó su renuncia al Parlacen para evadir al Supremo como juez natural de la causa debido a su cargo de diputado, y trasladarla a los tribunales ordinarios, una consecuencia que está amparada en “innumerable jurisprudencia tanto del sistema viejo (el inquisitivo) como en el Sistema Penal Acusatorio” vigente ahora en Panamá, dijo Carrillo.

Mejía explicó la madrugada del martes al término de la primera parte de la audiencia intermedia, que en el marco del nuevo sistema penal acusatorio la presentación del escrito de acusación el 9 de octubre de 2015, cuando Martinelli era indudablemente diputado, radicó la “competencia” de forma “definitiva” en el Supremo.

Con la presentación de ese escrito de acusación por parte del magistrado fiscal, Harry Díaz, en el que pidió hasta 21 años de cárcel para Martinelli, “se determina definitivamente el tribunal ante el cual debe llevarse adelante la fase intermedia”, que arrancó la audiencia el lunes, “y en su caso, el juicio”, dijo Mejía.

Frente a esa decisión de Mejía, que Carrillo tildó de preocupante, la defensa seguirá agotando todos los recursos, lo que “va a dar la posibilidad de que la Corte enderece”, pues se trata de “una opinión del magistrado y eso admite recurso”.

“Quizás si la Corte acepta alguno de los recursos esto va a quedar sin efecto (lo actuado por la Corte) y sin sentido, y nos preocupa porque es gastar esfuerzo en una situación de inestabilidad”, añadió.

Carrillo criticó además la “interpretación muy especial de la Corte al permitir las grabaciones y más” de las audiencias del caso, y dijo que con ello “estamos al borde” del “principio de reserva que aplica en el sistema penal acusatorio”.

Martinelli llegó este miércoles alrededor de las 8.00 hora local (13.00 GMT) a la sede de la Corte para asistir a la continuación de audiencia intermedia o de acusación, cuyo inicio estaba programado para las 9.00 hora local (14.00 GMT) aunque media hora después aún no había comenzado.

Eso en contraste con el lunes, cuando la diligencia se retrasó más de nueve horas dada la negativa del expresidente a asistir con el argumento de que había renunciado como diputado del Parlacen y por lo tanto el máximo tribunal ya no era competente en su caso.

En este acto judicial se enumerarán y valorarán toda la gama de pruebas periciales, documentales y basadas en testimonios que deben ser presentadas en el juicio oral, al que se debe llamar al concluir la audiencia de acusación.

El magistrado fiscal Díaz, de acuerdo con su escrito de acusación, ha señalado contar con más de 70 pruebas testimoniales y más de 70 documentales, por lo que expertos consultados por Efe no descartan que esta audiencia se puede extender varios días.

Martinelli está detenido en la cárcel panameña de mínima seguridad El Renacer desde el pasado 11 de junio, cuando llegó extradito de EE.UU., donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.

El ex jefe de Estado se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo, aunque solo podrá ser procesado por las escuchas como establece la extradición, aprobada por EE.UU. bajo la regla de especialidad prevista en un Tratado bilateral de 1905.

 

EFE