Siete de los ocho procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009 – 2014) están supeditados a la decisión del juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de Miami, donde se dirime una fianza de excarcelación mientras se resuelve la solicitud de extradición en su contra, para enfrentar en Panamá una causa por escuchas telefónicas ilegales efectuadas durante su mandato.
Ayer, el juez de garantías, José Ayú Prado, cerró una audiencia de solicitud de imputación de cargos contra el expresidente por 355 indultos otorgados durante su mandato, ‘sin una decisión’.
Ayú Prado consideró la solicitud del fiscal de la causa, Abel Zamorano, de retomar el proceso cuando se resuelva la situación jurídica del expresidente panameño, detenido en Miami el pasado 12 de junio .
El Código Procesal Penal establece que no se puede realizar una imputación de cargos en ausencia de la persona investigada.
El exmagistrado de la CSJ Edgardo Molino Mola explicó que si se decide una extradición, esto podría frenar el resto de los procesos. A Martinelli solo se le puede juzgar por los cargos por los que se ha solicitado en extradición, precisó Molino Mola.
Según el abogado Ernesto Cedeño, la extradición del expresidente es viable de acuerdo a dos normas jurídicas: la Ley 75 de 1904, que aprobó la Convención de Extradición entre Panamá y Estados Unidos, y la Ley 4 de 1938, que aprobó la Convención Multilateral sobre extradición suscrita en Montevideo en 1933.
Cedeño plantea que una de las consecuencias de la extradición es la de no juzgar por causas previas a este proceso. ‘Conforme con las normas legales, ninguna persona entregada podría ser acusada, enjuiciada o castigada, por otro delito cometido antes de su extradición (…), salvo que conviniera voluntariamente en ello’, dice Cedeño, que agrega que si el juez le concede la fianza de excarcelación los procesos quedan detenidos por estar cumpliendo con esa medida judicial en Estados Unidos.
La Ley 4 de 1938, en su artículo 17, establece que concedida la extradición el Estado requirente se obliga a no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición.
A Martinelli solo lo podrían juzgar por otros procesos treintas días después de haber cumplido la pena o haber sido absuelto del caso si se está en Panamá, explicó Molino Mola.
En caso de una extradición, Molino Mola estimó que este proceso puede tardar entre seis y nueve meses. El juez de extradición verifica si se cumplen los requisitos establecidos en las convenciones y si se llenan esas formalidades. ‘Si se cumplen, se concederá la extradición’, añade.
Panamá pidió la extradición de Martinelli el 28 de septiembre de 2016 por el caso de las escuchas ilegales a más de 150 personas, entre ellas opositores, empresarios y periodistas. El fiscal de la causa, Harry Díaz, pidió 21 años de cárcel.
Díaz especificó que pedirá penas de cuatro años por interceptación de llamadas sin orden judicial, cuatro años por seguimiento, vigilancia y persecución, diez años por peculado por sustracción o malversación y otros tres años por un agravante de peculado de uso.
LAS CAUSAS DE MARTINELLI
En la audiencia de ayer, Ayú Prado autorizó que abogados públicos asumieran la defensa del expresidente, dado que Sidney Sitton, su representante en el caso, no se presentó por estar en Miami.
A Martinelli lo representó Roumel Salerno, como abogado principal, y Danilo Montenegro, como sustituto.
Martinelli enfrenta procesos por la compra de comida deshidratada en 2010, por la compra de granos, por el cobro ilegal de comisiones de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., presuntas irregularidades en un préstamo torgado por la Caja de Ahorros para construir el Centro de Convenciones de Amador, por el uso de información privilegiada para manipular las acciones de la minera Petaquilla Gold, por los indultos otorgados en el ocaso de su administración, por extorsión a la empresa italiana Impregilo. Martinelli tiene pendiente de admisión otros dos procesos en la Corte.
‘VARELA SABÍA’
La exprocuradora y actual diputada independiente Ana Matilde Gómez implicó al presidente Juan Carlos Varela en las escuchas ilegales ejecutadas por su antecesor, Ricardo Martinelli, mientras fue su vicepresidente y canciller.
Gómez explicó que, cuando estuvo en el cargo, Varela la llamó para asegurarse de que había recibido una orden de Martinelli para que una funcionaria de la Fiscalía trabajara en la sala donde se realizaban las supuestas escuchas ilegales. ‘Estoy convencida de que el presidente Varela, en ese periodo que él compartió con el señor Martinelli, tenía que saber esa forma (de hacer las cosas)’, afirmó Gómez en el canal local TVN-Noticias .
La diputada dijo que Varela no era el único que tenía conocimiento de estas prácticas ilegales, sino también el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, que entonces desempeñaba el cargo de fiscal de Crimen Organizado.
Gómez, que a su vez fue condenada en agosto de 2010 por haber interceptado las comunicaciones de un fiscal investigado por corrupción, explicó que Martinelli se creyó que la Presidencia era un ‘trono’ y trasladó a la sede presidencial la ‘cultura de mando mafioso’ que usaba en su conglomerado empresarial.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las escuchas ilegales contra periodistas y medios en varios países de la región y calificó la práctica como ‘un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas’.
Según recientes denuncias, el Gobierno de México habría usado un equipo ‘Pegasus’ para perseguir a periodistas y activistas anticorrupción, la misma tecnología que se presume fue adquirida por Martinelli durante su gestión, y por lo que ahora se le procesa.
SISTEMA PENITENCIARIO
¿Qué pasa si lo extraditan?
El Ministerio de Gobierno no ha definido dónde será recluido Ricardo Martinelli si es extraditado.
María Luisa Romero, ministra de Gobierno, explicó que el Sistema Penitenciario hará la evaluación del caso, por ser una persona de alto perfil. ‘En algunos casos hemos pedido apoyo a la Policía Nacional. No sé si sería el caso’, indicó.
En el supuesto de que el expresidente sea extraditado, debe ponerse a orden de la Corte Suprema de Justicia para que sea notificado del proceso. El fiscal de la causa (Harry Díaz) puede pedir una medida cautelar de prisión preventiva considerando que fue declarado en rebeldía, explicó Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Juan Carlos Araúz, del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que Martinelli tendría que comparecer inmediatamente ante un juez de garantías para un control de su detención que sustente la razón de su conducción obligada (que es por la declaratoria de rebeldía). Y explicó que no haberse presentado a la audiencia es importante, pero no decisivo para que se dicte una medida de prisión preventiva contra Martinelli.
‘El magistrado fiscal y los querellantes deben aportar los elementos que sustenten el riesgo de evadir la justicia, obstruir el desarrollo del proceso o influir en las víctimas’, para que se apruebe una medida de prisión provisional, analiza Araúz.
La defensa también tendrá su oportunidad para rebatir los argumentos del fiscal. ‘Es un tema de mecanismos de defensa y sustentación del acto procesal. Todo gira en torno a las peticiones de las partes y cómo son sustentadas. ‘El juez de garantías decide solo’, concluye Araúz.
Armando Medina, director general del Sistema Penitenciario, señala que en caso de que se decrete prisión preventiva, la responsabilidad recaería sobre su departamento.
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EL ASILO QUE SOLICITA UN INVERSOR MILLONARIO
Ricardo Martinelli solicitó asilo político en Estados Unidos el 15 de julio de 2015, y proveyó al Gobierno norteamericano sus huellas digitales y su dirección, los primeros pasos que exige este compromiso. Martinelli alegó ser un perseguido del Gobierno de Juan Carlos Varela. Para probarlo, entregó documentación sobre los casos abiertos en su contra. Sus abogados afirman que el proceso de asilo es una prioridad para su cliente, que lo ata al país y que por ley le impide cruzar la frontera hasta no ser resuelto.
El juez Edwin Torres, encargado de resolver la solicitud de fianza de Martinelli, detenido en Miami por una solicitud de extradición cursada a través de Interpol, cuestionó a Marcos Jiménez, abogado del expresidente, sobre la posibilidad de que la solicitud de asilo tenga el objetivo de evitar ser devuelto a Panamá, a lo que el letrado contestó que no. Martinelli solicitó asilo en el plazo que otorga la ley migratoria, un año a partir de haber pisado suelo estadounidense. El exmandatario aterrizó en su avión privado en Miami, Florida, a principios de 2015.
Además de largo, el proceso para lograr un asilo afirmativo en suelo estadounidense es uno de los más solicitados por los ciudadanos de nacionalidad venezolana que han emigrado por la crisis de su país. Esto ha congestionado el trabajo del departamento de migración, entidad que recibe las peticiones, al punto que puede tomar de tres a cuatro años.
En el trámite de asilo político, que debe ser solicitado ante la autoridad por un bufete de abogados u otras organizaciones sin fines de lucro, intervienen dos instancias, una administrativa que se centra en el departamento de migración, y otra judicial, que involucra la participación de un juez, quien finalmente otorga el asilo al solicitante. Un tema a considerar en este caso es que Martinelli cuenta con pasaporte italiano, ya que podrían preguntarse por qué no se refugia en Italia, si cuenta con ciudadanía de ese país.
Mientras se concreta el proceso, el departamento de migración puede otorgar un permiso de trabajo temporal al interesado. El portal de internet de migración‘uscis.gov’ explica los siete pasos que debe seguir el solicitante.
Los representantes de Martinelli que abogan por una fianza de excarcelación presentan su solicitud de asilo como una de las consideraciones para presentar su caso bajo ‘circunstancias especiales’. También señalan que su cliente cuenta con propiedades en Estados Unidos que demuestran su arraigo, aunque, como apuntó la Fiscalía en la última audiencia sobre su petición de fianza, están a nombre de terceros o de sociedades anónimas.
Martinelli fue arrestado en Coral Gables (6919 Sunrise Terrace), una propiedad a nombre de la empresa Watervista Properties LLC, sociedad anónima registrada el 4 de mayo de 2016 y sobre la que aparece una transacción de compra en julio de 2016. A su vez, Watervista Properties fue registrada por JLG Corporate Services, y el representante legal de ambas empresas es el abogado que las creó, Jorge Gurian, quien no quiso emitir comentarios a La Estrella de Panamá para explicar por qué Martinelli fue arrestado en una casa de su aparente propiedad, cuya última valoración pública, en 2017, fue de $6,477,175. Al expresidente se le conoce también un departamento, ubicado en el número 2015 de Brickle Av. En el edificio Atlantis. Martinelli cumple ya once días detenido en el Centro de Detención Federal, ubicado en el centro de Miami, un edificio gris de quince pisos en el que se alojan más de 1,500 internos, procesados por delitos como narcotráfico, fraude, asuntos migratorios, y otras violaciones a la ley federal.
Marlene Testa
