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querella en contra de funcionarios de la Cancillería y el embajador de Panamá en Washington, Emanuel González Revilla, por usurpación de funciones públicas, tras haber incorporado en forma extemporánea un documento al expediente con fines de extradición del exmandatario que reposa en Estados Unidos.

La defensa se refiere a la declaración jurada de Ismael Pittí, un exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional que involucró directamente a Martinelli como el ordenante de los pinchazos y a quien se le remitían los informes de todas las interceptaciones telefónicas.

‘PREOCUPA QUE LAS PRETENSIONES LLEVEN AL GOBIERNO A MENTIR ANTE LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES’,

ALMA CORTÉS

EQUIPO LEGAL DE RICARDO MARTINELLI

‘Las autoridades panameñas introdujeron dentro de la solicitud de extradición pruebas ilícitas. De igual forma, se desarrollarán las acciones penales contra los altos funcionarios diplomáticos que son partícipes y ejecutores de esta actitud’, indicó Alma Cortés, quien forma parte del equipo de abogados.

Es preocupante, añadió Cortés, ‘que las pretensiones de un gobierno lo lleven a mentir a las autoridades estadounidenses’.

Cortés dijo que ha tenido acceso al expediente que reposa en Estados Unidos, en el que un alto funcionario certifica que la declaración de Pittí (que hoy publica este diario en el ‘Tema del Día’), no constaba en el expediente de pruebas. El documento lo obtuvo la defensa por medio de una representante del Departamento de Estado, de nombre Susan Vendal, quien juró haber recibido la documentación e hizo una presentación al fiscal estadounidense de la causa y juró que los documentos cumplían con la formalidad del caso.

Los abogados no quisieron entrar en detalles sobre las próximas acciones que interpondrán en Estados Unidos después de que el juez Edwin Torres negara la fianza al exmandatario y le concediera un trámite expedito para su extradición a Panamá.

Carlos Carrillo reiteró algunos puntos ya mencionados anteriormente por la defensa. Habló de la orden de detención girada contra Martinelli y agregó que se produjo por desacato al no haberse presentado a una audiencia. ‘Se maneja erróneamente que la orden de detención ha sido por un delito. Eso es falso. La única autoridad competente para ordenar la detención de Martinelli es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en Panamá, y ésta lo declaró en rebeldía’, apuntó Carrillo.

Dicho esto, ‘también ha quedado claro que las únicas funciones de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores eran las de servir de conducto de comunicación entre las autoridades judiciales de Panamá y Estados Unidos. El día 24 de enero fue recibido ante las autoridades norteamericanas un documento suscrito por la embajada de Panamá en Estados Unidos que no es parte del expediente’, dijo Carrillo.

Según la defensa de Martinelli, se notificó a las autoridades de Estados Unidos de que la sede diplomática panameña en Estados Unidos violó y usurpó funciones públicas.

Ante esta situación, la defensa comunicó a la canciller Isabel De Saint Malo la grave situación con el personal a su cargo que usurpó las funciones y solicitó, previa investigación, se anule el documento y se certifique que no fue remitido por autoridad competente.

Paralelamente, solicitaron que se comunicara al Departamento de Estado estadounidense que la declaración jurada de Ismael Pittí fuera anulada y subsanada la omisión.

‘Queremos aclarar que en el expediente se ha confundido, que si bien existen investigaciones en contra de Martinelli, no hay orden de detención alguna’, manifestó el equipo de abogados.

Martinelli ha sido sometido a dos procesos, en el caso del magistrado fiscal Harry Díaz y del juez de garantías Jerónimo Mejía, a quienes se está solicitando una acusación directa omitiéndose la imputación. Para la defensa, esto implica que el cliente no está acusado formalmente. Un tema recurrente de los abogados que reclaman la imputación y se quejan de que en el pedido de extradición nunca se señaló una imputación.

‘Querellaremos al embajador de Panamá en Washington por abuso de autoridad y usurpación de funciones violándose el proceso de extradición con la finalidad de obtenerlo por encima de lo que señalan los convenios internacionales de extradición’, señalaron los juristas en la conferencia de prensa.

Los abogados, no obstante, advirtieron que no descartan entre las alternativas que se detuviera al señor Martinelli y luego de haber presentado varios recursos en Estados Unidos, le fuera negada la solicitud de fianza.

Adelita Coriat

El juez Edwin Torres, del Distrito Sur de la Florida, fijó la audiencia de extradición del expresidente Ricardo Martinelli para el 25 de julio próximo.

Con esto, Torres negó a la defensa del exmandatario una fianza de excarcelación (que intentó por distintas formas) mientras transcurría el proceso. Ahora deberá esperar al menos veinte días más en prisión hasta la primera de varias audiencias que formarán el proceso para traer a Panamá a Ricardo Martinelli, requerido por cuatro delitos, entre ellos el de inviolabilidad de las conversaciones privadas.

ARGUMENTO DEL JUEZ

La audiencia de extradición será el 25 de julio próximo

El juez considera que el caso de Martinelli no califica como ‘especial’, por lo que no concedió fianza.

El fallo emitido en la tarde de ayer por el juez Torres, representa un duro golpe para el equipo de abogados del expresidente, conformado por al menos seis panameños y dos estadounidenses, que apenas el jueves intentaban conseguir la fianza para su cliente alegando ‘falsas declaraciones’ en la petición de extradición.

La decisión del juez no es apelable, puesto que en el proceso de extradición no cabe una fianza. El propio juez señala que no se trata de un asunto penal, sino administrativo.

Como una deferencia hacia Martinelli, tal como lo había dicho en la audiencia del 20 de junio, hará una extradición expedita.

En el fallo de 49 páginas, Torres explica que este caso de extradición solicitado por el Gobierno panameño y aprobado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se fundamenta en las acusaciones que efectuó la Corte Suprema de Justicia de Panamá con respecto a las violaciones efectuadas por Martinelli mientras gobernaba el país.

Martinelli, un hombre rico con intereses comerciales en muchos países, dejó Panamá y viajó a Estados Unidos, donde en 2015 solicitó un asilo que aún está pendiente de resolver.

Mientras se resuelve la aplicación, continúa el fallo, el Departamento de Estado y la oficina del Fiscal en Miami, solicitaron la detención y extradición a Panamá de Martinelli basándose en varios tratados bilaterales.

Contrario a lo que algunos desearían que se modernicen los tratados por la vía del Congreso, la ley que rige los procesos de extradición se mantiene firme y atada a sus raíces con los mismos principios en el siglo XXI.

Desafortunadamente para el presidente Martinelli, estos principios están muy bien enraizados en el sentido de que una fianza en un caso de extradición se otorga únicamente en casos con circunstancias especiales o cuando la justicia es absolutamente perentoria.

En este sentido, la Corte ha revisado toda la literatura para determinar si existe algún caso raro en el que se haya otorgado fianza bajo estos principios.

NO ES CASO ‘ESPECIAL’

Según los alegatos que ha efectuado la defensa para lograr la fianza, no es posible otorgarla. El juez concluye que ante la necesidad de implementar el tratado de extradición binacional y preservar el rol de la correcta administración de justicia, que se mantenga detenido hasta que el proceso de extradición se complete.

Parafraseando un fallo emitido hace casi 50 años en un caso similar, decía que no existe suma de dinero que pueda reparar el daño que pueda causar a Estados Unidos la violación de una fianza y la imposibilidad de entregar a la persona requerida. La obligación de Estados Unidos con Panamá sobre el tratado de extradición es de suma importancia.

Con esto, el juez parece responder al jugoso paquete de fianza que ofreció el expresidente ($7 millones respaldados con bienes, pago a los guardias jubilados que lo cuidarían, control de sus medios de transporte, permanecer en casa con un brazalete electrónico), antes de que se celebrara la audiencia del 20 de junio que buscaba convencer al juez de la fianza solicitada.

Torres expone a Martinelli las alternativas por las que puede optar. Explica en el fallo que el expresidente Martinelli es, por supuesto, libre de renunciar al proceso de extradición y volver a Panamá lo antes posible para solicitar en su país la fianza. O también, explica, puede optar por recurrir a todo el proceso de extradición al que tiene derecho bajo el sistema norteamericano para evitar ser extraditado.

Como deferencia a Martinelli, la Corte ha preparado un proceso expedito de extradición bajo la ley internacional aprobada por el Departamento de Estado para extraditar a las personas requeridas por gobiernos extranjeros. ‘Nuestra ley presume que la Corte debe dar al defendido una custodia hasta que dicha entrega se concrete. Así lo intenta hacer esta Corte’, se lee.

El juez añade que la fecha de audiencia puede ser modificada si las partes se ponen de acuerdo; de no hacerlo, la fecha sería el 25 de julio.

REACCIÓN DE MARTINELLI

En un breve comunicado, el expresidente reaccionó a la decisión del juez Torres: ‘La decisión de no acoger la solicitud de fianza y de avanzar en el proceso político solicitado por Panamá, no disminuye mi confianza en el Estado de derecho que caracteriza la democracia de Estados Unidos. Con el fin de lograr revertir los efectos jurídicos de ambas decisiones, a través de mis abogados tanto en Panamá como en Estados Unidos, haré uso de todos los recursos a mi alcance, en todas las instancias’, se lee.

Adelita Coriat

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli hizo un intento más ante el juez Edwin Torres del Distrito Sur de la Florida para que se le otorgue una fianza a su cliente.

Martinelli ha pasado 25 días en una diminuta celda de la cárcel federal de Miami, lejos del usual lujoso estilo de vida que mantenía antes de ser detenido en su residencia de cinco recámaras en Sunrise Terrace.

‘EN SU DECLARACIÓN JURADA, DÍAZ DIJO QUE EL EQUIPO SE COMPRÓ CON DINEROS DEL ESTADO Y QUE LUEGO DESAPARECIÓ. ESTA ASEVERACIÓN ES FALSA’,

DEFENSA DE MARTINELLI

Esta vez, los abogados no ofrecen un jugoso y millonario paquete de fianza, sino que pretenden que el caso se califique como uno de ‘circunstancias especiales’ para poder lograr una fianza mientras su cliente espera la extradición.

En un documento presentado ayer ante la Corte, ‘Memorandum para declarar el caso como circunstancias especiales y la excarcelación con fianza’, Marcos Jiménez, representante de Martinelli en Estados Unidos, enumera una serie de factores por los que el caso puede calificarse de esta forma.

La estrategia, que viene desde la audiencia celebrada el 20 de junio, es simple: la defensa busca que el caso sea afianzable para que su cliente pase en casa el proceso.

Sucede que en los casos de extradición la fianza no aplica, más bien es a discrecionalidad del juez, pero solo cuando se trata de casos con ‘circunstancias especiales’ el juez puede decidir en qué condiciones otorgarla.

En resumen, la defensa de Martinelli insiste en que la petición de extradición ‘contiene falsas aseveraciones que se originaron en las acusaciones del fiscal Harry Díaz’. Por lo anterior, la defensa considera que una fianza es apropiada para que el expresidente pueda prepararse de la mejor forma para la ‘larga batalla que le espera contra la extradición’.

ARGUMENTOS

La defensa desestimó la declaración jurada del fiscal Díaz.

Alega que el fiscal malinterpretó el caso al confundir la casa proveedora del equipo que se utilizó para las escuchas telefónicas. También resalta que la auditoría de la Contraloría efectuada por la compra del equipo, no menciona a la empresa que realmente vendió el aparato para interceptar teléfonos con el sistema Pegasus, NSO Group Technologies Ltd., sino otra empresa que suministró un equipo para infiltrar computadoras, MLM Protection Ltd.

La defensa efectuó un relato cronológico de las compras que hizo el gobierno de Martinelli sobre los equipos de vigilancia, y reiteró que el último que se adquirió, el de NSO Group, capaz de escuchar conversaciones telefónicas de las víctimas, no se adquirió con fondos del Estado, sino que se pagó a través de la empresa Caribbean Holdings.

EL ‘AFFIDAVIT’ DE DÍAZ

La defensa explica que en septiembre de 2016, bajo juramento, Díaz envió un affidavit para robustecer la petición de extradición de Panamá. En el documento, Díaz malinterpretó que el equipo MLM consistía en el Pegasus, y que servía para interceptar los teléfonos, además, que Martinelli había aprobado la compra del equipo de interceptación de celulares por un monto de $13.4 millones. Díaz también describió, según los abogados, la escena del desmantelamiento del equipo una vez pasadas las elecciones presidenciales y también interpretó que se trataba del aparato que suministró MLM, aduciendo que la pérdida del mismo representaba el uso indebido de fondos que pertenecían al Programa de Ayuda Nacional.

CONTRATOS

En 2010, precisa la defensa, Panamá hizo un contrato con la empresa MLM Protection Ltd. para la provisión de un equipo que incluía un sistema denominado PSS Pc Surveillance System que serviría para ‘infiltrar’ ciertas computadoras, blancos, y recoger secretamente datos en bruto como hojas de Excel, correos, imágenes y audios.

La empresa no especifica que este equipo intercepte llamadas telefónicas. El costo de este equipo, incluido el sistema PSS, fue de $13,475,000. Panamá proveyó los documentos que constatan que estos pagos se hicieron con fondos públicos, sustenta la defensa.

En 2012, el CSN estableció una relación comercial con otra empresa israelí, NSO Contract Materials.

Este contrato, según los abogados, incluía el sistema Pegasus. Se establecía que la compra del equipo era para colectar información de celulares, y el costo fue de $8 millones. A diferencia de la adquisición pasada, en esta ocasión Panamá no produjo ninguna documentación de pago por este sistema.

En agosto 2015, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación sobre el equipo Pegasus, la misma incluía información de que la empresa Caribbean Holdings le había enviado dinero a NSO Group.

LA EXTRADICIÓN

El escrito de la defensa además argumenta que la queja que completó el Gobierno de Estados Unidos confunde que Pegasus fue comprado con fondos públicos, que el personal de MLM entrenó a los miembros del Consejo de Seguridad y que la Contraloría efectuó la auditoría concluyendo que Pegasus causó pérdidas para el país por haberse adquirido con fondos públicos a la empresa MLM, y que sus representantes entrenaron al personal panameño. La inspección de la Contraloría arrojó que la pérdida del país ascendía a $10,861,857.

‘Ninguno de estos señalamientos es verdad’, sostiene la defensa.

Son los propios abogados de Martinelli quienes señalan que en la audiencia de extradición —y no en la que ellos esperan del juez Torres para que conceda fianza a su cliente— la Corte debe determinar si las pruebas son válidas para sustentar una causa probable.

Según los abogados, ‘el presidente Martinelli probará ante la Corte en la audiencia de extradición que no hay ninguna causa probable de que haya cometido los delitos que le endilgan.

En este sentido, va a demostrar lo que ya está claro en los documentos que aportó Panamá, específicamente, que el magistrado fiscal Díaz malinterpretó los hechos en su declaración jurada, misma falta que continuó repitiéndose en la petición del Gobierno panameño’.

También dicen que en su declaración jurada, ‘Díaz dijo que el equipo se compró con dinero del Estado y que luego desapareció. Esta aseveración es falsa’.

Le recalcan al juez que las ‘malinterpretaciones y omisiones de Díaz no son un inocente error. Ningún testigo ha mencionado la palabra MLM cuando se discutían los seguimientos con los equipos que supuestamente se utilizaron para interceptar. Al contrario, los tres testigos invocaron los nombres de NSO Group como los que entrenaron al personal sobre el equipo de espionaje para interceptar las conversaciones. Este grupo fue quien suplió el sistema Pegasus’, reitera la defensa.

Adelita Coriat

Con 25 años en el Ministerio Público, más de diez dedicados a la lucha contra la corrupción y después de participar en cerca de sesenta macroperaciones contra el delito penal económico, el exfiscal español Pedro Horrach Arrum tiene expediente suficiente para hacer recomendaciones sobre cómo debe comportarse la justicia en los casos de alto perfil.

Conocedor de las implicaciones de la megatrama de corrupción internacional protagonizada por la empresa brasileña Odebrecht y sus ramificaciones en Panamá, fue tajante al señalar que el funcionario público o el político sobornado lleva doble culpa en casos contra los dineros del Estado, porque recibieron la responsabilidad de velar por el patrimonio de todos.

‘En este tipo de hechos delictivos se protegen las arcas públicas. No hay justificación alguna para sacar dinero de las arcas públicas y dárselo a una parte interesada o particular. Ninguna. El dinero público requiere para su gasto de un procedimiento que es el que garantiza publicidad, concurrencia, transparencia, para que no se vaya a manos particulares y no hay nada que justifique contravenir esos procedimientos’, apuntó el especialista.

Según el exfiscal, el que maneja las arcas públicas, el funcionario, el político, tiene un plus de responsabilidad (ante el delito) y da igual que lo pida o se le ofrezca (el soborno), porque es quien tiene el mandato de los ciudadanos para cuidar el patrimonio de todos. Sobre las investigaciones que se adelantan tras las confesiones de la empresa brasileña, opinó que tanto funcionarios como empresas deben ser objeto de las pesquisas, pero precisó que, desde su punto de vista, ‘la responsabilidad máxima no es de las empresas, sino de quien ocupa un cargo público y pervierte su función en beneficio particular’.

‘Por lo tanto, no se puede prescindir de conocer quiénes, estando en las instituciones públicas panameñas (o en su representación) hayan ofrecido o hayan recibido dinero’, apuntó

También destacó la importancia en este tipo de casos, de la delación y la denuncia, la primera desde adentro, para ayudar a seguir el rastro del dinero, y la segunda, desde los medios de comunicación independientes que alertan sobre los delitos.

‘Es imposible investigar casos de corrupción como estos sin ayuda de quienes los cometieron. Yo defiendo los acuerdos e incluso la rebaja de sentencias y la impunidad y la protección a cambio de información que permita identificar la corrupción. Solo se identifica y se desarticula con ayuda y así contribuiremos a que poco a poco desaparezca’, declaró a La Estrella de Panamá a su llegada al país.

Sobre una de sus últimas actuaciones, tal vez la más mediática, el juicio contra el cuñado del rey, Iñaki Urdangarín, en el que también se implicó a su esposa, Elena de Borbón, infanta de España, hija del rey Juan Carlos y hermana del actual soberano, dice que ‘no hubo ningún privilegio’.

Aunque la pena de 25 años que pidió como fiscal instructor se rebajó a seis y se fijó una multa muy por debajo de los ocho millones de euros que solicitó al tribunal, Horrach sostiene que el recurso recién interpuesto para revisar la condena representa una satisfacción personal por el trabajo bien hecho.

‘Fueron cinco años de mucha tensión en un caso que se ventiló en los medios a la par que en los juzgados, pero no hubo ningún privilegio. Defendí desde el principio la inocencia de la infanta, pero en el juicio mediático la sentencia que se esperaba era otra. Los hechos son los hechos’, apuntó sobre la investigación de más de cinco años que adelantó contra Urdangarín y su socio, Diego Torres, acusados de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales .

Ha dejado la fiscalía anticorrupción en la que trabajó por más de diez años para dedicarse a la práctica privada, con la certeza de que la ley debe defender los derechos de todos. Aun así, espera poder tener ‘cierto margen’ antes de encargarse de temas como los que hasta ahora ha perseguido. Pero todavía con cierta conciencia fiscalizadora recomienda a Panamá que, como Andorra, ponga sus asuntos en orden y se alinee contra el blanqueo y el delito fiscal.

CONFERENCIA EN PANAMÁ

Pedro Horrach Arrum fue fiscal durante 25 años en Palma de Mallorca (España)

‘La cooperación internacional en casos de corrupción y lavados de activos’ (una visión globalizada de las causas y efectos de la colaboración y la persecución internacional en la corrupción y el lavado de activos)’.

Conferencia magistral. Martes 4 de julio Auditorio ‘Harmodio Arias Madrid’, del Colegio Nacional de Abogados 6:00 pm

Ana Cerrud

Raúl Pineda, diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) aseguró que hay algunos diputados de su colectivo que están habilitando hoy a sus suplentes y le están dando instrucciones para que no voten en la elección del nuevo presidente de la Asamblea.

“Estos diputados que están haciendo esto se juegan su futuro político”, advirtió Pineda.

Corresponderá a las instancias del partido tomar las acciones que tengan a bien con aquellos diputados que se vayan en contra de “línea”, la decisión tomada por la bancada y avalada por las estructuras interna

Por parte del PRD, se está postulando el diputado Carlos Motta, mientras en esta ocasión Cambio Democrático (CD) tiene dos candidatos Yanibel Ábrego que está respaldada por el grupo de los ‘desidentes’ y tiene el apoyo de los diputados del Partido Panameñista.

La única diputada independiente, Ana Matilde Gómez se autopostulará para la presidencia de este Órgano del Estado

En tanto, Sergio Gálvez, dijo: “Yo seguiré la línea de mi partido y los nueve diputados leales a Martinelli votaremos por Mariela Vega”, aseguró el diputado del CD.

A pesar que la bancada Panameñista no postulará a un candidato a la presidencia, sí acordó postular a Jorge Iván Arrocha y a Gabriel Panky Soto, para la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Ninguna bancada legislativa, por sí sola, tiene los votos para hacerse con la presidencia y requiere el respaldo de diputados de otros bancadas.

Redacción Digital La Estrella