Presidenta de la Asamblea Nacional desmiente asignación de partidas a juntas comunales

/en /por

Este viernes, mediante declaraciones en señal de televisión abierta, Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, desmintió los presuntos señalamientos sobre la asignación de partidas por parte de la institución, a juntas comunales para beneficiar a diputados.

De acuerdo con Ábrego, en la actualidad la institución no ha hecho “ninguna transferencia de fondos a ninguna junta comunal”, para el beneficio de diputados.

Enfatizó que además de no haberse realizado transferencias ni existir los planes para ello, considera que el motivo de las acusaciones recae en “el manejo político que se da dentro de la institución cuando no es posible complacer a todos los diputados”, agregando que algunos atacan a la institución sin ver el daño que le hacen.

DEVOLUCIÓN

El pasado 10 de julio, Ábrego entregó a la Contraloría General de la República 514 cheques de donaciones que reposaban en la Dirección de Tesorería de la institución, para la respectiva anulación.

Los rumores surgen luego de que en días pasados, Ábrego anunciara que no se darían más donaciones en cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que fue decretado inconstitucional el Decreto 441 de 25 de octubre de 2016, de la Contraloría, mediante el cual se pretendía regular los donativos y subsidios que entregan los diputados con recursos del Órgano Legislativo.

Este informe contempla que no existe norma jurídica alguna que señale que los diputados o las instituciones, tengan entre sus funciones realizar donaciones o entregar subsidios.

Yandira Núñez

 

TE estudia modelo mexicano para fiscalizar donaciones

/en /por

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá Wendehake están en México para conocer cómo el Instituto Nacional Electoral de México (INE) fiscaliza los dineros privados en las campañas políticas.

Uno de los retos que encierra la recién aprobada Ley 29 que reforma el Código Electoral es la fiscalización del uso de los fondos privados por parte de los candidatos para la contienda del 5 de mayo de 2019, dado que todos tienen un tope de gastos establecido.

Se trata de nuevas reglas del juego para la campaña política panameña que el TE debe hacer cumplir y por ello trabaja en la reglamentación de la ley y de forma paralela se estudian modelos de ejecución que aplican en ese sentido organismos electorales de algunos países vecinos.

La agenda de trabajo entre las autoridades y técnicos del INE y los magistrados del TE, se centró en una pasantía denominada ‘Sistema de fiscalización de los recursos de partidos políticos’, sobre la regulación y el control del financiamiento de partidos y campañas electorales, así como explorar opciones de intercambio y colaboración interinstitucional.

La Ley 29 obliga a los partidos políticos y a los candidatos por la libre postulación a llevar un control de sus gastos y donaciones a través de cuentas bancarias que auditará el TE.

Para concretar este proyecto, la institución creará una unidad especializada permanente que se denominará Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, cuya función es velar porque los colectivos políticos y los candidatos cumplan con los requerimientos legales y reglamentarios para recibir fondos públicos y privados.

También los actores políticos quedan obligados a remitir al ente electoral la lista de donantes para su publicación en el sitio web de la institución, todo esto en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Además, los magistrados conocieron el software que usa el INE para monitorear la propaganda.

Por otro lado, el TE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicano suscribieron un Convenio General de Colaboración con el objetivo de estrechar lazos e implementar mecanismos para el intercambio de información.

La justicia electoral de ambos países se fortalece con la firma de un convenio de colaboración para el intercambio de jurisprudencia y capacitación.

Ismael Gordón Guerrel

 

Ricardo Martinelli dobla la apuesta y pierde

/en /por

El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal está decidido a obtener la libertad bajo fianza. Y por eso, sus abogados en Miami presentaron ayer una moción en la cual señalaron estar dispuestos a aceptar que se le aplicaran a Martinelli las mismas condiciones que un juez federal de Nueva York otorgó a un exdirigente del fútbol detenido por corrupción en el año 2015, a saber: el pago de una fianza de $20 millones, arresto domiciliario permanente y vigilancia electrónica, así como la entrega de sus pasaportes. La propuesta buscaba disuadir el “riesgo de fuga” alegado anteriormente para no otorgar la primera solicitud de fianza. Aunque dicha propuesta incluía aspectos que convertían la residencia de Martinelli “en un lugar de encarcelamiento” según definió su abogado Marcos Jiménez, esta no fue suficiente para convencer al juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que la rechazó el mismo día. A lo que el juez sí accedió fue a posponer la fecha de la audiencia de extradición, originalmente pactada para el 25 de julio. La defensa solicitó, por lo menos, dos semanas adicionales, a fin de examinar la “voluminosa” documentación aportada por la fiscalía para sustentar el pedido de extradición a Panamá. Como nueva fecha, Jiménez sugirió el 8 de agosto, pero sucede que el tribunal no estará disponible del 7 al 14 de agosto. Ante la negativa de Martinelli a tener que esperar más allá del 8 de agosto, se acordó finalmente celebrar la audiencia el próximo 3 de agosto a las 9:00 a.m.

No es la primera vez que Torres niega libertad bajo fianza al exgobernante. Ya lo hizo el 7 de julio pasado, pese a que entonces Martinelli proponía abonar el 10% de una fianza de $5 millones respaldada por su esposa, Marta Linares de Martinelli, más otra fianza personal de $2 millones, así como la entrega de la custodia de su avión privado. Para sustentar la nueva solicitud, Martinelli se equiparó a sí mismo con un acaudalado exdirigente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), acusado de corrupción como parte el escándalo de los sobornos en el fútbol en 2015, que le costó el puesto al entonces presidente de dicho organismo, Joseph Blatter. Se trata del paraguayo Juan Ángel Napout, detenido en 2015 en Suiza y poco después extraditado a Nueva York para enfrentar cargos por extorsión, lavado de dinero y conspiración. El equipo legal de Martinelli lo describe como un hombre con una riqueza “aparentemente” considerable, dado que estuvo dispuesto a afrontar una fianza de $20 millones, de los cuales la mitad fue pagada en efectivo. El resto fue consignado a través de una carta de crédito por $7 millones suscrita por un banco estadounidenses a favor de Estados Unidos de América y una hipoteca de $3 millones. El juez federal Robert Levy aprobó la propuesta, que incluía además arresto domiciliario, vigilancia electrónica y entregar sus pasaportes. Napout tenía uno paraguayo y otro italiano. Los abogados de Martinelli comunicaron al juez Torres que su cliente estaba dispuesto a aceptar todo eso. En la propuesta se puntualizó que la detención domiciliaria se llevaría a cabo en una residencia previamente revisada por las autoridades federales hasta donde se sabe, Martinelli tiene un apartamento frente al mar en Brickell y una mansión en Coral Gables. El exgobernante aceptaba también la compañía diaria de agentes de seguridad las 24 horas y el restablecimiento de las alertas a Interpol. Estos agentes permanecerían en todos los puntos de entrada de la residencia y lo escoltarían a sus citas médicas y comparecencias judiciales.

“Los costos de ese servicio de seguridad correrán exclusivamente por cuenta del presidente Martinelli, quien también firmará una renuncia y liberación de responsabilidad, que autoriza al servicio de seguridad privada para aprehender al presidente Martinelli si es necesario y notificar inmediatamente al FBI de cualquier desviación no autorizada de su residencia”, señala la propuesta que entregó ayer el abogado del exgobernante. Dicho de otro modo, Martinelli estaba dispuesto a convertir su casa “en un lugar de encarcelamiento”. Aquello era preferible, pese a que el propio juez Torres, en su momento, recordó que el exgobernante tenía la opción de regresar “voluntariamente” a Panamá, donde es requerido por la interceptación no autorizada de comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato. Con esta nueva propuesta de fianza, la defensa de Martinelli pretendía “eliminar” las preocupaciones del juez Torres, que hace 10 días negó un pedido de fianza por considerar que existe un “alto riesgo de fuga”. Torres no tardó mucho en rechazar la nueva solicitud. Lo hizo ayer mismo, horas después de que la defensa planteara sus argumentos que, salvo por la cantidad de millones, no difieren mucho de lo hasta ahora presentado, ante la oposición de la fiscalía de Miami. Por ahora, Martinelli seguirá en el Centro de Detenciones Federales del centro de Miami, aquel al que ingresó el mismo día de su detención el 12 de junio pasado. Su próxima cita, entonces, será el 3 de agosto.

 

 

Mónica Palm

Sanción contra La Estrella es un absurdo diplomático’, Fito Duque

/en /por

Como un ‘nuevo absurdo’ de la diplomacia de Estados Unidos calificó el exvicepresidente de la República Tomás Gabriel ‘Fito’ Altamirano Duque los efectos de la ‘Lista Clinton’ que podrían llevar al cierre de La Estrella de Panamá .

Altamirano Duque, quien fue presidente de la junta directiva y director de este diario por más de 25 años, dice que no puede creer que Estados Unidos sea capaz de cometer tal ‘acto de barbarie’ contra un país al que dice considerar amigo.

‘EL GOBIERNO PANAMEÑO DEBE ACTUAR CON VALENTÍA Y ENTEREZA ANTE ESTADOS UNIDOS’.

AURA FERAUD

EXPROCURADORA

Lamentó que con esta acción se condene a Abdul Waked, principal accionista del diario, sin presentar pruebas en su contra.

Y se pregunta dónde queda todo lo que proclama Estados Unidos de democracia y respeto a las libertades, cuando se atreve a empujar al cierre a un periódico con una actuación que no sustenta en norma legal alguna.

‘Fito’ Duque acudió a La Estrella de Panamá para firmar la ‘Declaración por Panamá’, documento en apoyo a esta empresa editorial.

La familia Duque fue propietaria de La Estrella de Panamá , decana del periodismo istmeño, durante 107 años, de tres siglos consecutivos, antes de venderla empezando la primera década del año 2000.

CUESTIONAMIENTO

Este martes, también visitó la redacción del periódico la exprocuradora de la Administración Aura Feraud, para quien la situación que enfrenta este diario es una muestra más de que un imperio como Estados Unidos quiere acabar con la libertad y la democracia en Panamá.

Pero más que la actuación de Estados Unidos, le resulta ‘cuestionable’ la posición del Gobierno panameño, que coloca al diario en una situación difícil por una sanción de parte de un gobierno extranjero.

Feraud considera que el Gobierno Nacional no ha hecho lo que le corresponde en defensa de la honra y bienestar de sus ciudadanos y de una empresa nacional.

La exprocuradora piensa que el Gobierno debe actuar con más ‘entereza y valentía’, como lo dispone la Constitución. A su juicio, es una escalera en la que La Estrella de Panamá es solo un peldaño, pues los ataques en realidad ‘van dirigidos a acabar con Panamá’, concluyó.

INGRAM APOYA LA CAUSA

El reconocido músico nacional Jaime Ingram, cuya fama ha trascendido fronteras, además exembajador panameño en España, la Santa Sede y Argentina, calificó ayer la agresión contra El Siglo y La Estrella de Panam á como una ‘grosería diplomática’.

A su juicio, las sanciones a las que Estados Unidos somete a las empresas panameñas representan ‘un deshonor muy grande’ que no se puede permitir, sobre todo porque viene de una potencia extranjera.

Estados Unidos ‘se siente dueño del mundo’ y cree que tiene licencia para cometer esta clase de ‘atropellos’, indicó Ingram, que visitó la sede del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE) para firmar la ‘Declaración por Panamá’.

CNA, CON GESE

Un grupo representativo de dirigentes del Colegio Nacional de Abogados (CNA) acudió asimismo a las oficinas de GESE para expresar su preocupación por lo que consideran una violación a la soberanía nacional, a las leyes nacionales y las normas constitucionales locales.

Ariel Corbetti, aspirante a presidir el CNA, declaró que con la actuación de Estados Unidos se ha levantado el velo corporativo que rige la ley de las sociedades anónimas, lo cual se ha hecho sin que exista un proceso en la jurisdicción nacional.

El abogado lamentó que sin que medie un proceso judicial o administrativo, en Panamá se ha levantado el denominado velo corporativo y se ha procedido a sancionar a Abdul Waked, como máximo accionista de GESE, ante la tímida o nula actuación de parte del Gobierno panameño, que no ha cumplido con el mandato constitucional de defender a sus nacionales.

Santander Tristán Donoso, también candidato a la presidencia del CNA, alega que este acto constituye una violación a la soberanía nacional y al debido proceso, porque sin que exista una causa penal se ha procedido a sancionar colateralmente a GESE.

En su opinión, se está provocando un ‘estrangulamiento’ que va dirigido más allá de Waked, contra La Estrella de Panamá , diario custodio de la historia nacional.

A estas las opiniones se sumó el abogado y docente universitario Vicente Archibold, quien considera que se aplica una figura similar a la que rige contra Cuba, que por más de 57 años ha sido sometido a un bloqueo económico de parte de Estados Unidos, que impide a empresas de otras naciones comerciar con esta nación caribeña bajo amenaza de sanción. Si no se actúa, esta situación provocará la quiebra de la empresa panameña, vaticinó Archibold.

Todos firmaron la ‘Declaración de Panamá’ contra las sanciones de Estados Unidos, que no ha renovado la licencia de operación para los diarios panameños, proscritos para cualquier cliente o proveedor estadounidense, bajo pena de multa y/o cárcel.

La ‘Declaración de Panamá’ aboga por una reconsideración de EE.UU. que permita la operación de los diarios sin ninguna cortapisa.

Redacción La Estrella de Panamá

 

La Corte pide a la Contraloría nueva auditoría de viáticos

/en /por

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, solicitó a la Contraloría General de la República que practique ‘una correcta’ auditoría de las partidas presupuestarias para la compra de pasajes y viáticos pagados por esta institución durante el periodo que comprende entre enero de 2016 y el mismo mes del año 2017.

Ayú Prado solicitó la revisión de los viáticos por los viajes, tanto al exterior como al interior de la República, que utilizaron los magistrados principales, al igual que los suplentes.

De acuerdo con una nota de la Secretaría de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia, divulgada la tarde de ayer, en enero de 2016 el Órgano Judicial solicitó una revisión de la ejecución de estas partidas presupuestarias, para el periodo 2014-2015, y ahora se anexa la solicitud de la revisión de las partidas que corresponden hasta el mes de enero del año fiscal en curso.

A mediados de septiembre de 2016, la Contraloría General de la República informó que con relación a los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Fábrega, no se hallaron elementos que justificaran el inicio de un proceso penal.

Producto de esta investigación, realizada por el equipo de auditoría de la Contraloría de la República, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nación declinó entrar a investigar sendos reclamos que se encontraban pendientes de consideración en esta instancia legislativa que por mandato legal debe investigar las denuncias que se presentan y que por mandato constitucional deben ser consideradas por esta instancia legislativa.

La Comisión de Credenciales se sustentó en base a la posición expresada por la Contraloría General de la República, según la cual no se encontró fundamento legal para las investigaciones, por lo que ordenó el archivo de las denuncias que habían sido interpuestas contra los tres magistrados Ayú Prado, De León y Fábrega.

La Corte informó además que el equipo especial de funcionarios de la Contraloría no ha concluido la auditoría con respecto a los viáticos de los funcionarios judiciales y administrativos.

La solicitud formal de la Corte Suprema de Justicia se hizo mediante una nota que fue dirigida al contralor, Federico Humbert.

 

Guadalupe León B.

Panamá pierde soberanía ante la OFAC, dicen abogados

/en /por

La misiva que este jueves envió la Cancillería por valija diplomática a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que solicita a su director, John Smith, considerar la propuesta del empresario Abdul Waked y reconsiderar el una nueva licencia de operación para los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá , tomará dos o tres días en llegar a su destino.

La carta que se envía físicamente tal vez no tenga los resultados que espera la Cancillería. Diversas fuentes con experiencia diplomática advierten que el documento debió estar dirigido al par de la Cancillería en ese país, tal como lo dictan las reglas en esta materia; es decir, al Departamento de Estado y no a la OFAC, como se hizo.

LA CARTA Y LA OFAC

El 13 de julio venció la extensión de la licencia de OFAC

La Cancillería envió por valija diplomática una misiva al director de OFAC en la que solicita reconsiderar la negación de la extensión de la licencia y una propuesta efectuada por Abdul Waked, accionista mayoritario de GESE. La carta se envió el jueves.

Además, la misiva con fecha del 13 de julio del corriente mes , día en que se venció la extensión de la licencia de la OFAC a los periódicos, debió enviarse en español y no en inglés, idioma en que escribió la canciller, según indicó Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante al Organización de Estados Americanos.

Cochez explica que en diplomacia los canales de comunicación se realizan de par a par. Pone como ejemplo la solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli, que en vez de enviarse directamente al Departamento de Justicia, la Cancillería la presentó a través del Departamento de Estado. De Ejecutivo a Ejecutivo, precisó.

‘La gente de OFAC no hará caso a esa carta, tal vez la echarán para atrás y le pedirán a la canciller que la corrija y la envíe por la vía correcta’, manifestó Cochez.

Y añadió que ‘mientras no le demuestren a Waked, principal accionista del medio, que no ha cometido algún delito en Estados Unidos, el Gobierno panameño debe protegerlo. ‘Que le levanten las restricciones o le muestren las pruebas de las acusaciones. Ya ha pasado más de un año, le podrían haber levantado cargos, pero no se pueden conocer las acusaciones en su contra, eso es contrario a derecho’, expresó.

‘Para mí, añade Cochez, la carta es una forma de decir que el Gobierno de Panamá sí hizo algo, pero a mi juicio no hizo nada’.

Por su parte, el exembajador de Panamá en Washington Eloy Alfaro reiteró que ‘esa nota no tiene validez alguna por no haberse referido a sus pares’.

Adolfo Linares, abogado de experiencia internacional, calificó la carta como una ‘vergüenza nacional’. ‘No hay otra forma de describirla’, reflexiona. A su criterio, la nota refleja a la perfección el gran complejo de inferioridad que tenemos como nación y reitera que el idioma oficial de Panamá es el español y por lo tanto, toda nota oficial que ‘emita nuestro Gobierno debe ser escrita en nuestro idioma, sobre todo si va dirigida a un funcionario de otro país’.

Linares coincide en que la canciller, al ser ministra de Estado y vicepresidenta de la República, solo debe dirigirse o reunirse oficialmente con funcionarios de su misma jerarquía, siguiendo el principio de la igualdad jurídica de los estados. Por esta misma razón, entre otras más, nunca veremos al presidente Donald Trump, a su vicepresidente o a su secretario de Estado, visitando al director de recursos humanos de cualquier ministerio o autoridad gubernamental u otro funcionario que no sea de jerarquía equivalente.

‘Con el mayor de los respetos, se recomienda que envíe la nota a su par; además, el nivel de pleitesía que demuestra esa carta no está a la altura del cargo de la canciller. Lo digo con mucho dolor, porque la conozco y le tengo mucho aprecio. Si esto no ha derramado la gota del vaso, a la sociedad panameña se le ha olvidado nuestra panameñidad’, puntualiza Linares.

Desde el 5 de mayo de 2016, cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en la ‘Lista Clinton’ a Abdul Waked por supuesta vinculación con el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, La Estrella de Panamá y su periódico hermano El Siglo sortean restricciones que limitan su fundamental trabajo.

Adelita Coriat

Presidente de GESE se reúne con ministros de Estado

/en /por

El presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), Eduardo Quirós, se reunió este jueves con los ministros que conforman la comisión de alto nivel nombrada por el Ejecutivo para ver el tema, liderada por los ministros de Economía y Finanzas (MEF); de Trabajo (Mitradel) y de Comercio (MICI).

‘La posibilidad del cierre del periódico más antiguo de Panamá no solo afecta la libertad de expresión, de prensa y el derecho de todos los panameños a estar informados; también está de por medio la dignidad nacional’, fue el mensaje que comunicó Quirós al ministro Dulcidio De La Guardia (MEF).

TRABAJADORES DE GESE

La reunión con los ministros fue a puerta cerrada

En la reunión se le planteó, al ministro Dulcidio De La Guardia, una vez más, la preocupación de los más de 240 colaboradores del grupo editorial.

La reunión entre los ministros y el presidente de GESE, que estuvo acompañado por Guillermo Antonio Adames, expresidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, se realizó a puerta cerrada.

Al salir de la reunión, el ejecutivo de GESE reiteró que en este tema, ‘sin duda alguna, está de por medio la dignidad nacional’.

‘He sido claro con el ministro De La Guardia en que los medios de comunicación no son una tienda por departamento ni un mall , y el país va a estar observando con atención la posición que asuma el Gobierno Nacional’, puntualizó Quirós al salir del encuentro con la comisión de alto nivel, que no ofreció declaraciones a los medios de comunicación.

En la reunión, explicó Quirós, se le informó que la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo, envió una carta a John Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para que reconsidere una extensión de las licencias a los diarios, que venció a las 12:01 a.m del 13 de julio.

El principal accionista de GESE, Abdul Waked, fue incluido, en mayo de 2016, en la ‘Lista Clinton’.

El miércoles, Waked presentó una propuesta a OFAC para salvaguardar el futuro de ambos diarios y sus empleados.

Quirós vio como positiva esta acción del Gobierno e incluir a la Cancillería en este tema, e indicó que ‘sería inconcebible’ que la OFAC no aceptara la propuesta que se presentó.

‘No hay la menor duda de que OFAC no tiene otra opción responsable, seria y coherente de aceptar la propuesta presentada y sacar definitivamente los periódicos de esta situación; otra salida sería una intransigencia y una grave afectación de las relaciones de Panamá con Estados Unidos’, añadió el presidente del grupo editorial.

Ismael Gordón Guerrel

 

Abogados de Waked apelarán decisión de la Corte Suprema

/en /por

El grupo de asesores legales del empresario Abdul Waked se prepara para presentar un recurso de apelación dentro del proceso contencioso administrativo interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema.

María del Pilar Vásquez, abogada de Waked, informó que hasta el momento, como representantes legales del empresario, no han sido notificados de la resolución de no admisión de la demanda; sin embargo, ya medios de comunicación locales han informado de la misma.

RECLAMO ANTE EL BNP

El empresario pide una indemnización por $165 millones

El reclamo es por daños y perjuicios por la acción u omisión de las funciones legales.

La demanda se interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema.

Se trata de la demanda por daños y perjuicios presentada el 2 de junio de 2017 ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Según las versiones de prensa, la decisión fue tomada por el magistrado sustanciador Abel Zamorano.

En este caso, el magistrado Zamorano decidió no admitir la demanda alegando que el Banco Nacional de Panamá actuó como entidad bancaria y no como representante del Estado panameño, por lo que no le cabe responsabilidad al banco ni al Estado panameño y por ende la Sala no es competente para conocer del proceso incoado.

Los abogados consideran que si esta es la causal para no admitir la demanda, no es posible que el banco pueda desligarse de su rol como institución representante del Estado panameño y que toda su actuación se enmarca en esta responsabilidad y que todos los hechos se imputan dentro de sus actos administrativos.

NOTIFICACIÓN PENDIENTE

Una vez se reciba la notificación formal, la apelación será presentada ante la misma Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El recurso de apelación sería atendido por los otros dos integrantes de esta Sala, Luis Ramón Fábrega y Cecilio Cedalise, quienes deberán conocer de la demanda presentada y pronunciarse de manera colegiada en cuanto a su admisión.

En la demanda, la defensa de Waked exige $165 millones por los daños y perjuicios que se causaron al empresario por la venta de Félix B. Maduro y demás empresas de este grupo.

Las empresas del grupo Felix B. Maduro fueron incluidas en la ‘Lista Clinton’ por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La venta se realizó a través de un fideicomiso que fue creado luego de que el Estado designó una comisión interministerial para ver este proceso.

RESPONSABLE SOLIDARIO

El equipo de defensores de Waked considera que el Estado panameño es responsable ‘solidario’ por las acciones u omisiones que generaron los resultados de la venta del grupo.

Hasta el momento, a pesar de que median solicitudes formales, el Banco Nacional de Panamá ni ninguna otra institución del Estado ha informado a Waked de la manera en que se vendieron las acciones de las empresas de Felix B. Maduro; tampoco se conoce el monto o las condiciones en que se completó la transacción que se realizó a través del fideicomiso que es administrado por el Banco Nacional de Panamá.

A juicio de la abogada, hay una serie de violaciones legales y constitucionales en las que incurrieron funcionarios del Estado, y eso es lo que pretenden demostrar en la apelación.

La abogada relata en el documento presentado que en este caso, sin que mediara causa legal o civil en el territorio panameño contra las empresas de Waked, el Estado panameño, por conducto del Ejecutivo y el Banco Nacional de Panamá, quien figuró como ‘fiduciario’, se procedió con la desprotección del derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política de la República de Panamá.

Todo esto ocurrió ‘a través de la presión e intimidación ejercida para el traspaso de los activos a terceros, so pretexto de salvaguardar la seguridad laboral, pero pasando por alto la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada y faltando a las garantías y derechos fundamentales del empresario Abdul Waked.

En la demanda se establece que todo esto sucedió violando normas constitucionales y anteponiendo a la ley panameña, imposiciones y el beneplácito de una entidad extranjera que no tiene ninguna injerencia en el territorio nacional.

Ante todos los hechos descritos, los abogados insisten en que el Estado es responsable de la actuación u omisión en que incurrieron tanto el Banco Nacional de Panamá como las personas que actuaron en el proceso de la venta de Felix B. Maduro y las empresas del grupo.

INCONGRUENCIAS DE LA GESTIÓN ESTATAL

En la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados de Waked, se pone además en evidencia una serie de incongruencias de la gestión que ha realizado el Estado panameño en el proceso.

En el texto de la demanda se resalta como un hecho de extrañar que quince días después de la inclusión de Abdul Waked en la ‘Lista Clinton’, ya existía un borrador del fideicomiso de Felix B. Maduro, aprobado por el Gobierno Nacional, lo cual se demuestra con copias de correos electrónicos que fueron incluidos en la demanda.

A la vez, se alega en la demanda que dicho borrador fue sometido a la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual también queda evidenciado, según los abogados, en correos incluidos como pruebas.

También se hizo mención a la comisión gubernamental encargada de ‘negociar con el Gobierno de los Estados Unidos’ y ‘salvaguardar los puestos de trabajo’, entre otras cosas.

En este caso se denuncia que este ente inició funciones casi un mes antes de ser constituido. La Comisión fue creada el 3 de junio de 2016 y esa misma fecha se firmó el fideicomiso de Felix B. Maduro.

Carlos Anel Cordero

 

OFAC no renueva licencia de operaciones al Grupo GESE

/en /por

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) comunicó formalmente ayer a los abogados en Washington del Grupo Wisa, S.A. que no renovará la licencia de operación a los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá , con fecha de vencimiento a la media noche de mañana, 13 de julio.

La inclusión en la ‘Lista Clinton’ de Abdul Waked, presidente de Wisa y principal accionista del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE), condicionó la operación de los diarios a una licencia que se renovó repetidamente desde el 5 de mayo de 2016 hasta esta última que vence mañana.

REPRESALIAS

La Estrella de Panamá y El Siglo sufren las sanciones de la ‘Lista Clinton’ desde el 5 de mayo de 2016

La licencia otorgada por la OFAC vence este 13 de julio a la medianoche.

La Estrella de Panamá fue fundada el 24 de febrero 1849 y hoy cuenta con una fuerza laboral de 250 empleados.

Sin esa dispensa, ningún ciudadano o empresa estadounidense puede relacionarse comercial o financiera mente con el grupo panameño, bajo amenaza de multa y/o cárcel.

En un comunicado divulgado nada más conocerse la noticia, que se publicó de manera digital en la página oficial de la OFAC, una dependencia del Departamento del Tesoro de EE.UU., el grupo explicó que ‘durante varios meses, los abogados han trabajado y presentado la posición de los periódicos y se han realizado reuniones a múltiples niveles encontrándose con la intransigencia de la agencia OFAC’.

‘El compromiso de los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá y de todos sus colaboradores con nuestros lectores y audiencia nos obliga a seguir adelante, seguros del apoyo del pueblo panameño’, agrega el escrito en el que se destaca, además, ‘que hubiese sido oportuna la defensa por parte del Gobierno de la República de Panamá de los principios de la libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información de todos los panameños’.

El grupo editorial hace un llamado a ‘los anunciantes y proveedores’ a seguir apoyando a los diarios, ‘ya que gracias a ellos, reconocen, ‘hemos ejercido un periodismo libre e independiente’.

MUESTRAS DE APOYO

Uno de los primeros gremios en expresar su solidaridad con GESE fue el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), que en un manifiesto expresó que la ‘decisión unilateral’ del Gobierno de Estados Unidos ‘condena al grupo GESE sin haber presentado una sola prueba’.

Esta medida, sostienen, ‘es una abierta violación a los principios de libertad de prensa y expresión”.

‘No podemos aceptar que nuestras autoridades se den por vencidas, ni que decidan que esto llegó hasta aquí. Necesitamos que sigan gestionando, que no desmayen, que piensen en los hijos de todas las familias que dependen de esos dos medios de comunicación, y de todas las otras empresas que se benefician de manera indirecta del accionar del Grupo Gese’, destaca el Conape.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, manifestó a La Estrella de Panamá que una vez conocida la negativa de la OFAC, es responsabilidad del Gobierno nacional buscar una salida.

‘La actividad o inactividad que se pueda desarrollar en las próximas horas es crucial para encontrar alguna alternativa que pueda permitir la viabilidad del funcionamiento de los diarios’, destacó Araúz.

‘Tanto La Estrella de Panamá como El Siglo representan parte del patrimonio histórico y la democracia de nuestro país’, enfatizó el representante del CNA.

A su vez, Diógenes Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Profesores, expresó que la medida tomada por parte de la OFAC es contradictoria a su política a favor de la libertad de expresión.

Sánchez agregó que EE.UU. atenta contra la soberanía empresarial, política y económica de Panamá.

NUEVA PLATAFORMA

La Estrella de Panamá incorporó ayer a sus plataformas informativas el nuevo canal on-line LaEstrella.TV, con el que complementa los contenidos de la versión impresa y digital del periódico centenario. Durante la rueda de prensa del lanzamiento del nuevo canal, el presidente del grupo, Eduardo Quirós, recalcó su compromiso con las nuevas audiencias y sus preferencias, establecida la demanda de información veraz e independiente.

A preguntas sobre la licencia de la OFAC, Quirós declaró que la intención del grupo es seguir haciendo el trabajo por el que se ha recibido el favor del pueblo panameño. ‘Esa es la única licencia que nos hace falta’, subrayó.

Durante la presentación del nuevo canal informativo, se destacó cómo, a lo largo de su historia, la denominada ‘Decana’ se ha adaptado a más de un cambio sin perder el favor de sus lectores.

Originalmente un diario en inglés, que se editó simultáneamente en español y durante un tiempo también en francés, La Estrella de Panamá se sumó a la revolución de Internet entre los primeros, con el sitio ‘laestrella.com.pa’, que es uno de los más visitados en el país, con cerca de 4.5 millones de páginas vistas al mes.

Accesible desde cualquier dispositivo móvil, tableta u ordenador, en la dirección LaEstrella.TV, el canal digital es la respuesta natural a la demanda de los nuevos consumidores de noticias.

Francisco Rodríguez Morán

 

Alianza Ciudadana advierte violación a la Ley de Carrera Judicial

/en /por

La Alianza Ciudadana Pro Justicia denunció que la apertura del banco de datos de 28 cargos requeridos para el inicio de la puesta en marcha  de la Ley de Carrera Judicial “es totalmente violatorio” al espíritu de esta norma.

La organización, en un comunicado de prensa, asegura que tomando en cuenta lo que sucedió con los nombramientos del Sistema Penal Acusatorio (SPA) supone que la Corte Suprema de Justicia pretende nombrar a todos estos funcionarios sin concurso de oposición y sin darle participación al Consejo de Administración de la Carrera Judicial.

La Alianza Ciudadana, se refieren al grupo de 28 funcionarios que serán las primeras plazas que están en proceso de nombramiento.

Se  trata de una serie dec nombramientos para la Secretaria Técnica de Recursos Humanos, Director de Selección de Recursos Humanos, Director de Gestión Administrativa,  Director de Gestión de Desempeño,  y otros cargos

El artículo 14 de la Ley de Carrera Judicial establece claramente que el nombramiento del Secretario Técnico de Recursos Humanos debe ser por un periodo de cinco años.

También señala la Ley que el Secretario Técnico,  lo escoge el pleno de la Corte Suprema luego de un concurso de oposición. Es decir que debe superar exámenes sicotécnicos y entrevistas técnicas para evaluar las competencias de los aspirantes u opositores, según lo establece el artículo 2 de la Ley.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicita al Consejo Judicial y a la Comisión de Estado por la Justicia que inviten al Órgano Judicial a una sesión de trabajo para que expliquen el procedimiento que se llevará adelante para realizar el concurso abierto y de oposición luego de esta convocatoria abierta.

Ismael Gordón Guerrel