GESE anuncia reducción de personal

Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella (GESE) anunció la tarde de este martes una reducción de personal de 49 colaboradores.

Quirós detalló que la medida es producto de las sanciones impuestas por del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra los rotativos, cuyo principal dueño fue incluido en la “Lista Clinton”.

El presidente de GESE anunció medidas adicionales para seguir cumpliendo con los compromisos de los lectores. Plan de ahorro interno y la suspensión de las revistas Mia y Portada son parte de estas medidas.

Quirós también expresó que los directivos han donado quince días de trabajo de las vacaciones como aporte para sostener la empresa.

El líder del grupo agradeció a proveedores, anunciantes, lectores y panameños en general por el apoyo demostrado a La Estrella y El Siglo.

La licencia para que ciudadanos y empresas norteamericanas realizaran transacciones con GESE venció el 13 de julio y la propuesta que presentó el accionista mayoritario de los medios aún no ha sido aceptada por la OFAC.

Redacción Digital La Estrella

Auditoría de ‘Techos de Esperanza’, en manos del MP

La auditoría para determinar si hubo división de materia y afectación al erario público en las compras efectuadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), para el programa Techos de Esperanza, ya concluyó.

El documento fue remitido a la Procuraduría General de la Nación desde abril de 2017 y es a las autoridades de investigación a las que corresponde determinar si hubo o no afectación a los fondos del Estado.

La información se desprende de una nota enviada por el secretario General de la Contraloría, Carlos García, a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín .

La nota fechada el 24 de julio último responde a una solicitud de la ‘zarina’, quien está interesada en conocer el estatus de las auditorías solicitadas por su despacho.

‘Nos satisface que se haya concluido con la auditoría y se haya remitido al MP (…), ya que desde nuestro punto de vista sí hubo división de materia’, dijo Maytín.

EL CASO

Ahora es el MP el que debe decidir, según los resultados de la auditoría, si continúa o no el proceso de investigación iniciado de oficio en enero de 2016.

La Antai identificó facturaciones irregulares que, según su directora, merecían la destitución del actual administrador de la ahora Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola.

El sistema registró la facturación sistemática de productos de un mismo proveedor, en la misma fecha, y en ocasiones, con cifras iguales, para atender un programa gubernamental.

A juicio de la ‘zarina’ anticorrupción, esta práctica es calificada como ‘división de materia’ y está encaminada a reducir los montos de las facturas para evadir controles administrativos y la fiscalización del caso.

LA LEY

Según el artículo 23 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, ‘no se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos para que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda’.

‘En caso de existir división de materia, la adjudicación sería nula, y al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes’, añade.

En el MP, la investigación, según conoció previamente este medio, era adelantada por la Subsecretaría General de la Procuraduría, bajo el Sistema Penal Acusatorio.

Este proceso se inició por una denuncia anónima interpuesta el 26 de diciembre de 2014, en la Antai, que se refería a irregularidades en la selección de proveedores de equipo pesado para ser usados por el Miviot.

Las compras realizadas a través del extinto PAN eran por ‘invitación de proveedores’. Pero, según la denuncia, nunca se informó quién hacía las compras ni a qué precio, y mucho menos se entregó información del beneficiado. La denuncia señaló a Airco, S.A. como beneficiario.

En sus conclusiones, la Antai consideró que se obvió la convocatoria a una licitación pública en el proyecto Altos de la Torre por $1,044,534 que se dividieron en siete actos de menos de $300,000, que fueron aprobados por el director del PAN y refrendados por Contraloría. También, señaló la Antai, se impidió que otros proveedores presentasen sus ofertas en igualdad de condiciones.

Según las conclusiones de Antai, hubo tiempo suficiente para convocar a una licitación formal.

El proceso de compra de equipo pesado no cumplió con el concepto de ‘condición de urgencia’ bajo la cual se escudaron las instituciones para hacerlas.

Entre noviembre de 2014 y abril de 2015, el Miviot otorgó al menos $15.3 millones en contrataciones a través del PAN, para comprar equipos y materiales para su programa Techos de Esperanza.

Las contrataciones fueron repartidas entre las empresas Royal Construccion Panamá, Airco, S.A. y Fiorazio de Panamá. El representante de Airco, S.A. era Pedro Vallarino, quien al momento era miembro de la directiva de la Caja de Ahorros.

OSCURO PASADO DEL PAN

El Programa de Ayuda Nacional (PAN) fue un foco de corrupción de la pasada administración gubernamental. Su exdirector Rafael Guardia estuvo detenido por cargos que van desde peculado hasta blanqueo de capitales por las contrataciones hechas a través del programa social.

En campaña, Juan Carlos Varela prometió eliminar este programa, pero terminó cambiándole el nombre. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 775, el PAN ‘resucitó’ como Dirección de Asistencia Social (DAS), y será la encargada de dar respuesta a situaciones de urgencia y de necesidad pública.

Marlene Testa

 

 

CEN del PRD advierte que las instituciones deben cumplir con la justicia

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), reiteró su exigencia de que las autoridades judiciales inicien una investigación detallada “sin selectividad de ninguna clase”.

El CEN del PRD reaccionó de esta manera ante las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, reconocido operador financiero de la empresa Odebrecht en las que señala al presidente de la República, Juan Carlos Varela, de haber recibido favores y sobornos de dicha empresa brasileña, así como de obstaculizar junto al Ministerio Público panameño las investigaciones de este caso.

La cúpula del PRD rechaza las declaraciones de Varela, con las que intenta minimizar la gravedad de los señalamientos y tomar distancia de los mismos, en lugar de asumir un rol de liderazgo que promueva el esclarecimiento de los hechos señalados en el diario El País de España.

El presidente Varela, detalla el CEN del PRD en un comunicado, debe honrar el cargo que ostenta y respaldar las investigaciones de este caso, “caiga quien caiga”.

Desde que estalló el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht, recordó el PRD que advirtió la necesidad de que se tomaran las medidas necesarias para llevar adelante una investigación seria e imparcial en relación a los hechos.

“El PRD reclama, responsabilidad en la investigación, transparencia y enérgicas sanciones”, detalla el comunicado.

Resulta lamentable que por más de tres años, las autoridades judiciales panameñas, destaca el CEN del PRD, no hayan sido eficaces para perseguir la corrupción y las lesiones patrimoniales al Estado y que en determinados casos solo se reaccione en base a informaciones publicadas por medios internacionales.

“Nuestras instituciones competentes, deben responder al pueblo panameño y cumplir con la justicia, el pueblo exige claridad en las investigaciones, el Ministerio Público ya ha dicho que tiene nombres y la sociedad está esperando los resultados.

La procuradora está en la obligación de asumir el rol que le corresponde o de lo contrario ceder el espacio a quien sí esté dispuesto a cumplir con esta misión”, sigue señalando el comunicado.

Así mismo, el PRD considera que nadie está por encima de la ley y si las investigaciones corroboran la vinculación del presidente de la República con estos hechos de corrupción, la Asamblea Nacional deberá actuar con firmeza y determinación, tal como lo exige la sociedad panameña.

Reiteramos que la corrupción castiga a los humildes, a los que más necesitan la atención responsable del Estado y equivale a quitarle a cada panameño, sobre todo a los sectores más vulnerables, recursos que bien han podido destinarse a la solución de los problemas más agobiantes de nuestra sociedad.

Por eso reafirman su compromiso de combatir este flagelo que atenta contra el desarrollo económico con la  equidad que promueven.

 

Redacción Digital La Estrella

 

Odebrecht recalca que colabora con autoridades en investigación de su operación

Rodrigo Tacla Durán, que entrevistado por el diario El País dijo revelar nuevos detalles sobre el esquema de sobornos de Odebrecht, “era un operador financiero que tuvo participación en actividades ilícitas ya informadas” por la empresa, señaló hoy la constructora en un comunicado.

“Odebrecht está colaborando con las autoridades para esclarecer todos los hechos revelados y reafirma su compromiso con la verdad y con una actuación ética, íntegra  y transparente, en Brasil y en todos los mercados donde la empresa actúa”, añade el escrito.

Rodrigo Tacla, “al contrario de lo que afirma en su entrevista, no ha actuado nunca como abogado en cualquiera empresa del grupo Odebrecht”, precisa la constructora.

La entrevista de Tacla fue publicada ayer en la versión digital del diarios español El País, donde se señala que la constructora “apostó” en las elecciones de 2014 por los candidatos favoritos, Juan Carlos Varela, hoy presidente, y José Domingo Arias, del CD, partido del entonces gobernante Ricardo Martinelli.

Redacción Digital La Estrella

 

Varela y Martinelli en la trama Odebrecht

Las más recientes revelaciones sobre el caso Odebrecht, esta vez de boca de un antiguo abogado de la constructora brasileña, han abierto la caja de Pandora cuya llave panameña parecía tener solo el Ministerio Público.

La denuncia se ha hecho una vez más en los medios, ante la aparente demora de las autoridades judiciales de los países implicados en el escándalo internacional, al menos doce, entre los que se encuentra Panamá.

‘LA FIRMA CORRIÓ CON LOS GASTOS DE LOS PRINCIPALES CANDIDATOS DE LAS ELECCIONES GENERALES PANAMEÑAS DE 2014′,

RODRIGO TACLA

ABOGADO

Ha sido una exclusiva del periódico español El País , que entrevistó a un abogado hispano brasileño vinculado a Odebrecht entre 2011 y 2016, el que ha removido el escenario político e institucional nacional, implicando de un plumazo al expresidente Ricardo Martinelli, su candidato en las pasadas elecciones, José Domingo Arias, y al presidente Juan Carlos Varela.

Según Rodrigo Tacla Durán, en entrevista con El País , los tres recibieron favores de la cuestionada empresa brasileña que confesó haber pagado sobornos a políticos y funcionarios en los países en los que tenía intereses comerciales para asegurarse obras públicas.

Tacla, abogado del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, reveló a José María Irujo y Joaquín Gil, periodistas de El País , que la constructora ‘transfirió fondos’ a Michelle Lasso, ‘una persona próxima’ al ahora presidente de Panamá.

‘Odebrecht organizaba fiestas. Y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y República Dominicana. Era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento. Aunque luego eso también se convertía en un chantaje…’, indica Tacla, en libertad provisional y pendiente de juicio por lavado de dinero, entre otros delitos.

Según El País , Tacla sostiene que la constructora abonó un millón de euros a dos proveedores de una empresa de ron propiedad de la familia de Varela. ‘El pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en Hong Kong’, dice.

También apunta que la Fiscalía de Panamá se puso en contacto con su homóloga española para interesarse por su declaración judicial. ‘Cuando pedí que la colaboración con Panamá fuera oficial, ya no me volvieron a llamar’, añade el abogado, que identifica el ‘cambio de actitud’ de la Fiscalía panameña con ‘la amistad’ del presidente Varela y André Rabello, exdirector de Odebrecht en este país. ‘Quieren saber qué digo en España, qué pasos doy’, agregó.

En 2014, añade, la constructora intentó regalarle un avión al expresidente Ricardo Martinelli, pero el político lo rechazó. ‘La empresa quería quedar bien con Martinelli y con el candidato de su partido José Domingo Arias, del oficialista Cambio Democrático, que concurría a las elecciones generales’ de ese año, publica El País .

Sobre los sobornos reconocidos por Odebrecht, $59 millones solo a representantes y allegados al Gobierno de Panamá entre 2010 y 2014, Tacla sostiene que ‘la cantidad es mayor’ y que la empresa ‘corrió con los gastos de los principales candidatos de las elecciones 2014: José Domingo Arias y su adversario, el actual presidente Varela. Apostó por los dos’.

VARELA NIEGA IMPLICACIONES DE ABOGADO BRASILEÑO

El presidente Juan Carlos Varela rechazó las implicaciones que vierten de una entrevista publicada por el diario español El País , en la que un antiguo abogado de Odebrecht sostiene que la constructora depositó dineros a una persona próxima al ahora gobernante y a su empresa familiar.

‘La investigación sobre Odebrecht está en el Ministerio Público, yo no voy a opinar, porque sería una irresponsabilidad’, dijo Varela al conocerse la noticia, que han recogido todos los medios locales.

Según el presidente, la información sobre sus donaciones de campaña es pública y las aseveraciones de Tacla sobre la empresa de su familia, Varela Hermanos, ‘son totalmente falsas’.

También rechazó cualquier complicidad con la Procuraduría en el caso Odebrecht, como indicó el antiguo abogado de la constructora, y recalcó que ‘hay que confiar en las autoridades del país, que son las que tienen que dar con los responsables (de recibir los sobornos), recuperar patrimonio y que se sepa toda la verdad’.

En la entrevista del diario español, Rodrigo Tacla apunta que la constructora abonó un millón de euros a dos proveedores de una empresa de ron propiedad de la familia de Varela. ‘El pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en Hong Kong’, precisa.

Y añade que la Odebrecht transfirió fondos a Michelle Lasso, ‘una persona próxima’ al presidente Varela.

Asimismo, establece que la Fiscalía de Panamá se puso en contacto con su homóloga española para interesarse por su declaración judicial. ‘Cuando pedí que la colaboración con Panamá fuera oficial, ya no me volvieron a llamar’, apunta en la entrevista, en la que vincula el cambio de actitud de la Fiscalía panameña con ‘la amistad’ entre André Rabello, exdirector de Odebrecht en este país, y el presidente Varela.

‘Quieren saber qué digo en España, qué pasos doy’, añade Tacla en su declaraciones a El País .

La constructora brasileña confesó haber pagado sobornos en doce países

$59 millones pagó la empresa a funcionarios públicos y allegados en Panamá, entre 2010 y 2014.

Ana Cerrud

 

 

MP investiga a 43 personas vinculadas a escándalo de corrupción de Odebrecht

El Ministerio Público (MP) informó que hay 43 personas imputadas por tener alguna vinculación con el caso de los sobornos brindados por la constructora brasileña Odebrecht, a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos con el Estado.

Esta información se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del MP.

La información brindada indica que los imputados enfrentan cargos por “blanqueo de capitales y corrupción”.

El pasado domingo el secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, indicó que la Fiscalía no revelaría los nombres de las personas señaladas para preservar el principio de presunción de inocencia.

La constructora Odebrecht reconoció el pago de $59 millones en sobornos que fueron pagados a funcionarios públicos en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).

La asesora de imagen y publicista Mónica Moura, esposa y socia del estratega Joao Santana, declaró ante la Fiscalía brasileña que Odebrecht, aportó a la campaña José Domingo Arias, candidato del partido Cambio Democrático.

Arias en repetidas ocasiones ha expresado que no recibió dinero alguno proveniente de la constructora.

Francisco Rodríguez Morán

 

Diputados aprueban en tercer debate el distrito del Norte

En medio de aplausos y respaldo por parte de los moradores de Panamá Norte a esta iniciativa, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley Nª. 35, que crea el distrito del Norte, segregado del distrito de Panamá, provincia de Panamá.

Esta iniciativa tiene el propósito de crear el distrito del Norte, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta área. El proyecto consta de 31 artículos.

El diputado proponente, Luis Barría, calificó de conveniente el proyecto porque está basado en la organización para obtener un mejor desarrollo en esas comunidades.

Barría dijo que el primer alcalde del distrito el Norte se eligirá en el 2024, lo que refleja que habrá tiempo para futuras organizaciones alcaldicias. Barría hizo referencia que esta no es una ley improvisada y ha sido plenamente analizada.

El sustento de la propuesta establece que la población residente del sector norte del distrito capital, alcanza un aproximado de 300,000 habitantes, por lo que requiere contar con una alcaldía que preste una atención puntual a los problemas de la comunidad.

En tanto, la diputada independiente Ana Matilde Gómez afirmó que este proyecto no llenará las verdaderas expectativas en beneficio de la población, y destacó que “cuando se elijen carencias se distribuyen pobrezas”.

El proyecto indica que esta división política que se pretende realizar permitirá la dotación de estructuras públicas, aumentar el desarrollo económico, captación de sumas significativas en concepto de impuestos municipales y generar una actividad económica sólida.

La iniciativa tiene el propósito de crear el distrito del Norte, el cual estará conformado por los corregimientos Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba Campos y Las Cumbres.

Por otro lado, el diputado Leandro Ávila señaló que es conveniente el proyecto, aunque reconoció que la iniciativa tiene algunas falencias.

Redacción Digital La Estrella

Martinelli acude a la Corte Suprema de Estados Unidos

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli acudió a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para interponer un habeas corpus .

Como un último intento, antes de celebrarse la audiencia de extradición el próximo 3 de agosto, los abogados del exmandatario interpusieron un recurso ante los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el que indican que desde hace 114 años se viola el debido proceso porque se ha interpretado erróneamente el tema de la fianza en los procesos de extradición.

‘LA CORTE HA MALINTERPRETADO DURANTE 114 AÑOS LA FIANZA EN CASOS DE EXTRADICIÓN’,

DEFENSA

RICARDO MARTINELLI

La información, que publicó el diario Miami Herald, explica que el equipo legal de Martinelli argumentó que la Corte malinterpretó erróneamente la petición de Martinelli sobre los paquetes de fianza, y tiene una fuerte predisposición sobre las fianzas en casos de extradición.

La creencia de que esta ‘decisión, o presunción ilegal ha prevalecido en casos de extradición por tantos años, ahora la hace obligatoria en todo el país’, sostienen los abogados David O. Markus y Ricardo Bascuas en la petición para un derecho a un habeas corpus. ‘Solo esta Corte puede resolver la confusión que existe en este momento’, se lee en la nota del Miami Herald .

Francisco Carreira, abogado que tramita casos en juzgados norteamericanos, recuerda que en el ‘caso de Wright vs Henkel, una decisión adoptada en 1903, la Corte determinó que no había fianza en los casos de extradición. Es un caso insignia en la materia que define lo que es el derecho a fianza en la extradición. La defensa de Martinelli ha creado argumentos en vista de que le han negado la fianza (por el juez Edwin Torres de la Corte del Distrito Sur de la Florida) , y es una materia que la Corte Suprema pudiera ver si la considera de emergencia’.

La defensa basa su petición al esgrimir que esta decisión ‘tiene un efecto en el debido proceso y las cortes lo han malinterpretado, ‘esto afecta el debido proceso de su cliente’, explican.

Dos abogados más se sumaron al equipo de defensa de Martinelli, David O. Markus y Ricardo Bascuas. El primero es un abogado penalista reconocido en Estados Unidos que maneja un bufete con reputación de ganar casos criminales difíciles. Es un bufete boutique que acepta pocos casos para dedicarles máxima atención a los clientes. Markus es graduado en Harvard, un jurista con fama de ser ‘un abogado malignamente inteligente y terrífico en la Corte’, según se lee en el portal que anuncia sus servicios. Sus clientes lo definen como un jurista ‘todo en uno’, creativo y tenaz.

Mientras que Bascuas formó parte de la defensa del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, y logró la fianza de su cliente argumentando que no existía un tratado de extradición firmado entre Colombia y Estados Unidos. Arias se encontraba en Estados Unidos y era requerido por el gobierno colombiano por delito de corrupción, pero Bascuas argumentó que el tratado bilateral firmado en 1979 no había sido ratificado.

La mala noticia para Martinelli es que los magistrados están de vacaciones y retornan al trabajo la primera semana de octubre próximo.

En la Corte Suprema de Estados Unidos es necesario que cuatro de los nueve magistrados (que no tienen suplentes) estén de acuerdo con el caso. Esto no significa que, aunque se encuentren de vacaciones, no les notifiquen sobre lo que sucede en sus despachos. Pero, ‘si justifica escuchar el tema, interrumpen el receso’ y atienden el caso, añadió Carreira.

La Corte de Estados Unidos no tiene un término por ley que exija responder en un tiempo definido. Cuando la Corte niega una aplicación, por lo general no emite escrito alguno, pero cuando la acepta, existe al menos una opinión de algún magistrado.

Este proceso no interrumpe la audiencia programada para agosto próximo.

Adelita Coriat

 

La SIP envía misiva a OFAC preocupada por crisis de GESE

Dirigida directamente a Steven Terner Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.), y a John Smith, director de La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió una carta para declarar su preocupación por la situación de los periódicos El Siglo y La Estrella de Panamá .

‘LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA CONSIDERA QUE ESTÁ DECISIÓN ES UN CASTIGO DIRECTO A DOS IMPORTANTES PERIÓDICOS’,

CARTA

Según la organización continental, que agrupa y representa a 1,300 medios de comunicación, la decisión de la OFAC de no renovar la licencia de operación para los diarios panameños, que sin ese aval no pueden negociar con ciudadanos ni empresas estadounidenses, “es un castigo” a la libertad de expresión.

“La Sociedad Interamericana de Prensa, una organización sin fines de lucro, dedicada a la defensa y promoción de la liberad de prensa y expresión de las Américas, declara su preocupación ante la decisión de la OFAC de no renovar la licencia al grupo editorial GESE, que publica los periódicos El Siglo y La Estrella de Panamá “, señala la carta, fechada el 21 de julio y a la que tuvo acceso este diario.

“La SIP considera que está decisión es un castigo directo a dos importantes periódicos de los que el embajador (de EE.UU.) John Feeley dijo públicamente que no se encontraban involucrados en ninguna actividad ilícita”, añade la nota.

La sanción de EE.UU., apunta el organismo, “es en detrimento de la libertad de expresión, del derecho del pueblo a tener acceso plural y diverso a la información y a la fuente de ingresos de 240 familias, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la empresa, que en medio de las restricciones económicas que se derivan de esta medida anunció que suspendía sus ediciones de fin de semana”, indica la SIP en alusión a las restricciones de tiraje y publicación adoptadas por GESE.

El grupo también señala que, a sabiendas de la solicitud presentada por los abogados del principal accionista de los diarios, Abdul Waked, el pasado 12 de julio, para que se reconsidere la negativa de la extensión de las licencias de operación con los diarios (Nos. 3A y 3B, caso número FKN-2017 -345492-1), considera “favorable” la intervención del Gobierno de Panamá ante el Departamento del Tesoro de EE.UU., que propone “soluciones alternas” a los denegados permisos, “para que la libertad de prensa y el derecho de los panameños a la información no se vea afectado”.

La SIP reitera lo que ha mantenido en resoluciones, informes, y varias reuniones con oficiales del departamento de Estado sobre la urgencia de resolver este asunto para beneficio de la libertad de prensa en Panamá e insta a una “pronta respuesta” sobre este asunto.

La carta la firman Matt Sanders, presidente y Roberto Rock, director de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, que ha anunciado una visita de oficio a Panamá el próximo mes de septiembre para evaluar la situación de los diarios panameños y otros temas de libertad de expresión.

El Siglo y La Estrella de Panamá son propiedad de Abdul Waked, que en mayo de 2016 fue incluido en la denominada “Lista Clinton” que elabora la OFAC contra el lavado de activos producto del narcotráfico, sin que hasta la fecha se haya abierto un proceso en su contra ni en EE.UU. ni en Panamá.

Sobre la operación financiera de los diarios no pesa ninguna sospecha ni son parte de ninguna investigación, según han informado abiertamente las autoridades de EE.UU., pero están sometidos a las mismas restricciones que su principal accionista.

Desde el pasado 13 de julio, cuando expiró la tercera licencia de operación para los diarios emitida por la OFAC durante el último año, el grupo GESE está proscrito para cualquier ciudadano o empresa estadounidense, bajo amenaza de sanción y/o multa.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Dionicio Rodríguez, nuevo presidente del Colegio Nacional de Abogados

Los miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA) eligieron hoy  su nueva junta directiva en una reñida elección. Los votos de la provincia de Chiriquí definieron el ganador.

Las nóminas que buscaban el triunfo era la Fuerza Gremial, que apuesta por Juan Carlos Araúz; Alianza,  con Dionisio Rodríguez; Refundación Gremial, liderada por Ariel Corbetti; y Defensa Gremial y Dignidad Nacional, con Santander Tristán.

Dionicio Rodríguez  será el reemplazo de  José Alberto Álvarez en la presidencia del CNA.

Rodríguez se comprometió a regresar al CNA al Pacto de Estado de la Justicia del que se retiró por “inoperante”.

Las votaciones se desarrollaron usando el voto electrónico y estaban habilitados para votar 2,600 abogados.

La Comisión Electoral está conformada por Guillermo Márquez Amado, Javier Ordinola, Nivia Rossana Castrellón, Janina María Small, Edwin Guardia y Ethelbert Mapp.

Ismael Gordón Guerrel