El capítulo 26′

En los archivos del Meinl Bank de Antigua, el banco que la constructora Odebrecht utilizó para pagar los sobornos del exterior a políticos y funcionarios de todo el mundo, la Policía Federal de Brasil encontró una hoja de cálculo que registraba una transferencia por $400,000 el 21 de junio de 2012, de Klienfeld Services Ltd., empresa que utilizó Odebrecht para el pago coimas a funcionarios y políticos, a Poseidon Enterprises LLC, (cuya firmante es Michelle Lasso).

La transferencia justificaba parte de un arreglo, con fecha del 15 de octubre de 2010, entre ambas sociedades anónimas, aunque el giro se efectuó casi dos años más tarde. Para la policía brasileña, la transacción era un posible vínculo en el esquema de pago de supuestos sobornos utilizado por la constructora. Esta investigación está incluida en la ‘Operación Lava Jato capítulo 26′.

Hay algunas coincidencias entre la mencionada transacción y las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, el operador financiero de Odebrecht que trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora, quien manifestó al diario El País de España que los presuntos sobornos de la constructora al presidente Juan Carlos Varela se efectuaron a través de Michelle Lasso.

‘Cuando Varela era vicepresidente (2009-2014), se enviaron fondos a Michelle Lasso, una persona vinculada al político que tenía una cuenta en el banco de Odebrecht en Antigua y Barbuda. La constructora se asustó porque Lasso tuvo un problema empresarial en Estados Unidos y temió que se le investigara’, dijo Tacla Durán.

En lo que respecta a los balances del Meinl Bank, que utilizaba Odebrecht como centro del movimiento para el pago de las coimas, aparece un préstamo que hizo este banco el 23 de abril de 2012 a Michelle Marie Lasso por $400,000. Lasso garantizó el préstamo personal y puso como colateral el dinero de la cuenta de la empresa Poseidon Enterprises LLC, también radicada en el mismo banco, el 26 de abril de 2012. En el expediente brasileño se guarda la copia del certificado de depósito de $750,000 de Poseidon Enterprises LLC, empresa registrada bajo legislación de West Indies

Lasso prefirió no hablar con los medios acerca de estos movimientos bancarios, según contestó su padre, Jaime Lasso, a La Estrella de Panamá , y precisó que, de ser requeridos, hablarán con las autoridades.

El préstamo en mención se encontraba en una carpeta del banco con el nombre ‘Giovanna’, en el directorio de la aplicación Evernote, en la subcarpeta denominada Poseidon/contactos.

Los analistas brasileños consideraron interesante el nombre de los archivos con el usuario Giovanna, en una subcarpeta Evernote, que indicaba un gerenciador de anotaciones y compromisos vinculados aparentemente a una cuenta a nombre de Camillo Gornati, un técnico que instaló el equipo Drousys, plataforma utilizada para el crimen o gestión de los pagos de sobornos de Odebrecht.

Los investigadores brasileños asumen que el nombre de Giovanna se adoptó por la hija de Camillo Gornati del mismo nombre, nacida el 27 de mayo de 2010. (Tacla dijo en su momento que los sobornos se designaban bajo apodos).

La relación entre Lasso y la empresa Poseidon Enterprises fue revelada por la Policía Federal de Brasil el 31 de mayo de 2017 como parte de la ‘Operación 26 de Lava Jato’, tomando en cuenta que la constructora brasileña utilizaba el Meinl Bank para pagar las coimas en el exterior, al grado de que compró la mayor parte de las acciones del banco para dar continuidad a sus transacciones, ahora bajo investigación.

A los fiscales brasileños también les llamó la atención que Lasso, responsable de Poseidon Enterprises, se declaró culpable el 23 de abril de 2014 en una audiencia en Estados Unidos y fue condenada a dos años de prisión y al pago de una multa, además de haber sido deportada de Estados Unidos a Panamá por su participación en actos ilícitos de juegos de azar por Internet y el blanqueo de $27 millones. Es el caso al que hace referencia Tacla Durán en su entrevista.

De acuerdo con las investigaciones de la ‘Operación Lava Jato’, María Lucía Tavares, integrante del equipo de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, informó detalles acerca del funcionamiento de este departamento y las personas involucradas en los dos sistemas de pago utilizados.

SOBRE ‘LAVA JATO 26′

Las autoridades brasileñas encontraron en la residencia de Tavares, funcionaria de confianza de Marcelo Odebrecht, material que corrobora la existencia de una contabilidad paralela de pagos indebidos a Mónica Moura y Joao Santana, publicistas brasileños que firmaron dos contratos con el partido Cambio Democrático en la campaña presidencial de José Domingo Arias.

Las pruebas que recabó la policía brasileña también hablan de un sistema llamado Mywebday que registraba los pagos.

Tavares dijo que, a fin de posibilitar una comunicación segura entre su equipo y los prestadores, se instaló el sistema Drousys, plataforma utilizada para la gestión de las ‘propinas’ (sobornos) del grupo Odebrecht.

La instalación de este sistema estuvo a cargo de Luis Eduardo Soares, Paulo Soares y Camillo Gornati.

Gornati confesó en abril de 2016 a la Policía brasileña, que fue contratado por Olivio Rodrigues Junior (el operador de la cuenta Constructora Internacional del Sur en Panamá, que movió más de $300 millones a sociedades controladas por Odebrecht para el pago de sobornos) para hacer una página de Internet a Paulo da Rocha Soares, que estaba abriendo una empresa.

La operación de sobornos requirió de portales ficticios para dar credibilidad a las empresas que utilizaba la constructora para canalizar las coimas, y cuyas transacciones las formalizaba con contratos falsos .

La documentación seleccionada en Brasil demuestra que Gornati era responsable de la creación y mantenimiento de portales de diversas empresas utilizadas por Odebrecht para el movimiento de dinero.

Las autoridades determinaron que la responsable de la elaboración de contratos ficticios era Juliana Gornati, esposa de Camillo Gornati.

 

 

Adelita Coriat

Juez de cumplimiento mantiene en suspenso el proceso a Fifer

El Juez de Cumplimiento de la provincia de Coclé, Domingo Montenegro, en audiencia de verificación y control de condiciones de suspensión del proceso, no accedió a una solicitud de la Caja de Seguro Social y del Ministerio Público para revocar la suspensión del proceso contra el exgobernador de Coclé, investigado por la presunta comisión del delito de retención indebida de cuota obrero patronal en perjuicio de la CSS.

Por consiguiente, el juez determinó que no podía acceder a la suspensión del proceso, porque el acuerdo entre el exgobernador y la CSS para el pago de las cuotas adeudadas establece un plazo de tres años para su cumplimiento, y ese tiempo no ha concluido.

Referente a la solicitud para que se revocaran las condiciones de suspensión del proceso al exgobernador, por parte del fiscal anticorrupción, Aurelio Vásquez y el querellante por la CSS, Didimo Barrios, se hizo basada en el incumplimiento del pago mensual, desde enero a julio de 2017.

Por su parte, Tomás Góndola, abogado del exgobernador, indicó que aceptó que no se han hechos los pagos correspondientes. Sin embargo, se ha enviado nota con fecha del 10 de agosto, al director de la CSS, donde se ofreció tres propiedades como arriendo por un término de cinco años, para mitigar lo adeudado, pero aún no han recibido respuesta.

El pasado 20 de abril de 2017, un Tribunal de Juicio le suspendió el proceso al exgobernador de Coclé bajo las siguientes condiciones por un plazo de tres años: residir en su domicilio, cumplir con los arreglos de pagos a la CSS. Además el Tribunal ordenó el levantamiento de medidas cautelares.

Antes de finalizar el acto de audiencia, el juez de cumplimiento Montenegro, anunció a las partes, la próxima fecha de audiencia de verificación y control de las condiciones, para el jueves 11 de enero de 2018, a las 9:00 a.m.

 

 

Ismael Gordón Guerrel

Partidos deberán destinar el 20% de su presupuesto para la capacitación de las mujeres

El Tribunal Electoral (TE) reglamentó el manejo de los fondos del financiamiento público poselectoral que deben destinar los partidos políticos a la capacitación exclusiva de las mujeres.

El TE emitió el Decreto 17 del 9 de agosto de 2017, porque la Ley 29 de mayo de 2017 reformó el Código Electoral y se debía adecuar.

El presupuesto anual que los partidos políticos deben presentar al TE, para el uso de los fondos del financiamiento público poselectoral, deberán contener el plan anual de capacitación que incluya el renglón correspondiente a la capacitación exclusiva de la mujer.

Entregar constancia de que la Secretaría de la Mujer o su equivalente ha elaborado el plan para dicha capacitación, y que ha sido aprobada por la Junta Directiva.

Una vez aprobado el plan de capacitación de la mujer por parte del TE, cualquier modificación deberá ser elaborado por la Secretaría de la Mujer o su equivalente por la Junta Directiva del partido y refrendada por el TE.

Para el manejo del fondo de capacitación de la mujer, los partidos políticos abrirán una cuenta corriente en el Banco Nacional de Panamá, en la que el TE consignará trimestralmente la suma que corresponda.

Ismael Gordón Guerrel

 

Martinelli será trasladado a cárcel de menor seguridad

El expresidente Ricardo Martinelli será transferido a otro centro correccional por orden del juez Edwin Torres, a solicitud de la defensa motivada por un altercado entre su cliente y uno de los guardias del centro de detención Federal donde permanece desde el 12 de junio.

En la nueva instalación, Martinelli podrá prepararse para la audiencia final de extradición agendada para el 22 de agosto próximo a las 9 de la mañana. La Fiscalía no se opuso a la medida de alivio para Martinelli.

En este centro los privados de libertad se organizan por dormitorios o viviendas y tienen acceso a programas de entrenamiento que les ayudan a rehabilitarse. Los prisioneros pueden enviar correos electrónicos a su familia o amigos de aproximadamente 13,000 caracteres, poniendo el nombre de sus contactos de antemano. Sin embargo, cada correo es monitoreado con su anuencia. Los prisioneros no tienen acceso a internet.

Martinelli convivirá con otros 1,077 convictos por delitos federales que deben cumplir reglas estrictas; de lo contrario, perderán privilegios o permanecerán en confinamiento solitario, tal como le ocurrió al exmandatario panameño antes de solicitar su traslado a este centro penitenciario.

 

Adelita Coriat

Ordenan detención provisional para la madre de ‘Chichi’ De Obarrio

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la noche de ayer la detención provisional de Silvina Manzini de De Obarrio, madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, exsecretario del expresidente Ricardo Martinelli.

La Fiscalía también le formuló cargos por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado y se aprehendió dos bienes de inmuebles ubicados en el corregimiento de San Francisco.

Se conoció que en este caso también se está investigando a cuatro personas más y cuyos nombres no han sido revelados.

Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, está siendo investigado por las supuestas irregularidades en la compra de $45 millones en comida deshidratada.

El 25 de diciembre de 2014, De Obarrio salió de Panamá junto a su esposa, con destino a Miami, Estados Unidos y hasta la fecha no ha regresado al país.

Guadalupe León B.

 

Bernal presenta solicitud para candidatura independiente

El catedrático y constitucionalista, Miguel Antonio Bernal presentará este martes su solicitud ante el Tribunal Electoral para iniciar los trámites a candidatura independiente a la Presidencia de la República para el 2019.

Bernal labora en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

Los aspirantes deben de recolectar una cuota de 18 mil 542 firmas para convertirse en candidatos independientes. La cifra corresponde al 1% de los votos emitidos para el cargo en la pasada elección.

Hasta el momento el TE ha registrado cinco aspirantes a la candidatura presidencial independiente: Gerardo Barroso, Ricardo Lombana, Ernesto Cedeño, Ana Elena Porras y Ana Matilde Gómez. A esta lista se le sumaría Miguel Antonio Bernal.

 

 

Fiscalía de Cuentas tramita 27 expedientes de ‘alto perfil’

El más reciente informe del Tribunal de Cuentas detalla que la entidad tramita 27 expedientes catalogados de ‘alto perfil’ en los que se estima una presunta lesión patrimonial de $214.7 millones, hasta julio de 2017.

Entre los casos administrativos que son investigados por manejo de los fondos del Estado están: la compra de comida deshidratada (1 y 2), máquina pinchadora, adquisición de mochilas, Cobranzas del Istmo, alquiler de servicios de helicópteros, el fallido contrato del Sistema de Riego de Tonosí, compra de bolsas de comida y de llantas a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), Programa Piso y Techo, entre otros.

En el ramo penal, las investigaciones de estos casos han vinculado a ministros, directores de entidades y funcionarios de la pasada administración de gobierno (2009 – 2014).

El caso de mayor cuantía que adelanta este despacho es por un monto de $45 millones y corresponde a la compra irregular de comida deshidratada, durante la pasada administración.

El expediente de menor cuantía que se instruye al momento de este informe asciende a $9,469 y es por las compras efectuadas por el PAN (hoy Dirección de Asistencia Social – DAS) para Techos de Esperanza. En esta investigación se vincula al actual director de la institución, Rafael Stanziola.

En este nuevo informe, se reportan cinco casos de la Universidad de Panamá en los que se adelanta una posible lesión patrimonial por al menos $13.7 millones.

Un informe del capítulo de Transparencia Internacional de Panamá, y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indica que después de monitorear veinte casos de corrupción la lesión patrimonial podría ascender a $357.3 millones hasta julio de 2017.

Según el análisis de Transparencia Internacional, con esa suma se podrían fortalecer los mecanismos anticorrupción, como la Carrera Judicial a la que la Corte Suprema de Justicia ha asignado $1.5 millones para su implementación.

Este monto también podría cubrir el presupuesto de la Corte, que asciende a $332 millones, según la petición de su presidente, el magistrado José Ayú Prado.

FISCALÍA DE CUENTAS

La Fiscalía General de Cuentas, creada mediante la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, es el ente encargado de instruir la investigación patrimonial por las irregularidades que detecte la Contraloría General de la República.

Esta Fiscalía le aplica sanciones por el mal uso de los fondos y bienes públicos.

Marlene Testa

 

Martinelli, reprendido, pide cambio de cárcel

Con una hora y más de retraso que él mismo provocó, se celebró esta semana en Miami la tercera audiencia para definir si Ricardo Martinelli vuelve a Panamá en calidad de preso.

El expresidente panameño se presentó en la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de la Florida con su uniforme de presidiario, esposado de manos y pies, sin barba, y con unos lentes que usaba de cuando en vez para leer documentos. Quienes estuvieron presentes dicen que parecía ‘apagado’, que no cruzó mirada con nadie y caminaba taciturno. Parecía entre ‘aterrado, enojado y frustrado’. La comparecencia acabó con el único anuncio de una nueva fecha, el 22 de agosto, para analizar un punto específico, si la Convención contra el Cibercrimen, de la que Panamá es signataria desde 2014, puede ser retroactiva para aplicarla en este caso, ya que los delitos que involucran la investigación se inician en 2012. Esta duda la logró sembrar la defensa en el juez Edwin Torres, que presidió la audiencia y que solicitó a Adam Fels, fiscal del caso, investigar si ha ocurrido un hecho similar en otras ocasiones para documentarlo y tomarlo como base.

El tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos firmado en 1904 no contemplaba ni siquiera un perfil de delito similar, teléfonos móviles o computadoras.

La defensa ya había presentado un documento en la Corte en el que respondía a un memorándum que resumía las pruebas presentadas contra el expresidente y rechazaba la mayor parte de los cargos, como, por ejemplo, que Martinelli haya dirigido a los exfuncionarios del Consejo de Seguridad para que espiaran o vigilaran a su criterio y sostiene que su cliente es un perseguido político.

También acusaron a Gustavo Pérez y a Giacomo Tamburrelli de la compra de los equipos para el espionaje, y del control de los reportes.

‘En Panamá se han iniciado numerosas investigaciones, hay un fiscal de la causa que admite que no hay independencia judicial y que la Corte es corrupta, donde manda el dinero y se efectuó una orden ‘defectuosa’ de detención contra Martinelli. Por lo tanto, la solicitud de extradición enviada a esta Corte contiene mentiras que fueron vertidas bajo declaraciones juradas’, cita el documento presentado por la defensa.

El debate se concentró en la adquisición de las máquinas, por la supuesta malversación de fondos o peculado del que también se acusa a Martinelli, además de que las máquinas y/o software no aparecen.

Se discutió, asimismo, el tema de las escuchas, las víctimas que fueron afectadas y cuyas conversaciones privadas se difundieron. Pero la defensa trató de separar el tema de las escuchas y/o la data obtenida por los ‘pinchazos’. Aunque, al final, la Fiscalía dijo que de cualquier forma se trataba de una violación a la privacidad.

Al parecer la estrategia de la defensa se centra en establecer que, en Panamá, Martinelli es un perseguido político, por lo que espera la protección de Estados Unidos, país del que demostró ser ‘buen amigo’ cuando era presidente.

La audiencia sirvió además para que la defensa presentara una solicitud de traslado para Martinelli, que ha protagonizado un inciente con uno de los guardas de la prisión en la que está recluido desde el 12 de junio y donde le han reprendido por faltas de conducta.

 

 

Adelita Coriat

Expresidente de Panamá Martinelli ante juez en Miami

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli comparecerá este jueves, en una nueva audiencia judicial en Miami, la tercera desde su detención, en la que se espera que el juez Edwin Torres determine si es viable o no su extradición a Panamá.

Martinelli, que está detenido desde el 12 de junio en un centro de reclusión cercano a los tribunales federales de Miami, es reclamado por la Corte Suprema de Panamá por cuatro delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que funcionó cuando era presidente (2009-2014) y por peculado (malversación de fondos estatales).

El juez Torres ha denegado en dos ocasiones a Martinelli la libertad bajo fianza, con el argumento principal de que la Justicia de EE.UU. muy rara vez concede ese beneficio a personas requeridas en extradición, y la defensa del expresidente ha recurrido al margen de este juicio a la Corte Suprema de EE.UU. por ese motivo.

Según publicó ayer la Corte Suprema en su página web, el juez Clarence Thomas, en quien recayó la petición de urgencia presentada por los abogados de Martinelli, denegó la libertad bajo fianza.

Queda pendiente de respuesta un recurso de amparo presentado también por los abogados del expresidente ante la Corte Suprema estadounidense, en este caso un documento de mayor calado con el que busca un cambio en la política de concesión de la libertad bajo fianza a personas requeridas por la justicia de ahora en adelante.

En la actualidad se rige por un estatuto de 1903 que contempla la concesión de la libertad bajo fianza como algo reservado para casos extremadamente especiales.

El portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, señaló este martes a Efe que el expresidente está “preparado mentalmente” para un proceso largo, de como mínimo un año, y para pasar todo ese tiempo en prisión.

El exgobernante panameño, uno de los empresarios más acaudalados de Panamá, está radicado en Miami desde el año 2015 y tiene planteada desde entonces una solicitud de asilo, aun no respondida, en la que alega que es un perseguido político de Juan Carlos Varela, el actual presidente de Panamá y quien fue vicepresidente de Martinelli.

Entre los últimos documentos legales incorporados al expediente está una declaración jurada firmada por Harry Díaz, quien actúa como “magistrado fiscal” del proceso a Martinelli en la Corte Penal de su país por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, así como los delitos contra la Administración Pública.

Estos últimos tienen que ver con la adquisición, el uso y la apropiación de los equipos y sistemas utilizados para las interceptaciones de comunicaciones de periodistas, miembros de la oposición y otros, señala en la declaración.

Díaz hace hincapié en que Martinelli no goza de inmunidad como exjefe de Estado ni como diputado del Parlamento Centroamericano y que los delitos por los que se solicita su extradición no son “políticos” sino comunes, porque no tienen que ver con “traición, espionaje y sedición”.

La defensa ha alegado desde la captura de Martinelli, declarado en “rebeldía” por la Corte Suprema de Panamá, que hay numerosas irregularidades procesales en la causa del expresidente y también ha apuntado tanto al hecho de que fue durante su gestión un “aliado” de EE.UU. como a la supuesta persecución a la que está sometido.

La Fiscalía, que representa al Estado panameño en el proceso de extradición y reporta al Departamento de Estado, en quien recae la decisión final sobre la extradición, ha tratado de desestimar los argumentos “políticos” de la defensa, además de defender las tesis de la Corte Suprema de Panamá.

EFE

 

Corte de EE.UU. deniega fianza a Martinelli

Cuando su defensa preparaba los argumentos con los que solicita la excarcelación del expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenido desde el 12 de junio a la espera de que se resuelva una solicitud de extradición, la Corte Suprema de EE.UU. denegó la petición, ratificando la decisión del juez Edwin Torres, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, que lleva el caso.

LOS PINCHAZOS

El expresidente es investigado por las escuchas ilegales durante su gobierno

150

personas, entre políticos, empresarios, periodistas y funcionarios públicos fueron víctimas del espionaje por el que se procesa a Martinelli

El anuncio se hizo en Washington, en un escueto comunicado del que dieron cuenta las agencias de noticias.

Una portavoz de la Corte, máxima instancia judicial de EE.UU., confirmó a la Agencia Efe que la solicitud fue denegada por el juez Clarence Thomas, uno de los magistrados más conservadores del tribunal.

La petición había sido presentada ante el Supremo con carácter de urgencia por los abogados de Martinelli, al que se requiere en Panamá para que declare en un caso por escuchas ilegales.

Según los abogados del expresidente, Martinelli no presenta ningún riesgo de fuga, para lo que presentaron además una oferta de fianza cuantiosa y el aval de ciudadanos estadounidenses que atestiguaron sobre su buena conducta.

La defensa de Martinelli pidió a los jueces de la Corte Suprema de Justicia la audiencia para evaluar la legalidad de las condiciones de detención y encarcelamiento del expresidente y se detuviera el proceso de extradición que enfrenta en el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

Su objetivo era invalidar los argumentos que ha esgrimido el juez Torres para denegarle la libertad bajo fianza en dos ocasiones, fundamentalmente un antecedente de 1903 que establece que ese beneficio muy rara vez se concede a personas requeridas en extradición.

El juez supremo Clarence Thomas, encargado de responder el recurso ya denegado, fue nombrado en 1991 por George H.W. Bush.

LA PROPUESTA RECHAZADA

Los abogados propusieron que la esposa del expresidente, Marta Linares de Martinelli, entregara al juez de Florida una fianza de $500,000 y que el exmandatario fuera recluido en su mansión de Miami, bajo estrictas condiciones de vigilancia y con restricciones para que no pueda viajar en botes o aviones.

Esas condiciones, defendieron los abogados en su petición, ‘eliminan cualquier riesgo de fuga’.

‘Es un sobreviviente, un luchador que no se amilana ante la adversidad, sino que enfrenta la situación’, afirmó a la Agencia Efe desde Miami Eduardo Camacho sobre Martinelli, a quien ha visitado en calidad de ‘visitante especial’.

Según el relato de Camacho, Martinelli pidió desde el principio de su detención estar acompañado y comparte celda con un detenido haitiano.

‘Los dominicanos, puertorriqueños y mexicanos detenidos en el mismo lugar (un centro de detención aledaño a los tribunales federales del centro de Miami) le llaman ‘presidente” o ‘tío’. Se han hecho amigos y él ayuda a los que no hablan inglés’, afirmó el portavoz a Efe .

Según Camacho, el expresidente está al tanto de lo que sucede en Panamá y desea regresar a su país cuando termine el proceso.

LA EXTRADICIÓN

Para la audiencia fijada mañana 3 de agosto, tanto el equipo de abogados del expresidente, como la Fiscalía que defiende los intereses del Estado panameño en el caso de extradición de Martinelli actualizaron sus argumentos y los testimonios que avalan sus posturas.

Según los abogados defensores, Martinelli es un perseguido político que merece asilo en Estados Unidos, donde, entre otras cosas, ha demostrado su integración a la comunidad. Además es un inversor solvente con importantes propiedades en el país, como la lujosa vivienda a las afueras de Miami donde fue detenido.

Los fiscales, a su vez, presentan el caso por el que se le han presentado cargos en Panamá al expresidente y constatan que se sigue el debido proceso.

Además, describen cómo la investigación en Panamá ha concluido que utilizó fondos del Estado para recabar información confidencial que utilizó para su beneficio económico y político.

El propósito de los fiscales es conseguir que el juez Torres declare ‘extraditable’ a Martinelli y que con esa condición el Departamento de Estado dé su visto bueno para que se inicie el proceso.

Ana Cerrud