Demanda contra el Código Electoral

El artículo 246-A del Código Electoral será demandado hoy ante la Corte Suprema de Justicia.

Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la norma por considerar que viola las garantías constitucionales.

La demanda la presentará a nombre de Evans Loo, quien pretende ser candidato a la Presidencia de la República por la libre postulación.

El artículo citado establece que en cada proceso electoral solamente podrán postularse tres candidatos por la vía independiente.

Actualmente hay más de veinte personas que han retirado la documentación para presentar su postulación según esa alternativa, aunque solamente tres han sido autorizados formalmente por el Tribunal Electoral para iniciar el proceso de recolección de firmas, tras cumplir con todo el trámite requerido.

Según la norma que es cuestionada, a pesar de la cantidad de ciudadanos que completen la cantidad de firmas para postularse, solamente tres podrán competir.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Pacto por la Justicia pide reunión con el pleno de la Corte

La Comisión del Pacto Estado por la Justicia aprobó durante su sesión semanal, este miércoles, solicitar una reunión urgente con el pleno de la Corte Suprema de Justicia para analizar la crisis que vive la justicia, a raíz de los polémicos fallos que parecen favorecer a exfuncionarios investigados por casos de corrupción.

FALLOS Y CRÍTICAS

La Corte Suprema de Justicia anuló la investigación de la compra de radares

Diversos sectores de la sociedad civil han cuestionado la medida y la consideran un exabrupto.

La Comisión de Estado por la Justicia se sumó a las inquietudes.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, explicó que hoy se enviará la misiva a la Corte Suprema para solicitar el encuentro con los nueve magistrados que integran la máxima corporación de justicia.

Las inquietudes que se han estado formulando de ‘manera justificada’ tienen que ser atendidas por la Comisión, mejor conocida como Pacto por la Justicia, ‘y por eso solicitamos una cortesía de sala al pleno de la Corte para plantear este problema para que sea atendido’, señaló el procurador.

‘Hay que prestarle atención a lo que está sucediendo y no es la primera vez que la administración de justicia hace crisis y la ciudadanía requiere repuestas contundentes de las cosas que se deben corregir’, indicó González.

‘No es que no se vuelvan a dar casos como los que han ocurrido en las últimas semanas, pero por lo menos que no sean en la dimensión que se han dado’, insistió.

Para el procurador, ningún sistema judicial es perfecto, pero alertó que no es la primera vez que en Panamá surgen crisis en la administración de justicia.

El procurador precisó que la Comisión deberá definir los puntos concretos que analizará con los magistrados de la Corte. ‘Ya tenemos un borrador de los planteamientos que se harán a la máxima corporación de justicia, el cual fue elaborado hoy (ayer)’, afirmó.

De esta manera, la Comisión de Estado por la Justicia se suma a diversos sectores de la sociedad civil, incluso el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, que han expresado preocupación por fallos de la Corte.

Uno de los más recientes y polémicos fue la admisión de un amparo de garantías que anuló parte de la investigación por el emblemático caso de la compra de 19 radares a la empresa italiana Finmeccanica. Por este caso, se le habían formulado cargos por el supuesto delito contra la administración pública (peculado) al exministro y exviceministro de Seguridad José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, respectivamente.

El fallo del pasado 6 de abril tuvo la ponencia de la magistrada Ángela Russo y contó con el visto bueno de los magistrados Hernán De León, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega, Abel Zamorano, Oydén Ortega y Asunción Alonso, suplente del magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, así como el de la magistrada Gisela Agurto, suplente elegida por sorteo. El magistrado Jerónimo Mejía se abstuvo de votar.

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, se quejó recientemente de que cinco emblemáticos casos en los que se investigan actos de corrupción pueden quedar impunes por decisiones del Órgano Judicial. Uno de ellos, es la compra de la Editora Panamá América, conocido como ‘New Business’, al no ser catalogado como caso complejo por el Juzgado Decimoctavo Penal.

La misma suerte puede correr el proceso por la investigación del caso Odebrecht Suiza, Riegos de Tonosí y Financial Pacific.

José Arcia

 

SIP aboga por la libertad de expresión

La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que viajó a Panamá para atender la ‘preocupante’ situación de dos de sus miembros, Epasa y GESE, cumplió este martes las dos primeras reuniones de su gira para abogar por la libertad de expresión en el país.

Durante la mañana, los comisionados sostuvieron un encuentro, sin acceso a los medios de comunicación, con la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell.

‘ESTE ENCUENTRO HABLA MUY BIEN DE LA DEMOCRACIA PANAMEÑA’,

ROBERTO ROCK

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA SIP

En horas de la tarde, los representantes del organismo que agrupa más de 1,300 medios de comunicación se trasladaron al Palacio de Las Garzas para reunirse, también a puerta cerrada, con el presidente, Juan Carlos Varela.

De la reunión se supo solo lo que transmitió una nota de prensa de Presidencia, en la que se informó que el mandatario reiteró a los miembros de la SIP ‘el respaldo de su Gobierno a la libertad de expresión en el país’.

Según el comunicado, Varela afirmó que en los casos del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) y Editora Panamá América (Epasa), ‘el Gobierno está comprometido en preservar las fuentes de empleo’.

El mandatario reiteró a la SIP que ha realizado esfuerzos diplomáticos ‘que han resultado en varias extensiones de la licencia general a La Estrella de Panamá y El Siglo, otorgando mayor tiempo para que sus directivos puedan realizar las actividades necesarias que permitan la continuidad de sus operaciones comerciales’.

Nada se dijo de que desde el pasado 13 de julio, EE.UU. prohíbe a sus nacionales todo comercio con la empresa panameña, sin que se hayan identificado motivos de ley o presentado cargos en su contra ni en ese país ni en Panamá.

‘Esta administración ha respetado la línea editorial de todos los medios del país’, destacó Varela en la reunión, a decir de la nota.

El mismo comunicado recoge declaraciones de Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, quien expresó que ‘este encuentro habla muy bien de la democracia panameña’.

También felicitó al Gobierno tras recalcar que para la SIP ‘el libre acceso a los medios permite un país más democrático’.

El 21 de julio pasado, la SIP solicitó al l Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconsiderar la negativa de extender las licencias para proteger la libertad de prensa en Panamá.

LAS DELEGACIONES

Los comisionados de la SIP que plantearon su preocupación por las restricciones a la libertad de prensa e información en el país fueron Ed Seaton, expresidente de la SIP, presidente de Seaton Newspapers, Manhattan, Kansas, Estados Unidos; Raúl Kraiselburd, expresidente de la SIP, director de ‘El Día’, La Plata, Argentina; Danilo Arbilla, expresidente de la SIP, Montevideo, Uruguay; Jorge Canahuati, presidente del Comité Ejecutivo de la SIP, presidente del Grupo OPSA, San Pedro Sula, Honduras; Roberto Rock, director de ‘La Silla Rota’, Ciudad de México, México; y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la organización.

Fueron recibidos por los ministros de Presidencia, Álvaro Alemán; Economía, Dulcidio de la Guardia; Gobierno, María Luisa Romero; el secretario de Metas y Portavoz del Gobierno, Jorge González; y el Secretario de Comunicación del Estado, Carlos Estrada.

Redacción La Estrella de Panamá

 

La Corte Suprema hizo lo que tenía que hacer, dice Eloy Alfaro

Son los casos de alto perfil los que obligan a las cortes supremas a sentar y actualizar precedentes jurídicos. Así lo considera el abogado y exembajador de Panamá en Washington Eloy Alfaro de Alba, consultado por La Estrella de Panamá a propósito del reciente fallo que anula parte de la investigación en el caso Finmeccanica y favorece a José Raúl Mulino, quien fuera ministro de Seguridad durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Si bien la Corte Suprema de Justicia había fallado con anticipación legalizando dos investigaciones del Ministerio Público en las que los fiscales se pasaban de los términos, ‘no significa que deba seguir en el error’, sentenció el abogado.

A su juicio, son los casos de alto perfil los que obligan al sistema judicial a enmendar, y este caso lo demuestra, sobre todo cuando hay privación de libertad.

‘Tal vez la Corte hizo lo que se tenía que hacer’, opinó el abogado.

El exembajador se refiere a los señalamientos contra la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunciaron de manera unánime, y si bien considera cuestionable que los tribunales hayan negado la prórroga de términos en casos que sí son complejos, se sorprende de que ‘nadie ha preguntado cuál de las dos posiciones asumidas por la Corte Suprema en los fallos, sin duda contradictorias, es la constitucional y jurídicamente correcta’.

POLÉMICA DECISIÓN

La magistrada Angela Russo fue la ponente del fallo de la Corte Suprema

Con la decisión se declara ilegal parte del expediente elaborado por el Ministerio Público en el caso Finmeccanica.

Según el fallo, la Fiscalía se extendió en el periodo para hacer la investigación.

A la vez, él mismo cuestiona si se justificaba variar el criterio.

Como conocedor del derecho, Alfaro de Alba plantea: ¿Debe permitirse a los fiscales exceder términos de investigación después de que jueces y magistrados les han negado prórrogas y aun así, privar de su libertad a investigados?’.

‘Con la cacería que se desarrolla, selectiva y con injerencias y presiones de toda clase, ¿sería responsable posponer o variar el criterio?, ¿convenía adoptar una posición más garantista para proteger el debido proceso? o, tal vez, era preferible esperar a cuando se voltee el pastel y los que hoy critican la posición corregida sean los investigados, para entonces considerar si se justificaba o no variarlo’, agrega el abogado.

Sin embargo, el exembajador considera que lo positivo tras esta polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia es el debate nacional que se ha generado, tanto entre abogados y políticos como entre voceros de la sociedad organizada, que se han manifestado a favor y en contra de la decisión, pero en lo personal, mantiene su posición con firmeza: ‘La decisión de la Corte pudiera ser la correcta y tal vez se hizo lo que se tenía que hacer’.

Carlos Anel Cordero

 

Jueza niega a la fiscalía declarar causa compleja ‘caso New Business’

El Ministerio Público sufrió otro revés en los casos de ‘‘alto perfil” que investiga. En esta ocasión, enfrenta el riesgo de que uno de sus más emblemáticos expedientes quede inconcluso porque la fiscal Janeth Rovetto no consiguió convencer a la juez décimo octava de que califique como ‘‘delincuencia organizada y tramitación compleja” el caso ‘New Business’, sobre la compra de los diarios de la Editora Panamá América (Epasa).

La jueza ha dado un fallo contundente a la fiscal en el que le ha corregido, incluso, el fundamento legal por el cual debió sustentar la solicitud. Además, explica que la fiscal no ha logrado probar que los implicados formaban parte de una organización delincuencial, puesto que la definición de esta estructura según la ley requiere de una pertenencia, que actúen de manera concertada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves para obtener un beneficio económico y, hasta el momento, la fiscal no ha demostrado eso en la investigación.

En el fallo de doce páginas al cual tuvo acceso La Estrella de Panamá , la jueza Baloisa Márquez recogió las opiniones de los abogados defensores, quienes coinciden en sus argumentos en que el caso no se circunscribe a uno de organización delincuencial como quiere hacer ver la fiscal.

En la investigación que expone la fiscalía, se ha permitido identificar el pago de $22,121,142 derivados de la transacción entre Transcaribe Trading, S.A. con el Estado para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraijan-La Chorrera en 2010, dinero que fue desviado a otros fines y que, según la Fiscalía, se utilizó para adquirir los diarios.

La Fiscalía sostiene que estos dineros se transfirieron en bancos locales y extranjeros de distintas jurisdicciones, lo que hizo necesario vincular la investigación con estos países para conseguir cooperaciones internacionales y la persecución penal efectiva. Aunado a esto, por tratarse de una multiplicidad de personas naturales y jurídicas, se efectuaron operaciones financieras cuya trazabilidad aún debe identificarse, por ende, solicita que se permita declarar ‘compleja’ la causa y otorgar más tiempo de investigación.

Rosendo Miranda, en representación de Gonzalo Gómez, manifestó su oposición, y añadió que se debe tener claridad de que no todos los delitos investigados por la Fiscalía de Crimen Organizado deben ser considerados como delincuencia organizada, ya que los que la ley indica que pueden ser de esa naturaleza se caracterizan por la pertenencia de un grupo de individuos a una estructura criminal organizada, desde la cual se diseña, planifica y ejecutan una serie de delitos graves, como narcotráfico, terrorismo o blanqueo de capitales.

Para que la Fiscalía pruebe que existe un grupo delictivo, según Miranda, debió presentar al juzgado las pruebas que acrediten que se concertó previamente y por un tiempo determinado la estructura delincuencial, además de que actuaron con dolo.

Por otra parte, Javier Soriano Cárdenas, en representación de David Ochy, indicó que la Fiscalía tampoco ha probado el delito de blanqueo de capitales, ya que Transcaribe Trading, S.A. recibió un dinero del Estado porque a la empresa se le adjudicó el contrato para el estudio y diseño de la autopista. Además, dice el abogado, los trabajos se realizaron y su cliente no figura como sindicado en la investigación por delito de peculado con el que se pretende justificar el delito de blanqueo de capitales.

Su representado, Ochy, solo fue indagado por blanqueo de capitales, y no se ha probado que exista el delito de delincuencia organizada, de hecho la empresa tiene más de veinte años de existir.

Adelita Coriat

 

Cciap aboga por trabajar en el ‘reordenamiento’ del sistema de justicia

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) instó a las autoridades y a la sociedad a trabajar en el “reordenamiento” del sistema de justicia. Esto, mediante una reforma constitucional “que nos permita avanzar como nación respetuosa del derecho, con un Órgano Judicial que sea un verdadero contrapeso y administre justicia de una manera imparcial y eficiente”. La posición del gremio empresarial surge luego de que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, denunciara la semana pasada que los casos que investigan los fiscales sobre corrupción y blanqueo de capitales corren el riesgo de quedar impunes. Porcell indicó también que hay presiones y amenazas contra los fiscales que llevan adelante dichos casos. Sobre este mismo tema, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha exhortado al Órgano Judicial a actuar a favor de los intereses de la nación, para así recuperar más de mil 500 millones de dólares del pueblo panameño desviados en el gobierno pasado. En este contexto, la Cciap expresó su convencimiento en que el proceso de designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia cobra mayor importancia, “por lo que apelamos a que quienes sean seleccionados a estos cargos, sean las personas más idóneas, con altos estándares morales y sean seleccionados después de un amplio debate que compruebe tales méritos”.

“Es necesario que en Panamá logremos un verdadero estado de derecho, donde impere la ley, y esta sea aplicada a todos, sin diferencia”, expresó la organización en un comunicado.

 

Getzalette Reyes

CNA exhorta a la PGN a investigar amenazas e intimidación

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), manifestó mediante un comunicado, ver con preocupación las acusaciones efectuadas por la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, en las que aseguró la existencia de amenazas orientadas  a impedir el curso normal de las investigaciones que se llevan a cabo en torno a los casos de corrupción manejados por el Ministerio Público (MP).

A través de la misiva, la Junta Directiva del CNA aseguró que ante lo que constituye una “violación clara a la ley penal”, la Procuraduría General de la Nación (PGN) debe realizar las investigaciones necesarias de manera inmediata para ejercer las acciones penales necesarias amparadas en el artículo 388 del Código Penal.

Consideran preocupantes los señalamientos sobre “la existencia de luchas de poderes económicos tendientes a influir en la administración de justicia” y que la misma no debería ser calificada como endeble por la máxima representante del MP.

Sobre las declaraciones de Porcell, quien aseguró que al menos cinco casos “emblemáticos” a cargo de los fiscales,  “quedarán inconclusos”, el CNA afirmó que la normativa procesal es clara “en cuanto a la fijación del término de la investigación para causas complejas, determinando los presupuestos para que las prórrogas sean viables” y el deber el MP es sustentar ante el órgano Judicial que se cumplan los presupuestos para que la petición de prórroga se ajuste a las exigencias normativas.

Para el CNA es preciso que el MP ejerza su rol enmarcado en el cumplimiento de las investigaciones según lo establecido en las leyes, de manera que todos los ciudadanos investigados por un delito, tengan derecho a un enjuiciamiento público en garantía con el cumplimiento de todos los derechos establecidos en la Constitución y la ley.

El pasado 29 de agosto Kenia Porcell, procuradora general de la Nación, denunció públicamente que los fiscales a cargo de casos de ‘alto perfil’ , están siendo amenazados con la finalidad de que no lleven a término sus investigaciones.

Yandira Núñez

 

Juez Edwin Torres debe emitir hoy su decisión sobre Martinelli

Hoy es la fecha que ha esperado el expresidente Ricardo Martinelli desde que ingresó a la prisión federal de Miami, donde perdió su libertad y las comodidades que tenía en la casa de cinco recámaras donde vivía antes de ser detenido.

El juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, debe decidir este jueves si hay suficientes méritos o causa probable que demuestren que Martinelli violó la intimidad de las 150 personas que espió entre 2012 y 2014.

‘EL ARTÍCULO 340 DEL CPP SE REFIERE A LA IMPUTACIÓN CONTRA LAS PERSONAS, MAS NO A LA ACUSACIÓN’,

DEFENSA R. MARTINELLI

De ser así, ordenará su extradición a Panamá; en caso contrario, Martinelli recuperará su libertad, lo que le permitirá reforzar su teoría de que en Panamá es objeto de persecución política, liderada por el presidente, Juan Carlos Varela.

LOS POSIBLES ESCENARIOS

En caso de que Torres decida que el exmandatario no es extraditable por no encontrar pruebas del delito que se le imputa, la fiscalía que representa al Gobierno panameño podrá presentar una nueva petición de extradición por un caso distinto al presentado, pero no puede recurrir a una reconsideración ante el juez.

Martinelli tiene en la Corte Suprema de Justicia de Panamá una docena de casos en investigación sin que hasta el momento se haya celebrado en su contra una audiencia de imputación o acusación.

Suponiendo que el juez Torres decida enviar a Martinelli a su tierra, el nutrido equipo de abogados que lo asesoran podría presentar un recurso de reconsideración, que como bien aclara el abogado Francisco Carreira, se conoce en Estados Unidos como un habeas corpus , término que ha generado cierta confusión por la connotación diferente del recurso en nuestro país.

‘En realidad se trata de una reconsideración ante el mismo juez Torres, un requisito previo si la defensa decide apelar ante el tribunal de Atlanta (Georgia)’, explica Carreira.

Martinelli entonces tendrá que continuar en prisión hasta que el tribunal resuelva el recurso. Un proceso que, a juicio de Carreira, podría demorar hasta un año, lo que se traduce en más tiempo en prisión para el exmandatario que por varias vías intentó que el juez Torres calificara su caso como ‘especial’ para conseguir una fianza.

El expresidente trató de convencer al juez con un millonario ‘paquete’ para que le otorgara una medida distinta a la detención preventiva, pero fue descartado.

Una vez culmine el proceso en Atlanta —si la defensa opta por esta alternativa— la decisión de la extradición de Martinelli pasa del plano judicial al político. El Departamento de Estado entra a jugar las cartas y será el presidente Donald Trump quien pronuncie la última palabra sobre el futuro de Martinelli.

A principios de agosto, los abogados de Martinelli presentaron ante la Corte Suprema de Justicia panameña un amparo de garantías alegando violaciones al debido proceso de extradición.

La defensa sostiene que Martinelli quedó en estado indefenso después de que se incorporó en el expediente la declaración de Ismael Pittí, exfuncionario del Consejo de Seguridad y único testigo que señala en forma directa al expresidente como autor intelectual de las escuchas.

Los abogados dicen que este papel fue incorporado a destiempo. Esto, a pesar de que los funcionarios del Departamento de Estado que lo recibieron y enviaron a la Corte declararon bajo juramento que el documento se incorporó al expediente respetando el debido proceso.

Sobre ésta última estrategia de la defensa, el Supremo aún no ha tomado una postura. Difícilmente lo hará antes de octubre, fecha en que los magistrados reinician sus labores después de un periodo de receso.

Sin embargo, el amparo de garantías constitucionales no guarda relación alguna con la decisión que debe emitir hoy el juez Torres.

También hay una tercera opción, rara, pero aun por una remota eventualidad, hay que mencionarla.

Carreira manifiesta que el juez podría dar una inesperada sorpresa, decir que no está listo para tomar una decisión y reconsiderar una nueva fecha. ‘Lo veo muy poco probable’, expresa el abogado que litiga en Estados Unidos, muy empapado en el caso Martinelli.

Es un acto poco frecuente en los tribunales de ese país. En este proceso aún menos, ya que el juez se ha comprometido a hacer de este un caso expedito como una deferencia hacia el expresidente Martinelli, quien ya ha pasado más de 80 días preso.

En audiencia celebrada el 23 de agosto, el juez Torres indicó que el 31 de este mes se pronunciaría.

En esa consulta, la defensa incorporó al expediente una declaración jurada de Roberto Moreno, exfiscal anticorrupción del Ministerio Público, en la que subraya la violación al debido proceso porque Martinelli, en lugar de ser imputado, fue acusado por el fiscal que investiga el caso en Panamá, Harry Díaz. Este último ha explicado a Torres que el de Martinelli es un caso ‘‘especial” que permite estos pasos.

Ricardo Martinelli está acusado de cuatro delitos por los cuales Panamá solicitó en septiembre de 2016 su extradición: contra la libertad individual (inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad), interceptación de las comunicaciones sin una autorización judicial y dos delitos más por peculado por el uso de fondos públicos.

Adelita Coriat

 

Cuatro presidenciables del CD frente a la justicia penal

Cambio Democrático (CD), que el 15 de octubre empieza el proceso de renovación de sus estructuras internas con miras a las elecciones de 2019, seguirá su camino con una espada de Damocles.

Cuatro de los aspirantes a la candidatura presidencial enfrentan al menos un proceso judicial que puede llevarlos a un juicio y, en consecuencia, trazar el camino hacia la inhabilitación del derecho a ejercer cargos públicos y, por ende, a participar en el proceso electoral.

LOS PRESIDENCIABLES

Frank De Lima, uno de los que ha dicho abiertamente que está interesado en ser el candidato del CD para las elecciones del 2019, está detenido por supuesta malversación de fondos públicos en concesiones otorgadas por la junta directiva del Aeropuerto de Tocumen.

ELECCIONES DEL PARTIDO

El Ministerio Público realiza investigaciones por supuesta corrupción

El colectivo está en un proceso de renovación con miras a las elecciones de mayo de 2019.

Los aspirantes a una candidatura en el CD mantienen un proceso judicial abierto.

De Lima estuvo detenido preventivamente por la supuesta comisión del delito contra administración pública, porque se fraccionaban las compras.

José Domingo Arias, quien aspira a repetir como candidato presidencial del CD, intentó abandonar el país. En el aeropuerto de Tocumen, el sistema reflejó que tenía una orden de conducción, se le llevó añ edificio Avesa, se le impidió la salida del país y fue conducido al Ministerio Público a rendir una indagatoria, donde se le ordenó su aprehensión, al menos hasta hoy cuando debe continuar la indagatoria que inició ayer.

El exministro José Raúl Mulino es otro que tiene una medida cautelar y debe reportarse a firmar cada quince días. Su caso está en la Corte Suprema de Justicia por recursos presentados.

A Mulino se le procesa por el caso por la compra multimillonaria de un sistema de radares a la empresa italiana Finmeccanica, con la que luego el actual gobierno llegó un acuerdo y recibió un helicóptero ambulancia.

A la lista se suma Alma Cortés, quien actualmente es la subsecretaria general del CD. Cortés también mantiene un proceso penal abierto en Ministerio Público.

Cortés es investigada por la Fiscalía Anticorrupción por supuesto enriquecimiento injustificado. Hasta el momento no ha podido comprobar los $2.5 millones que había adquirido mientras estuvo al frente del Mitradel en el periodo 2009 al 2014.

Producto de este proceso, la exministra mantiene una medida cautelar que le impide salir del país, mientras que no se defina el proceso por el que se le juzga.

La Estrella de Panamá logró ayer una conversación telefónica con el exministro Mulino, quien dijo que al parecer el único requisito para que la justicia detenga o conduzca a una persona al Ministerio Público es estar inscrito en CD. Este colectivo que llevó a Ricardo Martinelli a la Presidencia de la República en el 2009 es actualmente de oposición

El aspirante a la candidatura presidencial por el CD reclama que a cercanos colaborares del gobierno no les pasa nada. ‘Hay que ser CD para que te apliquen la justicia bien o mal, pero te la aplican’, reclamó Mulino

El dirigente político no descarta que todo sea parte de una estrategia para sacar del camino a los posibles candidatos del partido opositor.

UNA MIRADA EXTERNA

A pesar de la posición interna, desde afuera hay opiniones encontradas.

Desde su óptica, los analistas políticos no creen que sea una estrategia para sacar del juego político a figuras del CD, que se prepara para las elecciones e internas y se proponen regresar al poder en el 2019.

El politólogo Richard Morales sostiene que más que sacar del juego a posibles candidatos, ‘son señales que envían a los actores políticos opositores, con la intención de intimidar y forzar colaboraciones o negociaciones’.

‘La justicia ha sido utilizada para negociar ventajas políticas y económicas, como una herramienta de chantaje que debilita a sectores de oposición involucrados en casos de corrupción, neutralizándolos o coptándolos’, agrega el politólogo.

LOS ‘INCÓLUMES’

De los que han adelantado su intención de aspirar a una candidatura presidencial por el CD, hasta el momento Rodrigo Sarasqueta y Rómulo Roux son los únicos que no mantienen ningún proceso penal abierto.

De realizarse las elecciones en los próximos días, las candidaturas de estas figuras estarían comprometidas por los procesos judiciales.

En los casos relacionados a Frank De Lima y José Domingo Arias, explica Freddy Pittí, quien es el representante de la juventud ante el Consejo para la Concertación Nacional y la Comisión de Reformas Electorales, no le parece que exista intenciones de sacar del juego a posibles candidatos.

‘Primero que ni siquiera son figuras prominentes en este partido político, tampoco son voces fuertes a nivel nacional. Ellos son mencionados en casos de corrupción de alto perfil, ambos deben responder y esclarecer el asunto para tranquilidad de ellos mismos y para tranquilidad de todos los ciudadanos de este país’, aseguró el representante de la juventud ante el Consejo para la Concertación Nacional.

Sarasqueta y Roux no han enfrentado procesos judiciales que se les conviertan en una espada de Damocles para alguna aspiración presidencial.

Ismael Gordón Guerrel

 

Pellegrini, indagada por el ‘caso Epasa’

Mayte Pellegrini, exempleada de la casa de valores Financial Pacific, acudió al edificio Avesa para rendir indagatoria en el caso conocido como ‘New Business’, que guarda relación con la compra de Editora Panamá América (Epasa).

La semana pasada, la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada giró una orden de conducción contra West Valdés (ya detenido) Iván Clare , Mariel Rodríguez, Aaron Mizrachi, Tse Yung Lim y Navin Baktha por esta misma investigación que se realiza como parte de este proceso.

Por este caso ya fue indagado Óscar Rodríguez, sobre quien pesa una medida cautelar de país por cárcel.

El caso pretende esclarecer si en la compra de Epasa, durante el pasado gobierno, se utilizaron fondos públicos.

Redacción La Estrella de Panamá