Analizarán impacto de las normas electorales

¿Cuál será el impacto de las reformas electorales en las elecciones generales de 2019? Es una pregunta que analizará mañana en un foro que organiza Diálogo Connectas Panamá en alianza con el Tribunal Electoral y el Centro de Iniciativas Democráticas (Cidem).

El foro se realizará en el salón de eventos del Tribunal Electorales con los panelistas Maribel Jaén, directora de Justicia y Paz; Roberto Troncoso, foro ciudadano Pro reformas electorales; Harry Brown, especialista de Cidem; Carlos H. Díaz, director del Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral; y el diputado Quibian Panay.

El evento, programado para las 10:00 a.m, será gratuito y abierto al público. Entre los temas a discutir está el financiamiento político.

José Arcia

 

Varela explora acuerdo con Andorra para recuperar dinero de Odebrecht

El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, se reunió con su homólogo de Andorra, Antoni Martí, con quien acordó negociar un acuerdo legal que facilitaría la recuperación dinero que está en está en este jurisdicción, producto de la supuesta coima pagada por Odebrecht.

El encuentro bilateral, se registró como parte de su agenda de trabajo en Nueva York, donde participó en la sesión 72 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell reveló en conferencia hace algunas semanas que a través de diligencias judiciales, se logró la cautelación de $12.8 millones que supuestamente eran parte de los pagos de las coimas que se habían recibido de la empresa Odebrecht.

En su encuentro con Martí, el mandatario panameño destacó: “estamos haciendo los esfuerzos para recuperar cientos de millones de dólares desviados, que le pertenecen al pueblo a fin de invertirlos en la gente, poniendo los recursos del Estado al servicio de todos los panameños”.

El Ministerio Público de Panamá cauteló una cuenta millonaria en Andorra. El dinero corresponde a Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

La cautelación de este dinero se logró tras una asistencia judicial que hizo la Procuraduría General de la Nación de Panamá, a ese país europeo.

Según las investigaciones, el dinero fue desviado por los hermanos Martinelli a través de una serie de transacciones bancarias que concluyeron con el depósito del dinero en Andorra.

Con el encuentro entre ambos mandatarios, se busca la fórmula para que el dinero pueda ser devuelto a Panamá.

Varela también se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes acordaron iniciar negociaciones formales entre las Cancillerías y autoridades de aviación para aumentar la conectividad  aérea entre ambos países, a fin de potenciar el turismo y las inversiones.

En la cita, Varela y su homólogo de Canadá coincidieron en que las relaciones de los dos países se han fortalecido, por lo que asumieron el compromiso de dar el impulso necesario para lograr acuerdos a corto plazo.

El jefe de Estado panameño aprovechó el momento para reunirse con el primer ministro de Curazao, Eugene Rhueggenaath, para fortalecer los lazos en materia de turismo y comercio.

Además del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con quien dialogó
sobre la próxima Cumbre SICA-Chile sobre el tema de seguridad y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación judicial.

También conversó con su par de Palestina, Mahmoud Abbas, sobre reactivar entendimientos de paz con Israel y mostró su respaldo a la solución pacífica entre los dos Estados.

A las diversas reuniones bilaterales, al presidente Varela lo acompañaron la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; la directora de Política Exterior, Nicole Wong y el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Guadalupe León B.

Promueven la salud masculina y la donación de órganos

La Fundación Global de Salud Masculina, presidida por Ingrid Perscky, se ha propuesto aumentar los niveles de donación de sangre y órganos apelando a la población masculina.

‘HE CONVERSADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS Y LA ASAMBLEA PARA CREAR EL INSTITUTO DEL HOMBRE’,

INGRID PERSCKY

FUNDACIÓN GLOBAL DE SALUD MASCULINA

Este miércoles, la Fundación firmó un convenio de asistencia mutua con el Ministerio de Seguridad para promover la salud masculina y la donación. El convenio tiene como objetivo a corto plazo realizar la carrera por la salud masculina, el próximo domingo 8 de octubre, en el tramo marino de la Cinta Costera.

La actividad tiene como propósito crear un registro de personas donantes voluntarias de sangre y órganos. Además, se medirá la circunferencia abdominal, que es un método médico para predecir riesgo cardiovascular y de enfermedades como la diabetes, dislipidemias y la disfunción eréctil.

La idea de la caminata es empezar a tener una labor de concienciación más masiva sobre la salud masculina y la donación de sangre y órganos.

Perscky explicó que los agentes de seguridad pública es una de la población que más sangre dona y su profesión está entre las tres con más riesgo de morir joven, según la Organización Mundial de Salud (OMS). Las otras dos son la construcción y el transporte.

Esta iniciativa, dijo Perscky, se centra en la población masculina porque el mejor donante de sangre es el varón. ‘Como no menstrúa, como la mujer, el hombre necesita donar porque eso lo ayuda a renovar su sangre’, dijo.

La iniciativa también busca promover la salud masculina, en vista de que según la OMS, explicó Perscky, la expectativa de vida del hombre es de alrededor de 6 a 8 años menos que la de la mujer. A esto se suma, indicó, que la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles afectan mayormente al hombre, en una proporción de 3 a 1 comparado con la mujer.

Perscky dijo que adelanta conversaciones con el Colegio Nacional de Abogados y con la Asamblea Nacional para crear, a través de una ley, el Instituto Nacional del Hombre para promover la salud masculina.

El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, dijo por su parte que aunque los agentes de los estamentos de seguridad siempre han sido donantes voluntarios, es necesario apoyar estas iniciativas de la sociedad civil organizada para incentivar las donaciones que salvan vidas.

Algunos se preguntan qué hace el Ministerio de Seguridad involucrado en una actividad que está más relacionada con el Ministerio de Salud (Minsa), pero es que ‘debemos unir esfuerzos’, dijo el ministro.

La actividad también es respaldada por el Minsa, la Asociación Nacional de Trasplante y la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Familiares.

Arinda Alemán, coordinadora del Programa de Donación de Sangre del Minsa, dijo que actualmente solo el 7% de los donantes son voluntarios, el 87% son por reposición conseguido por familiares de los pacientes y el resto son donantes que acuden porque han vendido su sangre, a pesar de que es una práctica prohibida.

Con el nuevo registro de donantes voluntarios, que se busca crear con la iniciativa, se pretende aumentar el porcentaje de 7% hasta un 20%, dijo Alemán.

 

José Arcia

Proyecto de ley que crea el ITSE, a la Asamblea

Con el propósito de crear una nueva generación de oportunidades educativas y atender la creciente demanda del sector privado por carreras técnicas y especializadas en las áreas de turismo, logística, finanzas, industria, construcción y aeronavegación, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentó ante el Órgano Legislativo, el proyecto de ley que crea el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

Este proyecto de ley reconoce la personería jurídica al ITSE, y tendrá autonomía académica, administrativa, económica y financiera, patrimonio propio y derecho de administrarlo.

Alemán señaló que ‘el desarrollo de los sectores productivos del país, demanda una mejora en la pertinencia y calidad de la educación, particularmente en el área técnica profesional’.

Así lo demuestran los resultados de la Alta Comisión de la Política Pública de Empleo, presentados en el 2014, aun cuando la economía panameña mantiene un crecimiento elevado, persisten algunos desajustes entre la formación y calificación de la fuerza de trabajo panameña y la creciente demanda de las empresas por trabajadores calificados.

Este estudio detalla, que del sistema Educativo egresan anualmente más de 100,000 panameños, de niveles medios, técnicos profesionales y de universidades, sin embargo los empleadores reportan que no encuentran las personas con las competencias técnicas requeridas.

 

 

Redacción La Estrella de Panamá

Fijan nueva fecha de audiencia para Bosco Vallarino

El Juzgado Undécimo Penal suspendió la audiencia del exalcalde del distrito de Panamá Bosco Vallarino y del empresario brasileño Alexandre Ventura Nogueira, la cual estaba programada para la mañana de este martes, confirmó el Órgano Judicial en su cuenta de Twitter.

La audiencia se reanudará el próximo 19 de octubre a las 10:00 am. debido a que cambió su defensa

La juez advirtió al nuevo defensor del exalcalde, que de no asistir en fecha indicada será severamente multado y asistido por defensor público.

Bosco Vallarino  está siendo investigado por supuestamente aceptar $6 mil para procesar un contrato de estacionamiento soterrados en el parque Belisario Porras.

El caso salió a la luz pública en mayo de 2015, con la transmisión pública de un vídeo en el que Vallarino acepta el dinero de manos del empresario brasileño Alexandre Ventura Nogueira. Sobre Ventura pesa la misma investigación.

Actualmente Vallarino se mantiene con la medida cautelar de país por cárcel.

Vallarino renunció en enero de 2011 al Municipio de Panamá alegó  padecer de una enfermedad que le impedía seguir al frente de la institución y reconoció también haber cometido un error.

Guadalupe León B.

 

Luis Cucalón acude a audiencia por caso Cobranzas del Istmo

El exdirector General de Ingresos (DGI) Luis Cucalón llegó a las 8:00 am a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para acudir a su audiencia por los a supuestos delitos contra la fe pública y falsedad ideológica, por la adjudicación de contratos de forma directa a la empresa Cobranzas del Istmo, la cual estaba a cargo del empresario Cristóbal Salerno, para recaudar los impuestos del Estado en la pasada administración.

Jueza pone fin a la hospitalización de Luis Cucalón.

Además de Cucalón están citadas otras cinco personas como Cristóbal Salerno y su hija María Alejandra Salerno, Magaly Ramos Edgar González e Irasema Sánchez.

En esta audiencia se determinará si existen los elementos para llamar a juicio a los imputados en una lesión patrimonial que alcanza los $29.5 millones y que supuestamente se produjo mediante el pago irregular de comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, SA, encargada entre 2010 y 2014 de recuperar los impuestos morosos.

Por este caso  solo el exfuncionario de la DGI se encuentra con medida cautelar de detención preventiva.

Para esta audiencia se han acomodado 26 asientos que serán repartidos de la siguiente manera: seis para los imputados, cinco para los abogados defensores, dos para el querellante, seis para los familiares de los imputados, uno para la Secretaria de Comunicación de la CSJ, dos para estudiantes de derecho y dos para el público en general. y no hay asientos reservados para los medios de comunicación.

La juez primera Agueda Rentería advirtió que no se permitirán entrevistas a los miembros del Órgano Judicial y que toda información será canalizada a través de la Secretaría de Comunicación de la CSJ.

Guadalupe León B.

TI pide a Varela nombrar reemplazo de magistrado y dotar de dinero a Justicia

Transparencia Internacional (TI) pidió hoy al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que nombre el reemplazo de un magistrado del Supremo destituido en 2015 y que dote del presupuesto necesario al sistema judicial como muestra de su voluntad de “lograr una Justicia independiente, imparcial y expedita” en el país.

En un comunicado difundido este viernes, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño del TI, indicó que esas dos acciones puntuales se pueden llevar a cabo en el corto plazo y están dentro de la esfera de acción constitucional del presidente.

TI sustentó su pedido en el hecho de que en las últimas semanas funcionarios del Ejecutivo, incluido Varela, “han hecho declaraciones al favor del cumplimiento de la Justicia, especialmente frente a los casos de corrupción que están siendo investigados por el Ministerio Público y aquellos que ya se encuentran con llamamiento a juicio”.

“Hacemos un llamado al Ejecutivo para que demuestre su voluntad de lograr una Justicia independiente, imparcial y expedita con dos acciones puntuales”, como son el nombramiento del reemplazo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna y el otorgamiento de “las partidas presupuestarias necesarias para reforzar la administración de Justicia en todas sus ramas”.

Esto demostraría “a la ciudadanía y a todos los estamentos de la administración de Justicia un compromiso de hechos y no de palabras”, añadió la organización no gubernamental.

Moncada Luna, designado magistrado de la CSJ en 2010, fue sentenciado en marzo de 2015 por la subcomisión de Garantías del Parlamento a cinco años de cárcel por falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito luego de que las partes alcanzaran un acuerdo, y paga su condena en la cárcel El Renacer, en las afueras de la capital.

El presidente de la CSJ, José Ayú Prado, dijo el jueves en el Parlamento que pidió un presupuesto de 346 millones de dólares para 2018 pero que el Ministerio de Economía y Finanzas le asignó 159 millones de dólares, informaron hoy medios locales.

Por su parte, el Ministerio Público (MP-Fiscalía) informó el miércoles que solicitó una partida presupuestaria para 2018 de 151,19 millones de dólares pero el MEF recomendó una de 116,66 millones de dólares.

En las últimas semanas el sistema judicial panameño ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a su actuación frente a casos de corrupción de alto perfil que involucran a empresarios y a antiguos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Las críticas han recaído tanto en los jueces del Supremo, tras la filtración a la prensa de un fallo de abril pasado que dejó sin efecto parte de la investigación de la compra supuestamente irregular de unos radares a Italia, como en la Fiscalía, por las supuestas fallas en las investigaciones y las extralimitaciones de los fiscales.

El propio presidente Varela denunció el pasado 31 de agosto que en la CSJ se están dando “situaciones muy delicadas” y que así se lo hizo saber a Ayú Prado, a quien exigió que les ponga fin.

Varela habló ese día de la necesidad de que la Corte Suprema “avance a exigir transparencia”, para dejar atrás “todo este tema que se habla de ocho jueces que están pidiendo sean investigados por vender fallos, que se habla de amiguismo, de tráfico de influencias”.

Dos gremios que agrupan a jueces y magistrados de Panamá exigieron el pasado lunes que tanto la independencia del poder judicial como los fallos que emite sean respetados, y expresaron su repudio “al debate mediático” al que son sometidos sonados y polémicos procesos judiciales en el país.

EFE

 

Rosas renuncia a la subcomisión que analizará el Código Procesal Penal

El diputado del partido Panameñista Jorge Alberto Rosas renunció formalmente a la sub comisión que analizará el proyecto de ley que modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal y determina la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

Rosas considera que “los términos de prescripción en los delitos contra la administración pública deben ser aumentados e incluir que el término de prescripción empiece a correr a partir del momento en que el funcionario deje el cargo Lo anterior, es fundado en que mientras la persona está en funcionamiento se hace difícil la investigación de sus actos”.

De acuerdo con Rosas, también se debe incluir agravantes más fuertes para los particulares que realizan estos actos contra la administración pública reconociendo que es de particular el que con su conducta consigue la aquiescencia del funcionario.

Con relación a la imprescriptibilidad, Rosas es de la opinión que debe ejecutarse a través de un acto legislativo de reforma a la constitución.

Redacción Digital La Estrella

 

Denuncian complicidad de magistrados con Martinelli

Las diferencias de criterio entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia empiezan a carcomer aún más la credibilidad institucional y los casos contra el expresidente Ricardo Martinelli. La pugna se evidencia entre el magistrado Harry Díaz, y los magistrados José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, los dos últimos presidente y vicepresidente respectivamente de éste órgano.

Hay dos términos que enfrentan a los magistrados, claves en el debido proceso: acusación e imputación.

Los querellantes en el caso de los pinchazos telefónicos que esperan la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, alertaron a la ciudadanía de una complicidad entre éste, Ayú Prado y Fábrega para desarticular los procesos en su contra.

Éste último, según los quejosos, ‘intenta minar los procesos contra Martinelli a través de sus actuaciones’. Citan como ejemplo la nota firmada por Ayú Prado en la que se intenta notificar a Martinelli (detenido en la cárcel federal de Miami desde el 4 de junio pasado) sobre la fijación de una audiencia de imputación en el caso de la supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo para que construyera el hospital pediátrico en Veraguas a cambio de contratos de otras obras. Por este caso, en Nápoles, Italia, fue condenado Valter Lavítola, enlace entre los expresidentes Silvio Berlusconi y Ricardo Martinelli en los proyectos de construcción que se adjudicaban en Panamá a las empresas italianas.

Fábrega es fiscal de la causa en el caso Impregilo y en cinco ocasiones envió al juez de garantías Harry Díaz, solicitud urgente para fijar fecha de audiencia de imputación en contra de Martinelli en este caso.

En julio de 2016, no obstante, el magistrado Fábrega rechazó de plano la documentación que respaldaba la investigación contra Martinelli en este caso y ordenó su archivo. Su postura fue desestimada por el resto de la Corte y el caso siguió adelante.

LA ESTRATEGIA

Todo forma parte de una estrategia, dicen los querellantes. Si Díaz acepta una fecha de imputación en el caso de Impregilo, se contradiría en su actuar, puesto que acusó a Martinelli en el caso de los pinchazos. Tema de gran debate entre Díaz y la defensa del expresidente que insiste en que se debió imputar a su cliente. El tema seguramente formará parte de los argumentos de los abogados en el Habeas Corpus que están a punto de presentar ante el tribunal superior de Atlanta, Estados Unidos.

‘El riesgo que se corre con estas notificaciones es que se hagan evidentes situaciones que en Panamá tengan un efecto y puedan ser utilizadas en el proceso de extradición que se surte en Estados Unidos’, indicó Francisco Carreira, del equipo de querellantes. Añadió que el interés de los abogados de Martinelli ‘es comprobar este tipo de violaciones, por eso yo creo que el momento en el cual se hace el envío de estas personas a Estados Unidos puede ser utilizado por la defensa dentro del proceso de extradición que va a surtirse en el Habeas Corpus que aún no se presenta’.

Fábrega decidió enviar una delegación a la ciudad de Miami para informar a Martinelli que se le ha solicitado a Díaz (juez de garantías en el caso) ‘se sirva fijar fecha de audiencia para la formulación de imputación en su contra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Penal (CPP)’ ya que es deber dar conocimiento de tal solicitud de audiencia por requerimiento del magistrado Fábrega’, se lee en la carta firmada por el presidente de la Corte, Ayú Prado, quien firmó la nota del viaje a los funcionarios.

Una clara extralimitación de funciones, según los querellantes, puesto que esta tarea no compete al fiscal de la causa o al presidente de la Corte, sino al magistrado de Garantías, es decir, a Diaz.

FUERON EL 29 DE AGOSTO

Nota en mano, Manuel José Calvo, subsecretario General de la Corte, Aura Tuñón, asistente de la secretaría general y Fermín Bonilla representante de la oficina del magistrado fiscal, arribaron al consulado de Miami el martes 29 de agosto, cuatro días después de que Ayú Prado firmara la nota autorizando el viaje a Estados Unidos y dos días antes de que el juez Edwin Torres emitiera su decisión sobre la extradición.

No obstante, ‘el Consulado envió la nota a la embajada de Panamá en Washington para dar trámite al Departamento de Estado norteamericano, pero esto aún no ha ocurrido’, indicó una fuente oficial a La Estrella de Panamá.

Fábrega pretendía obligar a Díaz a fijar audiencia de imputación contra Martinelli (caso Impregilo) en varias ocasiones. Lo intentó el 8, 22, 24, 25 y 29 de agosto. La última resulta el mismo día en que los funcionarios llegaron al consulado de Miami. Tal vez se trataba de una estrategia de la defensa. Los querellantes dicen que todo tenía un propósito muy bien definido.

‘Nosotros no somos tontos, sabemos de procedimiento y que la intención del magistrado Fábrega, en complicidad con Ayú Prado, era lograr afectar la solicitud de extradición que mediaba a petición del gobierno panameño. La extradición de Martinelli puede afectar todos los procesos, porque una vez se viole el procedimiento en un proceso se pueden caer todos’, indicó el exabogado de Martinelli y querellante en el caso de los pinchazos Rosendo Rivera.

La defensa del expresidente ha recalcado su rechazo a la forma en que procedió el fiscal de la causa de los ‘pinchazos’, Harry Díaz, al acusar -y no imputar- a su cliente.

El Código Procesal Penal indica que una audiencia de imputación no se puede efectuar sin la presencia del señalado. Estando Martinelli preso, sin una fecha concreta de retorno, los querellantes dicen que tienen clara la complicidad entre Ayú, Fábrega y Martinelli.

La defensa de Martinelli ha llevado este argumento a la Corte del Distrito Sur de la Florida esperando que el juez Edwin Torres, entonces encargado de decidir sobre la certificación de extradición de Martinelli, lo considerara como parte de las violaciones al debido proceso.

‘No creemos, Luis Ramón Fábrega y José Ayú Prado, que las intenciones de ustedes sean invalidar mediante sus actuaciones el proceso para que luego ustedes mismos declaren la nulidad de actos procesados por su persona’, manifestó Rivera.

El magistrado Ayú Prado o Fábrega decidieron no hacer un prounciamiento al respecto, según comunicó el departamento de comunicación del órgano judicial.

En Panamá, el fallo del juicio es el único caso donde se requieren 6 magistrados para condenar. Con 4 magistrados que estén a favor del exmandatario puede quedar libre.

¿QUIÉN ORDENÓ EL VIAJE A MIAMI?

Los querellantes en el caso de los ‘pinchazos’ enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, en la que solicitan respuestas puntuales sobre el viaje que efectuaron tres funcionarios del órgano judicial a Miami para notificar al expresidente, en la prisión federal de esa ciudad, que se ha solicitado al juez de Garantías una fecha de audiencia.

‘La intención de Ayú Prado la queremos saber, así como aspectos puntuales como qué lograron los funcionarios’, indicó el abogado Rosendo Rivera.

Exigen saber a cuánto ascienden los gastos del viaje y bajo qué partida presupuestaria se hicieron los pagos; quién autorizó el viaje; si se utilizaron los conductos diplomáticos para estos casos, es decir, si contó con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También desean saber si se confeccionó una carta rogatoria requerida para estos casos en donde se gestiona la notificación de una persona en el extranjero, y que informe si el señor Fermin Bonilla viajó a Miami en representación del despacho del magistrado fiscal o si el mismo acudió en representación de la presidencia o vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Los querellantes piden a Ayú Prado que les aclare si Harry Díaz, juez de garantías en el proceso, dio la orden o agendó audiencia alguna dentro de la causa. En cualuier caso, quieren saber quién giró orden a los funcionarios Aura Tuñon, Manuel Calvo y Fermín Bonilla para que comparecieran ante el consulado de Panamá en Miami a fin de notificar al expresidente.

La nota está firmada por Balbina Herrera, Ruben Polanco, Cecilia Torres, Rodolfo Pinzón, Francisco Carreira-Pitti, Osvaldo Galvez, Carlos Herrera Morán y Rosendo Rivera, querellantes en el caso de los ‘pinchazos’ telefónicos por la que se investiga al expresidente. La nota está fechada el 11 de septiembre con copia al magistrado Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega y la Cancillería.

DÍAZ NO TIENE COPIA DE LA CARTA

El magistrado Harry Díaz envió varias notas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado y a la Secretaría Judicial, en las que solicitó las comunicaciones efectuadas en el mes de agosto entre Prado y el magistrado Luis Ramón Fábrega, actuando como fiscal en el caso de supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo, sobre la solicitud de fijación de fecha de audiencia para formalizar la imputación.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a las notas enviadas por Díaz y a la respuesta de la secretaría de la Corte en la que informa que ‘no reposa copia ni constancia de recibido o relativas a la solicitud de apoyo dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores para efectuar trámite de comunicaciones, relacionado a la causa 627-16 por parte del magistrado Fábrega en calidad de fiscal, ni por parte de Prado como presidente’. Esta nota fechada el 4 de septiembre la firma Yanixsa Yuen, secretaria general de la Corte, en respuesta a la inquietud de Díaz.

‘Para mí -manifestó Rosendo Rivera- las intenciones son claras, dejar minado o viciado el proceso para que luego lavándose la cara, declaren la nulidad de parte o de todo el proceso contra Martinelli’.

En consulta el magistrado Díaz se indicó que prefiere no opinar acerca de las notas o la carta firmada por Ayú Prado en la que autoriza el viaje a tres funcionarios de la Corte para notificar al expresidente Ricardo Martinelli sobre audiencia en su contra por el caso en mención. Díaz señaló que no le ha sido entregada copia de la nota que ya solicitó al presidente de la Corte en la que autorizó el viaje a 3 funcionarios a Miami, Fl, Estados Unidos. Al respecto, indicó que prefiere verificar el contenido del documento y reunirse con los querellantes antes de hacer declaraciones a la prensa.

Adelita Coriat

 

Abogados reclaman inventario de temas que afectan la justicia

La propuesta de creación de los tribunales constitucionales que está en etapa de consultas en el Pacto de Estado por la Justicia es vista con buenos ojos por algunos abogados consultados por La Estrella de Panamá , que a la vez coinciden en que está incompleta.

‘CUALQUIER PROPUESTA, SIN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN, TODO LO QUE SE HAGA, ES FUEGO DE ARTIFICIOS, ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA’,

MIGUEL ANTONIO BERNAL

CATEDRÁTICO Y CONSTITUCIONALISTA

Se refieren a una propuesta de crear tribunales constitucionales que serían parte del Órgano Judicial y que ayudarían a desahogar al pleno de la Corte de Suprema de Justicia de algunos temas como las acciones de habeas corpus , los amparos por derechos fundamentales y los habeas data .

La iniciativa, que está en su etapa de confección y consultas finales, sería entregada por el Pacto de Estado por la Justicia al Órgano Ejecutivo, que a su vez se encargaría de presentarla ante la Asamblea Nacional, que es la instancia que tomaría la decisión final de aprobarla, mediante una ley.

REFORMA CONSTITUCIONAL

El abogado Ernesto Cedeño, por ejemplo, considera que la propuesta del Pacto de Estado tiene que ir acompañada de unas reformas constitucionales para crear una estructura independiente de la Corte Suprema de Justicia. Incluso, añade Cedeño, que el nuevo tribunal no solo sea para conocer temas constituciones, sino que tenga otras responsabilidades, como la de juzgar a magistrados y diputados.

‘La propuesta es una excelente idea, pero tendrá cabida con unas reformas constitucionales’, dijo Cedeño.

En estos momentos, la creación de tribunales constitucionales no tendría las responsabilidades que debería tener, como la de juzgar a los diputados y a los magistrados, recalcó el jurista en una conversación con La Estrella de Panamá .

La creación de tribunales constituciones independientes podría incluso revisar fallos de la Corte Suprema de Justicia, alegó el jurista.

‘Esas son las verdaderas funciones de un tribunal constitucional, pero en estos momentos no tendría esa posibilidad porque la Constitución Política de la República de Panamá, vigente desde 1972, no lo permite’, subrayó Cedeño.

La Constitución Política establece que los diputados son juzgados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estos, a su vez, por los diputados; es decir, se juzgan mutuamente.

Una de las mayores quejas al sistema de justicia está relacionada con el grado de impunidad que rodea a los diputados acusados de actos de corrupción, pero que nunca son procesados.

De hecho, el abogado Cedeño presentó este lunes ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia contra el contralor general de la República, Federico Humbert, por omisión de funciones por la falta de fiscalización de los fondos del Estado, en referencia al uso de más de $416 millones por los diputados de la pasada administración.

TAREA PENDIENTE

Para Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), para que sea posible concretar cualquier iniciativa que mejore el sistema de justicia, tiene que haber voluntad política.

Si bien es cierto que se trata de una propuesta que podría resultar beneficiosa para la administración de justicia panameña, el momento es propicio para que el Pacto de Estado por la Justicia realice un inventario de los temas abordados en la mesa y que no se han llegado a materializar, lo que hace necesario que de exija voluntad política para que la iniciativa se convierta en una realidad, siempre según lo que necesita el país, indicó el abogado.

De lo contrario, considera Araúz, el Pacto por la Justicia termina siendo una ‘eterna mesa técnica cuyas recomendaciones nunca se ponen en práctica’.

Araúz cita de ejemplo que se han creado, por ley, tribunales que nunca se han puesto en práctica por la falta de presupuesto.

En este caso, le corresponde al Órgano Ejecutivo asignar los fondos necesarios para que puedan funcionar los tribunales.

El exrepresentante del CNA e xplicó que los estos tribunales constitucionales involucran nuevas estructuras, tanto de personal como de infraestructura, las cuales no serán reales con la situación que se vive actualmente porque la justicia está falta de presupuesto de una manera permanente y entonces no pueden funcionar.

‘Toda justicia especializada siempre será más efectiva que una justicia generalizada’, alega Araúz, y recalca la necesidad de ‘voluntad política’ para llevar la idea a la práctica.

‘NO MÁS CAMBIOS’

Por su parte, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal está convencido de que el país requiere una nueva Constitución Política y, a partir de allí, entonces establecer los nuevos modelos de administración de la justicia.

‘Están creando un código procesal constitucional en un país donde lo que menos existe es una Constitución’, señala Bernal, al tiempo que, asegura, ‘las autoridades a diario violan la Carta Magna’.

‘Sin una nueva constitución, todo lo que hagan es fuego de artificio, es pan para hoy hambre y para mañana’, alega. Bernal es partidario de crear una corte o tribunal constitucional independiente que se encargue de revisar todas las garantías fundamentales de los ciudadanos y que asuma la responsabilidad de juzgar a los magistrados y a los diputados.

En opinión del conocido estudioso del derecho y catedrático universitario, lo que el país requiere es la convocatoria a una asamblea constituyente que se encargue de la redacción de la nueva constitución que necesita el país, pues la que existe, ‘no aguanta un parche más’ y temas como la justicia ‘deben ser producto de un texto constitucional’.

José Arcia